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Equilibrio entre poderes, la designación del próximo fiscal: Geovanna Bañuelos

Proceso para la designación del próximo fiscal general asegura equilibrio entre poderes: Geovanna Bañuelos.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) requiere un liderazgo profesional independiente y responsable, en este sentido, la senadora Geovanna Bañuelos que el proceso para la designación del próximo fiscal General asegura equilibrio entre poderes y evita decisiones unilaterales al establecer etapas con tiempos claros.

Al hablar a favor del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el proceso de designación del o la titular de la Fiscalía, la vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) enfatizó que éste protege la autonomía de la FGR, respeta la división de poderes, y fortalece la confianza en las instituciones.

“Reconocemos que este es un momento importante para el país, y que la fiscalía requiere un liderazgo profesional independiente y responsable, y por lo que el proceso debe estar a la altura de esta exigencia”, mencionó. –sn–

Fiscalia General de la Republica (FGR)

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Fiscalia General de la Republica

Entender el fenómeno de la corrupción permitirá plantear soluciones para erradicarlo: rector Lomelí

La UNAM analizó la corrupción en México y presentó un estudio histórico esencial.


Por Martín García | Reportero                                      

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expuso que conocer la corrupción permitió rastrear sus raíces y examinar su permanencia, y subrayó que este fenómeno afectó el desarrollo nacional. Durante la presentación del libro “La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX”, el rector Leonardo Lomelí Vanegas expuso que el análisis histórico permitió comprender su funcionamiento estructural. También indicó que esta obra editada por la UNAM y El Colegio de México (Colmex) reunió evidencia documental sobre prácticas institucionales del siglo pasado.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la corrupción acompañó diferentes etapas históricas y frenó el avance político y social del país, e indicó que su permanencia obedeció a debilidades institucionales. Destacó que la investigación ofreció contextos amplios sobre las prácticas públicas que propiciaron estos actos. También señaló que identificar esas condiciones permitió establecer rutas para combatir este fenómeno.

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el rector explicó que la obra reunió 14 capítulos elaborados por especialistas en historia, derecho y ciencias sociales, y que cada análisis mostró ambientes que facilitaron la corrupción. Añadió que la ausencia de contrapesos políticos y la falta de una prensa crítica abrieron espacios para prácticas ilícitas. También precisó que la sobre reglamentación generó condiciones para abusos reiterados.

Casos históricos

Entre los capítulos presentados aparecieron estudios sobre la Comisión Monetaria, la cual operó entre 1916 y 1940 con estructuras opacas dentro de la Secretaría de Hacienda, y expuso mecanismos indebidos durante la Revolución y la posrevolución. Otro apartado analizó las prebendas militares asociadas con Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro Domínguez y Abelardo L. Rodríguez, quienes ejercieron influencia política durante la primera mitad del siglo XX. Además, la obra abordó redes internas que reflejaron la fragilidad institucional de aquel periodo.

También se incluyó una revisión del manicomio La Castañeda como espacio de abuso administrativo entre 1910 y 1968, y se documentó cómo su funcionamiento generó beneficios indebidos para funcionarios. Otro capítulo examinó los mecanismos de corrupción judicial en la ciudad de México durante el siglo XX, lo que permitió identificar procedimientos informales dentro del sistema de justicia. Asimismo, se mostró cómo los llamados “centros de vicio” operaron bajo prácticas toleradas que propiciaron la ausencia de sanciones.

El rector expuso que la independencia judicial representó un elemento indispensable para sancionar la corrupción, y afirmó que sin autonomía institucional el castigo dependió de la voluntad política. También indicó que la debilidad jurídica generó vacíos que permitieron la expansión de estas prácticas. Destacó que el análisis histórico mostró patrones repetidos en diferentes administraciones.

Análisis académico

El historiador Javier Garciadiego, director de la Academia Mexicana de la Historia, señaló que el tema del libro estuvo vinculado con la realidad actual y que su revisión histórica permitió ubicar los orígenes del problema. Indicó que las investigaciones demostraron que la existencia de leyes no garantizó la reducción de la corrupción. Además afirmó que los discursos moralizantes no generaron resultados suficientes.

Expuso que los casos mostraron que la corrupción se instaló en espacios sin control institucional y que los periodos de urgencia gubernamental favorecieron decisiones discrecionales. Indicó que esas prácticas fortalecieron redes internas que obtuvieron beneficios personales. También aseguró que dichos patrones se repitieron en contextos donde se buscó mantener estabilidad política.

Por su parte, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Elisa Speckman Guerra, explicó que el concepto de corrupción manejado en la obra fue amplio y abarcó beneficios indebidos obtenidos por servidores públicos. Señaló que en el siglo XX estas expresiones se extendieron a diferentes áreas administrativas. También afirmó que la impunidad fortaleció su permanencia en instituciones diversas. –sn–

Sociedad Noticias

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“Se cierra un ciclo y se inicia otro”: Sheinbaum a Gertz Manero

Sheinbaum ofreció una embajada y reconoció la labor del fiscal. Reconocimiento oficial


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El presidente Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su reconocimiento hacia el fiscal Alejandro Gertz Manero y afirmó que le ofreció representar a México como embajador en otro país, según lo informado en conferencia. La mandataria señaló que el funcionario presentó resultados a pesar de las controversias registradas en su trayectoria. También indicó que la propuesta diplomática sería evaluada conforme a los tiempos institucionales.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum expresó que el desempeño de Gertz Manero fue valorado por el gobierno federal en función de sus atribuciones constitucionales. La gobernante expuso que cada institución contó con facultades definidas para resolver investigaciones en curso. Al mismo tiempo, explicó que la decisión final respecto a la carrera del fiscal dependería de lineamientos oficiales.

El ofrecimiento ocurrió mientras persistían cuestionamientos legales en torno al caso familiar que involucró a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín. La jefa del Ejecutivo afirmó que todas las actuaciones judiciales fueron revisadas en su momento por los órganos competentes. También sostuvo que la autonomía del Ministerio Público quedó preservada.

Caso Gertz Manero

El expediente del Senado registró que el fiscal Alejandro Gertz Manero acusó a su cuñada Alejandra Cuevas y a su madre Laura Morán por el presunto homicidio doloso por omisión relacionado con la muerte de Federico Gertz Manero en 2015. Las autoridades precisaron que el hermano del fiscal falleció a causa de congestión visceral generalizada derivada de neumonía y choque séptico. Las denuncias originales fueron presentadas luego de que el abogado Javier Coello Trejo reportó un supuesto estado de abandono.

Siete meses después del fallecimiento, la autoridad ministerial emitió un primer acuerdo de no ejercicio de la acción penal contra Laura Morán y Alejandra Cuevas. Un segundo acuerdo confirmó la inexistencia de delito y llevó a Gertz Manero a presentar un escrito de inconformidad ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El informe legislativo indicó que la denuncia original fue desechada en 2016.

El proceso se reactivó cuando Ernestina Godoy Ramos asumió como procuradora de la capital y el abogado Javier Coello Zuartz solicitó revisar las actuaciones ministeriales previas. Las autoridades iniciaron entonces una carpeta nueva y denunciaron a los agentes Jorge Octavio N, José Luis N y Jackelina N por no investigar adecuadamente en 2016. Quince días después se giraron órdenes de aprehensión contra los funcionarios señalados.

Proceso judicial

Posteriormente, se ejerció acción penal contra Laura Morán Servín y se radicaron diversas averiguaciones previas relacionadas con el caso. La jueza sexagésima penal de la Cdmx recibió el expediente y dictó las primeras resoluciones sobre la imputación. Las autoridades de la capital también impulsaron una orden de aprehensión contra Alejandra Cuevas, quien fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva.

https://sociedad-noticias.com/2025/12/01/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-01-de-diciembre-2025/

Una jueza federal, Patricia Marcela Díaz Serda, resolvió mediante dos sentencias de amparo que el caso contenía contradicciones y actuaciones deficientes. La impartidora de justicia concluyó que la acusación contra las imputadas no se sostenía con las pruebas recabadas. Además, señaló que las pesquisas no reunieron los elementos requeridos para sostener la tipificación de homicidio doloso.

La resolución de los amparos fue suspendida luego de que Gertz Manero solicitó que la Suprema Corte de Justicia atrajera el expediente. En ese periodo se difundieron audios de una conversación entre el fiscal y el subprocurador Juan Ramos, donde se mencionaban consideraciones sobre el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán. El contenido generó cuestionamientos en torno a la intervención del fiscal en el análisis judicial. –sn–

Alejandro Gertz Manero. | EFE/ Mario Guzmán

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Alejandro Gertz Manero. | EFE/ Mario Guzmán

¿La salida de Gertz Manero reconfigura el tablero político y judicial de México?

El fiscal general Gertz Manero, una torre hasta ahora inamovible que sale del tablero político de México.


SN Redacción | EFE

La sorpresiva salida del tablero político de México de Alejandro Gertz Manero con su renuncia este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR), donde encabezó una polémica gestión desde 2019, supone el adiós de un personaje recio, firme y poderoso con una dilatada trayectoria pública.

A Gertz Manero lo propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en enero de 2019 y siguió en el primer año de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, durante casi siete años de mandato señalado principalmente por la falta de resultados en la procuración de justicia, por sus largas ausencias de la escena púbica y por su opacidad y contadas conferencias de prensa.

Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero están una propuesta de eliminar el delito de feminicidio, usar la Fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano y chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Fotografía del 10 de febrero de 2020 del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (i) y el hasta ahora fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero (d). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Además, tuvo bajo su gestión casos relevantes y de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los sobornos de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, un esquema de corrupción que desvió miles de millones de pesos. Sin embargo, no llegó a condenas significativas en ninguno de estos procesos.

De López Obrador al Gobierno de Sheinbaum

Tras su etapa con López Obrador, Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre 2024, le mantuvo en el cargo pero le pidió fortalecer la coordinación entre la Presidencia y la FGR.

Le propuso un acuerdo para reforzar la cooperación entre el Gabinete de Seguridad, que integra a varias agencias de seguridad, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Omar García Harfuch, con quien se le vio más veces en estos últimos 13 meses.

Gertz, quien nació el 31 de octubre de 1939 en Ciudad de México, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una dilatada carrera política, pues fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y el 2000, así como secretario de Seguridad Pública federal bajo la Presidencia del conservador Vicente Fox (2000-2006).

Fotografía de archivo del hasta ahora fiscal general de la República de México, Alejandro Gertz Manero. EFE/ Mario Guzmán

También se desempeñó como diputado federal entre 2009 y 2012 por el extinto partido socialdemócrata Convergencia.

El cambio a Fiscalía

La creación de una Fiscalía General de la República, antes Procuraduría (PGR) ya desaparecida, que fuera independiente del Gobierno, surgió de una reforma constitucional llevada a cabo durante el gobierno Peña Nieto.

https://sociedad-noticias.com/2025/11/27/gertz-manero-presenta-renuncia-al-senado-de-la-republica-se-va-como-embajador/

Aunque por primera vez con Gertz Manero el fiscal no dependería orgánicamente del Ejecutivo federal, como sucedía anteriormente, los partidos de oposición, organizaciones, activistas y opositores criticaron que López Obrador participara en el proceso para su designación y calificaron a Gertz Manero de «fiscal carnal» (fiscal amigo del Gobierno).

El ya ex Fiscal General también ha fungido como vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior (Fimpes), ha sido rector de la Universidad de las Américas y presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. –sn–

Alejandro Gertz Manero. | EFE/ Mario Guzmán

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Alejandro Gertz Manero. | EFE/ Mario Guzmán

Condenan a 17 años a César Brayan Acosta Díaz

Fiscalía evidencia delitos y juez dicta sentencia condenatoria. Hechos delictivos.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó pruebas sobre la participación de César Brayan Acosta Díaz en un robo de vehículo con violencia. El delito ocurrió el 16 de noviembre de 2024 en la avenida Central, colonia Valle de Aragón, Nezahualcóyotl, cuando la víctima se encontraba a bordo de su automóvil marca Suzuki, modelo 2023. El sentenciado y un acompañante abordaron el vehículo con violencia, amenazando a la víctima con un arma de fuego.

César Brayan Acosta Díaz apuntó con el arma a la cabeza de la víctima, mientras su cómplice ingresaba por el lado del copiloto. La intención era despojar a la víctima del automóvil y huir del lugar. La acción generó alerta inmediata entre vecinos y transeúntes de la zona.

Elementos de la policía que pasaban por la avenida iniciaron una persecución tras recibir la alerta de los hechos. La detención se logró en las inmediaciones de Nezahualcóyotl, asegurando a César Brayan Acosta Díaz y su acompañante. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Proceso judicial

El Juez a cargo del caso analizó las pruebas de gabinete y de campo presentadas por la FGJEM. Se comprobó la participación de César Brayan Acosta Díaz en el robo con violencia, estableciendo su plena responsabilidad. La sentencia final determinó 17 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 5 mil 428 pesos.

Durante la audiencia, se presentaron testimonios de la víctima, videos de vigilancia y dictámenes periciales. Estos elementos respaldaron la decisión judicial de manera contundente. El fallo destacó la gravedad del delito y la necesidad de sancionar conforme a la ley.

La FGJEM precisó que la acción legal cumplió con los protocolos establecidos para delitos de alto impacto. La investigación integró todas las evidencias sin omitir pasos procesales. La sentencia refleja la aplicación efectiva de la justicia en el Estado de México.

Prevención y denuncia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar delitos a tiempo. Se puso a disposición el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 para reportar hechos delictivos. Asimismo, la aplicación FGJEdomex permite enviar denuncias de manera gratuita desde dispositivos iOS y Android.

Se enfatizó que cualquier información recibida será analizada con confidencialidad y rapidez. El objetivo es prevenir delitos y garantizar la seguridad de los habitantes de la entidad. La FGJEM mantiene comunicación constante con autoridades locales para reforzar acciones preventivas.

La colaboración entre ciudadanos y autoridades permitió la detención inmediata de César Brayan Acosta Díaz, demostrando eficacia en la respuesta policial. La coordinación interinstitucional fue determinante para asegurar la evidencia y garantizar un proceso judicial transparente. El caso se convierte en un ejemplo de aplicación de la ley contra delitos con violencia. –sn–

César Brayan Acosta Díaz

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César Brayan Acosta Díaz

GIDH alerta por retroceso tras decisión de la SCJN sobre eliminar el fondo para víctimas

Grave el retroceso tras decisión de la SCJN sobre fondo para víctimas: GIDH.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” lamentó profundamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que evitó declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención a víctimas.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que “esta grave decisión vulnera el principio de progresividad, debilita los mecanismos de justicia y representa un retroceso para miles de personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos en todo el país”.

“La eliminación de un fondo mínimo para la atención a víctimas rompe con los estándares internacionales y contradice la obligación constitucional de avanzar, nunca retroceder, en materia de derechos humanos. Lo decidido por la Corte no solo reduce garantías; también genera un mensaje de desprotección hacia quienes más han sufrido”, afirmó.

Financiamiento esencial

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que el financiamiento establecido por la Ley General de Víctimas es esencial para que el Estado pueda brindar ayuda inmediata, asistencia, reparación integral, medidas de verdad y garantías de no repetición. Su eliminación, agregó, podría traducirse en una “renuncia práctica” al derecho de la reparación.

Familiares de desaparecidos en la Camara de Diputados

Fierro Hernández recordó que el proyecto del ministro Giovanni Figueroa —que proponía declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo— no alcanzó los seis votos necesarios, quedando en cinco votos a favor y cuatro en contra. Esto permitió que la nueva redacción del artículo continúe vigente.

“Lo más grave es que la Corte haya reabierto un debate ya resuelto por la integración anterior, vulnerando el principio de cosa juzgada y debilitando la seguridad jurídica. Esto abre la puerta para que otras reformas regresivas también vuelvan a discutirse, afectando la estabilidad de los derechos de las víctimas”, señaló.

Riesgo en procesos

El GIDH resaltó que hay un riesgo inminente a que las instituciones queden imposibilitadas para otorgar medidas de atención urgente; “se pone en riesgo procesos de reparación integral, incluidas indemnizaciones y programas de apoyo; se debilita el mecanismo de búsqueda, protección, seguimiento y acompañamiento en casos graves; se incrementa la posibilidad de retrasos, burocracia y revictimización, especialmente en entidades con menos recursos”, dijo.

“La progresividad es una obligación constitucional y un ancla de protección para quienes viven tragedias irreparables, según recomiendan instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin recursos y sin garantías mínimas, la reparación se vuelve una promesa vacía”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH reiteró que seguirá promoviendo acciones legales, asesorías y mecanismos de protección para garantizar que ninguna víctima en México quede desamparada por decisiones que debiliten el marco de justicia y reparación. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Jesús Rey Fierro HernándezFamiliares de desaparecidos en la Camara de Diputados

SCJN debe garantizar derechos de víctimas: ONGs

SCJN analiza declaratoria de inconstitucionalidad y protege presupuesto mínimo. Reforma y derechos vulnerados.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el presupuesto mínimo para asistencia a víctimas, explicaron que la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020 violentó derechos previamente conquistados, agregaron que la resolución de la Primera Sala confirmó la afectación de derechos fundamentales, destacaron que miles de víctimas dependen de la asignación etiquetada.

La Suprema Corte discutió un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad presentado por el Ministro Giovanni Figueroa Mejía, explicaron que la decisión permitiría restablecer un presupuesto fijo y etiquetado para víctimas, indicaron que la resolución tenía el potencial de asegurar protección efectiva de derechos humanos, enfatizaron que se buscaba evitar retrocesos en la atención de víctimas en todo México, aseguraron que la medida respondería a compromisos legales previos.

Garantía presupuestal histórica

Previo a la reforma, el Artículo 132, fracción I, de la LGV contemplaba un presupuesto mínimo del 0.014% del gasto programable del PEF del año anterior, aseguraron que esta disposición protegía la asistencia, atención y reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos, agregaron que la eliminación de la asignación obligatoria en 2020 representó una medida regresiva que afectó recursos esenciales para la CEAV y otros organismos de apoyo, subrayaron que fue un logro histórico del movimiento de víctimas.

En este sentido, el Centro Prodh promovió un amparo en enero de 2021 por la medida regresiva, indicaron que la Primera Sala resolvió por unanimidad en marzo de 2024 el Amparo en Revisión 675/2022, declarando que la eliminación de la garantía presupuestaria violaba el principio de progresividad, explicaron que la resolución reafirmó el derecho humano a una reparación integral, aseguraron que el fallo sentó precedente para proteger a las víctimas frente a reformas legislativas que disminuyan recursos asignados.

Plazos y ajustes legales

La Constitución establece que, tras declarar inconstitucionalidad, el Congreso tiene plazo para hacer ajustes legales, indicaron que de no realizarse cambios, la SCJN debe abrir la discusión sobre la declaratoria con efectos generales, explicaron que esto garantizaría que la medida se aplique de manera obligatoria y uniforme, aseguraron que el objetivo era restaurar derechos vulnerados y evitar que la regresividad afecte políticas públicas, subrayaron que la acción busca proteger derechos básicos de miles de víctimas.

La SCJN podría determinar que el mínimo presupuestal debe garantizarse mediante instrumentos legales disponibles, indicaron que el presupuesto debe destinarse exclusivamente a ayuda, atención y reparación, agregaron que esto impediría su uso para otros fines, explicaron que la asignación directa asegura la continuidad de programas esenciales, aseguraron que la resolución tendría efecto vinculante para autoridades federales y locales, resaltaron que la acción protegería la estabilidad presupuestaria de la atención a víctimas.

Impacto económico negativo

La eliminación del presupuesto mínimo redujo la capacidad del Estado para atender víctimas, explicaron que la CEAV dejó de recibir un promedio de 200 millones de pesos por año, indicaron que esto afectó directamente la cobertura de programas de asistencia y reparación integral, subrayaron que la falta de recursos obligó a priorizar casos y limitar apoyos, aseguraron que la recuperación de la asignación mínima es fundamental para garantizar acceso pleno a derechos humanos, destacaron que la brecha presupuestal pone en riesgo medidas de protección esenciales.

El PEF 2025 asignó 658 millones de pesos a “Ayudas Sociales” de la CEAV, señalaron que para cumplir con la garantía mínima se requerían 909 millones, agregaron que el Proyecto de Presupuesto 2026 establece 692 millones, explicaron que la cantidad debería ser al menos 913 millones, aseguraron que estos recursos se destinarían exclusivamente a medidas de asistencia y reparación, destacaron que la diferencia evidencia la regresividad causada por la reforma de 2020, subrayaron que la medida afecta cobertura y calidad de programas.

Decisión crucial de la SCJN

La resolución de la SCJN resultó central para garantizar derechos de víctimas a asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, indicaron que la violencia creciente aumenta la necesidad de políticas efectivas, agregaron que el Estado no consolidó una política de atención adecuada, explicaron que el Sistema Nacional de Víctimas permanece sin recursos suficientes, aseguraron que la declaratoria general de inconstitucionalidad envía señal clara sobre la prioridad de derechos humanos, destacaron que la corte debía proteger progresividad y legalidad.

La nueva SCJN asumió la obligación de centrar la protección en víctimas, indicaron que la resolución aseguraría la tutela plena de derechos humanos, explicaron que la declaratoria debe prevenir retrocesos, agregaron que la medida vincula al Congreso y a la administración federal, aseguraron que la transparencia en la ejecución del presupuesto será supervisada, subrayaron que la decisión fortalece el marco legal de reparación integral, destacaron que la corte reafirma el principio de progresividad en políticas de atención a víctimas. –sn–

Pleno de la SCJN

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Pleno de la SCJN

El GIDH alerta sobre la grave crisis de derechos humanos en Chiapas

En diversas zonas de Chiapas operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández, expresó profunda preocupación por el deterioro acelerado de la situación en Chiapas, donde —bajo una aparente calma— persiste una crisis estructural de violencia, control territorial armado, desapariciones y desplazo forzado.

Al pronunciarse sobre el reciente informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Fierro Hernández, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que lo documentado por dicha organización coincide con los análisis realizados por el GIDH, los cuales señalan que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia están fallando de manera sistemática, permitiendo que la impunidad se convierta en una constante en la entidad.

“Lo que ocurre en Chiapas es la expresión más cruda de un Estado debilitado, incapaz de proteger a las comunidades y, en algunos casos, vinculado a pactos que profundizan la violencia. Las denuncias del Frayba confirman lo que desde hace años venimos advirtiendo: la población está desprotegida”, señaló el presidente del GIDH.

Fierro Hernández recordó que, en diversas zonas de Chiapas —particularmente en la región fronteriza y en territorios autónomos zapatistas— operan estructuras criminales que ejercen control armado, someten a las comunidades con violencia y generan “territorios silenciados”.

“Esto refleja una crisis humanitaria que exige atención urgente del Estado mexicano; hablamos de más de 16 mil personas desplazadas, comunidades completas que han sido expulsadas de sus territorios, agresiones a defensores, despojos y un proceso continuo de militarización que no ha traído seguridad. Lejos de resolver la violencia, la agrava”, afirmó el especialista en derechos humanos.

El GIDH retomó los señalamientos de Pedro Faro, quien alertó sobre el incremento sostenido de desapariciones, incluidas aquellas vinculadas al conflicto armado interno y a la presencia de grupos criminales. Entre los casos más graves se encuentra la desaparición de diez comerciantes guatemaltecos en 2023, un hecho actualmente revisado en el ámbito internacional.

Asimismo, agregó Fierro Hernández, se han documentado 36 desapariciones en territorios de autonomía zapatista; 34 personas desaparecidas pertenecientes a la Zona Tierra y Libertad; y decenas de casos adicionales denunciados por organizaciones comunitarias.

El presidente del GIDH subrayó que estos hechos apuntan a patrones claros de violencia institucional, “cuando las desapariciones se multiplican y las instituciones encargadas de investigar fallan una y otra vez, no hablamos de errores: hablamos de responsabilidad del Estado”, enfatizó Fierro Hernández.

“El desmantelamiento progresivo de organismos autónomos, la centralización del poder y la falta de independencia judicial profundizan la crisis. Sin instituciones sólidas, ningún pueblo puede ser protegido. Chiapas es hoy la prueba más dolorosa de esa fragilidad”, dijo.

De esta forma, el GIDH hizo un llamado firme al Estado mexicano para implementar acciones inmediatas de protección a comunidades en riesgo; garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas; frenar la colusión entre autoridades y grupos criminales; así como

“Chiapas es un territorio donde la violencia se normaliza, donde las comunidades viven bajo miedo y donde la verdad es ocultada. México enfrenta una crisis profunda de derechos humanos y es obligación del Estado revertirla con acciones firmes y transparentes”, concluyó Jesús Rey Fierro Hernández. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Jesús Rey Fierro Hernández

Fiscalía del edomex detiene a pareja por homicidio de sacerdote

Una pareja fue detenida por la desaparición y homicidio de un sacerdote.


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, señalados por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio del sacerdote E.B.H.V., en el municipio de Tultitlán.

El 31 de octubre, familiares del religioso acudieron a la Fiscalía para reportar su desaparición. A partir de esa denuncia, se iniciaron las indagatorias correspondientes y la activación de los protocolos de búsqueda, con apoyo de las autoridades locales y estatales.

Rastreo y colaboración interinstitucional

El avance en la investigación permitió ubicar el vehículo del sacerdote mediante cámaras y arcos carreteros, detectándose su paso hacia el estado de Hidalgo. La FGJEM solicitó apoyo a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para continuar con el rastreo y seguimiento de la unidad.

Los datos recabados revelaron además la presencia de una motocicleta que acompañó el trayecto del vehículo. Posteriormente, esa motocicleta fue vendida, lo que llevó a los agentes a identificar a uno de los sospechosos involucrados en el hecho.

La propietaria del vehículo declaró ante el Ministerio Público que había prestado la motocicleta a Brandon Jonathan “N”, quien le pidió apoyo para “vender una camioneta en Hidalgo” luego de un presunto fraude. Esa declaración orientó las pesquisas hacia un domicilio en Tultitlán.

Cateo y hallazgo de indicios

Con base en las pruebas recabadas, la Fiscalía localizó el domicilio del sospechoso en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán. El 9 de noviembre, se ejecutó un cateo autorizado por la autoridad judicial.

Durante la diligencia, los agentes hallaron diversos indicios: prendas de la víctima, objetos personales, una estola sacerdotal y rastros hemáticos detectados mediante la prueba “blue star”, además de armas punzocortantes posiblemente utilizadas en la agresión.

Las pruebas obtenidas permitieron reconstruir los hechos ocurridos el 29 de octubre, cuando el sacerdote acudió al domicilio de los imputados en compañía de una mujer. En el lugar, también se encontraba Brandon Jonathan “N”.

Reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la investigación, la víctima convivió por varias horas con los implicados, consumiendo bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas. En determinado momento, Brandon Jonathan “N” presuntamente lo atacó con un objeto punzocortante, causándole heridas mortales.

Posteriormente, al sitio llegó María Fernanda “N”, pareja del agresor, quien habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo. Ambos colocaron los restos en bolsas sujetas a un sillón, con el fin de obstaculizar las investigaciones.

El 30 de octubre, los implicados trasladaron el cuerpo al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un cauce de aguas negras. Esa acción complicó las labores iniciales de localización emprendidas por la FGJEM. –sn–

Sociedad Noticias

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | La ficha guerrerense de Sheinbaum

La elección de 2027 será la primera donde la presidente Claudia Sheinbaum Pardo moverá directamente a sus operadores políticos para consolidar su proyecto.

Por Raúl García Araujo                                            

Y una de sus cartas más importantes para ese proceso es Esthela Damián, actual subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esthela no llegó ahí por casualidad. Es parte del equipo de Sheinbaum desde la ciudad de México y una de sus mujeres de mayor confianza. Ha trabajado en la base del proyecto que convirtió a Sheinbaum en la primera presidente mujer de México.

No hace escándalo. No busca reflectores. Su lealtad y disciplina la tienen hoy al lado de uno de los funcionarios más fuertes del gabinete: Omar García Harfuch. Ambos están en el corazón de la estrategia federal de seguridad y bajo la mirada directa de la mandataria.

Sheinbaum ya tiene mapeado el 2027. Quiere cerrar su gobierno con fuerza, resultados y estados alineados a su visión. Por eso está preparando a quienes pueden operar en serio. Entre ellos, Esthela Damián.

Esthela Damián

En Guerrero, su nombre suena cada vez más. No por grilla, sino por trabajo. Tiene aceptación social, cercanía con la gente y presencia real en territorio. Morena lo sabe: es una carta sólida para mantener la gubernatura.

Mientras otros se promueven, Esthela trabaja. Recorre el país con la estrategia de prevención del delito.

Las Zonas de Paz que impulsa incluyen salud, educación, deporte, cultura e intervención casa por casa. Se identifican jóvenes en riesgo y se les conecta con oportunidades reales.

En estas jornadas participan los tres órdenes de gobierno, la Guardia Nacional, Sedena y los programas sociales.

Y ese modelo encaja perfectamente con la lógica presidencial: atender las causas, combatir la desigualdad y prevenir la violencia desde la comunidad.

Esthela Damián habla con la gente, recorre colonias, escucha, y sobre todo, resuelve. Esa cercanía es la que ha generado un arraigo que otros perfiles no tienen.

Por eso en Guerrero empiezan a cerrar filas. Líderes sociales, jóvenes, estructuras territoriales y sectores académicos reconocen que, si la mandataria apuesta por Esthela Damián, no es por compromiso político, sino por resultados. Sheinbaum no regala espacios: los confía a quien le responde con trabajo.

En la ruta a 2027, todo indica que Esthela dejó de ser solo una posibilidad. Ya empezó a convertirse en la apuesta presidencial para Guerrero.

En Cortito

Nos cuentan que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, no fue solo un crimen: fue un desafío directo al Estado mexicano.

Y esta vez, el crimen organizado se encontró con una mandataria que no vacila. Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó de inmediato, dio instrucciones precisas y activó una respuesta federal que ya está en marcha.

Durante su conferencia matutina, la mandataria anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que no solo va por los responsables del atentado, sino por la reconstrucción completa del territorio. La instrucción presidencial fue clara: coordinación, inteligencia y resultados.

Sheinbaum dejó en firme que en Michoacán no habrá impunidad. Confirmó el envío de más elementos de la Guardia Nacional a Uruapan, así como una operación conjunta entre la Federación, el estado y los municipios para retomar el control.

Omar García Harfuch

No se trata de despliegues mediáticos ni espectáculos militares: son acciones reales, con investigación, tácticas y seguimiento.

La respuesta federal ya comenzó. Y los responsables tendrán consecuencias.

La estrategia será encabezada por uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria, Omar García Harfuch, quien tiene la misión directa de identificar y detener a los líderes criminales responsables de este vil y cobarde homicidio.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Harfuch redoblará esfuerzos en Michoacán

Raúl García Araujo

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Investigan vínculo sectario en desaparición de Kimberly Moya estudiante del CCH de la UNAM

Autoridades mexiquenses abrieron nuevas líneas de investigación con posible conexión religiosa. Nuevas líneas de investigación


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

A casi un mes de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), autoridades del estado de México iniciaron nuevas indagatorias que apuntaron hacia la posible participación de una organización religiosa no reconocida. El grupo estaría vinculado con la secta denominada «Trinitario Mariano«, activa en municipios del Valle de México.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los templos asociados con esta organización exhibían símbolos como el “ojo de Dios” y mantenían estructuras jerárquicas familiares. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta especial para investigar si la desaparición de la joven se relacionaba con estas prácticas.

La estudiante fue vista por última vez el 2 de octubre, cuando salió de su domicilio en el municio de Naucalpan, que gobierna Issac Montoya, rumbo a un café internet. Desde entonces, su familia emprendió una búsqueda permanente y denunció irregularidades en la atención inicial del caso.

Indicios hallados en cateos

Según información confirmada por la FGJEM, las autoridades rastrearon llamadas vinculadas a uno de los principales imputados, que dirigieron la investigación hacia un templo trinitario-mariano. En los cateos efectuados, los agentes encontraron símbolos religiosos y rastros hemáticos en diversos inmuebles relacionados con los sospechosos.

Entre los objetos localizados se documentaron colchones y pisos con manchas de sangre, además de prendas enterradas y juguetes infantiles. Dichos hallazgos fueron procesados como evidencia forense y se mantienen bajo resguardo ministerial para análisis pericial.

La familia de Kimberly Moya afirmó que algunos de estos inmuebles presentaban características asociadas con rituales o prácticas espiritistas. La Fiscalía no ha confirmado esa hipótesis, pero reconoció que se trataba de una línea de investigación activa.

Demoras y exigencias familiares

Ante la falta de resultados concretos, los padres de la estudiante solicitaron la intervención de autoridades federales. Asimismo, pidieron a Caminos y Puentes Federales (Capufe) la entrega de grabaciones de cámaras de vigilancia que podrían contener información sobre el paradero de su hija.

De acuerdo con los familiares, la solicitud de los videos fue presentada hace más de veinte días y aún no ha recibido respuesta formal. El material habría registrado el tránsito vehicular en zonas cercanas al domicilio y al trayecto habitual de la víctima.

Frente a la falta de avances, los allegados a la joven anunciaron nuevas movilizaciones en la Cdmx, que incluirían bloqueos en vialidades como Periférico e Insurgentes para exigir celeridad y transparencia en las investigaciones. –sn–

Kimberly Moya,

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Kimberly Moya,

Ricardo Monreal defiende postura garantista ante ley de extorsión

Ricardo Monreal explicó su postura garantista y cuestionó sanciones desproporcionadas en la nueva ley.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Durante la conferencia de prensa “Legislativa del Pueblo”, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó los motivos por los que presentaron reservas al dictamen de la nueva Ley General para Sancionar los Delitos de Extorsión.

El legislador afirmó que su enfoque partió del principio de proporcionalidad de las penas. Señaló que no puede castigarse con mayor severidad a una autoridad omisa que a un delincuente directamente responsable.

“Mi motivo fue técnico”, dijo Monreal. “No puede imponerse más castigo a quien no informa que al que extorsiona”, puntualizó el senador durante su intervención ante medios.

Critica desproporción punitiva

El coordinador parlamentario argumentó que la disposición aprobada establecía sanciones de diez a veinte años para las autoridades omisas. En contraste, el delito de extorsión cometido por un ciudadano contemplaba penas de seis a quince años de prisión.

“Existe una desproporción punitiva”, expresó el legislador. “La autoridad que omite informar recibe más castigo que quien comete el delito, lo cual contradice la técnica jurídica y los principios del derecho penal”, subrayó.

Recordó que su intervención no buscaba obstaculizar el avance de la ley, sino corregir un punto de fondo en la proporcionalidad penal, conforme a los principios de equidad en la justicia.

Monreal reafirma su visión garantista

El senador precisó que su posición se basó en la doctrina clásica del Derecho Penal, enseñada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la cual es egresado. “Yo soy garantista. Me formé bajo la Escuela Clásica del Derecho Penal como garantista”, afirmó.

Explicó que el garantismo jurídico busca proteger los derechos fundamentales de todas las personas, incluso de los acusados, para evitar abusos del poder punitivo del Estado.

Subrayó que su postura no implicaba suavizar la persecución del delito, sino asegurar que la aplicación de la ley se mantuviera dentro de los límites constitucionales y del debido proceso.

Rechaza el populismo punitivo

Monreal contrastó su postura con la llamada teoría del “enemigo del Estado”, que considera a ciertos delincuentes como sujetos sin derechos. Dicha visión, señaló, impulsa políticas penales extremas y penas desproporcionadas.

Afirmó que algunas corrientes contemporáneas defienden el castigo ejemplar sin atender las causas del delito. “A eso lo llaman populismo punitivo o medidas draconianas”, expuso ante reporteros.

“Yo no creo en eso”, añadió. “Creo que las causas del delito deben atenderse desde su origen y que el sistema de justicia debe centrarse en la resocialización y reparación del daño”.

Promueve equilibrio penal

El senador sostuvo que su propuesta busca garantizar el equilibrio entre justicia y derechos humanos. Dijo que las leyes deben asegurar la protección de la víctima sin menoscabar la dignidad del victimario.

Consideró que el Derecho Penal debe ser el último recurso del Estado y no un instrumento de venganza. “Creo en la resocialización del ofensor y en la reparación a quien sufrió el daño”, expresó.

Subrayó que los cambios legislativos deben revisarse bajo criterios técnicos y constitucionales para evitar violaciones a derechos humanos y desproporciones legales en las penas. –sn–

Ricardo Monreal

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Ricardo Monreal

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch redoblará esfuerzos en Michoacán

Michoacán entró a una nueva etapa de seguridad. La Federación, bajo la conducción directa de Omar García Harfuch y con el respaldo absoluto de la presidente Claudia Sheinbaum, puso en marcha una ofensiva sin precedentes…

Por Raúl García Araujo                                            

… contra las organizaciones criminales que secuestraron el Valle de Apatzingán y convirtieron la agroindustria del limón en un negocio de extorsión.

El asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero, no quedó en silencio ni se sumará a la estadística del olvido. Su muerte aceleró la operación federal y envió un mensaje contundente: el Estado no permitirá más impunidad ni cederá la economía del campo a intereses criminales.

Este 28 de octubre, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch encabezó una reunión con limoneros y autoridades estatales, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mensaje fue directo: la extorsión terminará, los responsables serán detenidos y la Federación protegerá a quienes trabajan la tierra.

Ya hay dos detenidos por el asesinato de Bernardo Bravo, pero el objetivo es mayor: desmantelar la red criminal de grupos como Los Viagras, Blancos de Troya, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, el Cártel de la Virgen y el Cártel de Tepalcatepec.

La extorsión tenía tarifa. Dos pesos por cada kilo cortado y dos pesos por cada kilo empacado. Un cobro que, según autoridades de Michoacán, dejaba 3 mil 600 millones de pesos al año a la delincuencia. No solo era un negocio criminal: era un sistema de sometimiento económico.

García Harfuch no operará desde oficina. Pasará días —o semanas— en Michoacán supervisando personalmente la estrategia, como lo hizo en Sinaloa, donde la presencia federal permanente dio resultados. Su llegada al territorio es, por sí sola, un golpe político y operativo: no habrá zonas intocables, no habrá tregua y no habrá retirada hasta recuperar la región.

El Gabinete de Seguridad reforzará la coordinación con la Fiscalía de Michoacán y con la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Habrá inteligencia, investigación y despliegues militares y policiales para proteger al sector limonero y garantizar que el crimen no vuelva a controlar la economía del campo. Es una ofensiva integral, sostenida y respaldada directamente desde Palacio Nacional.

Si la estrategia se consolida, Michoacán puede convertirse en el caso modelo de la nueva política federal de seguridad: presencia territorial, inteligencia, coordinación real y voluntad política.

Harfuch y Sheinbaum enviaron un mensaje: la extorsión termina, la impunidad se acabó y el Estado recuperará la seguridad, la economía y la vida de la Tierra Caliente.

En Cortito

Nos cuentan que el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, dejó claro frente a empresarios de Coparmex Morelos que su gobierno mantiene rumbo firme, finanzas sólidas y resultados medibles, en una ciudad que durante años fue símbolo de abandono administrativo, deuda acumulada y parálisis institucional.

Los empresarios escucharon algo que pocas veces puede decirse en los municipios del país: Cuernavaca liquidó su deuda bancaria histórica y saneó pasivos heredados, incluyendo los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) con la Comisión Federal de Electricidad.

Ese dato no solo tiene un valor financiero: es político. Un Ayuntamiento sin deudas recupera margen de acción, capacidad de inversión y credibilidad frente al sector productivo. Ese es el mensaje central de la administración de Urióstegui.

En materia de seguridad, el alcalde destacó la consolidación de un C4 modernizado, con tecnología de última generación, y una corporación policial dignificada, hoy la mejor pagada del estado, con capacitación constante y oportunidades de ascenso.
Mientras otras administraciones improvisaban o se limitaban a discursos, Urióstegui construyó estructura operativa, profesionalización y control institucional.

Los integrantes de Coparmex Morelos reconocieron los avances: coincidieron en que Cuernavaca exhibe hoy un dinamismo empresarial y de inversión sin precedentes, fruto de la coordinación entre gobierno y sector privado, y con una administración municipal capaz de garantizar orden, resultados y transparencia.

Bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado, Cuernavaca dejó atrás la crisis financiera y administrativa y se posiciona como un ejemplo de eficiencia, gobernabilidad y apertura al diálogo con la sociedad.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: El zopiloteo de la tragedia

Raúl García Araujo

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Raúl García Araujo

Desaparece Shane Kendra Chio Neri, estudiante del CCH Vallejo

Autoridades y comunidad universitaria impulsan su búsqueda en el Estado de México. Desaparición en el estado de México.


Por Martín García | Reportero                                      

La comunidad universitaria reportó la desaparición de Shane Kendra Chio Neri, estudiante del CCH Vallejo de la UNAM. La menor, de 15 años de edad, fue vista por última vez el 21 de octubre en el municipio de Chalco, Estado de México.

El caso fue denunciado ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, que emitió una ficha oficial con sus datos y características físicas. Desde entonces, familiares, compañeros y autoridades académicas solicitaron apoyo para su localización inmediata.

La ausencia de la menor fue notificada formalmente el 23 de octubre, dos días después de su desaparición. La denuncia permitió la activación de los protocolos de búsqueda en coordinación con autoridades municipales y estatales.

Acciones de búsqueda y colaboración

De acuerdo con la información difundida por la ficha oficial, Shane Kendra Chio Neri desapareció en la comunidad de San Gregorio Cuautzingo, perteneciente al municipio de Chalco. La ficha indica que vestía una sudadera negra, pantalón de mezclilla gris oxford y tenis blancos.

Las autoridades estatales confirmaron la implementación de brigadas de rastreo en zonas aledañas al último punto de contacto. Las labores se concentraron en colonias periféricas y vialidades principales del municipio.

La UNAM, mediante sus canales institucionales, solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información que contribuya a la localización de la estudiante. Los llamados se extendieron a redes sociales oficiales y espacios académicos.

Datos de identificación

Según el reporte oficial, la joven cuenta con complexión delgada, cabello azul, ojos café oscuro medianos y tez blanca. También presenta brackets en los dientes, lo que constituye una seña particular relevante para su identificación.

Entre otras características, se describieron rostro ovalado, nariz respingada, labios medianos y pómulos redondos. Su peso aproximado es de 56 kilogramos y su estatura no fue precisada en el documento oficial.

La ficha de búsqueda incluye fotografía reciente y número de contacto para proporcionar información. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México mantiene la publicación activa hasta obtener resultados.

Reacción de la comunidad universitaria

Compañeros del CCH Vallejo organizaron una campaña de difusión a través de redes sociales. Los mensajes incluyen imágenes de la estudiante y llamados a mantener la búsqueda hasta conocer su paradero.

Familiares de Shane Kendra expresaron su preocupación y solicitaron apoyo a medios de comunicación y autoridades. La difusión de su caso se multiplicó en portales digitales y espacios estudiantiles.

El CCH Vallejo reiteró su disposición para colaborar con las autoridades del Estado de México en todas las diligencias necesarias. Las actividades escolares continuaron bajo vigilancia reforzada en el plantel. –sn–

CCH Vallejo de la UNAM

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CCH Vallejo de la UNAM

FGR mantiene orden de captura contra Álvarez Puga

El empresario enfrenta procesos por delincuencia organizada y defraudación fiscal. Órdenes de aprehensión vigentes.


Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, cuenta con una orden de aprehensión vigente. El proceso corresponde a delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La causa penal se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

De acuerdo con el informe oficial, el empresario también enfrenta otra orden de aprehensión por defraudación fiscal. Esta fue emitida por la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la misma institución. Ambas causas continúan activas dentro de los registros judiciales de la FGR.

Las investigaciones señalaron que Álvarez Puga habría participado en esquemas financieros presuntamente utilizados para el lavado de dinero. Las indagatorias incluyeron el análisis de operaciones con empresas fachada y transferencias en el extranjero. Los delitos imputados corresponden al ámbito federal.

Emisión de ficha roja de Interpol

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) solicitó en su momento a Interpol la emisión de la ficha roja para la localización del empresario. La petición incluyó su detención con fines de extradición internacional. La notificación fue concedida, publicada y se mantiene vigente en los registros internacionales.

El procedimiento formó parte de la estrategia institucional para ubicar al prófugo en territorio extranjero. Las autoridades mexicanas informaron que la colaboración con Interpol se mantiene activa. El objetivo fue garantizar la aplicación de la justicia conforme a los tratados internacionales.

Fuentes oficiales confirmaron que la ficha roja contiene información personal, fotografías y antecedentes de Álvarez Puga. Su estatus legal continúa bajo seguimiento de las oficinas centrales de la FGR. La alerta internacional tiene alcance en más de 190 países miembros.

Gestiones diplomáticas y solicitud de extradición

Por otra parte, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR tramitó la solicitud de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La petición buscó formalizar la detención provisional del empresario con fines de extradición. Dicho procedimiento fue turnado a las autoridades competentes de Estados Unidos.

Según la información oficial, la FGR presentó la documentación correspondiente ante las instancias estadounidenses. El expediente incluyó los antecedentes judiciales y las pruebas obtenidas en México. La solicitud se mantiene dentro de los plazos legales de cooperación bilateral.

Las gestiones de extradición forman parte de un conjunto de procedimientos abiertos contra diversos implicados. Las investigaciones siguen activas en el marco de la cooperación internacional en materia penal. Los resultados dependen de las resoluciones emitidas por la autoridad judicial extranjera.

Situación migratoria en Estados Unidos

Desde el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación de Álvarez Puga. El fallo fue emitido tras un proceso administrativo en el que se revisó su situación migratoria. La resolución ordenó su entrega a las autoridades mexicanas.

Sin embargo, los abogados del empresario presentaron un recurso legal contra la orden de deportación. El caso fue turnado a revisión ante una corte migratoria de Miami, Florida. La autoridad judicial anunció que resolverá el recurso el próximo 12 de noviembre.

Actualmente, Víctor Manuel “N” permanece recluido en las instalaciones migratorias de Miami. Su detención se mantiene bajo custodia de las autoridades estadounidenses. La FGR confirmó que continúa el procedimiento diplomático para asegurar su retorno al país. –sn–

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

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Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

Exigen justicia para Jorge Raúl Tirado Ambriz preso de manera injusta

La familia de Jorge Raúl Tirado Ambriz pide su liberación tras casi cinco años preso injustamente.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Desde 2021, Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante desde los 17 años y padre de tres hijos, permaneció recluido en el Penal Neza–Bordo, Estado de México, acusado por un delito fabricado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero. Fue detenido el 12 de enero de 2021.

https://youtu.be/krYJYU9vjVY

La aprehensión ocurrió de forma violenta mientras realizaba la entrega de termómetros digitales que vendía por internet. Policías armados, a bordo de dos camionetas sin distintivos, lo interceptaron y mostraron retratos de personas que él aseguró desconocer. Durante el traslado, recibió burlas y comentarios que evidenciaron la arbitrariedad del operativo.

Uno de los agentes le confesó que lo habían vigilado durante cuatro años sin encontrarle nada ilegal. “Te tocó la de malas”, le dijo el policía, frase que marcó el inicio de una historia de presunta fabricación de pruebas y abuso de autoridad.

Evidencias cuestionadas

De acuerdo con el expediente FED/SEIDO/IUDMS-MEX/0000891/2016, la detención se sustentó únicamente en un registro de llamadas. Su número telefónico apareció en la lista de contactos de un policía municipal de Nezahualcóyotl investigado por secuestro en 2016, a quien Jorge Raúl había llamado para pedir apoyo en un accidente automovilístico.

Ese contacto fue utilizado como vínculo directo para imputarlo como “negociador” del secuestro, solo porque el policía se refirió a él como “jefe”. No existió evidencia material, testigos presenciales, ni pruebas periciales que acreditaran su participación en el delito.

En la misma carpeta, las víctimas y sus familiares rechazaron haberlo visto o escuchado. Tras observar fotografías de Tirado Ambriz, afirmaron desconocerlo por completo y no reconocer su voz en los audios presentados por la autoridad.

Pruebas periciales dudosas

La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR utilizó grabaciones de enero de 1994 como base para comparar la voz del presunto negociador con la de Jorge Raúl. En ese año, él tenía apenas 16 años, mientras que las conversaciones del expediente correspondían a un adulto.

https://youtu.be/0m5iwZirO_Q?t=8780

A pesar de esa inconsistencia cronológica, la FGR utilizó dichos audios como argumento pericial para sostener la acusación. La defensa presentó recursos para invalidar esa prueba, pero el proceso judicial continuó sin resolución definitiva.

Desde entonces, Jorge Raúl Tirado ha permanecido en prisión preventiva, sin sentencia y sin pruebas directas que lo relacionen con el delito. Su familia denunció irregularidades en el manejo del expediente y omisiones en la valoración de las pruebas de descargo.

Familia exige revisión del caso

Los familiares solicitaron a la FGR y al Poder Judicial de la Federación revisar de inmediato el expediente y valorar las pruebas que evidencian su inocencia. Han enviado escritos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo de la Judicatura Federal para pedir la intervención institucional.

La defensa sostuvo que se trata de un caso de detención arbitraria y fabricación de culpables, práctica que ha afectado a múltiples personas inocentes en procesos relacionados con delincuencia organizada.

El abogado del caso aseguró que los elementos presentados por la fiscalía carecieron de sustento técnico y jurídico, y que el procedimiento violó los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las pruebas.

Cinco años sin justicia

Durante su reclusión, Jorge Raúl Tirado Ambriz ha enfrentado deterioro en su salud y en la economía de su familia. Su esposa y sus tres hijos continúan con campañas en redes sociales y frente a las sedes judiciales para exigir su liberación.

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En cartas enviadas a medios de comunicación y autoridades, la familia insistió en que el proceso judicial ha sido prolongado sin avances sustanciales, lo que agrava la vulneración de sus derechos humanos.

Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha emitido una respuesta formal a las peticiones de revisión. La defensa solicitó una audiencia extraordinaria para evaluar las pruebas y obtener su liberación inmediata. –sn–

Jorge Raúl Tirado Ambriz

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Jorge Raúl Tirado Ambriz

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | El zopiloteo de la tragedia

Las intensas lluvias que azotaron a varios estados del país —entre ellos Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro— han dejado hasta ahora 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas…

Por Raúl García Araujo                                            

(…) Son cifras que duelen y conmueven, pero también deberían recordarnos una verdad elemental: nadie puede enfrentar la fuerza de la naturaleza, sólo prepararse para mitigar sus efectos y actuar con rapidez y humanidad cuando llega la emergencia.

Sin embargo, mientras las autoridades trabajan en el rescate y la atención a los damnificados, hay quienes buscan carroña política en medio del dolor ajeno. Opinadores y adversarios que, desde la comodidad de un escritorio o la pantalla de un estudio, intentan convertir una tragedia natural en un arma partidista. Es el viejo vicio de la oposición sin proyecto: la crítica vacía que no aporta soluciones, el oportunismo disfrazado de análisis.

Frente a eso, la presidente Claudia Sheinbaum ha mostrado liderazgo, carácter y serenidad. El domingo recorrió personalmente Huauchinango y Xicotepec, las zonas más golpeadas de la Sierra Norte de Puebla, donde se registran 13 fallecidos y 28 municipios afectados. Desde el inicio de la emergencia, la maquinaria estatal y federal se desplegó de manera coordinada, con el Plan Marina activado y el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional en las tareas de rescate y limpieza.

Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum

La presidente fue clara: “A nadie se va a dejar desamparado”. Y también fue firme al condenar la actitud ruin de algunos medios y voces que practican el “zopiloteo” político. “Es ruin la búsqueda de culpables ante la desgracia”, dijo con razón. Con ese mensaje, Sheinbaum puso en claro que la prioridad del gobierno federal no es el debate estéril, sino la acción inmediata y la solidaridad.

En Puebla, la respuesta del gobernador Alejandro Armenta reflejó esa misma visión de compromiso. Apenas unas horas después de las inundaciones —ocurridas durante la noche—, Armenta ya se encontraba en el terreno, coordinando acciones, escuchando a la gente y encabezando el esfuerzo de limpieza y reconstrucción. No esperó la orden ni el reconocimiento: actuó.

Este martes, el mandatario recorrió nuevamente las zonas afectadas, en colonias como Nuevo Monterrey y Chapultepec, donde dialogó directamente con las familias damnificadas. Su presencia constante, sin poses ni discursos vacíos, refleja un estilo de gobierno basado en la cercanía y la atención directa. En medio de la adversidad, Armenta ha proyectado una imagen de autoridad serena y eficaz, más preocupada por resolver que por declarar.

La emergencia también permitió observar la buena sintonía política e institucional entre la presidente y el gobernador. Ambos actuaron con coordinación y respeto mutuo, dejando claro que las diferencias partidistas o los intereses locales no tienen cabida cuando se trata de proteger la vida y el bienestar de la gente. Esa armonía de trabajo se tradujo en eficiencia, pero también en un mensaje político de fondo: la Cuarta Transformación tiene capacidad de respuesta, disciplina y sentido humano.

Alejandro Armenta

Vale recordar que en 1999 la Sierra Norte vivió un desastre devastador que cobró más de dos mil vidas. Hoy, pese a las pérdidas que lamentar, la historia es distinta. Porque esta vez hubo prevención, reacción inmediata y trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno. No se trata de minimizar el daño, sino de reconocer que la experiencia institucional ha evolucionado y que la coordinación ha salvado vidas.

Desde una mirada política, lo ocurrido en Puebla deja una lectura interesante: Armenta aprovechó la crisis para demostrar capacidad de mando sin caer en protagonismo, consolidando su liderazgo desde la acción y no desde el discurso. En un contexto donde la ciudadanía castiga la indiferencia y la simulación, su respuesta oportuna le da un peso político propio dentro del bloque de gobiernos alineados con la presidenta Sheinbaum.

Las lluvias no distinguen colores ni partidos, pero sí exhiben quién gobierna con sensibilidad y quién sólo busca aplausos fáciles. En esta ocasión, la presidente Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta estuvieron a la altura del desafío: humanos, firmes y presentes.

Porque ante la tragedia hay dos caminos: actuar o aprovecharse. Los primeros salvan vidas. Los segundos, sólo buscan likes.

En Cortito

Nos cuentan que en  los últimos días, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha dado muestras claras de que la coordinación y la estrategia son armas poderosas en la lucha contra el crimen organizado. 

Omar García Harfuch, al frente de esta dependencia, ha demostrado que la seguridad pública no se limita a operativos aislados, sino a un trabajo meticuloso de inteligencia, colaboración interinstitucional y acción contundente.

Un ejemplo reciente ocurrió en Quintana Roo, donde, en colaboración con agencias internacionales y nacionales como la Guardia Nacional, la Sedena, Semar, la FGR, la SSC de Quintana Roo, el INM e Interpol, fueron detenidos dos hombres vinculados con delitos de alto impacto: tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Entre ellos destaca Mikael Michalis Ahlstrom Tenezos, alias “El Griego”, líder del grupo criminal Dalen y generador de violencia en Suecia, quien contaba con una orden de arresto internacional emitida por Interpol a solicitud de Europol.

Omar García Harfuch

No menos relevante fue la acción realizada en Guerrero, donde García Harfuch encabezó la coordinación con la FGE, la SSP estatal, la Sedena, Semar, la FGR y la GN para capturar a Miguel Ángel “N”, presunto responsable del homicidio del sacerdote Bartolo Pantaleón en Eduardo Neri. Gracias a un trabajo de inteligencia y vigilancia, las autoridades pudieron localizar al sospechoso en Chilpancingo, asegurar su detención y ponerlo a disposición de la justicia.

Estos operativos demuestran que, bajo la dirección de García Harfuch, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha logrado unir la acción local, nacional e internacional, cerrando espacios a los criminales y enviando un mensaje claro: el crimen no tiene cabida en México. La estrategia es firme, precisa y efectiva, y cada golpe acertado fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad.

Omar García Harfuch no solo actúa; prevé, investiga y coordina. Cada operativo, cada detención, refleja un compromiso constante con la seguridad de los mexicanos y con la certeza de que el Estado tiene la fuerza y la inteligencia para enfrentar al crimen organizado, sin titubeos ni concesiones.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: El silencio mata Teocaltiche

Raúl García Araujo

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Raúl García AraujoAlejandro Armenta y Claudia SheinbaumAlejandro ArmentaOmar García Harfuch

Muere abogado David Cohen tras ataque en la Ciudad Judicial de la Cdmx

El abogado David Cohen Sacal murió tras ser atacado a balazos en Ciudad Judicial de Cdmx.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El abogado David Cohen Sacal, de 48 años, perdió la vida luego de ser baleado frente a los edificios del Poder Judicial de la ciudad de México, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México (Cdmx) confirmó su fallecimiento la madrugada de este martes 14 de octubre. Cohen Sacal recibió disparos en la cabeza mientras caminaba por la avenida Niños Héroes, cerca del cruce con Doctor Claudio Bernard. El agresor fue un joven de 18 años que, tras el ataque, intentó huir del lugar.

https://twitter.com/alitomorenoc/status/1977925703560561094

La FGJ-Cdmx precisó que el responsable, identificado como Héctor “N”, fue herido por un agente de la Policía de Investigación (PDI) que repelió la agresión. El sospechoso permanece hospitalizado bajo custodia.

https://sociedad-noticias.com/2025/10/13/ataque-armado-en-ciudad-judicial-deja-un-abogado-herido-con-arma-de-fuego/

En un comunicado, la Fiscalía informó que mantiene abierta la carpeta de investigación para ejercer acción penal por el delito de homicidio. El organismo indicó que se revisan cámaras de videovigilancia y testimonios para esclarecer el móvil del ataque.

El traslado y la muerte

El litigante fue llevado de emergencia a un hospital privado, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, falleció horas después por la gravedad de las lesiones provocadas por los disparos. La FGJ-Cdmx confirmó su deceso en los primeros minutos del 14 de octubre, luego de haber emitido una primera versión contradictoria sobre su estado de salud. El cuerpo del abogado fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Trayectoria profesionalDavid Cohen Sacal era licenciado en Derecho y contaba con un posgrado en Derecho Procesal Civil. Durante más de dos décadas, desarrolló una carrera enfocada en litigio civil, mercantil y administrativo. Fue considerado un especialista en juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y asesoría corporativa para sociedades mercantiles.

Clientes de alto perfil

En su trayectoria, Cohen Sacal representó a figuras empresariales de relevancia nacional. Entre sus clientes estuvieron Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, acusado de administración fraudulenta. También llevó asuntos legales del empresario David Peñaloza Sandoval, fundador y exdirector general de Pinfra, una de las principales operadoras de concesiones carreteras del país.

El abogado había participado en diversos procesos judiciales de alto impacto relacionados con disputas corporativas, concursos mercantiles y controversias contractuales. Su despacho fue reconocido por su rigor técnico y su enfoque en litigios complejos ante tribunales federales y locales. Su muerte generó conmoción entre colegas del gremio jurídico.

Reacción institucional

El Colegio de Abogados de México y diversas asociaciones del sector jurídico expresaron condolencias a la familia del litigante. En un comunicado, señalaron la necesidad de fortalecer la seguridad en zonas judiciales de la Cdmx. La FGJ-Cdmx informó que se mantienen las líneas de investigación abiertas para determinar si el ataque estuvo relacionado con su actividad profesional.

El atentado ocurrió en una de las áreas más vigiladas de la capital, donde diariamente acuden abogados, jueces y ciudadanos. Las autoridades reforzaron la presencia policial en los alrededores de Ciudad Judicial, mientras agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron patrullajes preventivos. La Fiscalía confirmó que continuará las investigaciones hasta esclarecer el caso

La Fiscalía de Cdmx reiteró su compromiso de garantizar justicia y transparencia en el proceso. El Poder Judicial de la Federación expresó solidaridad con la familia del abogado y pidió respeto al debido proceso. Los restos de David Cohen Sacal fueron entregados a sus familiares la tarde del martes, tras las diligencias forenses correspondientes. –sn–

Redes Sociales

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David Cohen Sacal

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David Cohen Sacal

SCJN refuerza derechos y seguridad vial en México

La SCJN fortaleció la protección de personas con discapacidad y validó medidas de seguridad vial.


Por Martín García | Reportero                                      

Los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmaron su compromiso con los derechos humanos al reconocer que las personas con discapacidad son titulares plenos de derechos. La decisión se adoptó durante la sesión del 6 de octubre de 2025, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 181/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con esta resolución, la SCJN invalidó el séptimo párrafo del artículo 145 del Código Civil de Veracruz, que permitía que, en casos de divorcio, personas mayores de edad con discapacidad quedaran bajo tutela de sus excónyuges. La Corte determinó que esta disposición vulneraba la autonomía y el derecho a la capacidad jurídica de dichas personas.

El fallo estableció que las figuras de interdicción y tutela limitaban indebidamente la capacidad jurídica, lo que contravenía los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Corte recordó que ambas figuras quedaron derogadas con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2023.

Derechos y autonomía reconocidos

El Pleno concluyó que el Congreso del Estado de Veracruz carecía de competencia para legislar en materia procesal civil, ya regulada por el ordenamiento nacional. Por ello, la disposición estatal fue declarada inválida. Con esta decisión, la Corte consolidó el principio de igualdad y no discriminación hacia las personas con discapacidad.

La sentencia representó un avance significativo hacia la eliminación de normas que restringían derechos fundamentales. El criterio adoptado refuerza el deber de las autoridades locales de adecuar sus leyes a los parámetros del nuevo Código Nacional. Asimismo, se ratificó la obligación del Estado mexicano de garantizar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida pública.

Hugo Aguilar Ortiz

La SCJN señaló que toda medida de tutela debe atender al respeto de la voluntad y preferencias de las personas involucradas. La decisión sienta un precedente relevante que fortalece el acceso a la justicia y el reconocimiento de la capacidad jurídica plena sin discriminación alguna.

Este fallo se suma a los esfuerzos nacionales por consolidar un marco jurídico incluyente y coherente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por México en 2007.

Movilidad y seguridad en Puebla

En la misma sesión, el Pleno de la Corte protegió la seguridad vial de la población al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. El tribunal validó disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla que obligan a los automovilistas a contar con un seguro de responsabilidad civil.

La Corte determinó que esta obligación es legítima, pues busca garantizar la reparación del daño a terceros y fortalecer la protección de las víctimas de accidentes de tránsito. El Pleno también consideró constitucional la imposición de multas a quienes incumplan con la contratación del seguro.

Sin embargo, los ministros declararon inconstitucional el artículo 168 de dicha ley, que contemplaba la cancelación de la licencia de conducir hasta por diez años por no contar con seguro. La sanción fue considerada desproporcionada y contraria a los principios de equidad y razonabilidad jurídica.

Por otro lado, la SCJN avaló el artículo 127 de la misma norma, que establece la suspensión de un año de la licencia para quienes conduzcan en estado de ebriedad. El Pleno concluyó que esta medida resultaba adecuada y proporcional para proteger la vida y la integridad de las personas en la vía pública. –sn–

Pleno de la SCJN

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Pleno de la SCJNHugo Aguilar Ortiz

Episcopado Mexicano condena asesinato de sacerdote en Guerrero

La violencia en Guerrero cobró la vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón, generando indignación nacional.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que la violencia volvió a enlutar a la comunidad católica tras confirmarse el hallazgo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, reportado como desaparecido desde el 4 de octubre en el estado de Guerrero.

En un comunicado emitido el 6 de octubre, la CEM hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y al gobierno federal para esclarecer el crimen. La institución religiosa exigió justicia y protección para los sacerdotes que realizan su labor pastoral en contextos de riesgo.

https://twitter.com/IglesiaMexico/status/1975394639822586078

“Exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables”, se leyó en el documento difundido públicamente.

Reacción de la comunidad católica

Bertoldo Pantaleón Estrada, de 58 años, se desempeñaba como párroco en la comunidad de San Cristóbal, Mezcala, perteneciente a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. Durante ocho años estuvo al frente de la parroquia, donde era reconocido por su compromiso con la comunidad.

El cuerpo del sacerdote fue localizado en la zona rural de Mezcala por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE). Autoridades locales confirmaron el hallazgo y notificaron a la diócesis el 6 de octubre, alrededor de las 14:00 horas.

La Conferencia del Episcopado Mexicano lamentó profundamente el crimen y expresó solidaridad con la comunidad eclesiástica de Chilpancingo-Chilapa. Los obispos señalaron que ningún acto de violencia debe ser tolerado en una sociedad que busca la paz.

“Nos unimos en oración con nuestro hermano Mons. José de Jesús González Hernández, Obispo de Chilpancingo-Chilapa, con su presbiterio diocesano, con la comunidad parroquial de San Cristóbal y con los familiares del padre Bertoldo, pidiendo al Señor esperanza y consuelo”, indicó la CEM.

Demandas de justicia y perdón

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa compartió el mensaje del Episcopado en sus redes sociales, reiterando su exigencia de justicia. Horas antes, había difundido la ficha de búsqueda del sacerdote, en la cual se describía que vestía una guayabera azul rey, pantalón oscuro y huaraches al momento de su desaparición.

Por su parte, el obispo José de Jesús González Hernández emitió otro comunicado donde confirmó oficialmente el hallazgo del cuerpo y pidió a las autoridades deslindar responsabilidades de los implicados en el homicidio. El religioso también expresó un mensaje de perdón hacia los responsables. –sn–

Bertoldo Pantaleón Estrada

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Bertoldo Pantaleón Estrada

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