Diputados avalan nueva ley contra extorsión
El Congreso aprobó endurecer sanciones y fijó nuevas obligaciones institucionales. Cámara aprobó endurecimiento penal y Senado consolidó cambios clave.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta enviada por el Senado que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y lo hizo tras avalar un esquema que elevó las penas hasta cuarenta y dos años de prisión. El Pleno avaló el proyecto con cuatrocientos nueve votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención, lo que confirmó el consenso mayoritario para avanzar en la reforma. Con ello, la aprobación dejó listo el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual quedó pendiente de ser formalizada por la presidente Claudia Sheinbaum.
El dictamen fue retomado tras la discusión iniciada en la Cámara Alta, donde el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, cuestionó la efectividad de agravar castigos como herramienta exclusiva frente a la crisis de seguridad. El legislador rechazó señalamientos de adversarios políticos que acusaron la existencia de “narco gobiernos”, y planteó que la reforma debía analizarse en función del fenómeno criminal. Durante el debate, Monreal sostuvo que la medida representaba un paso relevante para enfrentar un delito de alto impacto.
El coordinador morenista defendió la pertinencia de la reserva que había impulsado en la primera versión de la reforma aprobada en Diputados y explicó los motivos de su planteamiento inicial. También expuso que las modificaciones del Senado obedecieron a la revisión propia de un órgano colegislador. Al cierre del intercambio, afirmó que aceptaría los cambios porque formaba parte de un proceso bicameral.
Cambios en el Senado
Monreal confirmó que se allanaba a la minuta modificada en el Senado, al argumentar que las cámaras funcionan como instancias revisoras entre sí. Indicó que la colegisladora evaluó de manera integral la reserva presentada días antes y determinó ajustar la propuesta original. En su exposición, recordó que su postura garantista no se contraponía con su voto favorable al dictamen.
El Congreso elevó de forma sustancial las sanciones previstas, pues la nueva ley estableció un castigo mínimo de quince años y un máximo de veinticinco años de prisión para las personas sentenciadas por extorsión. Esta decisión amplió los límites penales, ya que el proyecto inicial contemplaba un rango de seis a quince años de cárcel. Los cambios quedaron concentrados en el artículo primero del decreto que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Los senadores argumentaron que las penas previstas originalmente podrían favorecer a personas previamente condenadas por este delito, lo que justificó el incremento en los umbrales de prisión. También señalaron que la revisión se realizó para evitar vacíos legales. Con ello, el Congreso cerró la posibilidad de reducciones que alteraran sentencias vigentes.
Nuevas obligaciones
La reforma incorporó por primera vez la obligación de que todas las autoridades actuasen con pleno respeto a los derechos humanos en la investigación y persecución de la extorsión. Este requisito no aparecía en la minuta aprobada inicialmente por la colegisladora. La disposición quedó incluida como principio rector de actuación institucional.
Para fortalecer la respuesta penal, la ley ordenó que las fiscalías federales y locales contasen con unidades especializadas, personal ministerial capacitado y policías evaluados y certificados en delitos de extorsión. El Congreso determinó que estas áreas operaran bajo estándares técnicos reforzados. Hasta su implementación, las unidades encargadas del combate al secuestro asumieron provisionalmente la investigación del delito.
La iniciativa también estableció incrementos de penas en casos agravados, como aquellos en que servidores públicos o autoridades penitenciarias facilitaran condiciones para cometer extorsión. En tales situaciones, se añadió un castigo adicional de tres a cinco años, sumado al rango general de quince a veinticinco años de prisión. El dictamen fijó parámetros específicos para sancionar estas conductas.
Medidas adicionales
El Congreso determinó sanciones para funcionarios responsables de prevención, investigación o administración de justicia que omitieran denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público. Las penas fueron fijadas entre diez y veinte años de cárcel. La medida tuvo como fin cerrar espacios a la impunidad institucional.
El dictamen también contempló castigos de seis a doce años de prisión para quienes introdujeran dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz o imagen en centros penitenciarios o de internamiento para menores sin autorización. El Congreso sostuvo que estos equipos podían facilitar la comisión de extorsiones desde reclusorios. La disposición estableció un mecanismo adicional para inhibir operaciones ilícitas internas.
Finalmente, el proyecto precisó que los recursos derivados de decomisos o procedimientos de extinción de dominio vinculados a casos de extorsión se aplicarían preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas. La norma definió este destino como prioridad en el manejo de bienes asegurados. Con ello, la reforma incorporó un enfoque de reparación directa. –sn–
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