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Columna Sociedad | La dignidad humana

El mundo recuerda este miércoles la confección histórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace 77 años, en la ciudad de París, en Francia, signada por un total de 58 naciones.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Aunque el documento se formalizó aquel viernes 10 de diciembre, sin llegar a tratado internacional, sus 30 artículos son un marco de referencia para el desarrollo internacional de los derechos humanos y de numerosas constituciones, entre ellas, la mexicana.

La Declaración surgió como norma moral para los pueblos, estableció libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Su influencia moldeó tratados y sistemas internacionales que hoy funcionan como salvaguarda frente al poder desmedido, en su mayor parte, de los mandatarios.

A casi ocho décadas de distancia, ese legado enfrenta un escenario diametralmente nuevo; los derechos y la dignidad a partir del impacto de las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial, la vigilancia digital y la extracción masiva de datos abren un campo donde la vulneración puede ocurrir sin violencia física, ni contacto humano.

Los países más avanzados en este tipo de regulación han sido la Unión Europea, Corea del Sur, Canadá y, en algunos rubros, Nueva Zelanda. Estados que han creado marcos jurídicos sobre privacidad, uso ético de algoritmos y protección frente a sistemas de vigilancia estatal o corporativa.

Bandera de la ONU

En nuestro país, el Congreso de la Unión mantiene pendiente una discusión integral sobre el derecho digital; de tal suerte que, daremos inicio el 2026 con la urgencia de tener un marco que regule tecnologías como el reconocimiento facial, inteligencia artificial autónoma, espionaje digital o uso de datos biométricos.

En este crítico contexto, México se encuentra entre los países más peligrosos para las personas defensoras, entre ellas, juristas y periodistas. El Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil registró más de doscientas cincuenta agresiones en América Latina durante 2024, y una parte significativa ocurrió en territorio nacional. La criminalización, la impunidad y la estigmatización muestran una estructura que, lamentablemente, no ha logrado proteger vidas.

En este sentido, el gobierno federal, encabezado por la mandataria Claudia Sheinbaum, anunció una agenda que intenta corregir estos rezagos germinados desde décadas atrás. La apertura hacia colectivos de búsqueda, la revisión de protocolos y el reconocimiento de la crisis, podría abonar a confeccionar este marco legal para defender la dignidad humana, particularmente de aquellos que integran grupos vulnerables.

Camara de diputados

Sin duda alguna, durante la próxima discusión legislativa, encabezada por el partido Morena, –que coordina el diputado Ricardo Monreal, y el senador Adán Augusto López Hernández— debe tener entre sus prioridades, delimitar reglas claras sobre la inteligencia artificial, protección de datos, transparencia algorítmica y límites al uso de tecnología de vigilancia.

De esta forma, llegamos con la necesidad de crear una protección jurídica real, frente a la violencia clásica, y de los mecanismos de control digital. El mundo avanza –de manera vertiginosa– hacia una frontera donde la autonomía personal depende de un urgente apartado legal, en un mundo completamente digital.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La frontera del agua

La disputa por el agua ha deteriorado la calidad de vida de miles de mexicanos, mientras algunos han acumulado fortunas al administrarla, procesarla y distribuirla.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Durante décadas, políticos y empresas han tratado este recurso como mercancía, multiplicando ganancias en bebidas, productos y servicios.

Resulta contradictorio que en algunas escuelas primarias existan bebederos higiénicos y gratuitos, mientras que en universidades y centros deportivos el acceso dependa del pago. En gimnasios, oficinas, restaurantes e incluso hospitales, beber agua implica comprarla. Con la cercanía del Mundial de fútbol, vuelve la duda: ¿cuánto costará el agua, en un evento donde se anticipa que no habrá acceso gratuito?

Ante este panorama, cobra relevancia el informe del Relator Especial de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, quien confronta la visión mercantil del líquido. El modelo neoliberal convirtió el agua en un bien que solo fluye para quien puede pagarlo, y entregó servicios públicos al interés privado, más atento a las utilidades, que al bienestar colectivo.

Balón de futbol en cancha

Más aún, las consecuencias son visibles en zonas urbanas donde los cortes se han normalizado y las tarifas han aumentado sin justificación técnica. El mercado, por sí mismo, no ha resuelto las desigualdades, por el contrario, las profundizó. En comunidades marginadas se paga más por agua de menor calidad, mientras industrias reciben concesiones amplias con escasa supervisión, por ejemplo, las que se dedican a procesar bebidas carbonatadas o cervezas.

El relator de la ONU propone un orden claro, primero la vida humana, luego las funciones sociales y finalmente las actividades productivas. En México ocurrió lo contrario durante décadas, desplazando el interés público a favor del económico. Reconocer el agua como bien común implica replantear el dominio sobre los ecosistemas, las concesiones y la gestión de cuencas, y justamente esta es la esencia de la reforma al marco legal que hoy se analiza en el Congreso de la Unión.

Bandera de la ONU

Las comunidades indígenas y rurales, afectadas por diversos megaproyectos, de manera particular de minería y agroindustria, están en el centro del debate parlamentario; el despojo hídrico y la falta de consulta previa han vulnerado el derecho colectivo, ocasionando, incluso, el desplazo de miles de familias de sus territorios originales, por ejemplo, en Chiapas.

La reforma al marco legal, impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, propone fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua potable y el saneamiento. Este modelo, ya exitoso en varias regiones del mundo, combina eficiencia con equidad.

Claudia Sheinbaum

Los principios de “quien deteriora restaura” y “no deterioro” deben guiar la política hídrica. Las inversiones públicas tienen que evaluar impactos sociales y ambientales. Asimismo, las tarifas crecientes por nivel de consumo permitirían que el uso básico sea accesible mientras los grandes consumidores asumen costos proporcionales a sus productos, y, a la atención de las comunidades donde se benefician.

La planificación del líquido exige transparencia y participación ciudadana; de esta forma las decisiones de hoy determinarán quién tendrá acceso en los próximos años. Nuestro país enfrenta ya ríos contaminados, cuencas agotadas y pozos clandestinos, prueba del fracaso de la visión neoliberal. Incluso, hemos escuchado la reciente “acuñación” del vocablo “huachicol del agua”.

Sin duda alguna, este líquido es un patrimonio común, elegir entre mercado o vida parece, ahora, un dilema impostergable. Si el agua es el origen de toda existencia, ¿por qué permitir que su control siga en manos de modelos ajenos a la responsabilidad social?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: La elección intermedia capitalina

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La elección intermedia capitalina

El asesinato de Carlos Manzo expone la crudeza y el abandono institucional que Michoacán sufre desde hace décadas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

En la víspera de llegar al 2026, la estructura político-partidista en la capital del país ya alista sus procesos internos para seleccionar a sus aspirantes a puestos de elección popular, entre ellos, las 16 alcaldías y 66 curules en el Congreso de la Ciudad de México.

Pero, ¿cómo llegaron las organizaciones partidistas a la elección de 2024 en la capital del país? De inicio, se registró un aumento en la participación ciudadana, de 52.18% en 2021 a 69.83% en 2024, hecho que no benefició por igual a todas las fuerzas políticas. Más votantes acudieron a las urnas, pero la distribución de esos votos consolidó a unos y hundió a otros.

Los resultados confirmaron el ascenso de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena–PT–PVEM), que obtuvo 2,882,138 votos, equivalentes a 51.92 por ciento. En contraste, la alianza opositora Fuerza y Corazón por México (PAN–PRI–PRD) sumó 2,155,967 sufragios, el 39.84 por ciento. Esta diferencia refleja una pérdida en la influencia de un viejo régimen y el agotamiento de un modelo opositor.

En este sentido, Morena creció de 1.57 a 2.34 millones de votos; su narrativa de continuidad y cambio logró conectar con una parte del electorado capitalino que percibe estabilidad en el poder. El PAN también avanzó, con un incremento de 1.03 a 1.56 millones de votos, lo que lo coloca como la fuerza opositora con mayor margen de maniobra.

Banderas de Morena

El PRI, en cambio, confirmó su crisis estructural; su votación cayó de 564,297 sufragios (13.93 %) a 423,017 (7.62 %). El partido político que alguna vez representó al Estado mexicano entero, apenas sobrevive como apéndice de coaliciones que lo mantienen apenas visible.

La dirigencia priista insiste en que la alianza opositora le permitió resistir, pero los datos demuestran lo contrario: sin el respaldo de Acción Nacional, sus resultados habrían sido aún más adversos. La caída del tricolor es, más que un tropiezo electoral, la evidencia de una extinción política que se prolonga.

El reciente anuncio del albiazul de competir sin coaliciones en el próximo proceso electoral, sin duda modificará el equilibrio de las fuerzas capitalinas. De consolidarse, el tricolor enfrentará su verdadero tamaño, un partido sin territorio, sin cuadros y sin narrativa; quizá, concluya su proceso de extinción, por lo menos en la capital del país.

Basta tomar como ejemplo la Magdalena Contreras, la participación ciudadana pasó de 55.73 % en 2021 a 71.12 % en 2024. Esta movilizaciónse explica por el interés que generaron la elección presidencial y la renovación de cargos a nivel local y federal.

En aquel 2021, la alianza PAN–PRI–PRD triunfó con 56,667 votos, frente a los 44,889 que obtuvo Morena–PT–PVEM. En aquel proceso, la oposición dominó 91 de las 149 secciones electorales. Tres años después, la historia cambió.

Logo PRI | @SociedadN_

En 2024, Sigamos Haciendo Historia sumó 69,080 votos (46.77%), superando a la alianza opositora, que obtuvo 64,989 (43.99%). El mapa electoral se revirtió. Las colonias que antes votaban por la oposición migraron hacia Morena o hacia la abstención estratégica.

El PAN mostró un crecimiento leve: de 18.44% a 20.06 por ciento. Su avance no fue suficiente para compensar la caída del PRI, que pasó de 28.93% a 20.68 por ciento. En diversas casillas, el voto tricolor se desplazó hacia sus antiguos aliados o hacia el oficialismo. El PRI perdió incluso su voto duro, ese que durante décadas garantizaba presencia mínima.

Pan Cdmx

El declive priista tiene raíces profundas. Sin estructura territorial, sin operadores de base y sin discurso convincente, el partido parece un cascarón que solo sirve para completar siglas en una boleta.

El PAN, aunque mantiene una base electoral estable, carece de liderazgos locales con la fuerza necesaria para construir identidad entre los contrerenses. En contraste, Morena capitalizó la identidad barrial, el discurso social y la cercanía con el gobierno federal. Su estrategia de territorializacióny sus comités locales le permitieron recuperar terreno y convertir una derrota en victoria.

Si el PAN decide caminar solo, y el PRI continúa en su descomposición interna, la oposición podría fragmentarse aún más. El PRD, reducido a su mínima expresión, apenas subsiste en la capital política que alguna vez gobernó con hegemonía.

PRD bandera

El futuro político en la ciudad de México en las próximas elecciones intermedias de 2027, dependerá de si las fuerzas opositoras logran reinventarse o, si Morena logra mantener su hegemonía sin caer en la soberbia del poder absoluto. Pero una cosa es muy clara, las coaliciones sin identidad, destruyen alternativas y prolongan las agonías.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: ¿Remediar los males?

Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Columna Sociedad | ¿Remediar los males?

El asesinato de Carlos Manzo expone la crudeza y el abandono institucional que Michoacán sufre desde hace décadas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Mientras el pueblo encendía velas para honrar a sus muertos, la violencia apagó su luz en las inmediaciones de la Plaza Morelos de la ciudad de Uruapan del Progreso en la entidad michoacana. Manzo Rodríguez caminaba junto a su familia durante el Festival de las Velas anoche cuando fue abatido sin que nadie pudiera evitarlo.

Semanas antes, el exdiputado federal por Morena había denunciado amenazas y había implorado protección al gobierno estatal y federal. Nadie respondió con la urgencia que su caso requería, sus advertencias se extraviaron entre oficios, protocolo y silencio cómplice.

La historia del político distanciado del morenismo, movimiento político que lo llevó a la legislatura pasada hasta el Congreso de la Unión, no difiere de la de muchos otros funcionarios y ciudadanos que viven sitiados por el crimen organizado. En Michoacán, el miedo gobierna los espacios donde los grupos armados dictan sus propias normas.

En la víspera, un enfrentamiento en La Ruana, Buenavista, privó de la vida al campesino Alejandro Torres Mora, quien defendía a los productores limoneros de la extorsión sistemática de estos grupos criminales que se distribuyen por la región y que llegan hasta la frontera con Guatemala, pasando por la capital del país.

Dos años atrás, en ese mismo municipio, el tío de Alejandro, Hipólito Mora –histórico fundador de los grupos de autodefensa de Michoacán– fue asesinado en un ataque armado, el cuerpo de Hipólito quedó horas consumiéndose entre las llamas en el vehículo en el que viajaba, antes de que alguna autoridad llegara hasta ese lugar.

En 2008, en plena celebración del Grito de Independencia, dos granadas de fragmentación estallaron en el centro de la capital de Michoacán, Morelia; este atentado privó de la vida a ocho personas y dejó lesionadas a más de 130 personas que se encontraban en aquella plaza pública.

En este contexto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla responde con evasivas. Su administración repite el discurso de “coordinación interinstitucional”, pero la realidad en las calles contradice cualquier intento de autoelogio.

Por su parte, la mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo guarda un silencio que inquieta. Su promesa de mantener la línea ética del movimiento que encabeza se diluye cuando la impunidad asesina alcaldes sin que la Federación asuma la gravedad del fenómeno.

En Michoacán, como en Guerrero o Zacatecas, en la zona metropolitana del Valle de México, y en varias regiones del país, la población vive atrapada entre la violencia criminal y la desatención gubernamental. Las carreteras son zonas de riesgo, los comercios pagan cuotas y los alcaldes gobiernan bajo amenaza. No existe una política de seguridad coherente, sino parches improvisados que fracasan una y otra vez.

Durante los sexenios anteriores, los informes de derechos humanos documentaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y tortura. Hoy, las cifras cambian de nombre, pero no de tragedia. La continuidad del horror es la constante más clara de nuestra historia reciente.

Es claro que la violencia en Michoacán no es nueva. Desde los años de “Los Caballeros Templarios” hasta la expansión de los cárteles locales, el Estado nunca logró recuperar el control territorial. Cada gobierno prometió hacerlo. Ninguno cumplió.

Frente a esta realidad, las palabras de Carlos Manzo resuenan con más fuerza: pedía auxilio y recibió silencio. Pedía Estado y obtuvo burocracia. Pedía vida y encontró la muerte.

Las instituciones mexicanas parecen incapaces de garantizar derechos básicos. En lugar de reconstruir las policías, se recurre al despliegue militar como sustituto de una estrategia integral. Pero la militarización no construye paz; la posterga.

La ciudadanía michoacana merece algo más que condolencias. Merece justicia, memoria y reparación. Merece un gobierno que la mire de frente y no la abandone en manos de los criminales. ¿Cuántos alcaldes más deberán morir para que el Estado ejerza la seguridad y garantice la vida de las personas?

Quizá el ejemplo de Cherán, con su autogobierno y sistema comunitario, sea la advertencia más clara: cuando el Estado no protege, la sociedad se organiza. Y cuando la sociedad se organiza, el Estado pierde legitimidad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Columna Sociedad | La congruencia a prueba en la «cuarta transformación»

En la historia política reciente, pocos personajes han logrado construir una imagen tan combativa y frontal como Gerardo Fernández Noroña.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Su discurso, siempre áspero y vehemente, encarnó durante años la voz del México inconforme, el que cuestiona, el que no teme señalar los abusos del poder. En esa autenticidad se fundó su legitimidad: la del hombre que hablaba sin filtros y que se asumía como contrapeso moral frente a la clase política tradicional.

Esa congruencia, sin embargo, se encuentra hoy en entredicho. El episodio relacionado con la adquisición de una propiedad en Tepoztlán, Morelos, y el uso de un avión privado para realizar actos políticos en Coahuila han abierto un debate incómodo al interior del movimiento que lo vio crecer. Más allá de si hubo o no irregularidades, el problema reside en la percepción pública y en la distancia que se genera entre el discurso de austeridad y los actos que parecen contradecirlo.

Morena, desde su origen, hizo de la ética pública un eje de legitimación. Su narrativa de honestidad valiente, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y hoy sostenida por Claudia Sheinbaum Pardo, no solo implica un mandato moral, sino también una estrategia política: mantener viva la diferencia con los gobiernos que precedieron a la «cuarta transformación». En esa línea, cualquier sombra de incongruencia dentro del movimiento se amplifica, porque pone a prueba la esencia que le da identidad.

Sheinbaum, con un estilo distinto al de su antecesor, ha insistido en la transparencia y la rendición de cuentas como principios que no admiten excepciones. Si el movimiento que gobierna se define por su distancia respecto a la corrupción y el abuso de poder, esa distancia debe reflejarse en cada uno de sus cuadros, sin importar su trayectoria o popularidad.

Gerardo Fernandez Noroña | MCCI

En ese contexto, la figura de Fernández Noroña se enfrenta a un dilema. Su carácter indómito, que en otro tiempo le permitió denunciar los excesos del viejo régimen, hoy lo coloca bajo la lupa de las mismas exigencias que él promovió. Su defensa, basada en que la austeridad aplica solo a las políticas públicas, resulta insuficiente ante una ciudadanía que demanda transparencia no solo del Estado, sino también de sus representantes.

La política mexicana ha padecido por décadas la normalización del enriquecimiento súbito y el tráfico de influencias. El propio López Obrador insistió en que el poder solo tiene sentido si se ejerce con honestidad. En esa máxima radica la diferencia entre gobernar con autoridad moral o reproducir los vicios de siempre.

Sheinbaum ha mantenido hasta ahora un perfil de sobriedad personal que refuerza ese mensaje. No se le conoce afán de riqueza ni un estilo de vida ostentoso. Esa congruencia, más que un atributo personal, es un símbolo del compromiso que Morena intenta preservar frente al desgaste natural del poder. Por eso, los casos que involucran a figuras visibles del movimiento —como Fernández Noroña— exigen claridad inmediata, sin evasivas ni sarcasmos.

El silencio o la ironía ante los cuestionamientos solo agravan la percepción pública. En una sociedad marcada por la desconfianza, cualquier omisión alimenta la sospecha. La transparencia, en cambio, se vuelve un acto político de supervivencia. Explicar con precisión el origen de los recursos utilizados en un vuelo privado o los términos de un crédito inmobiliario no debería ser una concesión, sino una obligación ética para todos los servicores públicos.

El problema de fondo no es el dinero, sino la coherencia. La legitimidad de la «cuarta transformación» descansa en la idea de que es posible hacer política sin servirse del poder. Si sus protagonistas traicionan ese principio, aunque sea en apariencia, arriesgan el patrimonio moral del proyecto entero.

Fernández Noroña tiene aún margen para reivindicarse. Su trayectoria, su oratoria y su vínculo con las bases lo convierten en una voz relevante del movimiento. Pero la congruencia no se predica: se demuestra. Si aspira a conservar la autoridad que alguna vez tuvo, debe asumir que la transparencia no es un gesto de debilidad, sino una muestra de respeto hacia quienes lo acompañaron en su camino político.

El movimiento que prometió regenerar la vida pública no debe construir el futuro sobre los mismos silencios que criticó en el pasado. La honestidad, en la «4t», no es una consigna: es la línea que separa la historia de la repetición.

Punto Cero

El Tecnológico de Monterrey y el Distrito de Innovación Tlalpan (DiT) realizaron el Foro de Urbanismo Regenerativo + ClimaLAB en el campus ciudad de México, consolidando, así, a la capital como referente nacional e internacional en innovación urbana y acción climática.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Columna Sociedad | «De Iztapalapa para el mundo»

La explosión de una pipa en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, cambió para siempre la vida de más de cien familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Hasta este lunes, se sabe que 14 personas han perdido la vida, más de 30 permanecen en estado crítico, y decenas se ubican con quemaduras graves a muy graves.

Esta grave tragedia expone, de manera brutal, dos problemas de fondo: la desatención en el suministro de insumos médicos y la incapacidad del gobierno para informar de manera clara y oportuna.

Vamos por partes. Las víctimas enfrentaron llegar a hospitales ante la falta de vehículos para trasladar a este gran número de personas afectadas desde el lugar de los hechos, luego la carencia de gasas, medicamentos esenciales, como el polvo de plata, que se usa para aliviar las quemaduras en el cuerpo y, ahora, sangre y plaquetas. La desesperación de familiares y pacientes se ha multiplicado ante la falta de los insumos básicos en los recintos de atención médica públicos.

Lorena García, cuyo hermano Ubaldo sufrió quemaduras severas, narró la incertidumbre sobre su estado de salud. Horas después del accidente, nadie pudo informarle sobre su pronóstico ni los traslados hospitalarios que enfrentaba, debido a esta carencia de insumos médicos.

Juan Ángel Bonilla Vázquez, familiar de otra víctima, denunció que el personal médico tardó más de nueve horas en brindar información clara, obligando a los familiares a buscar por su cuenta el paradero de los lesionados y, desperdiciando valioso tiempo para organizarse y conseguir, por su cuenta, los insumos para la atención de su familiar.

Explota pipa de gas

Testimonios en redes sociales, de ciudadanos, víctimas, personal médico y administrativo, han confirmado que los traslados de pacientes se debieron a la incapacidad de algunos hospitales para atender quemaduras graves, un síntoma de la precariedad estructural del sistema de salud público.

Frente a esta carencia, la ciudadanía se organizó espontáneamente para auxiliar a los heridos, proporcionando insumos médicos, alimentos y apoyo logístico. Sin embargo, la orden de la autoridad capitalina ha sido la de limitar la información a los familiares y víctimas y controlar el flujo de familiares y medios de comunicación a los lugares de atención de esta emergencia.

Autoridades ministeriales capitalinas han abierto dos líneas de investigación: el incumplimiento de protocolos de seguridad por parte de la empresa transportadora y el posible exceso de velocidad del conductor. Sin embargo, el foco central —la falta de preparación hospitalaria— sigue sin atención suficiente.

El gobierno capitalino ofreció apoyo económico y psicológico a las familias, aunque sin precisar montos, ni mecanismos de entrega. Estas declaraciones carecen de claridad y generan incertidumbre sobre la efectividad real de la ayuda, incluso la falta de pericia en materia de política comunicación social.

La empresa Silsa, propietaria de la pipa, asegura contar con pólizas de seguro activadas y se comprometió a cubrir daños humanos y materiales. Sin embargo, sus antecedentes muestran que accidentes similares han ocurrido en Veracruz, Puebla y Yucatán, sin que se implementen medidas preventivas efectivas.

La explosión ocurrió en hora pico, atrapando a estudiantes, trabajadores y automovilistas. Videos captados por transeúntes muestran un mar de llamas y personas con quemaduras graves buscando auxilio. La rapidez de la tragedia evidenció la incapacidad del sistema para responder de manera inmediata.

Explosión de pipa

Vecinos y policías fueron los primeros en auxiliar a los lesionados, improvisando camillas con sábanas y trasladando a los heridos a hospitales. Esta acción ciudadana revela, una vez más, la ineficacia de los protocolos oficiales de atención a emergencias, de manera particular en lo que tiene que ver con la protección civil, para atender a la población antes, durante y después de una emergencia.

La historia de Alicia Matías Teodoro, quien protegió a su nieta de dos años del fuego con su propio cuerpo, simboliza la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a un sistema que no garantiza seguridad, ni atención efectiva.

Por otro lado, Ana Daniela Barragán, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, murió tras la explosión. Su búsqueda es un símbolo de la falta de coordinación institucional para informar sobre el paradero y estado de los pacientes, debido a que fueron los vecinos quienes localizaron a sus familiares.

Esta tragedia evidencia que la administración local, y por extensión la federal, mantiene un control de la información priorizando, de manera errática, la narrativa sobre la protección y la transparencia.

Las carencias en el sistema de salud de la ciudad de México es una situación constante desde hace décadas, además, del resultado de políticas que ignoran la infraestructura hospitalaria, la dotación de insumos y la capacitación de personal ante emergencias graves, tal vez por falta de pericia, información o experiencia, en cualquiera de estos casos, la sociedad es la que resulta lastimada.

Velas y virgen maria

Lamentablemente, la respuesta gubernamental frente a esta tragedia en Iztapalapa pone en evidencia la insuficiencia de medidas preventivas, la falta de protocolos claros y la improvisación institucional ante catástrofes, que resulta con la pérdida de vidas.

La sociedad civil, obligada a suplir la negligencia oficial, demuestra un compromiso que el Estado no logra asumir. Esta falta de coordinación y preparación deja al descubierto la grave precariedad de la atención médica y el riesgo permanente para los habitantes de la ciudad.

La explosión de Iztapalapa no solo ha destruido vidas; ha desnudado un sistema que privilegia la burocracia y el control de información por encima del cuidado y la seguridad de los ciudadanos. La impunidad institucional y la falta de protocolos claros son responsables de un dolor que podría haberse mitigado, de contar con experiencia o dedicación.

Punto Cero

Por cierto, ¿alguien sabe del pasadero de la edil de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz? Además de la explosión de esta pipa, en la vispera se registró una grave inundación –perdón, «encharcamiento»– que afectó a miles de ciudados la tarde y noche de este domingo, curisoamente en la misma zona del puente de la Concordia. Vaya, la frase de los Ángeles Azules no queda mejor en este preciso momento: «De Iztapalapa para el mundo«.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: Huachicol que huele a poder

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | El agandalle de Femsa, Oxxo Spin y Coca Cola

El agandalle digital de Femsa: Oxxo Spin y el limbo del dinero de sus clientes.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Oxxo se vendió ante los mexicanos como la tienda de la conveniencia. Luego, bajo el paraguas de Fomento Económico Mexicano SAB de CV (Femsa), saltó al mundo financiero con una billetera digital llamada Spin, promocionada como la alternativa de inclusión para millones de mexicanos sin acceso a la banca. La narrativa sonaba seductora: cercanía, facilidad y confianza. Sin embargo, un caso reciente en Naucalpan exhibe la otra cara de esa “inclusión”: el abuso.

El pasado 12 de agosto, uno de sus clientes intentó pagar en un comercio mediante el producto Spin Oxxo. La operación arrojó un doble resultado: “fondos insuficientes” en el establecimiento y, al mismo tiempo, un cargo reflejado en la aplicación (app) digital. El producto no se adquirió y el dinero quedó atrapado en un limbo digital.

Con este ejemplo, la promesa de rapidez y accesibilidad se diluyó ante la ineficiencia. El cliente buscó aclarar el error. Tras horas colgado al teléfono, escuchó la misma instrucción: esperar 72 horas para que la app activara la opción de reclamo. Pasaron no sólo tres días, sino más de dos semanas, y la plataforma exhibe el mismo mensaje automático: “Pronto podrás aclarar tu movimiento”.

En otras palabras, Oxxo Spin retiene dinero de usuarios sin otorgar certeza sobre su devolución. Un atropello que no sería tolerado a un banco tradicional, pero que se normaliza porque Oxxo y Femsa juegan con la confusión: opera como institución financiera, pero no es un banco.

Publicidad Oxxo

La Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV) autorizó a Spin Oxxo como Institución de Fondos de Pago Electrónico, bajo la Ley Fintech. Eso significa que debe cumplir con obligaciones de transparencia, atención al cliente y seguridad. Sin embargo, los vacíos regulatorios abren la puerta a que corporativos como Femsa conviertan la “inclusión” en pretexto para agandallarse el dinero de miles de mexicanos.

El caso individual refleja un problema mayor: Femsa, que reportó más de 704 mil millones de pesos en ingresos en 2023, tiene la capacidad para resolver fallas técnicas en horas. Si no lo hace, no es por incapacidad, sino por decisión propia.

Oxxo Spin presume más de 6 millones de usuarios en el país. Pero, cada error no resuelto a tiempo equivale a millones de pesos flotando en la incertidumbre o quizá a millones de pesos usados en inversiones a favor de sus marcas y productos comerciales. ¿Cuántos clientes han pasado por experiencias similares y han terminado resignándose a perder su dinero?

La paradoja es brutal. Mientras Femsa diversifica negocios, vende Coca-Cola, productos farmacéuticos y logística, sus consumidores enfrentan laberintos digitales para recuperar sus pesos (miles o millones).

Coca Cola

El problema no es la tecnología, sino la impunidad con la que opera. Si un banco retuviera injustificadamente fondos de esta manera, la Condusef y la propia CNBV estarían encima. Pero a Oxxo Spin se le permite jugar en los márgenes, quizá porque vende un discurso de inclusión financiera.

La experiencia narrada no es aislada. En redes sociales proliferan testimonios de usuarios que padecen cobros duplicados, retiros no reconocidos o bloqueos de cuentas. La constante es la misma: atención deficiente, procesos opacos y plazos dilatados.

Detrás del logo amarillo y rojo que se ha vuelto paisaje urbano, hay una transnacional que impone sus reglas sin resistencia. Femsa vende la idea de que Oxxo Spin es un servicio “para la gente” pero su operación desnuda una realidad: el ciudadano queda indefenso frente a corporativos que deciden sobre su propio dinero.

Mostrador en Oxxo / @SociedadN_

No se trata sólo de un atroplello o un mal servicio a sus clientes. Es un esquema que bordea la arbitrariedad y que debería provocar un debate sobre la regulación de las fintech corporativas en México. ¿Hasta dónde se les permitirá operar con la opacidad que se ha documentado?

La inclusión financiera no debe basarse en precariedad digital, ni en la indefensión de los usuarios. De otra manera, lo que se presenta como “innovación” es solo un modelo de extracción disfrazado de progreso.

En un país donde cuatro de cada diez adultos carecen de acceso a servicios bancarios, plataformas como Spin se vuelven casi la única opción. Y esa condición de monopolio encubierto es lo que hace más grave la ineficiencia: la alternativa se convierte en trampa.

Tarjeta Spin

Femsa ha construido un imperio a partir de una supuesta conveniencia. Pero su incursión en el sector financiero se perfila como un riesgo para millones de mexicanos que, en lugar de encontrar certeza, se topan con incertidumbre.

La historia de este usuario en el municipio mexiquense de Naucalpan no es una anécdota menor, es el síntoma de un modelo de negocio que prioriza el flujo financiero de la empresa por encima de los derechos de sus clientes y, las de sus pesos.

La pregunta es, ¿quién regula de verdad a Femsa? ¿Quién vigila a Spin? Porque si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no exige garantías, y si la Condusef permanece ausente, los mexicanos seguirán atrapados en el limbo digital de su propio dinero.

Oxxo construye su imperio con la promesa de “todo a la mano”. Con Spin, lo único que tiene a la mano es el dinero de sus clientes, aunque ellos no puedan usarlo.

Punto Cero

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) analizará, junto con la STPS, una serie de medidas para que el centro de atención de llamadas telefónicas «Atento» cumpla con el panel laboral que se resolvió en su contra. Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, dijo que el fallo es contundente porque señala las violaciones en las que incurrió la empresa al querer imponer un sindicato blanco. La agrupación obtuvo un amparo en contra de una determinación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la cual había concluido que no existieron irregularidades en el procedimiento para obtener la constancia de representatividad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: ¿Mitigar el riesgo en las emergencias?

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | El tunel oscuro del Metro

La transparencia en los procesos públicos es un principio que sostiene la confianza ciudadana.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, este principio parece estar en entredicho, a juzgar por los señalamientos graves que involucran a altos funcionarios de su estructura operativa y sindical. Las acusaciones legales, en poder de este reportero, describen una red de interés que afecta directamente la eficiencia, seguridad y legalidad del transporte urbano de millones de personas.

Desde agosto de 2024, Martín Zamora García, gerente de Ingeniería de Material Rodante, habría transferido información técnica y administrativa de carácter exclusivo del STC-Metro al sindicato nacional, encabezado por Humberto Granados Ruiz, secretario de la Seccional II. Este flujo de datos confidenciales presuntamente permite a ciertos proveedores operar con ventaja en licitaciones, lo que anula la equidad del proceso y abre la puerta a prácticas que bordean la ilegalidad.

Los mecanismos descritos van desde la entrega de especificaciones técnicas hasta la supuesta manipulación del abasto de refacciones. Se alega que los involucrados retardan la compra de insumos clave, como aceites, punteras, carbones o componentes electrónicos, para provocar una situación crítica que les permita negociar con proveedores “elegidos”, quienes acceden a información privilegiada y desarrollan refacciones por encargo, fuera del marco institucional.

El papel del sindicato en este esquema, según las denuncias, se ha desviado del interés colectivo. Humberto Granados Ruiz acumula más de 12 años en el cargo y, se afirma, habría convertido su posición en una oficina paralela de contratación, venta de plazas y filtro de información. Esto incluiría la manipulación del Programa Operativo Anual (POA), proyectos estratégicos, y la designación discrecional de personal no capacitado en puestos recientemente basificados.

Humberto Granados

La intervención del sindicato del STC-Metro en tareas técnicas, como la revisión de proyectos o la autorización de requerimientos de refacciones, no solo carece de justificación normativa, también mina la autoridad de los responsables administrativos y reduce la eficiencia institucional. El conflicto de interés se multiplica cuando se descubre que algunos de los asesores de ingeniería no provienen del área técnica, sino del sindicato mismo.

Varios contratos recientes han encendido alertas. Uno de ellos es el IMP-4054/2023, para adquisición de herramientas, asignado a través de la intermediaria SIPGO con precios presuntamente inflados. Otro es el STC-GACS-CCE-IMP-4035/2024, para convertidores Mitsubishi, cuya compra se habría concretado sin considerar garantías ni servicio postventa, lo cual ha derivado en la inmovilización de trenes.

Los señalamientos legales incluyen viajes internacionales con fines poco claros, como el del ingeniero Zamora García a Europa acompañado por personal sin la experiencia requerida, en supuestas gestiones con la firma TEXELIS. Incluso se acusa un intento de soborno a empleados de esta empresa para obtener información confidencial. También se vincula a José Alberto González López, director de Material Rodante, y al ingeniero Alfredo Cortez Vergara, quienes habrían avalado contratos sin tener conocimiento técnico suficiente.

Las denuncias penales apuntan a que no se han adquirido piezas clave para el mantenimiento, como diferenciales, enganches o madera para frenos, lo que pone en riesgo la operación segura del servicio. Se cuestiona además la adquisición de tarjetas electrónicas innecesarias y equipos sin utilidad inmediata, como convertidores para compresores KNORR-BREMSE, en lugar de tarjetas requeridas.

El manejo de datos sensibles no se limita a contratos. También se involucran calificaciones de reportes técnicos de trenes de líneas como la «12» y la «A», con supuestas alteraciones para favorecer a la empresa CAF, encargada del material rodante. Esta manipulación de registros no solo representa un fraude técnico, también implica riesgos directos para los usuarios.

El último punto cuestiona los nexos económicos entre funcionarios y proveedores como YITO, PIENSA, FMD, SINERGMAN, ROJIS y SIPGO, empresas que habrían sido favorecidas gracias a visitas periódicas de los involucrados a la Sección II del sindicato. Se pide revisar sus declaraciones patrimoniales y rastrear las ventajas obtenidas por estas compañías durante los últimos años.

Todo este conjunto de hechos exige una auditoría integral e independiente del STC, que encabeza Adrián Rubalcava Suárez. No puede permitirse que los procesos internos funcionen como moneda de cambio en redes clientelares, ni que los trenes se detengan por falta de piezas mientras se benefician a unos cuantos. ¿Será que esta información ya la tiene Clara Brugada en su escritorio?

Punto Cero

Ayer protestó Patricia Zarza Delgado como nueva titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. La nueva fucionaria de la universidad mexiquense resaltó que en su administración habrá un proceso transformador con una política de austeridad, equidad e igualdad; sin embargo, no hay que olvidar que la profesora mexiquense tiene una estrecha relación política con Eruviel Ávila, ex gobernador de aquella entidad federativa.

Patricia Zarza Delgado

Inluso, su hermana Luz María Zarza, fue consejera jurídica en la administración del ahora diputado federal, desde esa trinchera definió estrategias legales para acallar los escándalos por la ampliación temporal de los contratos de concesiones de autopistas a la empresa OHL, y por la designación de notarios “carnales”. Luz María Zarza fue promovida por Ávila Villegas como consejera jurídica de la universidad mexiquense, donde “resguardó” jurídicamente los señalamientos de la “Estafa Maestra”, investigación periodística que develó desvíos de recursos de universidades públicas a empresas fantasmas. Ahora, esta institución mexiquense es encabezada por su hermana hasta 2029.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: La palabra bajo fuego

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | La palabra bajo fuego

En México, ejercer el periodismo equivale a caminar sobre un campo minado.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

El riesgo no es retórico ni abstracto: entre enero y julio de 2025, al menos ocho periodistas fueron asesinados por informar. Las cifras sitúan al país como el más peligroso de América Latina para la prensa, superando a naciones en conflicto y con redes criminales extendidas. Informar es, en este territorio, una actividad de alto riesgo.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.

Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.

La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.

En la capital del país, Cozumel o Acapulco, periodistas han sido asesinados minutos después de transmitir en vivo, como Ronald Paz Pedro, o encontrados sin vida tras años de amenazas, como Melvin García. El sistema de protección del Estado no previene ni reacciona a tiempo. La violencia se perpetúa mientras los perpetradores gozan de impunidad y los gobiernos de silencio.

No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.

En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.

La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.

En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.

Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.

México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.

En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.

Punto Cero

Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: El precio de un jitomate mexicano

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Opinión | Sociedad | El precio de un jitomate mexicano

La economía también se escribe en recetas. En cada hamburguesa de McDonald’s, en cada salsa servida en restaurantes texanos, hay un ingrediente indispensable…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

… el jitomate fresco mexicano (jitomate). Sin embargo, ese insumo básico enfrenta ahora una cuota compensatoria del 30%, impuesta por el gobierno de Estados Unidos, que amenaza con alterar precios, cadenas de abasto y relaciones comerciales.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la medida no constituye un arancel formal, sino una cuota compensatoria resultado de una investigación antidumping solicitada por productores de Florida. El acuerdo de suspensión firmado en 2019 entre exportadores mexicanos y autoridades estadounidenses ha expirado, y con él, las condiciones preferenciales de exportación.

El jitomate mexicano representa más del 50 por ciento del consumo total de tomate fresco en los Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés), las importaciones de jitomate mexicano superaron los 2 mil millones de dólares en 2023. Se calcula que alrededor de 1.8 millones de toneladas cruzaron la frontera en ese año.

La industria alimentaria estadounidense depende ampliamente del tomate mexicano. Cadenas como Subway, Taco Bell y Wendy’s utilizan producto proveniente de Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí. En supermercados, uno de cada tres tomates frescos proviene directamente del campo mexicano.

El origen de esta medida no es nuevo. Desde hace más de una década, productores de Florida han promovido acciones legales para limitar el ingreso de jitomate mexicano, argumentando competencia desleal por subsidios. La Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos aceptó el argumento e impuso la cuota compensatoria mientras se define un nuevo acuerdo bilateral.

Caja de Jitomate / @SociedadN_

México no ha negado los apoyos al campo, pero rechaza que éstos constituyan una práctica de dumping. El verdadero impacto, sin embargo, será económico y logístico. Las empresas distribuidoras estadounidenses deberán asumir el costo o transferirlo a los consumidores. Se anticipa un incremento de entre 15 y 25 por ciento en el precio del jitomate fresco al menudeo.

En paralelo, los productores mexicanos enfrentan incertidumbre. Las exportaciones de tomate fresco generan más de 400 mil empleos directos, especialmente en regiones con alta marginación. Sin certidumbre en el comercio, podrían detenerse inversiones clave y paralizarse infraestructura logística que conecta el campo con los centros de distribución.

La medida también tiene un trasfondo político. Estados Unidos se encuentra en año electoral y Florida es uno de los estados clave. Los intereses de los productores locales influyen en decisiones que reconfiguran el comercio bilateral. La cuota al jitomate podría beneficiar políticamente, pero económicamente representa un riesgo inflacionario.

Marcelo Ebrard

El propio Marcelo Ebrard advirtió que esta política no es sostenible. Los consumidores estadounidenses terminarán pagando más por sus alimentos, las cadenas de restaurantes enfrentarán ajustes y el comercio fronterizo sufrirá retrasos. México ha solicitado una nueva ronda de negociaciones para evitar que esta disputa escale.

La experiencia previa indica que el jitomate mexicano terminará por imponerse, no en tribunales, sino en anaqueles. Es más barato, más abundante y con estándares de calidad reconocidos. Pero mientras eso ocurre, las afectaciones económicas ya comenzaron.

El jitomate ha sido más que un producto agrícola; ha simbolizado la capacidad exportadora del campo nacional. Lo que hoy se debate no es sólo una cuota del 30 opr ciento, sino el valor de las relaciones comerciales y el papel del campo en la economía global.

El consumidor estadounidense seguirá pidiendo hamburguesas, ensaladas y salsas. Pero la pregunta es: ¿cuánto estará dispuesto a pagar cuando el jitomate suba de precio? Y, más aún, ¿quién asume la carga de una política que castiga al productor, tensiona al consumidor y desarticula el comercio justo?

Punto Cero

En 2023, el Congreso de la Unión aprobó la nacionalización del litio. Esto generó un boom empresarial, aunque también conflictos legales. La minera china Ganfeng Lithium demandó al Estado mexicano por la cancelación de sus concesiones. Otras empresas en Zacatecas y Sonora interpusieron amparos para mantener sus derechos de explotación, algunos con vigencia superior a cien años.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Opinión | Sociedad | ¿Libera México?

Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.

En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.

A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.

En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.

Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.

Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.

Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.

La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.

Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.

Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.

Punto Cero

Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Opinión | Sociedad | ¿Tropezar con la misma Piedra en la CNDH?

La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más. El nombramiento en esta institución tiene implicaciones directas para la protección de los derechos fundamentales de millones de personas.

Cada día, México registra en promedio el asesinato de diez mujeres, y al menos un tercio de estos crímenes son clasificados como feminicidios, aunque la mayoría quedan impunes. Las desapariciones también continúan en aumento, con más de 115,000 personas no localizadas. Entre estas, cerca de 1,000 son personas extranjeras. Mientras que las autoridades parecen actuar de forma pasiva, las familias de los desaparecidos, en su mayoría encabezadas por mujeres, han tenido que asumir el rol de buscadoras, enfrentándose a riesgos que incluyen amenazas, asesinatos y desplazamiento forzado.

Frente a este escenario, la CNDH debería encarnar un papel crucial como protectora de las garantías fundamentales. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años, con más presición, durante la administración de María Rosario Piedra Ibarra. La urgente necesidad de una institución independiente, efectiva y sensible ante las víctimas exige que el Senado lleve a cabo un proceso de selección riguroso, transparente y comprometido con los principios de justicia y protección de los derechos humanos.

Desde su creación, la CNDH fue concebida para proteger y promover los derechos de las personas en México, tanto de ciudadanos nacionales como de quienes transitan por el país. En un contexto como el actual, donde se han registrado 18 asesinatos de defensores de derechos ambientales y territoriales solo en 2023, el trabajo de la comisión es vital. Asimismo, el periodismo en México se enfrenta a un ambiente hostil, con constantes amenazas, asesinatos y desapariciones de reporteros.

Ante estas circunstancias, se debe designar a una persona que no solo cuente con conocimientos en derechos humanos, sino que también sea independiente y tenga un compromiso demostrado con las víctimas y sus causas. Los Principios de París, establecen que los titulares deben ser elegidos mediante un proceso que garantice una representación plural y cuente con el respaldo de las organizaciones y la sociedad civil.

La realidad en México exige una CNDH que actúe con firmeza y eficacia ante los numerosos casos de abuso y omisión por parte del Estado, no como un apendice de un partido político o benefactor de un gobierno en particular. Por este motivo, la próxima designación no puede ser un trámite más, debe ser un acto que simbolice la voluntad de poner fin a la impunidad que ha afectado a miles de personas en el país. Si se elige a un titular que cumpla con estos principios, la CNDH podría convertirse en el aliado que tanto necesita la sociedad mexicana para enfrentar la grave crisis de derechos humanos y, por ende, en un aliado elemental para la gestión de la titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo.

De esta forma, es necesario un proceso de selección que dignifique y fortalezca a una institución tan necesaria en estos tiempos. El nombramiento adecuado no solo beneficiará a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos, sino que también será una señal clara de que México busca la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos, acorde a los tiempos del verdadero cambio. o, será que, ¿nos podríamos tropezar con la misma Piedra?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: Un llamado a la acción

Publicada de manera original en el diario ContraRéplica

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