Kilómetro Cero | Lo que tienes que saber antes dea salir de casa | Martes 09 de diciembre de 2025
SN Redacción
La Fiscalía General de la República inició una investigación por delincuencia organizada luego de la explosión de un coche bomba frente a la sede de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán. En un comunicado, la Fiscalía confirmó que el atentado del sábado provocó la muerte de tres policías comunitarios, además del conductor de la camioneta y una persona más, ambos en calidad de desconocidos. Actualmente están asignados a la investigación 15 peritos forenses y 11 policías federales ministeriales.
Un día después del estallido de un auto con explosivos frente a la sede de la Policía Comunitaria, los habitantes de este municipio reconocían tener miedo ante lo que pueda venir. «Después de ese ‘cimbronazo’ nada volverá a ser igual, a pesar de que ahorita es el lugar con más seguridad por tanto militar, marino, Guardia Nacional y policías estatales», dice Higinio, vecino de la zona. Temen lo que pase cuando se retire el operativo. Ayer, decenas de elementos de fuerzas federales y estatales de seguridad resguardaban el perímetro, mientras peritos trabajaban levantando indicios. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía General de la República llevará la investigación de este caso, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Por la noche, autoridades locales informaron que el número de fallecidos subió a seis; cuatro de ellos eran policías comunitarios.
Todo un arsenal de facultades, casi ilimitadas y discrecionales, acumula el SAT para sancionar a un contribuyente en 2026, advirtieron fiscalistas. A partir del 1 de enero, el SAT estrena nuevas “armas” que, sumadas a las que ya tenía, pueden dejar indefenso a cualquier contribuyente frente a la más mínima sospecha de estar relacionado con presuntas factureras o de haber cometido otro delito fiscal.
El “armamento” incluido en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 contempla cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que amplían facultades al SAT, entre las que sobresale este póker de amenazas. El contribuyente que busque defenderse en los tribunales ahora lo hará ante jueces electos mediante “acordeones”. Los expertos advierten así un escenario lleno de nubarrones.
Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la extinta PGR, continuará en prisión, luego de que un Tribunal Colegiado declaró improcedente el recurso de revisión con el que pretendía impugnar el fallo de un juez de control del Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio Sur, quien le negó la modificación de la prisión preventiva justificada que se le dictó en 2023 por desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, para que éste declarara ser uno de los capos regionales de Guerreros Unidos y estar relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal señaló que no procede el acto reclamado, el cual consiste en la resolución del impartidor de justicia, quien confirmó el desechamiento de plano de la solicitud de revisar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, “ya que ese mismo juzgador ya celebró dos audiencias posteriores en las que permitió el debate entre las partes y determinó que debía prevalecer esa medida restrictiva de libertad, pues no advirtió que hubieran variado objetivamente las condiciones de su imposición”.
El empresario Mauricio Quintanilla, dueño de Transportistas Unidos Mexicanos (TUM), fue detenido en California, EU, por permanecer en el país con una visa vencida. También enfrenta seis órdenes de aprehensión, mientras su compañía mantiene contratos vigentes con dependencias gubernamentales. Además, la firma tiene cerca de 60 procesos, entre amparos, quejas, juicios mercantiles y civiles. Está en un centro de detención migratoria, mientras se revisa su situación legal, pues tiene procesos abiertos por falsedad de declaraciones, incluso con una ficha roja de Interpol, por lo que se autoexilió en Las Vegas y Miami.
Dos empresas del consorcio donde Javier Duarte de Ochoa es socio obtuvieron contratos públicos por casi 20 millones de pesos mientras el exgobernador cumplía su pena por lavado de dinero y asociación delictuosa. El consorcio se llama Grupo Empresarial Pertenezco. En él hay casi 60 empresarios, como el director de 3M Manufacturera, cirujanos, maestros y sociedades civiles, cuyas acciones se reparten, entre ellas las que pertenecen a Javier Duarte de Ochoa. Fue gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016… El 13 de octubre de 2016, apenas un día después de su salida, un juez federal en la Cdmx libró su orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quedó libre luego de que los tribunales federales anularon los procesos penales que se habían iniciado en su contra. Su abogado, Gabriel Regino, sostuvo que este desenlace demuestra que todo fue «lawfare»: una persecución penal estructurada con fines políticos, sin verdadero sustento jurídico. Carmona fue acusado principalmente por su presunta participación en el encubrimiento del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, ocurrido en 2022. Las autoridades de la capital argumentaron que la investigación de la Fiscalía de Morelos pretendió disfrazar el homicidio como una muerte por broncoaspiración tras intoxicación alcohólica.
Los perros de rescate y apoyo emocional Athos y Tango, respectivamente, envenenados con salchichas el 13 de junio de 2021 por Vicente N, aún no obtienen justicia. Pese a que la SCJN resolvió en octubre de 2024 que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito debía revisar la sentencia de 4 años que este último le impuso a Vicente N. volvieron a ampararlo y le dejaron la sentencia de 4 años, que es la pena mínima, y además le impusieron una multa de 10 mil pesos, con lo que puede salir libre. Ante eso, Mónica Huerta, abogada del entrenador de los perros, que ha llevado el caso, acusará a los magistrados del tribunal, Elsa Aguilera Araiza, Aloys Rütter Castro y Leslie Jhosemin Gómez González, de desacato. Además, organizaciones animalistas protestarán el próximo 10 de diciembre ante la SCJN por el caso.
Pablo tenía 22 años cuando fue detenido. Trabajaba como guardia de seguridad privada en un edificio corporativo en Polanco. El día previo a su detención había cumplido con su turno normal y planeaba pasar el cumpleaños de su entonces novia. Su captura ocurrió en un billar al que acudió brevemente con sus hermanos. Durante las audiencias, observó numerosas irregularidades: contradicciones entre policías ministeriales, falta de pruebas, jueces que no prestaban atención e incluso identificaciones sin proceso adecuado. Su caso se encuentra en revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Nezahualcóyotl, Ponencia 1, encabezado por el magistrado Eduardo Castillo Robles. No existen pruebas sólidas en su contra.
La organización Nuestro Futuro AC presentó un par de amparos históricos el 30 de septiembre, a nombre de las ballenas, para proteger su derecho a migrar, reproducirse y existir. “Las ballenas demandan, a través de sus guardianes, que son organizaciones de la sociedad civil, otras 3 mil que se han sumado en todo el país, que se respete el derecho a migrar, reproducirse y existir de los cetáceos en el Golfo de California. Que no pueden desaparecer por la existencia de buques que podrían matarlas simplemente porque los humanos así lo decidieron”, explicó Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, propondrá conceder la protección a una mexicana que vive en Ciudad de México, mientras que la ministra Yasmín Esquivel Mossa hará lo mismo en el caso de una mujer que vive en Chihuahua. Se tiene previsto que ambos proyectos sean discutidos el jueves 11 de diciembre. En sus respectivas propuestas, Aguilar Ortiz y Esquivel Mossa citan precedentes del Máximo Tribunal de Justicia sobre la libertad religiosa; además subrayan que diversas naciones permiten el uso del hiyab en fotografías de pasaportes y que la OACI tampoco prohíbe su uso.
La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) enfrenta una situación financiera complicada; desde hace una década se comenzaron a generar adeudos con terceros institucionales, como el IMSS, Infonavit y el SAT, señaló Norma Galván Meza, rectora de la casa de estudios. La SCJN discutirá esta semana un proyecto que propone dejar firme la sentencia de un tribunal colegiado que ordena a la UAN pagar más de 265 millones de pesos por no retener ni entregar al fisco el ISR que debía descontar a sus trabajadores en 2020. El asunto, a cargo de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, está listado para el jueves 11, último día de sesiones del año. Su proyecto plantea desechar el amparo directo en revisión de la universidad, al determinar que es improcedente.
Abandonar la jurisprudencia vigente que establece que la “acción de nulidad de juicio concluido es improcedente cuando la legislación procesal no la prevé, inclusive bajo proceso fraudulento”, como acordaron recientemente cinco de nueve ministros y que está pendiente de resolverse de fondo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí pone en riesgo romper el principio de cosa juzgada y la esencia de la seguridad jurídica, advirtieron los constitucionalistas Juvenal Lobato y Alberto del Castillo del Valle.
Este lunes, la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados arrancará con la discusión de la Ley Arancelaria, derivada de una iniciativa de la presidente Claudia Sheinbaum, y que plantea imponer aranceles a cerca de 1,463 productos. El proyecto de dictamen —que se prevé discutir este lunes— modifica a la baja la mayoría de las cuotas arancelarias propuestas por el Ejecutivo Federal, agrega nuevos productos y cambia los artículos transitorios para eliminar su vigencia, así como la entrada en vigor originalmente planteada por Sheinbaum. De acuerdo con la norma y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ejecutivo Federal puede regular, restringir o prohibir la exportación, importación o tránsito de mercancías solo cuando lo considere urgente y de manera extraordinaria.
En 2026 el salario mínimo general llegará a poco más de 9,582.47 pesos al mes, luego de un incremento de 13 por ciento. Su crecimiento no se detendrá en los próximos años, al menos durante la política de recuperación salarial del gobierno federal. De mantenerse la tendencia, la remuneración básica pronto alcanzará la oferta económica promedio del mercado, según proyecciones. La Encuesta de Compensación 2025 de AON prevé que en 2028 el salario mínimo superará los sueldos promedio del mercado.
La propuesta de reforma que envió la presidente Claudia Sheinbaum al Senado no solo busca reducir la jornada laboral; dará mayor certeza sobre el límite de tiempo de trabajo por semana, asegura Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). “Queremos dejar muy claro que la semana laboral es de 40 horas, independientemente de su distribución. Implica resguardar los límites legales; creo que las dimensiones dan mucha claridad en los márgenes en los que se puede trabajar”, señala en entrevista.
Los principales demócratas exigieron ayer la publicación de un video clasificado de la primera operación militar estadounidense dirigida a un barco en el Caribe a principios de septiembre, una ofensiva que ha recibido intenso escrutinio debido a un ataque posterior en el que murieron dos sobrevivientes. Demócratas y republicanos han ofrecido descripciones discrepantes de la grabación, vista por algunos congresistas, pero aún no divulgada.
Un grupo de manifestantes se reunió en las calles de Kenner, en Luisiana, para protestar contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, luego de que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció el operativo contra extranjeros sin documentos Catahoula Crunch en el área de Nueva Orleans. La economía de Kenner, la ciudad con mayor concentración de residentes hispanos en Luisiana, está siendo devastada por la campaña migratoria federal que busca detener a 5 mil personas.
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