En Chihuahua, productores reclaman inequidad fiscal
Campesinos denunciaron rezago financiero y acusaron bloqueos oficiales.
Por Wendy Araceli Paz | Corresponsal
Los integrantes del sector primario del estado afirmaron que la Federación devolvió solo una fracción de los recursos fiscales recaudados, y señalaron que esta situación afectó áreas estratégicas para Chihuahua. Los voceros expusieron que “por cada cien pesos que se recaudan aquí, nos regresan dos”, y subrayaron que esta cifra representó un retroceso para la operación estatal. También indicaron que el reparto presupuestal redujo apoyos esenciales para salud, agricultura y carreteras.
Según testimonios recogidos durante el paro nacional en el tramo carretero de Chihuahua a Delicias, los participantes indicaron que únicamente 200 millones de pesos de impuestos mineros llegaron al estado como recurso directo. Los manifestantes sostuvieron que esta cantidad no correspondió con el volumen de actividad económica generada por Chihuahua, y señalaron que eso provocó inconformidad en comunidades productivas. Los involucrados aseguraron que esta situación creó tensiones con autoridades federales.
Voceros señalaron que el Frente Campesino Unido reunió a mineros, agricultores, campesinos y ganaderos, y relataron que “dicen que no estamos organizados, pero lo que realmente quieren es desmovilizarnos”. Indicaron que la suma de sectores fortaleció la protesta, y afirmaron que esto provocó incomodidad en autoridades. Los representantes señalaron que el paro reflejó unidad territorial.
Bloqueos en la capital
Los participantes denunciaron bloqueos durante una convocatoria nacional realizada en el Zócalo capitalino, y explicaron que el acceso estuvo concentrado únicamente por la calle 5 de Mayo. Los involucrados relataron que “cerraron todo. Todo el Zócalo. Solo dejaron un paso y justo ahí colocaron a los provocadores”, y señalaron que esto generó tensión en el contingente. Testigos afirmaron que la medida provocó enfrentamientos.
Personas identificadas como integrantes del sector ganadero fueron señaladas por iniciar agresiones contra jóvenes que intentaban ingresar, y mencionaron que el gobierno aseguró que ese grupo “ya no existen”. Los testigos relataron que “los golpearon, los arrinconaron, y ahora los jóvenes son los criminalizados”, y explicaron que las acusaciones oficiales elevaron la confrontación. Los participantes señalaron que los hechos ocurrieron ante vigilancia institucional.
Agricultores y empresarios afirmaron que la criminalización formó parte de una estrategia para inhibir la participación ciudadana, y señalaron que “hoy los señalan como agitadores, cuando lo único que hicieron fue intentar ejercer su derecho a manifestarse”. Indicaron que esta situación complicó los procesos de diálogo. También señalaron que la protesta reflejó tensiones acumuladas.
Inconformidad por importaciones
Los inconformes afirmaron que el conflicto incluyó el malestar generado por políticas que favorecieron la entrada de productos cárnicos de Brasil y otros países, y denunciaron desplazamiento de la producción nacional. Los participantes señalaron que “mientras nosotros producimos carne de primera, dejan entrar carne extranjera sin controles claros”, y explicaron que esa medida afectó al sector pecuario. También reclamaron que la política pública debilitó la producción local.
Los participantes criticaron la dependencia de alimentos importados y advirtieron riesgos para la soberanía alimentaria, y relataron que “un país que no produce su propio alimento está destinado a la pobreza. Así de simple”. Señalaron que el caso de Cuba fue usado como referencia por varios productores. También explicaron que México vivió un proceso similar de reducción agrícola.
Representantes del sector aseguraron que la prioridad gubernamental otorgó agua a industrias y cervecerías, y mencionaron que esta decisión afectó a agricultores. Indicaron que “prefieren importarle la lechuga y el maíz a Estados Unidos —que allá están subsidiados— en lugar de apoyar al productor local”, y relataron que esta situación impactó cultivos básicos. También afirmaron que la medida favoreció a grupos económicos específicos.
Tensiones crecientes
Los participantes mencionaron presuntos vínculos políticos que influyeron en decisiones sobre producción y distribución de recursos, y explicaron que esta situación generó malestar en diversos sectores. Señalaron que el descontento alcanzó a empresarios, campesinos, jóvenes y adultos mayores, y relataron que “este rechazo va a llegar”. Los involucrados afirmaron que la inconformidad tuvo un carácter amplio.
Representantes estatales denunciaron que la centralización afectó a Chihuahua y a otras entidades productoras, y explicaron que estas regiones sostuvieron una parte importante del PIB nacional. Voceros señalaron que “cuando dicen que el campo está subsidiado mienten”, y afirmaron que los productores mantuvieron la cadena alimentaria sin recibir recursos proporcionales. Los testimonios indicaron que esto afectó la operatividad estatal.
Los inconformes advirtieron que el modelo vigente provocaría un deterioro irreversible de la producción local, y señalaron que “si dejamos de producir frijol, maíz, carne, hortalizas… ¿qué sigue?”. Explicaron que la dependencia de importaciones incrementó riesgos para la soberanía alimentaria, y denunciaron un retroceso en el apoyo institucional. También mencionaron que el campo enfrentó condiciones adversas. –sn–
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