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FGR impulsa acuerdos nacionales de procuración de justicia

Conferencia nacional avanzó en acuerdos y fortaleció coordinación institucional. Asamblea de procuración fija ruta común.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (Cnpj) debía realizarse con periodicidad y rigor. Explicó que el objetivo central consistía en erradicar la impunidad en todas las entidades. Afirmó que contar con instrumentos adecuados permitió sostener avances en investigación y judicialización.

Los representantes estatales de procuración de justicia coincidieron en reforzar la coordinación nacional. Avalaron la creación del Registro Criminal de Armas de Fuego como herramienta única para mejorar la trazabilidad. Señalaron que dicho mecanismo fortalecía procesos de investigación y decisiones en política criminal.

El nuevo registro quedó definido como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable. Las autoridades precisaron que la operación estaría a cargo de las Unidades de Análisis de Información. Indicaron que cada institución definiría las áreas responsables según su estructura.

Seguridad y nuevos lineamientos

Los integrantes de la Conferencia confirmaron que mantendrían intercambio continuo de datos con la Agencia de Investigación Criminal. La coordinación se realizaría mediante el Centro Federal de Inteligencia Criminal. Ratificaron que el flujo de información resultaba esencial para investigaciones complejas.

Las autoridades conocieron los avances derivados de reformas recientes en materia de seguridad pública. Revisaron los acuerdos de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Presentaron además acciones para actualizar la metodología de recopilación de datos sobre homicidio doloso.

La Asamblea resolvió implementar la nueva metodología en todos los estados. Aseguró que su aplicación garantizaría la completitud de los reportes diarios. Confirmó que las fiscalías locales recibirían lineamientos técnicos para uniformar criterios.

Información, género y cooperación internacional

Los organismos participantes se comprometieron a consolidar la información estadística requerida por el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP). Indicaron que fortalecerían sus sistemas internos con apoyo de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Subrayaron que el objetivo consistía en asegurar calidad y confiabilidad de todos los datos enviados al SENAP.

La Asamblea analizó una propuesta de convenio presentada por Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres. Señalaron que el planteamiento buscaba establecer mejores canales de comunicación entre las 32 entidades. Informaron que el convenio pretendía impulsar mecanismos de capacitación, intercambio de información y elaboración de protocolos para casos específicos.

El encargado de negocios de Estados Unidos, Mark Coolidge Johnson, presentó una intervención dirigida a fortalecer esfuerzos contra delincuencia organizada. Indicó que resultaba indispensable actuar contra estructuras completas y no solo contra delitos aislados. Señaló que una colaboración constante permitía mejorar resultados institucionales. –sn–

Ernestina Godoy Ramos

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Ernestina Godoy Ramos

Frustan secuestro de mujer, registrado a unas calles del Palacio Municipal de Naucalpan

Video exhibió intento de secuestro y autoridades detuvieron a tres sospechosos, tras la intervención de los ciudanos, hechos ocurrido a unas calles de la oficina del edil Isaac Martín Montoya Márquez.


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Un video difundido en redes sociales mostra que una joven sufrió un intento de secuestro en Naucalpan, registrado a unas calles de la oficina del presidente municipal Isaac Martín Montoya Márquez. La imagen en video registra que habitantes detectaron la agresión en plena vía pública por lo que intervinieron para evotar el delito.

El incidente ocurrió cuando la joven pidió ayuda desde la ventana de un vehículo rojo que avanzó por la avenida Gustavo Baz. La zona correspondió al municipio de Naucalpan, en el estado de México. Las imágenes evidenciaron que la víctima intentó salir por la puerta sin lograrlo.

https://twitter.com/SoyNaucalpan/status/1996040768125894689?s=20

Al advertir que la joven trató de escapar por la ventana, policías que circulaban a bordo de una moto lograron intervenir ante este hecho ilícito. Locatarios del área se sumaron para impedir que el conductor continuara su ruta. La unidad fue retenida cerca de la calle José Becerril, donde se evitó su huida.

Detención de sospechosos

Información oficial señaló que elementos de seguridad detuvieron a tres personas presuntamente involucradas en el intento de secuestro. Reportes preliminares precisaron que la joven logró pedir auxilio por una ventana antes de que el vehículo fuera rodeado. La autoridad confirmó que los detenidos serían investigados.

En redes sociales, usuarios reconocieron el actuar de locatarios y policías que frenaron el automóvil a tiempo. La comunidad resaltó que la intervención inmediata permitió resguardar la integridad de la joven. La difusión pública del video fortaleció la alerta vecinal sobre incidentes de este tipo en la zona.

Los hechos sucedieron a plena luz del día mientras el vehículo avanzó entre comercios y tránsito local. La respuesta coordinada de ciudadanos y policías posibilitó retirar a la víctima del automóvil rojo. Autoridades municipales informaron que la zona quedó asegurada tras la detención. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | «El Geras» actúa impune en Zacatecas

Mientras el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, defendía —con números y con ironías— que los siete cadáveres abandonados en la frontera con Zacatecas…

Por Raúl García Araujo                                            

… no pertenecían a su estado, lo que quedó exhibido no fue una disputa limítrofe, sino la profunda incapacidad del gobierno de Zacatecas para contener la violencia.

Gallardo acusó a las corporaciones zacatecanas de intentar “mover” cadáveres para no sumarlos a su estadística. Y aunque sus declaraciones pueden parecer provocadoras, apuntan a una verdad incómoda: en Zacatecas, la violencia no sólo no cede, sino que se ha vuelto imposible de maquillar.

El gobernador David Monreal lleva años sin poder presentar un solo resultado de alto impacto. Todavía más grave: continúa sin lograr la captura de El Geras, el principal generador de violencia en Apulco y Nochistlán, el hombre que mantiene aterrada a la región y cuya presencia ha fracturado la seguridad en la frontera con otros estados. La omisión dejó de ser una preocupación pública para convertirse en el símbolo más claro de la parálisis estatal.

Mientras tanto, Gallardo presume que San Luis Potosí cerró noviembre con nueve homicidios —una cifra históricamente baja para la entidad— y cuestiona públicamente la lógica de que cuerpos identificados como zacatecanos hayan sido asesinados fuera del territorio donde nacieron, vivieron y fueron reportados. Del otro lado, Zacatecas no ofrece claridad, ni datos, ni avances, ni responsables. Sólo silencio.

Ricardo Gallardo | @SociedadN_

Pero quizá el golpe más duro para el gobierno estatal llegó cuando quedó claro que el único operativo de alto impacto en Zacatecas en lo que va de 2025 no vino del gobernador Monreal, sino del gobierno federal. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabezó desde la Mesa Nacional de Seguridad el desmantelamiento de una red criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El líder de esa estructura no era un delincuente menor: se trataba del exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel “N”, prófugo durante meses y pieza clave del CJNG en la región. Un político que usó el poder público para operar a favor de la organización criminal y que terminó detenido sólo cuando intervino la Marina, no cuando actuó la autoridad estatal. Hoy la FGR lo procesa por delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército y otros delitos federales.

La captura de Mauro “N” no sólo exhibe la profundidad con la que el crimen organizado ha penetrado las estructuras políticas municipales; también evidencia la ausencia total del gobierno de Zacatecas. Porque el golpe más importante, el único que realmente movió las estructuras criminales del centro del país, no lo dio David Monreal… lo dio Harfuch.

Y mientras El Geras continúa libre y la violencia sigue desbordada en Nochistlán y Apulco, el gobernador insiste en que todo va “bien”, que la coordinación “es buena” y que su relación política con Gallardo “es muy buena”. Para intentar corregir el desorden, su secretario de gobierno tuvo que pedir el lunes que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, como si eso bastara para resolver una crisis que ha dejado crecer por años.

En medio de la polémica, los dimes y diretes, los números, los territorios controlados por el CJNG y las detenciones que tuvo que ejecutar la Federación cuentan otra historia: una donde Zacatecas está solo, rebasado y atrapado en una crisis que ya no sabe —o no quiere— enfrentar.

En Cortito

Nos cuentan que durante el informe del alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dejó claro que el Gobierno del Estado de México mantendrá una relación estrecha y de cooperación con el Ayuntamiento y con el gobierno federal, retomando el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la deuda histórica con la zona oriente.

Cerqueda agradeció este respaldo y destacó que gracias a esta coordinación se puso en marcha el Plan Integral de la Zona Oriente, con el que por primera vez municipio, estado y Federación coinciden en prioridades y recursos para atender el rezago de la región.

El alcalde también abordó uno de los problemas más urgentes: las inundaciones. Adelantó que los colectores Kennedy y Sor Juana serán intervenidos en 2026 para evitar afectaciones como las registradas este año, obras que serán posibles gracias al acompañamiento del Gobierno del Estado de México.

Delfina Gómez

La gobernadora, además, respondió con disposición a la solicitud de Cerqueda para incrementar el presupuesto destinado a la rehabilitación del Parque del Pueblo, un espacio emblemático que cumple 50 años y que requiere una renovación integral.

La sintonía política entre Delfina Gómez y Adolfo Cerqueda envía un mensaje claro: cuando existe voluntad, respeto institucional y objetivos compartidos, la transformación deja de ser discurso para convertirse en hechos concretos.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morelos, violencia sin freno

Raúl García Araujo

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Raúl García AraujoDelfina Gómez

Asalto en la Venustiano Carranza termina en captura de dos

Roban a joven en Venustiano Carranza y policías detienen a dos implicados. Detienen a pareja tras asalto en Venustiano Carranza.                                          


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Las autoridades informaron que dos personas fueron capturadas después de una persecución derivada de un asalto cometido en la alcaldía Venustiano Carranza. Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) recibieron la alerta cuando patrullaron la zona. La víctima señaló que un hombre y una mujer la atacaron y le quitaron sus pertenencias.

https://youtu.be/slziT1IDJA4

Los policías recorrieron calles de la colonia 20 de Noviembre cuando una joven de 22 años pidió apoyo en el cruce de Electricistas y Decorado. La mujer afirmó que había sido asaltada instantes antes por dos sujetos. La denunciante señaló que los responsables escaparon rápidamente del lugar.

Según la afectada, ambos agresores la interceptaron mientras caminaba por la vía pública. La mujer explicó que fue amagada y obligada a entregar dinero en efectivo. Después, los responsables huyeron a bordo de una motoneta azul con negro.

Persecución y operativo

Tras la denuncia, los agentes solicitaron apoyo del Centro de Comando y Control Norte (C2 Norte). Los operadores del sistema activaron un cerco virtual para rastrear a los implicados. La búsqueda permitió ubicar el vehículo y a dos personas con las características señaladas.

Los policías alcanzaron a los sospechosos a unas calles del sitio del robo. Los oficiales se aproximaron a la motoneta identificada mediante las cámaras del C2 Norte. La pareja fue interceptada sin que se registraran incidentes adicionales.

Los uniformados aplicaron el protocolo de actuación policial y realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección aseguraron un cuchillo con mango de madera, la motoneta azul con negro y el dinero denunciado como robado. La víctima confirmó que el efectivo recuperado le pertenecía.

Presentación ante autoridades

Tras los hechos, los agentes arrestaron a un hombre de 20 años y a una mujer de 26. Ambos fueron informados de sus derechos constitucionales durante la detención. Los objetos asegurados fueron embalados conforme a las normas oficiales.

Los detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente. El representante social recibió el informe policial y los indicios relacionados con el caso. La autoridad ministerial definirá la situación jurídica de los acusados.

https://twitter.com/SociedadN_/status/1996056648255701046?s=20

Las autoridades señalaron que el procedimiento se realizó conforme a las disposiciones vigentes. El gobierno federal informó que este tipo de intervenciones buscó reducir delitos de alto impacto. La SSC indicó que la denuncia oportuna permitió una acción rápida y efectiva. –sn–

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Cámara de Diputados mantiene discusión sobre reforma hídrica

Deliberación legislativa continúa y productores exigen cambios. Avance del proceso.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en materia de derecho y aprovechamiento del agua permaneció en revisión y siguió abierta a cambios, informó la presidente de la Cámara de Diputados Kenia López Rabadán a los medios. La legisladora señaló que el debate debía completarse en comisiones y posteriormente en el Pleno. Indicó que la ruta legislativa contempló ajustes pendientes para construir un dictamen consensuado.

La Mesa Directiva remitió a la comisión dictaminadora la minuta de la reunión sostenida con productores agropecuarios de 11 entidades federativas. La presidente explicó que dicho encuentro permitió integrar observaciones de diversos sectores productivos. Añadió que el documento contenía planteamientos que debían añadirse al análisis técnico.

La diputada recordó que hace días se anunciaron más de 50 modificaciones al proyecto original. Señaló que a esas propuestas se sumarían nuevas aportaciones entregadas en la minuta de trabajo. Sostuvo que el predictamen circulado aún experimentaría cambios antes de su presentación formal.

Contrastes y exigencias

López Rabadán afirmó que continuaron las observaciones porque existieron diferencias entre integrantes del sector agrícola. Expuso que algunos representantes solicitaron ajustes específicos sobre el manejo del recurso hídrico. Agregó que estas posiciones contrastadas obligaron a sostener un debate amplio.

La legisladora aseguró que el proceso debía mantenerse abierto para ordenar los cambios necesarios. Destacó que el tema exigió un análisis meticuloso debido a la diversidad de actores involucrados. Precisó que los productores manifestaron inquietudes relacionadas con uso, distribución y acceso al agua.

En su exposición, la diputada subrayó que la reforma afectaría directa e indirectamente a millones de personas. Recalcó que el asunto integró un eje compuesto por agua, tierra y alimentos, con impacto nacional. Indicó que su dimensión social implicó responsabilidad técnica en cada decisión legislativa.

Llamado a responsabilidad

López Rabadán señaló que esperaba sensibilidad de cada legislador ante el peso de la votación. Indicó que cada diputada y cada diputado debía asumir la responsabilidad asociada con el dictamen. Enfatizó que el resultado definiría el rumbo de una ley estratégica para el país.

La presidente explicó que el debate buscó asegurar una norma acorde con la realidad hídrica nacional. Recordó que la distribución del agua debía atender criterios de eficiencia, legalidad y equidad. Precisó que el objetivo final consistió en garantizar un marco regulatorio coherente.

En otro momento, la diputada respondió a preguntas de reporteros sobre las declaraciones atribuidas a “El Chapito” respecto de la entrega de “El Mayo” a autoridades estadounidenses. Señaló que correspondía cuestionar la ausencia de autoridad en los hechos descritos. Interrogó públicamente dónde se ubicaban la autoridad federal, la autoridad estatal y la autoridad municipal. –sn–

Kenia López Rabadán

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Kenia López Rabadán

Maru Campos inaugura exposición militar “La Gran Fuerza de México”

Maru Campos acude como invitada de honor a la inauguración de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”


Por Wendy Araceli Paz | Corresponsal                                                 

La gobernadora Maru Campos acudió como invitada de honor a la ceremonia de inauguración de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, en la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestra a la ciudadanía parte de su equipo y esquema de trabajo.

La exhibición se localiza en la Explanada de la Feria de Santa Rita e incluye demostraciones de las unidades de artillería, aeronáutica, educación, hospitalaria, así como de la Fuerza Aérea, del criadero de ganado en Santa Gertrudis, de la Guardia Nacional, entre otras.

La dinámica permite a la sociedad civil conocer las labores que se realizan durante operativos como el PLAN DN-lll, las unidades de desmantelamiento de explosivos, de búsqueda y la división de canes.

En el marco del inicio del evento, alumnos de diferentes instituciones y autoridades estatales presenciaron las muestras que ofrecieron los miembros de las fuerzas castrenses, representadas por la 5ta Zona Militar y el 23 Batallón de Infantería.

La mandataria estatal presenció el desarrollo de las actividades y en conjunto con los comandantes Felipe González Moreno y Carlos Fortunato, y el Coronel titular de la GN, Williams Conrady Chavarría, cortó el listón inaugural y recorrió la muestra.

Como parte del itinerario dispuesto por la Sedena, se contó con actividades recreativas, exhibiciones estáticas de aeronaves militares, campo de obstáculos, tirolesa, rappel, así como un stand de información sobre el servicio militar, registro y control de armas de fuego.

González Moreno agradeció al Gobierno del Estado por su disposición para la realización de este evento y reiteró el compromiso de las fuerzas armadas, de trabajar juntos para garantizar la seguridad de la sociedad.

En el acto se contó con la presencia del diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado; los secretarios de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez y de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; la representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado y directivos de planteles de Educación Media Superior. –sn–

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Detienen a tres por robo en Gustavo A. Madero

Operativo coordinado permitió ubicar responsables y asegurar objetos robados.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

En un operativo conjunto entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ssc) de Cdmx y operadores del Centro de Comando y Control Norte (C2 Norte), se detuvo a dos hombres y una mujer señalados por despojar de sus pertenencias a un joven. La acción policial se llevó a cabo en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero. Los detenidos fueron identificados tras una alerta emitida mediante el botón de auxilio.

Los hechos se registraron cuando personal del C2 Norte reportó que un joven solicitó apoyo desde una cámara ubicada en la calle Abundio Martínez de la colonia Vallejo. La víctima informó que tres personas lo despojaron de objetos personales en la vía pública. De inmediato se inició un rastreo con videoreplay y monitoreo continuo.

A través de las cámaras se identificó a dos hombres y a una mujer que coincidieron con la descripción proporcionada por la víctima. Los monitoristas observaron que caminaban sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle Poniente 112 en la colonia Panamericana. El avance permitió ubicarlos cuando abordaron un autobús de transporte público.

Los operadores dieron aviso a policías en campo para interceptar la unidad. Los uniformados acudieron al punto señalado y realizaron la intervención con medidas de seguridad previstas en protocolo. La detención tuvo lugar en el interior del camión. –sn–

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Diputados reconocen finanzas sanas en Venustiano Carranza

Reconocen diputados finanzas sanas de la Alcaldía Venustiano Carranza


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, diputados locales felicitaron a la Alcaldesa Evelyn Parra por el manejo responsable de los recursos públicos, al destacar que al cierre de 2026 no existirá subejercicio, en comparación con otras alcaldías que no presentaron información sobre su avance presupuestal, resaltando el rescate de espacios públicos, los diversos programas sociales, el combate a la inseguridad y el orden financiero demostrado.

https://www.instagram.com/p/DRnvNNIjhMM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

La diputada Diana Sánchez Barrios de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente reconoció y aplaudió el gran compromiso de la Alcaldesa con su demarcación al mantener una gestión cercana y efectiva para las familias de Venustiano Carranza.

Por su parte, la diputada Tania Larios del Partido Revolucionario Institucional, felicitó a la edil Parra Álvarez y destacó el cumplimiento del 100% de los programas sociales desde enero, el uso responsable del presupuesto y celebró el impulso al programa Mujeres Emprendedoras, al que calificó como un ejemplo de apoyo directo al desarrollo económico local.

La diputada Luisa Ledezma de Movimiento Ciudadano reconoció los avances en distintas áreas de gobierno y resaltó el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mencionando que el Capítulo 2000 está comprometido al 100%, el Capítulo 3000 al 94% y el Capítulo 6000 al 99%. También destacó los progresos del programa Sembrando Servidores, que ha mostrado resultados tangibles en beneficio de la población.

El diputado Israel Moreno del PVEM dio la bienvenida a la Alcaldesa a la “Casa del Pueblo” y la calificó como una de las mejores gobernantes de la Ciudad de México. De igual forma reconoció los programas sociales en favor de adultos mayores y la recuperación de espacios públicos como acciones que fortalecen la vida comunitaria. Finalmente, la diputada del PAN, América Rangel resaltó el compromiso y los resultados de la Alcaldesa de Venustiano Carranza, al reconocer su labor en la atención a los pueblos indígenas, el manejo responsable del agua y las acciones emprendidas para evitar la chatarrización en la demarcación.

En ese sentido, aunque el techo presupuestal asignado para 2026 es de 3 mil 713 millones de pesos, la Alcaldesa Evelyn Parra ha solicitado una ampliación de 610 millones adicionales con el propósito de fortalecer programas prioritarios y garantizar una mejor atención a la población de Venustiano Carranza. –sn–

Evelyn Parra

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Evelyn Parra

Captura a mujer por extorsión y cobro de piso en Iztapalapa

Autoridades capitalinas ejecutaron una orden judicial y aseguraron a una mujer vinculada a extorsión.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que personal policial de la dependencia realizó trabajos de investigación que concluyeron con la captura de una mujer en Iztapalapa, y detalló que las acciones se efectuaron en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Cdmx. La institución precisó que la orden judicial derivó de denuncias por cobro de piso a comerciantes de la zona norte, y señaló que la detenida fue localizada en inmediaciones de un centro penitenciario de la alcaldía. Autoridades indicaron que la imputada quedó a disposición del juez correspondiente.

Las instituciones capitalinas reportaron que la detención se originó a partir de varias denuncias por extorsión, y explicaron que el grupo involucrado operaba en la zona de Cuautepec en Gustavo A. Madero. Las autoridades mencionaron que la misma organización actuaba también en los límites con Edomex, y subrayaron que existía un patrón delictivo que afectó a comerciantes locales. La SSC indicó que la información reunida permitió trazar la ruta delictiva atribuida a la detenida.

La FGJ indicó que se efectuaron acciones operativas e indagatorias que generaron datos de prueba suficientes, y confirmó que estos elementos fueron presentados ante un juez de control. La autoridad judicial dictó el mandamiento correspondiente tras analizar la evidencia, y determinó que existían elementos para proceder. Las instituciones señalaron que la orden de captura se ejecutó conforme al protocolo.

Avance de la investigación

Personal de la SSC y la FGJ se trasladó a un centro penitenciario en Iztapalapa, y ahí ubicó a la mujer de 43 años. Los agentes informaron sobre la orden judicial, y notificaron a la detenida sus derechos constitucionales. La autoridad afirmó que la imputada quedó bajo resguardo en apego a las disposiciones legales.

Las indagatorias revelaron que la detenida posiblemente pertenecía a un grupo delictivo activo en la zona norte de Gustavo A. Madero, y que operaba también en los límites con Edomex. La investigación señaló que la mujer mantenía vínculo sentimental con el supuesto líder, y que este individuo se encontraba recluido en un penal del oriente capitalino. La carpeta de investigación acreditó que existían nexos entre los integrantes de la organización.

Las autoridades capitalinas subrayaron que el caso permitió afianzar líneas de investigación, y confirmaron que se analizaron patrones señalados por comerciantes de la zona. La SSC afirmó que se revisaron pruebas documentales y testimoniales, y puntualizó que estas referencias coincidieron con el comportamiento atribuido al grupo delictivo. La FGJ sostuvo que los registros contribuían a sustentar el expediente penal. –sn–

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¿La salida de Gertz Manero reconfigura el tablero político y judicial de México?

El fiscal general Gertz Manero, una torre hasta ahora inamovible que sale del tablero político de México.


SN Redacción | EFE

La sorpresiva salida del tablero político de México de Alejandro Gertz Manero con su renuncia este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR), donde encabezó una polémica gestión desde 2019, supone el adiós de un personaje recio, firme y poderoso con una dilatada trayectoria pública.

A Gertz Manero lo propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en enero de 2019 y siguió en el primer año de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, durante casi siete años de mandato señalado principalmente por la falta de resultados en la procuración de justicia, por sus largas ausencias de la escena púbica y por su opacidad y contadas conferencias de prensa.

Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero están una propuesta de eliminar el delito de feminicidio, usar la Fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano y chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Fotografía del 10 de febrero de 2020 del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (i) y el hasta ahora fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero (d). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Además, tuvo bajo su gestión casos relevantes y de interés público como las tramas de corrupción cometidas en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los sobornos de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, un esquema de corrupción que desvió miles de millones de pesos. Sin embargo, no llegó a condenas significativas en ninguno de estos procesos.

De López Obrador al Gobierno de Sheinbaum

Tras su etapa con López Obrador, Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre 2024, le mantuvo en el cargo pero le pidió fortalecer la coordinación entre la Presidencia y la FGR.

Le propuso un acuerdo para reforzar la cooperación entre el Gabinete de Seguridad, que integra a varias agencias de seguridad, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Omar García Harfuch, con quien se le vio más veces en estos últimos 13 meses.

Gertz, quien nació el 31 de octubre de 1939 en Ciudad de México, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una dilatada carrera política, pues fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y el 2000, así como secretario de Seguridad Pública federal bajo la Presidencia del conservador Vicente Fox (2000-2006).

Fotografía de archivo del hasta ahora fiscal general de la República de México, Alejandro Gertz Manero. EFE/ Mario Guzmán

También se desempeñó como diputado federal entre 2009 y 2012 por el extinto partido socialdemócrata Convergencia.

El cambio a Fiscalía

La creación de una Fiscalía General de la República, antes Procuraduría (PGR) ya desaparecida, que fuera independiente del Gobierno, surgió de una reforma constitucional llevada a cabo durante el gobierno Peña Nieto.

https://sociedad-noticias.com/2025/11/27/gertz-manero-presenta-renuncia-al-senado-de-la-republica-se-va-como-embajador/

Aunque por primera vez con Gertz Manero el fiscal no dependería orgánicamente del Ejecutivo federal, como sucedía anteriormente, los partidos de oposición, organizaciones, activistas y opositores criticaron que López Obrador participara en el proceso para su designación y calificaron a Gertz Manero de «fiscal carnal» (fiscal amigo del Gobierno).

El ya ex Fiscal General también ha fungido como vicepresidente y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior (Fimpes), ha sido rector de la Universidad de las Américas y presidente del Consejo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. –sn–

Alejandro Gertz Manero. | EFE/ Mario Guzmán

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Alejandro Gertz Manero. | EFE/ Mario Guzmán

Diputados avalan nueva ley contra extorsión

El Congreso aprobó endurecer sanciones y fijó nuevas obligaciones institucionales. Cámara aprobó endurecimiento penal y Senado consolidó cambios clave.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                     

La Cámara de Diputados aprobó este martes la minuta enviada por el Senado que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y lo hizo tras avalar un esquema que elevó las penas hasta cuarenta y dos años de prisión. El Pleno avaló el proyecto con cuatrocientos nueve votos a favor, treinta y tres en contra y una abstención, lo que confirmó el consenso mayoritario para avanzar en la reforma. Con ello, la aprobación dejó listo el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual quedó pendiente de ser formalizada por la presidente Claudia Sheinbaum.

El dictamen fue retomado tras la discusión iniciada en la Cámara Alta, donde el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, cuestionó la efectividad de agravar castigos como herramienta exclusiva frente a la crisis de seguridad. El legislador rechazó señalamientos de adversarios políticos que acusaron la existencia de “narco gobiernos”, y planteó que la reforma debía analizarse en función del fenómeno criminal. Durante el debate, Monreal sostuvo que la medida representaba un paso relevante para enfrentar un delito de alto impacto.

El coordinador morenista defendió la pertinencia de la reserva que había impulsado en la primera versión de la reforma aprobada en Diputados y explicó los motivos de su planteamiento inicial. También expuso que las modificaciones del Senado obedecieron a la revisión propia de un órgano colegislador. Al cierre del intercambio, afirmó que aceptaría los cambios porque formaba parte de un proceso bicameral.

Cambios en el Senado

Monreal confirmó que se allanaba a la minuta modificada en el Senado, al argumentar que las cámaras funcionan como instancias revisoras entre sí. Indicó que la colegisladora evaluó de manera integral la reserva presentada días antes y determinó ajustar la propuesta original. En su exposición, recordó que su postura garantista no se contraponía con su voto favorable al dictamen.

El Congreso elevó de forma sustancial las sanciones previstas, pues la nueva ley estableció un castigo mínimo de quince años y un máximo de veinticinco años de prisión para las personas sentenciadas por extorsión. Esta decisión amplió los límites penales, ya que el proyecto inicial contemplaba un rango de seis a quince años de cárcel. Los cambios quedaron concentrados en el artículo primero del decreto que creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

Los senadores argumentaron que las penas previstas originalmente podrían favorecer a personas previamente condenadas por este delito, lo que justificó el incremento en los umbrales de prisión. También señalaron que la revisión se realizó para evitar vacíos legales. Con ello, el Congreso cerró la posibilidad de reducciones que alteraran sentencias vigentes.

Nuevas obligaciones

La reforma incorporó por primera vez la obligación de que todas las autoridades actuasen con pleno respeto a los derechos humanos en la investigación y persecución de la extorsión. Este requisito no aparecía en la minuta aprobada inicialmente por la colegisladora. La disposición quedó incluida como principio rector de actuación institucional.

Para fortalecer la respuesta penal, la ley ordenó que las fiscalías federales y locales contasen con unidades especializadas, personal ministerial capacitado y policías evaluados y certificados en delitos de extorsión. El Congreso determinó que estas áreas operaran bajo estándares técnicos reforzados. Hasta su implementación, las unidades encargadas del combate al secuestro asumieron provisionalmente la investigación del delito.

La iniciativa también estableció incrementos de penas en casos agravados, como aquellos en que servidores públicos o autoridades penitenciarias facilitaran condiciones para cometer extorsión. En tales situaciones, se añadió un castigo adicional de tres a cinco años, sumado al rango general de quince a veinticinco años de prisión. El dictamen fijó parámetros específicos para sancionar estas conductas.

Medidas adicionales

El Congreso determinó sanciones para funcionarios responsables de prevención, investigación o administración de justicia que omitieran denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público. Las penas fueron fijadas entre diez y veinte años de cárcel. La medida tuvo como fin cerrar espacios a la impunidad institucional.

El dictamen también contempló castigos de seis a doce años de prisión para quienes introdujeran dispositivos electrónicos capaces de transmitir datos, voz o imagen en centros penitenciarios o de internamiento para menores sin autorización. El Congreso sostuvo que estos equipos podían facilitar la comisión de extorsiones desde reclusorios. La disposición estableció un mecanismo adicional para inhibir operaciones ilícitas internas.

Finalmente, el proyecto precisó que los recursos derivados de decomisos o procedimientos de extinción de dominio vinculados a casos de extorsión se aplicarían preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas. La norma definió este destino como prioridad en el manejo de bienes asegurados. Con ello, la reforma incorporó un enfoque de reparación directa. –sn–

Camara de Diputados

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Camara de Diputados

Ley de extorsión refuerza justicia en México: Arreola Trinidad

El Estado Mexicano aprobó una nueva ley y envió un mensaje contra la extorsión.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada Azucena Arreola Trinidad afirmó en tribuna que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión estableció un límite firme a este delito, e indicó que la aprobación de la minuta se realizó durante la sesión de hoy en el pleno.

La legisladora federal explicó que la norma buscó cerrar espacios legales que facilitaban la operación de grupos dedicados a la extorsión y que afectaban a miles de personas en el país. La representante chiapaneca señaló que la reforma se integró a una estrategia nacional orientada a restituir la seguridad pública.

La diputada Azucena Arreola Trinidad aseguró que con esta legislación se recuperaría la tranquilidad del pueblo de México, al definir mecanismos que reforzaron la actuación de las autoridades competentes. Relató que comerciantes, transportistas y víctimas directas expresaron su exigencia de contar con instrumentos legales sólidos para enfrentar a los responsables. Indicó que la norma respondió a esa solicitud reiterada en distintos espacios institucionales.

La legisladora puntualizó que la ley incorporó veinte modificaciones distribuidas en quince artículos y un transitorio considerado clave para su implementación. Añadió que las disposiciones fortalecieron las sanciones aplicadas a quienes cometieron este delito y limitaron posibles prácticas evasivas ante la autoridad judicial. Subrayó que el marco legal se actualizó para impedir ventajas jurídicas que favorecieran a grupos delictivos.

Reformas y penas más severas

La diputada explicó que las penas aumentaron a rangos de quince a veinticinco años de prisión con el propósito de evitar que personas sentenciadas obtuvieran beneficios de libertad anticipada. Detalló que la reforma buscó romper incentivos que facilitaron el crecimiento de la extorsión en varios estados del país. Indicó que estas penas se homologaron con entidades que ya aplicaban sanciones de entre diez y quince años.

Señaló que algunas legislaciones locales mantenían castigos reducidos pese a la gravedad del delito y que la reforma federal corrigió estas disparidades. Apuntó que el mensaje de la minuta fue claro al cancelar la percepción de que la extorsión representaba un negocio de bajo riesgo para los responsables. Añadió que las penas efectivas se ajustaron para asegurar su cumplimiento sin excepciones.

La legisladora precisó que el cambio legal blindó el objetivo central de homologar castigos e impedir la liberación anticipada de personas sentenciadas por extorsión. Expuso que las medidas reforzaron el trabajo institucional para impedir que los responsables evadieran sus condenas por vacíos procesales. Sostuvo que el nuevo marco normativo cerró rutas de escape utilizadas por operadores delictivos.

Responsabilidad institucional y centros penitenciarios

Indicó que la reforma restableció sanciones severas dirigidas a servidores públicos vinculados con actos de corrupción relacionados con la extorsión. Explicó que diversas autoridades, entre ellas algunos fiscales, agentes del Ministerio Público, custodios y policías de distintos niveles, quedaron sujetas a controles más estrictos. Añadió que la norma buscó eliminar prácticas de omisión que facilitaron este delito durante años.

La legisladora exigió el fin de la complacencia institucional que permitió la repetición de actos delictivos en varias regiones del país. Recordó que numerosas extorsiones se realizaron desde el interior de centros penitenciarios y reclusorios, lo que evidenció fallas estructurales en los mecanismos de vigilancia. Expuso que la minuta planteó medidas específicas para atender este fenómeno.

Detalló que la ley endureció penas para quienes introdujeron dispositivos, facilitaron telecomunicaciones clandestinas o permitieron estas actividades desde cargos penitenciarios. Añadió que se estableció el uso obligatorio de inhibidores de señal en los centros de reclusión con el objetivo de evitar comunicaciones ilícitas. Indicó que también se impidió que personas que extorsionaron desde prisión accedieran a beneficios de preliberación. –sn–

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«Es irresponsable» Grecia Quiroz al pedir investigar a Godoy y a Morón: Fernández Noroña

Noroña cuestiona acusaciones en Uruapan. Introducción sobre tensión política y señalamientos en Michoacán. Noroña rechaza versión de alcaldesa.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El senador Gerardo Fernández Noroña criticó que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, señalara a Leonel Godoy y Raúl Morón como posibles involucrados en el asesinato de Carlos Manzo ocurrido el 1 de noviembre. El legislador afirmó que las acusaciones se emitieron sin sustento verificable. También sostuvo que los señalamientos alteraron el clima político del estado.

En una transmisión difundida por Facebook, Fernández Noroña consideró irresponsable que Quiroz solicitara investigar a los dos militantes de Morena. El senador afirmó que esta solicitud respondió a intereses políticos particulares. Además indicó que la declaración modificó la discusión pública sobre el caso.

El legislador afirmó que la postura de Quiroz buscó un posicionamiento con miras a un futuro proceso electoral. En su mensaje sostuvo que la alcaldesa utilizó el caso para obtener ventaja política. También aseguró que el comentario incidió en las dinámicas internas del partido.

Ambiciones políticas señaladas

“Se los firmo, va a ser candidata. De ahí a que nos gane, hay un mar de distancia. Pero es evidente que ya está en esa línea”, declaró Fernández Noroña en su transmisión. El legislador señaló que la mención reflejó una ruta personal de búsqueda de la gubernatura. También expuso que el mensaje logró atención nacional.

En este contexto, el senador afirmó que la oposición al movimiento oficial apoyaría a Quiroz ante dicho escenario. El legislador sostuvo que las fuerzas contrarias requerían figuras con respaldo social para sus estrategias. Asimismo puntualizó que este respaldo podría alterar la correlación política estatal.

El 6 de noviembre, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo. El hecho ocurrió en una plaza pública durante el Festival de las Velas celebrado por el Día de Muertos. Las autoridades registraron la agresión como parte de un ataque directo.

Violencia en Michoacán

El asesinato de Manzo se inscribió en un periodo de incremento de violencia en Michoacán. El mismo lapso incluyó el homicidio del líder citrícola Bernardo Bravo, quien contaba con escoltas por amenazas del crimen organizado. Ambos casos evidenciaron presiones persistentes en la seguridad local.

Tras el asesinato de Manzo, miles de personas se movilizaron en Uruapan para exigir justicia. Las manifestaciones ocuparon calles del municipio y reclamaron acciones inmediatas. Diversos colectivos solicitaron esclarecer la participación de los agresores.

Hasta el momento, las autoridades informaron sobre la detención de nueve personas relacionadas con el homicidio. Entre los arrestados se encontraron escoltas del exedil, quienes habrían asesinado al atacante pese a estar sometido. La investigación determinó que este hecho requirió revisión adicional por parte de la fiscalía estatal. –sn–

Gerardo Fernandez Noroña

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Gerardo Fernandez Noroña

Desalojan Secretaría por amenaza de bomba en Chihuahua

Amenaza de bomba provoca desalojos y cierre de calles céntricas.


Por Wendy Araceli Paz | Corresponsal                                                 

Derivado de una amenaza de bomba en la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno estatal, fue desalojado el recinto y toda la cuadra de la Victoria, así como parte del primer cuadro de la ciudad. Pasadas las 11:00 horas de este martes, se recibió el reporte de un supuesto artefacto explosivo en el edificio público y se procedió al desalojo inmediato. Autoridades locales activaron protocolos de seguridad ante la alerta y notificaron a la ciudadanía.

A la par del edificio de la Secretaría de la Función Pública, fue desalojado también el de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (COESVI) y los negocios aledaños, incluido el Casino de Chihuahua. Los locales comerciales desalojados se ubicaron en la manzana comprendida por las calles Victoria, Aldama, Quinta y Séptima, en el primer cuadro de la ciudad. Personal de seguridad y de emergencias colaboró para garantizar que no hubiera riesgo para las personas presentes.

El desalojo generó cierre total de la circulación peatonal sobre la calle Victoria y sectores aledaños. Los trabajadores desalojados permanecieron fuera de los edificios mientras autoridades revisaban las instalaciones. Equipos de bomberos, seguridad pública municipal y policía estatal efectuaron inspecciones exhaustivas sin hallar artefactos sospechosos.

Revisión de instalaciones

Personal especializado recorrió todas las áreas de la SFP y COESVI para descartar riesgos de explosivos. Se utilizaron equipos de detección y protocolos de revisión de seguridad, incluyendo inspecciones visuales y técnicas. Las revisiones se extendieron a negocios y espacios públicos cercanos, priorizando la seguridad de la ciudadanía.

El operativo implicó presencia constante de policías estatales y municipales, coordinados con personal de protección civil. Se aseguró un perímetro de seguridad mientras se evaluaban las amenazas reportadas. –sn–

Personas desalojadas

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Personas desalojadas

Acción Nacional presenta denuncia por violencia en marcha del 15N

Investigación solicitada y agresiones denunciadas.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y pidió el esclarecimiento de los hechos relacionados con la violencia ocurrida en la marcha de la Generación Z realizada el 15 de noviembre en el Zócalo capitalino. La dirigencia panista informó que la denuncia se dirigió contra quien resultara responsable por las agresiones registradas ese día. El partido señaló que la marcha se desarrolló con participación de jóvenes que asistieron a la movilización.

El presidente nacional Jorge Romero afirmó que “el 15-N no se olvida” y expuso que el objetivo de la denuncia fue solicitar una investigación exhaustiva sobre la actuación de los grupos involucrados. Indicó que el análisis jurídico debía determinar quién ordenó la violencia contra los participantes. Precisó que los hechos documentados incluyeron agresiones directas contra jóvenes que se manifestaron.

“Es una denuncia de hechos para quien resulte responsable por la violencia que existió en la marcha del 15-N. ¿Quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes? Porque eso es un delito, el delito de lesiones y el delito incuestionable de abuso de autoridad”, señaló Romero. El dirigente explicó que la denuncia tenía sustento en pruebas entregadas a la FGR. También mencionó que el partido daría seguimiento al proceso legal.

Investigación solicitada

En conferencia de prensa desde las oficinas de la FGR, Jorge Romero Herrera afirmó que el 15 de noviembre permanecería como referencia por la represión ejercida contra los jóvenes manifestantes. Explicó que la jornada incluyó el uso de fuerza contra asistentes a la movilización. Aseguró que los hechos debían ser investigados por autoridades federales.

“El 15-N no se olvida y estamos haciendo una llamada de alerta para que en México no permitamos la represión con violencia. Y si hicieron lo que hicieron, es precisamente para impedir que más personas se animen a manifestarse”, expresó Romero. El dirigente subrayó que la denuncia pretendía evitar la repetición de acciones similares. Agregó que el PAN documentó cada incidente reportado.

El abogado panista Roberto Gil Zuarth explicó que la denuncia se presentó ante la FGR para activar la competencia federal en investigaciones relacionadas con posibles violaciones a la libertad de expresión y a derechos fundamentales. Expuso que la presencia de grupos violentos debía ser esclarecida. Señaló que los incidentes revelaron una operación organizada.

Responsabilidades y actores

“Alguien está detrás de estos grupos que causan violencia en la Ciudad de México. Alguien los organiza, alguien los lidera, alguien los financia, alguien los recluta, alguien les da instrucciones y lo que estamos viendo es que su modo de operación es precisamente en el contexto social, de la movilización pacifica de las y los mexicanos. ¿Qué pedimos? Que le quiten la capucha a los violentos, que le quiten la capucha a sus jefes, que le quiten la capucha a la manera que reclutan a nuestros jóvenes para causar daños a otros jóvenes. Muchas explicaciones nos deben la Fiscalía de la Ciudad de México porque no es la primera vez que estos grupos violentos participan en la ciudad de México”, declaró Gil Zuarth. El abogado detalló que esta estructura debía ser investigada en todos sus niveles. Afirmó que los hechos mostraron un patrón de actuación.

Gil Zuarth advirtió que esos grupos buscaban inhibir la protesta social en el futuro. Mencionó que las acciones documentadas tenían el propósito de generar temor entre la población joven. Consideró que la movilización pacífica del 15 de noviembre resultó afectada por esos grupos.

“Que nos de miedo salir a expresarnos, que nos de miedo tomar la calle para reflejar una indignación, que nos de miedo que nuestros jóvenes, que nuestros hijos salgan a la calle a decir que los están matando, que quieren empleo, trabajo, trasporte público y buena calidad de vida”, afirmó Gil Zuarth. Relató que los testimonios reunidos reforzaron esa versión. Indicó que la denuncia presentada incluía estos elementos. –sn–

Sociedad Noticias

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Integrantes de Acción Nacional presentan denuncia

Urgen penas máximas contra reclutamiento de menores por el crimen organizado: Mejía Berdeja

Ponerle un alto al número de reclutamiento forzado de jóvenes por parte de organizaciones del crimen organizado. Jóvenes de entre 14 y 20 años son quienes han sido detenidos tras participar en homicidios, “halconeo” o secuestros.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja propuso una reforma legal para establecer penas más severas y cárcel obligatoria para quienes capten, enganchen o utilicen a personas menores de edad en actividades delictivas.

“El reclutamiento forzado de nuestros jóvenes debe castigarse con la pena máxima. Los criminales se aprovechan de redes sociales falsas, anuncios de empleo inexistentes, amenazas, represión y adoctrinamiento para obligarlos a participar en actividades ilícitas. Necesitamos mayor cercanía de los padres con sus hijos, pero también sanciones ejemplares para quienes destruyen vidas a través de estas prácticas”, expresó a través de un video en redes sociales.

El legislador Mejía Berdeja –ex subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal— resaltó que se necesita armonizar el marco legal para ponerle un alto al alarmante número de reclutamiento forzado de jóvenes por parte de organizaciones del crimen organizado, fenómeno que se ha convertido en un eslabón clave para la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, secuestro, narcomenudeo y cobro de piso.

Halconeo” o secuestros

Ante el asesinato reciente del edil de Uruapan, Michoacán, ejecutado por un joven de 17 años el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) recordó que en entidades como Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Durango, se registra un número alarmante de jóvenes de entre 14 y 20 años quienes han sido detenidos tras participar en homicidios, “halconeo” o secuestros, todos ellos reclutados por medio de ofertas falsas de empleo, videojuegos en línea o redes sociales manipuladas.

Menor sicario

En este sentido, el legislador coahuilense Ricardo “El Tigre” Mejía sostuvo que la falta de una legislación contundente facilita que grupos criminales recurren cada vez más a menores y jóvenes, tanto por su vulnerabilidad como por los vacíos legales que los utilizan como “carne de cañón” sabiendo que, en muchos casos, recibirán penas menores.

El parlamentario Mejía Berdeja enfatizó que con penas más elevadas y una tipificación clara del reclutamiento forzado, muchos de los crímenes recientes cometidos por jóvenes —la mayoría actuando bajo coerción o engaño— podrían haberse evitado.

Reclutan a menores

“Debe castigarse de manera firme y sin ambigüedades a quienes reclutan a menores. La impunidad incentiva la repetición. No debemos permitir que nuestros jóvenes sigan siendo utilizados como herramientas del crimen”, señaló.

Mejía Berdeja, también presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, explicó que la iniciativa podría tipificar que el reclutamiento forzado debe definirse como un delito autónomo; contemplar una pena máxima para quien reclute, obligue o utilice a jóvenes en actividades criminales; precisar, además, agravantes cuando el reclutador sea menor de edad o se utilicen redes sociales, engaños laborales o amenazas.

Reclutar jóvenes

El diputado federal, Ricardo “El Tigre” Mejía resaltó que esta reforma no solo busca castigar, sino disuadir, “si los criminales saben que reclutar jóvenes les costará décadas en prisión, dejarán de utilizarlos como herramientas para generar violencia”.

En este sentido, el político coahuilense pidió a las familias mexicanas reforzar la comunicación con sus hijos y a la sociedad mantenerse alerta ante prácticas de captación en redes sociales. –sn–

Ricardo Mejia Berdeja

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Ricardo Mejia BerdejaMenor sicario

La FGR logra sentencia y confirma responsabilidad criminal contra grupo criminal

La FGR informa resolución judicial por secuestro y delincuencia organizada.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra cuatro individuos vinculados con delitos de secuestro, entre ellos, a una persona ligada a la familia de Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial.

La acción ocurrió tras una investigación coordinada entre la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de México. Las autoridades federales confirmaron que el caso se derivó de hechos registrados hace más de una década.

En 2012, los agentes federales capturaron a Leonardo “S”, José “R”, Ricardo “S” y Alejandro “R” en territorio mexiquense. Los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como Altiplano. Las investigaciones determinaron que los implicados operaban como parte de una célula delictiva dedicada al secuestro en la Cdmx y el Estado de México.

El Ministerio Público de la Federación integró las pruebas necesarias para acreditar los delitos ante la autoridad judicial. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México emitió su resolución después de revisar las actuaciones ministeriales. Los dictámenes periciales y testimonios fueron incorporados como elementos determinantes durante la audiencia.

Sentencia en proceso federal

La resolución estableció que Leonardo “S” recibió una condena de 58 años de prisión y José “R” obtuvo una pena de 57 años. Ambos fueron declarados responsables de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro y portación de arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas. Las sanciones incluyeron multas superiores a 250 mil pesos por cada procesado.

En el mismo fallo, la autoridad judicial impuso penas de 54 años de prisión a Ricardo “S” y Alejandro “R”. Los dos fueron considerados responsables de delincuencia organizada y secuestro en agravio de dos víctimas. Las multas económicas se fijaron conforme a los cargos acreditados en la causa penal.

Las autoridades informaron que los sentenciados fueron asignados a distintos centros penitenciarios. El traslado respondió a criterios de seguridad y clasificación interna del sistema federal. Cada recluso quedó bajo custodia conforme a las disposiciones legales vigentes.

Antecedentes y vínculos

La FGR precisó que la célula desarticulada formó parte de un grupo que operaba en varias zonas urbanas. Las indagatorias señalaron que existían vínculos entre los procesados y otras personas detenidas previamente por delitos similares. La identificación plena permitió consolidar la imputación contra los cuatro acusados.

Entre los acusados se ubica a Leonardo Sales Andrade, conocido como “El Tolmex”. Esta persona enfrentó cargos adicionales en procedimientos anteriores. De acuerdo con los expedientes, se presume que mantenía una relación con Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien ya contaba con sentencia firme. –sn–

Fiscalia General de la Republica (FGR)

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Fiscalia General de la Republica

Condenan a ex director de la policía de Acambay

Fiscalía del Edomex obtuvo condena y excomisario acumuló procesos.


Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

El operativo denominado Operación Enjambre registró una nueva condena luego de que la Fiscalía del estado de México informó que logró un fallo por extorsión contra el ex comisario Eulises González Hernández. La autoridad estatal señaló que el proceso avanzó conforme a las pruebas recabadas. También indicó que la investigación integró declaraciones y análisis periciales.

El juez responsable del caso emitió el fallo de condena tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía mexiquense. La autoridad judicial fijó para el viernes 21 de noviembre la audiencia de individualización de sanciones. El expediente quedó bajo supervisión del Poder Judicial estatal.

Las instituciones investigadoras precisaron que la resolución formó parte del conjunto de acciones abiertas dentro de la Operación Enjambre. La Fiscalía detalló que la carpeta incluyó delitos cometidos presuntamente en Acambay. El Ministerio Público reiteró que mantuvo seguimiento en cada una de las líneas de investigación.

Investigación del caso

Las indagatorias establecieron que en junio de 2024 Eulises González Hernández contrató a varias personas para trabajos diversos. Para agosto de ese mismo año, les ordenó vigilar una pollería en Acambay y ejecutar el “levantamiento” del dueño del establecimiento. La Fiscalía señaló que esa instrucción constituyó el inicio del delito investigado.

El excomisario entregó armas de fuego a las víctimas para la ejecución del ilícito. Las personas contratadas se negaron a acatar las órdenes al identificar el carácter delictivo de la instrucción. Según la carpeta, el excomisario los amenazó con enviarlos a prisión y causar daño a sus familias.

Las autoridades documentaron testimonios y pruebas que confirmaron la coerción ejercida por el excomisario. El expediente integró registros sobre los roles asignados por el acusado. Asimismo, la Fiscalía indicó que estos elementos resultaron determinantes para sostener la acusación.

Antecedentes penales

La Fiscalía del Estado de México recordó que Eulises González Hernández ya contaba con una sentencia previa de 68 años y 6 meses por desaparición forzada. Ese caso se relacionó con el excomisario de Seguridad Pública de Temascalcingo Agustín “N” y su escolta Juan Carlos “N”. La autoridad señaló que la nueva condena se sumó al historial delictivo del acusado.

El Ministerio Público registró que los hechos previos también formaron parte de investigaciones amplias sobre abusos cometidos por mandos policiales. La institución detalló que ambos casos implicaron uso de autoridad y violencia. Los expedientes permanecieron en seguimiento dentro del programa estatal de control interno.

La Fiscalía mexiquense reiteró que las sentencias acumuladas mostraron la gravedad de los hechos. Las autoridades indicaron que las resoluciones se obtuvieron mediante procedimientos formales. Los jueces resolvieron con base en pruebas verificadas. –sn–

Eulises González Hernández

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Eulises González Hernández

Desarticulan banda dedicada al robo de carga en Tultitlan y Tlalnepantla

Autoridades mexiquenses desarticularon una banda y recuperaron mercancía robada.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ingresó al penal de Tlalnepantla a Bernabé “N”, Carlos “N” y Óscar Uriel “N”, quienes fueron investigados por secuestro exprés con fines de robo en agravio de un chofer y un custodio. La institución señaló que las víctimas trasladaban mercancía de Nike hacia una tienda departamental cuando fueron interceptadas. La autoridad precisó que los hechos ocurrieron en un tramo de la avenida Mexiquense en Tultitlán.

De acuerdo con la investigación del Agente del Ministerio Público (AMP), las víctimas operaban dos vehículos: un camión tipo Torton con calzado y ropa deportiva y un automóvil marca Chevrolet que funcionaba como unidad de custodia. El expediente estableció que los implicados viajaban en otra unidad desde la cual bloquearon el paso y sometieron a los trabajadores. El Ministerio Público confirmó que el objetivo fue despojar a los operadores de los vehículos y de la mercancía.

La autoridad detalló que los sujetos actuaron en coordinación con dos individuos que huyeron antes del despliegue policiaco. Las víctimas fueron privadas de la libertad mientras los responsables trasladaron el cargamento hacia otra zona del Valle de México. El informe indicó que el operativo de búsqueda comenzó minutos después del alertamiento emitido por personal de seguridad privada.

Detención y recuperación de mercancía

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron detener a los implicados en la colonia 10 de Abril, en Naucalpan. Los uniformados localizaron un vehículo distinto al utilizado en el asalto, el cual transportaba la mercancía robada. Las autoridades confirmaron que el chofer y el custodio fueron liberados sin lesiones graves.

La SSEM informó que el cargamento sustraído tenía un valor aproximado de 1.5 millones de pesos. El camión Torton con mercancía fue localizado en Tepotzotlán y recuperado por las autoridades estatales. En el sitio del asalto fue hallada la unidad de custodia sin objetos de valor.

La Fiscalía mexiquense indicó que los detenidos fueron remitidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. El informe precisó que quedaron a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica. La dependencia subrayó que los tres hombres debieron ser considerados inocentes hasta que existiera una sentencia condenatoria. –sn–

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