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SAT aclara reglas para deducir gastos médicos
Sat precisó requisitos de deducciones médicas y recordó límites fiscales.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las personas físicas con ingresos por honorarios, sueldos, salarios, arrendamiento o actividad empresarial tuvieron derecho a deducir gastos médicos del ejercicio fiscal. La autoridad fiscal reiteró que estas deducciones correspondieron a erogaciones verificables y pagadas por medios autorizados. El organismo explicó que dichas deducciones disminuyeron la base gravable conforme a lo previsto en la ley.
Las deducciones personales incluyeron honorarios médicos, dentales, psicológicos y nutricionales. También abarcaron gastos hospitalarios, medicinas facturadas por hospitales y servicios de enfermería. Además contemplaron análisis clínicos, prótesis, aparatos de rehabilitación, lentes graduados y primas de seguros de gastos médicos.
El SAT recordó que el contribuyente pudo deducir los gastos propios y los pagados a familiares directos, siempre que estos no recibieran ingresos superiores al salario mínimo anual. La autoridad puntualizó que esta regla aplicó a cónyuge, concubina o concubinario, padres, abuelos, hijos y nietos. Asimismo indicó que las deducciones fueron válidas únicamente con comprobantes fiscales correctos.
Requisitos obligatorios
El organismo precisó que todos los pagos deducibles debieron realizarse mediante cheque nominativo, transferencia electrónica o tarjeta bancaria. También reiteró que los honorarios médicos solo fueron válidos con facturas emitidas por profesionales titulados. La autoridad señaló que estos documentos debieron emitirse dentro del ejercicio correspondiente.
El SAT informó que igualmente fueron deducibles los gastos derivados de incapacidades o discapacidades mayores al 50 por ciento. Para aplicar este beneficio se exigió un certificado o constancia emitida por instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS). La dependencia subrayó que sin este documento la deducción no procedió.
La autoridad fiscal precisó que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) debió contener el uso correcto vinculado a honorarios médicos, gastos hospitalarios, discapacidad o primas de seguros. También indicó que la clave de medio de pago tuvo que coincidir con el método utilizado. Además recordó que la información registrada debía estar alineada con los catálogos oficiales.
Comprobación y restricciones
El SAT recomendó revisar todas las facturas médicas antes de presentar la declaración anual. La institución señaló que los contribuyentes pudieron confirmar la validez de documentos y conceptos deducibles mediante las herramientas electrónicas habilitadas. Asimismo indicó que la verificación evitó rechazos posteriores.
La autoridad indicó que no fueron deducibles medicinas adquiridas en farmacias. También aclaró que no se aceptó el total de facturas que incluyeran conceptos no autorizados como copagos, coaseguros o cargos adicionales ajenos al tratamiento médico. Igualmente recordó que gastos sin comprobante fiscal válido fueron descartados.
El SAT puntualizó que tampoco fueron deducibles gastos médicos de mascotas. La autoridad informó que estas erogaciones no formaron parte del esquema de deducciones personales previsto en la ley. Finalmente reiteró que todos los comprobantes debieron corresponder al ejercicio fiscal declarado. –sn–
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Moreira acusa a Morena por nuevos impuestos
Introducción: El diputado Rubén Moreira denunció nuevos impuestos del gobierno federal que afectan directamente a las familias mexicanas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Rubén Moreira Valdez acusó que los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron incrementos fiscales que perjudicaron a la población. Sostuvo que el gobierno federal pretendió compensar su quiebra mediante nuevos cobros al consumo, ahorro y turismo.
El legislador priista afirmó que la administración morenista llevó al país a una crisis financiera sin precedentes. Según explicó, el descontrol presupuestal derivó de megaproyectos costosos sin retorno económico ni beneficios tangibles para la ciudadanía.
“Nos endeudaron con una refinería que no refina, un aeropuerto vacío y un tren que no funciona. Hoy no hay mejores carreteras, ni presas, ni fondo de desastres. El dinero se lo gastaron, se lo robaron o lo tiraron”, señaló Moreira Valdez.
Impacto en la economía familiar
Moreira advirtió que los incrementos afectaron a los sectores más vulnerables del país. El costo adicional de tres pesos en sueros orales golpeó la salud de niños, deportistas y personas mayores, añadió.
Durante su participación en el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, el legislador consideró que los nuevos impuestos castigaron el ahorro y la movilidad familiar.
“El nuevo paquete es tan abusivo que hasta los niños deberán pagar impuesto al salir del país. Es la muestra más clara de su voracidad recaudatoria”, expresó el exgobernador coahuilense.
Espionaje fiscal y control digital
El priista alertó sobre el contenido del artículo 30-B del Código Fiscal, el cual obligó a las plataformas digitales a compartir información en tiempo real con el SAT. Denunció que el gobierno federal buscó convertir la fiscalización en un sistema de vigilancia total.
“Hacienda sabrá qué compras, a qué hora lo haces, con qué pagas y hasta qué película ves. Es el Gran Hermano fiscal de Morena”, señaló Moreira Valdez, al referirse a la intromisión en la privacidad de los ciudadanos.
Para Mario Di Costanzo, ex titular de la Condusef, este modelo abrió la puerta a auditorías y persecuciones arbitrarias. “Es el inicio de un estado de control total. Ya no basta con pagar impuestos, ahora quieren vigilarnos”, explicó.
Turismo y economía regional
A su vez, Miguel Ángel Sulub advirtió que los nuevos gravámenes afectaron la actividad turística y comercial, sobre todo en entidades con zonas arqueológicas y destinos de alto flujo.
El especialista en derecho fiscal destacó que los incrementos redujeron la competitividad local, encarecieron la operación de servicios y disminuyeron la afluencia en espacios culturales.
Aseguró que las reformas a la Ley Aduanera, Ley de Amparo y Código Fiscal de la Federación eliminaron protecciones legales y obligaron a los contribuyentes a garantizar pagos antes de poder defenderse jurídicamente. –sn–
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Protestan por impuestos insuficientes al tabaco y bebidas
Organizaciones civiles exigieron a diputados mayores impuestos a cigarros y bebidas azucaradas.
Por Gabriela Díaz | Reportera
A unas horas de votarse la Ley del IEPS, diversas organizaciones civiles se manifestaron frente a la Cámara de Diputados. Los grupos señalaron que la propuesta actual resultaba insuficiente y no seguía las recomendaciones internacionales. También colocaron flores frente al recinto legislativo en memoria de las vidas que no se salvaron.
Los manifestantes afirmaron que los impuestos propuestos no reflejaban el daño causado por el consumo de tabaco, alcohol y refrescos. Argumentaron que las cuotas vigentes mantenían precios bajos que incentivaban hábitos nocivos. Demandaron un incremento real de tres pesos por cigarro y siete pesos por litro de bebida azucarada.
Los colectivos participantes subrayaron la urgencia de incluir también impuestos específicos a las bebidas alcohólicas. Consideraron que el Congreso debía adoptar medidas más firmes en materia de salud pública. Su mensaje insistió en que la política fiscal debía alinearse con los estándares internacionales de prevención.
“La salud no se negocia”
Yahaira Ochoa, integrante de Salud Justa Mx, declaró que los impuestos saludables representaban una herramienta comprobada para salvar vidas. Recordó que las tabacaleras, refresqueras y alcoholeras jamás defenderían la salud de la población. Señaló que a dichas industrias solo les interesaba incrementar sus ventas sin importar las consecuencias.
La activista pidió a los legisladores no ceder ante los intereses corporativos. Subrayó que las autoridades tenían la obligación de priorizar la salud por encima del lucro económico. “Las legisladoras y legisladores no tienen nada que negociar con estas industrias”, afirmó.
Los asistentes colocaron arreglos florales y pancartas en la entrada del Congreso como símbolo de duelo. Explicaron que representaban a las miles de personas que fallecieron por enfermedades asociadas al consumo de productos nocivos. Exhortaron a los diputados a asumir su responsabilidad histórica.
Llaman a corregir el proyecto
Noel González, de Servicios a la Juventud A.C., pidió reconsiderar el proyecto fiscal. Señaló que incluir las bolsas de nicotina dentro del paquete legal equivalía a legalizar un producto dañino. Enfatizó que esta decisión contradecía las recomendaciones internacionales sobre control de tabaco.
El representante solicitó aumentar el impuesto al cigarro en tres pesos por unidad y eliminar la inclusión de productos alternativos. Aseguró que los diputados tenían la oportunidad de mostrar compromiso con la salud pública. También pidió que el Congreso no se dejara presionar por grupos económicos.
Doré Castillo, vocera de Contra Peso, alertó sobre el impacto de las bebidas azucaradas en la población. Indicó que más de cuarenta mil muertes anuales estaban vinculadas a su consumo excesivo. Recordó que uno de cada tres nuevos casos de diabetes se relacionaba con esas bebidas.
Urgen medidas fiscales efectivas
Castillo expresó que era urgente aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y con edulcorantes. Explicó que el gravamen debía alcanzar al menos el veinte por ciento del precio final. Dijo que los precios actuales no reflejaban los costos reales para la salud pública.
La vocera sostuvo que el costo económico de las enfermedades derivadas del consumo de azúcar superaba cualquier ingreso fiscal. Recalcó que la actualización de impuestos contribuiría a reducir la incidencia de obesidad y diabetes. Pidió voluntad política para aprobar una medida con respaldo científico.
Luis Alonso Robledo, representante de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), lamentó la falta de avances. Afirmó que el Congreso perdió una oportunidad histórica para colocar la salud por encima de los intereses empresariales. Criticó que no se actualizara el impuesto a las bebidas alcohólicas dentro del paquete fiscal 2026. –sn–
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Anpec defiende a Coca-Cola y traiciona a las tienditas: Alianza por la salud alimentaria
La ANPEC protegió los intereses de Coca-Cola y actuó contra los pequeños comercios en México.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) operó una campaña contra el impuesto a bebidas azucaradas bajo el argumento de proteger a las tienditas, pero en realidad sirvió a Coca-Cola, empresa señalada por provocar daños a la salud y al comercio local. La movilización incluyó un llamado a cerrar negocios durante unos minutos el pasado 3 de octubre.
El documento, distribuido por repartidores de Coca-Cola, fue firmado por la ANPEC y difundido entre tenderos en todo el país. En él se pidió protestar contra un impuesto recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF, el Banco Mundial (BM) y la OCDE, como una de las medidas más efectivas para reducir el consumo de refrescos.
Con esta acción, la Anpec se consolidó como la principal opositora al impuesto, posicionándose del lado de la industria refresquera. Detrás de su discurso, se ocultan dos afirmaciones falsas y dos verdades que evidencian los intereses que representa.
Mentira uno: cierre de tienditas
El primer argumento de la ANPEC fue que el impuesto provocaría el cierre masivo de tiendas. Sin embargo, los datos muestran que el precio de una Coca-Cola de 600 mililitros pasó de 10 a 20 pesos entre 2014 y 2025, mientras el impuesto se mantuvo en un peso por litro. El alza de precios obedeció a políticas internas de la empresa, no al gravamen.
En noviembre de 2023, Coca-Cola aumentó un peso sus presentaciones pequeñas y dos pesos las grandes. Siete meses después, en junio de 2024, volvió a incrementar los precios en las mismas proporciones. Estos aumentos duplicaron el efecto del impuesto, sin que la ANPEC emitiera protesta alguna.
La organización sólo reaccionó cuando se trató de un impuesto con fin sanitario, no cuando la empresa ajustó sus precios por decisión comercial. De esta forma, su discurso benefició directamente a la refresquera.
Mentira dos: pérdida de empleos
La segunda afirmación fue que el impuesto provocaría desempleo. No obstante, el estudio “Cambios en el empleo asociados con la introducción de impuestos a bebidas azucaradas y alimentos no esenciales con alta densidad energética”, publicado en PubMed, desmintió esa versión.
Según la investigación, los impuestos implementados en México desde 2014 no generaron reducción alguna en el empleo dentro de la industria de bebidas, el comercio minorista ni los pequeños establecimientos. Los datos del INEGI confirmaron que los niveles de ocupación se mantuvieron estables.
Pese a ello, la ANPEC argumentó que 30 mil tienditas cerraron en 2014 basándose en una encuesta propia, sin revisión ni publicación científica, en contraste con las estadísticas oficiales. –sn–
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Sheinbaum impulsa reformas contra factureros
México presentó nuevas iniciativas de reforma y Sheinbaum fortalece combate a evasión fiscal.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que su administración presentará reformas constitucionales enfocadas en combatir a las empresas fantasma o EFOS. Señaló que las acciones anteriores en aduanas y otras áreas del gobierno permitieron aumentar la recaudación y cerrar espacios de evasión fiscal.
Durante su mensaje desde Palacio Nacional, Sheinbaum adelantó que las modificaciones permitirán mantener la recaudación sin incrementar impuestos como el ISR o el IVA. Subrayó que estas reformas serán una herramienta más efectiva que ajustes tributarios generales.
“Se los adelantó, vamos a hacer algunas reformas para seguir combatiendo a los factureros. Porque todavía se presenta este lastimoso fenómeno, para que no se pague impuestos”, detalló la presidente ante medios de comunicación.
Recaudación y ajustes fiscales
La mandataria explicó que el cierre de los espacios de evasión fiscal representa mayor eficiencia recaudatoria que el incremento de tasas impositivas. Comparó los resultados actuales con administraciones pasadas, mencionando que Calderón subió el IVA y Peña Nieto modificó el ISR, sin resultados significativos en la recaudación.
Señaló que en 2026 se harán ajustes a la miscelánea fiscal, pero aclaró que no se prevé un aumento de impuestos. Destacó que estas medidas permitirán continuar la estrategia de erradicación de la corrupción sin afectar a contribuyentes formales.
Sheinbaum Pardo indicó que la estrategia se mantiene enfocada en cerrar los vacíos legales que facilitan la evasión fiscal y garantizar que las empresas operen de manera transparente y legal. Recordó que las EFOS representan una práctica que afecta directamente la recaudación del Estado y la economía formal.
La presidenta precisó que las reformas reforzarán los mecanismos legales existentes para sancionar la operación de factureros y asegurar que los procesos penales procedan de manera automática ante delitos de falsificación de comprobantes fiscales.
Combate a empresas fantasma
En la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la atención a las EFOS se intensificó, considerándolas una de las principales manifestaciones de corrupción en el sistema neoliberal. La iniciativa se consolidó mediante la reforma del Artículo 19 constitucional, que amplió la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El exmandatario consideró que el mal ejemplo provenía del propio gobierno y calificó a las facturas falsas como una “plaga”. Las medidas legales se diseñaron para que los responsables enfrenten consecuencias penales inmediatas, asegurando la eficiencia en los procesos.
Con estas reformas, la aplicación de la prisión preventiva será automática para quienes realicen cualquier actividad relacionada con facturas falsas. La medida abarcará tanto a operadores de EFOS como a contribuyentes que evadan impuestos mediante comprobantes simulados.
El SAT y las autoridades fiscales reforzaron los mecanismos de vigilancia para detectar patrones de operación de factureros, utilizando tecnología y registros contables para identificar irregularidades de manera más rápida.
Efectos en la recaudación
Las nuevas medidas permitirán al gobierno federal incrementar la recaudación sin necesidad de recurrir a incrementos tributarios. Se estima que el cierre de vacíos legales reducirá de manera significativa la evasión fiscal en sectores estratégicos de la economía mexicana.
Sheinbaum Pardo resaltó que las reformas contribuirán a un sistema más justo, donde las empresas formales no sean afectadas por la competencia desleal de quienes operan con facturas falsas. La presidenta reiteró que la prioridad es proteger los ingresos legítimos del Estado.
El Congreso de la Unión recibirá las iniciativas próximamente para su análisis y eventual aprobación. Se espera que las modificaciones se integren de manera expedita a la legislación vigente, reforzando la estrategia de combate a la corrupción fiscal.
Autoridades fiscales y legisladores coincidieron en que la continuidad de estas reformas permitirá consolidar la política de recaudación del gobierno federal y mejorar la transparencia en operaciones financieras de empresas mexicanas.
Se prevé que las acciones contra los factureros generen un efecto disuasorio importante, reduciendo la operación de empresas simuladas y fortaleciendo la cultura de cumplimiento tributario en el país.
El SAT reforzó los programas de auditoría y verificación, complementando las reformas con supervisión más estricta de declaraciones y movimientos financieros de las empresas, a fin de garantizar eficacia en la aplicación de la ley.
La presidente afirmó que la estrategia seguirá avanzando de manera integral, atacando la raíz del fenómeno de facturas falsas y garantizando que los recursos fiscales se canalicen correctamente al gasto público.
Los contribuyentes formales recibieron información sobre las nuevas reformas y se difundieron guías sobre cómo evitar prácticas que puedan ser consideradas como evasión fiscal, fortaleciendo la educación tributaria en el país.
El combate a las EFOS también incluye coordinación con autoridades estatales y municipales para detectar operaciones irregulares, asegurando que las medidas sean efectivas en todo el territorio nacional.
Sheinbaum concluyó que la transparencia, el control fiscal y la justicia serán los pilares de la estrategia, asegurando que la lucha contra los factureros continúe en todos los niveles de gobierno. –sn–
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SAT ofrece perdón total de impuestos
Condona multas y recargos; busca fomentar el cumplimiento voluntario. Beneficios para contribuyentes.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantuvo activo el Programa de Regularización Fiscal 2025, el cual permitió a contribuyentes condonar multas, recargos y gastos relacionados con adeudos fiscales. Esta estrategia recibió el mote de “perdón total del SAT” por sus amplios beneficios.
Con este programa, el organismo buscó fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. La intención fue facilitar el pago de adeudos y reducir litigios en el ámbito fiscal.
El programa estuvo enfocado en personas físicas y morales con ingresos de hasta 35 millones de pesos. Las autoridades tributarias estimaron que esta política fortaleció la recaudación sin medidas coercitivas.
Entre los beneficios se incluyó la reducción del 100% en multas, incluso en aquellos casos con agravantes, además de recargos y gastos de ejecución.
Subtítulo: Facilidades para pagos
El programa también contempló la suspensión de procedimientos administrativos de ejecución, sin requerir garantía del interés fiscal. Esta medida permitió al contribuyente regularizar su situación sin presión judicial.
Adicionalmente, se ofreció la posibilidad de cubrir los impuestos hasta en seis parcialidades. Esta opción aplicó siempre que se cumplieran condiciones puntuales.
De acuerdo con el SAT, este estímulo se aplicó a contribuciones propias, retenidas o trasladadas, así como aquellas relacionadas con comercio exterior y cuotas compensatorias.
Los beneficios sólo fueron válidos para adeudos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2023 o anteriores.
Subtítulo: Requisitos del programa
El SAT precisó que quienes participaron no debieron haber recibido condonaciones en los programas generalizados de los años 2000, 2007 y 2013.
Tampoco debieron tener sentencia condenatoria firme por delitos fiscales. Además, debieron estar fuera de los listados de los artículos 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.
Los contribuyentes que desearon pagar en parcialidades no debieron estar en concurso mercantil ni declarados en quiebra.
Asimismo, los pagos debieron efectuarse puntualmente, conforme a la línea de captura emitida por el SAT.
Subtítulo: Trámite y contacto
Otro requisito indispensable fue que el contribuyente aceptara íntegramente el crédito fiscal. Si existía una impugnación sobre el descuento, este se anulaba automáticamente.
La solicitud de incorporación al programa pudo realizarse en línea a través del portal del SAT, mediante un caso de aclaración.
También existió la opción de acudir a una cita presencial en cualquier oficina del organismo tributario.
Además, se habilitó la Oficina Virtual, disponible desde cualquier lugar con acceso a internet, así como los servicios de MarcaSAT y OrientaSAT.
Subtítulo: Consulta adicional en línea
Las personas interesadas también tuvieron la opción de acceder al servicio de chat uno a uno con personal del SAT.
En caso de que la solicitud fuera procedente, el SAT emitió la línea de captura correspondiente para efectuar el pago.
Este programa fue difundido como parte de una estrategia institucional del gobierno federal para mejorar la cultura tributaria.
Las autoridades insistieron en que el propósito central fue brindar seguridad jurídica y oportunidades de regularización a los contribuyentes.
El programa fue difundido ampliamente a través de la página oficial del SAT y sus canales de comunicación directa. –sn–
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Sheinbaum promete frenar huachicol fiscal
Investigan combustible ilegal e implicaciones fiscales; podrían involucrar redes internacionales.
Por Paola Ramírez | Reportera
Claudia Sheinbaum informó que avanzaron las investigaciones sobre el denominado “huachicol fiscal”, una práctica ilegal que afecta la recaudación tributaria y el comercio legal de combustibles. Aseguró que el caso generó información relevante que permitirá sancionar a los responsables.
La presidente afirmó que llegarán hasta las últimas consecuencias contra quienes participen en este delito. Añadió que los hallazgos recientes permitirán ordenar la situación y frenar este tipo de evasiones fiscales.
Seguimiento a cargamentos ilegales
Explicó que los decomisos de combustible forman parte de una cadena de investigaciones que comienzan con la detención de una persona. A partir de ese punto, las autoridades examinan cómo se intentó ingresar el producto al país.
El procedimiento incluye identificar el tipo de mercancía que se reportó, analizar las facturas y seguir el rastro de las operaciones que respaldan las importaciones. Todo esto permite conocer las redes involucradas en el fraude.
Combustible con facturas falsas
La investigación reveló que el huachicol fiscal involucra gasolina importada desde Estados Unidos. Esta se presenta ante el sistema aduanero mexicano como si fuera otro producto para pagar un impuesto menor. En algunos casos, ni siquiera se introduce combustible real, sino que se utiliza documentación falsa para simular la operación comercial. Esto provoca pérdidas fiscales considerables para el erario público.
Las autoridades federales han intervenido para rastrear el origen del combustible y verificar la autenticidad de las facturas. Esto incluyó la participación de instancias como el SAT, la Secretaría de Energía y la Procuraduría Fiscal. Además, el análisis de los documentos mostró patrones repetitivos en las importaciones que ayudaron a identificar a las empresas y personas físicas implicadas.
Según información preliminar, algunas operaciones ilegales tendrían vínculos con empresas extranjeras, lo cual ampliaría el alcance de las investigaciones. El gobierno federal evalúa mecanismos de cooperación internacional para sancionar a quienes participen desde el extranjero. También estudia cambios normativos para impedir futuras prácticas similares.
Colaboración con instancias federales
Durante el operativo también se detectaron posibles actos de corrupción dentro de la administración aduanera. Las autoridades no descartaron que servidores públicos hayan facilitado el ingreso de combustible irregular. El gobierno federal indicó que se revisarán los procesos internos de verificación fiscal y aduanera. Se pretende blindar los sistemas contra este tipo de fraudes sistemáticos.
Funcionarios de alto nivel informaron que preparan modificaciones al marco legal en materia de importaciones energéticas. Esto incluiría castigos más severos para quienes cometan huachicol fiscal. Se planea reforzar la obligación de comprobar el origen y destino de los combustibles, así como aumentar las sanciones por el uso de facturas falsas.
Claudia Sheinbaum pidió el apoyo de la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta o traslado de combustibles. Recalcó que los efectos del huachicol fiscal impactan directamente en la economía nacional y en la capacidad del Estado para financiar programas sociales.
La Administración General de Aduanas y el Servicio de Administración Tributaria mantienen vigilancia activa en los principales puntos de ingreso de mercancías. Las autoridades federales informaron que han reforzado la inspección documental y física de los cargamentos energéticos.
Reconstrucción de rutas ilegales
Con ayuda de inteligencia fiscal, el gobierno federal logró trazar rutas frecuentes de traslado de combustible desde la frontera norte hasta diversos estados. También se identificaron patrones en la forma de transportar el combustible, a través de empresas fachada o vehículos con permisos falsos.
En sus declaraciones, Sheinbaum insistió en que su administración no permitirá que se perpetúen prácticas de evasión como el huachicol fiscal. Anunció que las investigaciones seguirán en curso hasta que se finquen responsabilidades a todos los involucrados. –sn–
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Grupo Salinas niega adeudos fiscales
Empresa afirma pago de impuestos y denuncia campaña desde Palacio Nacional. Acusa persecución y extorsión política.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
Grupo Salinas, encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, afirmó que sí cumple con el pago de impuestos en México. En un comunicado oficial, acusó al vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas de orquestar una campaña negra desde Palacio Nacional contra la empresa.
El conglomerado aseguró que de 2005 a la fecha ha pagado más de 250 mil millones de pesos al fisco. La cifra actualizada al valor presente equivale, según su comparación, al costo de tres aeropuertos AIFA con recursos sobrantes.
Pagan más de 250 mil mdp
“Para que se den una idea: con ese dinero se pagarían tres AIFA y aún sobraría”, explicó el documento. En ese contexto, advirtió que no cederá a lo que calificó como «extorsión fiscal» ni a presiones del poder político actual.
“Ténganlo claro: en Grupo Salinas seguiremos defendiendo la verdad y no cederemos ante la persecución política”, expresó la empresa. Indicó que la narrativa difundida desde el gobierno federal es falsa y busca justificar cobros indebidos.
Narrativa desde el poder
El grupo empresarial denunció que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó al SAT y a la Procuraduría Fiscal para presionar a grandes empresarios. Señaló como ejemplos los casos de Walmart, FEMSA, América Móvil, IBM de México, Fresnillo y Toyota.
Afirmó que esas empresas aceptaron pagos tras presiones políticas disfrazadas de justicia fiscal. A juicio del grupo, se trata de una estrategia oficial para silenciar a críticos, desviar la atención pública y reforzar el control gubernamental.
Casos en litigio judicial
Sobre sus propios procesos fiscales, Grupo Salinas informó que están en litigio dentro del Poder Judicial. Precisó que las diferencias con Hacienda derivan de cobros dobles por los mismos conceptos, lo cual considera ilegal.
Denunció que los créditos fiscales han sido inflados con recargos, actualizaciones y multas arbitrarias. Aseguró que se han interpretado leyes de manera forzada para encuadrar argumentos favorables al gobierno federal.
Acusan presión a jueces
En el mismo texto, Grupo Salinas acusó al Ejecutivo de presionar a jueces y magistrados para obtener resoluciones favorables. Señaló que, con la reciente reforma judicial, el oficialismo ha sustituido a jueces independientes por funcionarios alineados.
Agregó que se ha buscado conformar un nuevo Poder Judicial afín al partido Morena, al que el grupo calificó como «corrupto». Según la empresa, esto busca legitimar las extorsiones fiscales y castigar a quienes expresan pensamiento crítico.
Ataques desde Palacio Nacional
Afirmó que tanto López Obrador como la actual presidente, Claudia Sheinbaum, han usado los casos del grupo para lanzarse públicamente contra ellos. Señaló que lo hacen desde las conferencias matutinas, en las que, aseguró, se filtra información reservada.
Indicó que esa divulgación constituye una violación al debido proceso y al marco legal vigente. Agregó que tales actos se han repetido durante las dos últimas administraciones federales y que no han cesado con el cambio presidencial.
Divulgación ilegal de datos
Por último, sostuvo que funcionarios públicos han filtrado datos fiscales protegidos por la ley. Indicó que el uso político de esos expedientes confirma que el objetivo no es recaudar impuestos, sino castigar posturas críticas.
En su mensaje final, el grupo reiteró que seguirá enfrentando los litigios por la vía legal. Concluyó que no se someterá a ninguna forma de presión fiscal ni persecución desde el poder. –sn–
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