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Sheinbaum niega pacto con Peña Nieto

Afirma que sí hay investigación abierta. Consulta no reunió votos.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no existió ningún acuerdo de impunidad con el expresidente Enrique Peña Nieto, al responder sobre la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República abrió en su contra por un presunto caso de soborno.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo recordó que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo una consulta nacional para decidir si se investigaba a los expresidentes, pero esta no obtuvo los votos necesarios.

“No hubo pacto de impunidad”, aseguró la mandataria al ser cuestionada por periodistas respecto al señalamiento que involucra a Peña Nieto en contratos otorgados a empresas extranjeras para la adquisición de software de espionaje.

El señalamiento surgió tras revelarse que empresarios de origen israelí habrían entregado sobornos a cambio de contratos, entre ellos uno relacionado con el software Pegasus, utilizado por agencias del Estado mexicano en gobiernos anteriores.

FGR confirma carpeta abierta

El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la institución ya abrió una investigación formal sobre estos hechos que involucran al exmandatario priista.

“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante”, sostuvo el fiscal.

Añadió que la relación con las autoridades israelíes no ha sido sencilla, por lo que se realizarán gestiones diplomáticas para solicitar los documentos y elementos necesarios con validez jurídica para fortalecer la indagatoria.

El fiscal recordó que existen otras investigaciones detenidas desde años atrás, como las relacionadas con el caso Ayotzinapa, por lo cual subrayó la necesidad de dar celeridad a los nuevos casos como el actual.

Sin resultados en consulta popular

La consulta pública que promovió el gobierno anterior para enjuiciar a expresidentes se celebró en agosto de 2021, pero no alcanzó el umbral de participación del 40 % que exige la Constitución para que su resultado fuera vinculante.

En aquella ocasión, sólo el 7.11 % del padrón electoral participó, lo que representó alrededor de 6.6 millones de personas, de las cuales más del 97 % votó a favor de que se investigara a los exmandatarios por posibles actos de corrupción.

Aunque el ejercicio no tuvo efectos legales, sí sirvió como mecanismo de presión social y dejó abierto el camino para que la FGR emprendiera investigaciones de manera independiente en los casos en que existieran denuncias formales.

En el caso de Pegasus, el software espía fue adquirido en el sexenio de Peña Nieto y su uso ha sido documentado en múltiples investigaciones periodísticas como herramienta de espionaje contra periodistas, activistas y políticos.

Proceso dependerá de cooperación internacional

La apertura de la carpeta por parte de la FGR dependerá en gran medida de la colaboración que puedan establecer las autoridades mexicanas con el gobierno de Israel, desde donde se han emitido señalamientos por parte de empresarios.

Por ahora, la fiscalía no ha emitido un citatorio formal al expresidente, ni se ha revelado si hay otras carpetas relacionadas con la adquisición de tecnología de vigilancia durante su administración.

Tampoco se han dado a conocer los nombres de los empresarios involucrados en el presunto soborno ni el tipo de contrato otorgado por el entonces gobierno federal a empresas proveedoras del software. –sn–

José Narro Robles y Enrique Peña Nieto | @SociedadN_

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José Narro Robles y Enrique Peña Nieto

Sheinbaum niega espionaje gubernamental a partir de las nuevas reformas al marco jurídico

Asegura respeto a privacidad ciudadana. Sin vigilancia ilegal: Sheinbaum.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no espía ni espiará a la población mexicana. Aclaró que las leyes aprobadas recientemente no contienen disposiciones que permitan censura o vigilancia sin fundamento legal.

Durante una conferencia, la mandataria explicó que las comunicaciones protegidas por ley seguirán siendo confidenciales. Añadió que las autoridades no pueden intervenir llamadas o ubicar dispositivos sin autorización judicial.

Enfatizó que el único escenario que permite un acceso extraordinario a información telefónica es una desaparición o secuestro. En esos casos, indicó, se solicita el apoyo de las empresas operadoras de telecomunicaciones.

La presidente precisó que la intervención solo podrá llevarse a cabo con orden judicial federal. Esta debe incluir los motivos legales, tipo de técnica, personas involucradas y duración autorizada.

Acciones bajo marco legal

Claudia Sheinbaum reiteró que las leyes en cuestión no avalan ningún tipo de espionaje a civiles. Aseguró que cualquier afirmación en ese sentido corresponde a una campaña de desinformación.

Indicó que las normas establecen mecanismos judiciales para prevenir abusos y garantizar el respeto a los derechos. Señaló que el Código Penal Federal también contempla las limitaciones a toda intervención comunicacional.

“El gobierno federal no espía a nadie, como sí lo hicieron con nosotros en su momento”, recordó Sheinbaum. Comentó que su administración aprendió del pasado y tiene el compromiso de respetar los derechos civiles.

Asimismo, aclaró que es falsa la versión de que las reformas legales recientemente avaladas promueven el control o censura. “Mienten quienes dicen que se espía, porque eso no se autoriza”, puntualizó.

Intervenciones con orden judicial

La mandataria explicó que solo un juez federal puede autorizar la geolocalización o escucha de comunicaciones. Subrayó que ese proceso debe estar plenamente justificado con elementos legales y administrativos.

“Se requiere la solicitud fundada de la autoridad competente”, detalló Sheinbaum. Recalcó que el gobierno federal no permitirá prácticas que vulneren la privacidad de la ciudadanía.

En caso de situaciones urgentes como un secuestro, se podrá pedir el respaldo inmediato de la telefónica. Según la ley, estas acciones deben ser documentadas y evaluadas por los jueces correspondientes.

“Nosotros no utilizaremos el poder del Estado para intervenir ilegalmente en la vida de los ciudadanos”, dijo la presidenta. Rechazó categóricamente cualquier paralelismo con gobiernos pasados.

Derechos garantizados por ley

Claudia Sheinbaum insistió en que las reformas recientes no contemplan disposiciones de vigilancia masiva. Invitó a revisar el contenido jurídico de las normas para corroborar que no existe esa intención.

Explicó que se trata de fortalecer el Estado de Derecho, no de debilitar las garantías individuales. Reiteró que su administración mantendrá un respeto irrestricto a la privacidad y a las libertades constitucionales.

“Las mentiras difundidas intentan generar miedo infundado en la sociedad”, añadió la presidenta. Mencionó que la transparencia será la principal herramienta de su gobierno para disipar rumores.

Finalmente, garantizó que no se permitirán abusos desde el poder. “Venimos de ser espiados. No lo haremos nosotros. Nunca”, concluyó en su intervención. –sn–

Sistemas de espionaje | @SociedadN_

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Sistemas de espionaje

Niegan vinculación a proceso por caso Pegasus; FGR apela

Juez rechaza proceso contra exfuncionaria. FGR acusa daño millonario al erario

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la Juez federal de Control Alejandra Domínguez Santos negó la vinculación a proceso de Judith Aracely Gómez Molano, ex funcionaria de la extinta Procuraduría General de la República (PGR- hoy fiscalía), acusada por su presunta responsabilidad en la adquisición ilegal del «software» espía Pegasus.

La FGR informó que la imputada autorizó en 2014, sin justificar urgencia ni confidencialidad, el contrato por 460 millones 196 mil pesos para la adquisición del sistema de vigilancia, lo que provocó un daño patrimonial al erario.

Acusan múltiples delitos graves

Según el expediente presentado, Judith “G” habría incurrido en uso indebido de atribuciones, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, al autorizar y participar en la compra irregular del sistema de espionaje.

La Fiscalía también sostuvo que la operación se realizó sin apego al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, y que la funcionaria omitió supervisar la contratación del proveedor, pese a las irregularidades.

Pagos sin justificación legal

El pago millonario, según la denuncia, se efectuó sin que existiera una necesidad real ni condiciones de confidencialidad que justificaran el gasto. Además, se acreditó que la operación benefició directamente a los proveedores privados involucrados.

Judith Aracely Gómez Molano

La FGR calificó como “daño irreparable al patrimonio público” el contrato avalado por Judith Aracely Gómez Molano, y señaló que las pruebas presentadas eran suficientes para justificar su vinculación al proceso penal.

Juez rechaza argumentos de la FGR

Pese a los señalamientos, la juez Alejandra Domínguez Santos resolvió no vincular a proceso a la exfuncionaria. La resolución fue emitida después de dos años y medio de retrasos procesales en la causa judicial.

Ante esa decisión, la Fiscalía anunció que presentó el recurso de apelación correspondiente. Además, informó que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza, por posibles delitos relacionados con la administración de justicia.

Software Pegasus bajo escrutinio legal

El uso del sistema Pegasus ha generado numerosas investigaciones en México. Fue adquirido por distintas instancias gubernamentales en sexenios pasados y presuntamente utilizado para espiar a periodistas, activistas y opositores.

El contrato de 2014 fue uno de los primeros casos documentados que vinculan al software con actos de corrupción institucional. El caso ha sido retomado como símbolo de espionaje ilegal desde el aparato del Estado.

FGR mantiene casos abiertos por espionaje

La FGR ha iniciado varios procesos relacionados con Pegasus, incluyendo investigaciones contra mandos medios y altos funcionarios del sexenio anterior. Las causas penales han enfrentado obstáculos judiciales y retrasos procesales.

https://sociedad-noticias.com/2022/10/04/activistas-y-periodistas-denuncian-espionaje-en-esta-administracion/

El organismo subrayó que el caso contra Judith Aracely Gómez Molano no está cerrado y que insistirá en llevarla ante los tribunales, como parte de su compromiso por erradicar prácticas ilegales en el servicio público. –sn–

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