Los desalojos forzados y la criminalización de la falta de vivienda son políticas que dañan profundamente a las personas sin hogar. No resuelven el problema, lo profundiza. Estos operativos de «limpieza» —ejecutados por municipios y policías— buscan desaparecer a las personas en situación de calle de los espacios públicos, priorizando los intereses económicos por sobre la salud y bienestar de la comunidades.

Cada allanamiento y desalojo con maquinaria pesada, desplazamiento forzado y tratamiento involuntario genera un profundo trauma, pérdida de documentos, medicamentos, herramientas de trabajo, rompe vínculos comunitarios y redes de apoyo, aumentan las emergencias de salud y muertes.

A pesar de los discursos de «seguridad» de municipalidades y autoridades que estigmatizan a las personas sin hogar, estas acciones responden a intereses turísticos, inmobiliarios y económicos. Muchos de quienes apoyan los desalojos están a un paso de estar en la misma situación por pérdida de empleo, emergencias médicas o alzas de los precios.

La solución es vivienda para todos. No más desalojos, no más policías, no más cárceles. No pueden seguir ocultando a las personas sin hogar pretendiendo que no existen, ni negándose a cuestionar la mercantilización de un derecho básico como la vivienda y las soluciones parches de los albergues temporales.

Toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Hasta que este derecho no sea realidad, tenemos que detener los desalojos forzados, detener el daño sistemático y las muertes en nuestras comunidades, además de erradicar las políticas que persiguen, criminalizan y destruyen vidas.

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