Ocuilan enfrenta crisis política y corrupción
Ocuilan vive corrupción municipal y violencia política en medio de abandono institucional.
Por Mireya Estrada | Corresponsal
El municipio de Ocuilan, enclavado en el sur del estado de México, atravesó una crisis. Escándalos de corrupción, violencia política y abandono institucional marcaron su historia reciente. La demarcación se convirtió en un foco de atención estatal en 2025.
En junio, vecinos de 44 comunidades salieron a manifestarse contra autoridades locales. Exigieron cárcel a responsables de más de 15 obras públicas inconclusas. Denunciaron que se desviaron recursos por más de 20 millones de pesos.
Las obras señaladas incluyeron módulos de policía, caminos y pavimentaciones comunitarias. Pese a que fueron presupuestadas y en algunos casos pagadas, quedaron abandonadas. Habitantes reclamaron la omisión y exigieron sanciones contra los responsables municipales.
Servicios y abandono
El gobierno local encabezado por Juan Gordillo Abundis mostró falta de disposición. No presentó soluciones ni acciones concretas para concluir los proyectos comunitarios. Ciudadanos señalaron deficiencias en servicios básicos y falta de respuesta institucional.
Entre las quejas figuraron ausencia de recolección de basura, inseguridad y deterioro urbano. También se documentaron casos de trabajadores municipales que no recibieron salarios. Las denuncias formaron parte de un panorama general de abandono administrativo.
La violencia se sumó a la crisis con un ataque armado en el centro. El hecho ocurrió frente al Palacio Municipal, dejando dos funcionarios asesinados. Las víctimas fueron el primer regidor Alejo Cedillo y el secretario técnico Luis López Cedillo.
Autoridades atribuyeron el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación, según reportes iniciales. El gobierno estatal anunció refuerzos de seguridad en la región boscosa. Sin embargo, habitantes aseguraron que la presencia oficial se mantuvo prácticamente ausente.
Escándalos financieros
A la situación se agregó un presunto desvío de 15 millones de pesos. Los señalados fueron el exalcalde Wilfrido Pérez Segura y el tesorero Arturo Vázquez Gutiérrez. Justificaron irregularidades con supuestos aumentos de sueldo a síndicos y regidores.
Las denuncias sobre dicho desvío no derivaron en investigaciones judiciales inmediatas. Organizaciones vecinales criticaron la falta de sanciones a los implicados. La ausencia de procesos reforzó el sentimiento de impunidad en la demarcación.
En paralelo, trabajadores municipales protestaron en el Palacio de Gobierno estatal. Exigieron aguinaldos, salarios atrasados y primas vacacionales pendientes. La manifestación exhibió la magnitud de la crisis financiera en Ocuilan.
Al menos 300 empleados participaron en la protesta registrada en Toluca. Portaron pancartas y entregaron oficios a autoridades estatales competentes. Demandaron pagos inmediatos y garantías laborales ante el incumplimiento reiterado del ayuntamiento.
Riesgo para la gobernabilidad
La crisis de Ocuilan reflejó el deterioro institucional en municipios del Estado de México. La combinación de violencia, corrupción y abandono configuró un escenario crítico. Vecinos afirmaron que la vida pública se transformó en un entorno de miedo.
La falta de autoridad clara propició conflictos entre partidos y grupos comunitarios. La tensión se expresó en bloqueos, manifestaciones y denuncias mediáticas. Organizaciones sociales reclamaron mayor vigilancia sobre presupuestos municipales.
El caso de Ocuilan evidenció vacíos legales en materia de fiscalización. Expertos señalaron discrecionalidad en el manejo de recursos municipales. Subrayaron que las auditorías tardías favorecieron la impunidad en gobiernos locales.
El municipio fue señalado como ejemplo de crisis en la gobernabilidad. La corrupción administrativa y la violencia política pusieron en riesgo la estabilidad. Además, se documentaron agresiones contra periodistas que cubrían el conflicto local. –sn–
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