Congreso capitalino paga sobreprecio en impresiones
El Congreso de la Cdmx destinó 1.6 millones de pesos al arrendamiento de impresoras con tarifas elevadas.
Por Fausto Hernández | Reportero
El Congreso de la Ciudad de México formalizó un contrato por 1 millón 696 mil pesos bajo el argumento de que el servicio era necesario para el desempeño de sus funciones. El acuerdo incluyó el arrendamiento de impresoras y equipos multifuncionales con vigencia hasta diciembre de 2025. El documento, identificado como OM/DGAJ/DCVO/LPN/IIIL/I-40/2025, fue firmado en abril pasado y asignó recursos públicos a una empresa de servicios tecnológicos para cubrir las necesidades de copiado, impresión y escaneo.
Aunque el contrato estableció la renta de equipos, no precisó el número de unidades ni los modelos suministrados a los distintos inmuebles del Congreso. Sí se indicó que fueron distribuidos entre las sedes de Donceles y Allende, Plaza de la Constitución número 7, Juárez 60, Allende 8 y Gante 15, donde se concentran diversas áreas administrativas y legislativas. Los reportes oficiales mostraron que el servicio se implementó de manera simultánea en todos los recintos.
El monto global de 1 millón 696 mil pesos cubrió un máximo de 633 mil servicios de impresión, copiado y escaneo, de los cuales 211 mil correspondieron a impresiones y 422 mil a digitalización de documentos. Al dividir el costo total, cada servicio alcanzó un valor de 2.6 pesos por unidad, superando ampliamente los precios de papelerías convencionales o cadenas de suministro de material de oficina.
Tarifas superiores al mercado
En zonas escolares o de alta demanda, los precios de impresión o copiado por volumen oscilaban entre 20 y 35 centavos, y en establecimientos menores entre 50 centavos y un peso. Sin embargo, el Congreso pagó más del doble de esas tarifas sin justificación técnica documentada. El contrato tampoco incluyó un desglose del tipo de mantenimiento, reposición de tóner o asistencia técnica considerada dentro del servicio contratado.
Fuentes del área administrativa del Congreso indicaron que la contratación se realizó bajo el esquema de licitación pública y que los pagos fueron calendarizados en tres periodos bimestrales durante 2025. Los informes de transparencia muestran que la empresa adjudicada presentó las cotizaciones más bajas entre las concursantes, aunque los costos unitarios finales resultaron más altos que los precios promedio del mercado.
El acuerdo estableció penalizaciones en caso de fallas prolongadas en los equipos, pero no se precisaron mecanismos de verificación sobre la calidad del servicio. Hasta septiembre, los reportes internos no registraron incidencias, aunque no se ha realizado una auditoría externa que verifique la proporción entre los costos y el número real de impresiones efectuadas.
Falta de transparencia en la información
El contrato tampoco especificó el procedimiento de cálculo para determinar el número estimado de servicios incluidos en la cobertura anual. Los documentos públicos disponibles no contienen un inventario detallado de los equipos ni los criterios que sustentaron la elección del proveedor. La Unidad de Transparencia del Congreso solo informó que el expediente fue clasificado parcialmente por contener información técnica.
De acuerdo con registros de contrataciones anteriores, el Congreso de la Cdmx había pagado montos menores por servicios similares en 2022 y 2023. En esos ejercicios, los precios unitarios se mantuvieron en un promedio de 1.2 pesos por copia o escaneo, lo que representa una diferencia significativa respecto del costo actual. Ningún documento justifica el incremento.
El área de Recursos Materiales justificó la licitación como parte de un programa de modernización administrativa. Según el texto del acuerdo, el servicio buscaba garantizar el funcionamiento continuo de las áreas legislativas y reducir los tiempos de espera en trámites documentales. No obstante, el análisis de costos realizado por organismos ciudadanos reveló que los precios contratados duplicaban los del mercado.
Análisis financiero y respuesta oficial
Consultado sobre el tema, un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas local confirmó que la contratación fue revisada conforme a la normativa vigente y que no existió observación por parte del órgano de control. Sin embargo, organizaciones especializadas en rendición de cuentas solicitaron la revisión del expediente completo para determinar si hubo sobreprecios.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) recordó que los contratos de servicios recurrentes deben incluir estudios de mercado actualizados para evitar pagos excesivos. En su análisis preliminar, el instituto señaló que la ausencia de transparencia en la licitación dificulta confirmar si el Congreso obtuvo condiciones equitativas.
Por su parte, integrantes del Consejo de Evaluación de la Cdmx informaron que el gasto en arrendamiento de equipos representó un incremento del 45 por ciento respecto al año anterior. El organismo señaló que los costos de operación administrativa continúan al alza pese a los llamados a austeridad presupuestal formulados por el gobierno federal. –sn–
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