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Sheinbaum niega espionaje gubernamental a partir de las nuevas reformas al marco jurídico

Asegura respeto a privacidad ciudadana. Sin vigilancia ilegal: Sheinbaum.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no espía ni espiará a la población mexicana. Aclaró que las leyes aprobadas recientemente no contienen disposiciones que permitan censura o vigilancia sin fundamento legal.

Durante una conferencia, la mandataria explicó que las comunicaciones protegidas por ley seguirán siendo confidenciales. Añadió que las autoridades no pueden intervenir llamadas o ubicar dispositivos sin autorización judicial.

Enfatizó que el único escenario que permite un acceso extraordinario a información telefónica es una desaparición o secuestro. En esos casos, indicó, se solicita el apoyo de las empresas operadoras de telecomunicaciones.

La presidente precisó que la intervención solo podrá llevarse a cabo con orden judicial federal. Esta debe incluir los motivos legales, tipo de técnica, personas involucradas y duración autorizada.

Acciones bajo marco legal

Claudia Sheinbaum reiteró que las leyes en cuestión no avalan ningún tipo de espionaje a civiles. Aseguró que cualquier afirmación en ese sentido corresponde a una campaña de desinformación.

Indicó que las normas establecen mecanismos judiciales para prevenir abusos y garantizar el respeto a los derechos. Señaló que el Código Penal Federal también contempla las limitaciones a toda intervención comunicacional.

“El gobierno federal no espía a nadie, como sí lo hicieron con nosotros en su momento”, recordó Sheinbaum. Comentó que su administración aprendió del pasado y tiene el compromiso de respetar los derechos civiles.

Asimismo, aclaró que es falsa la versión de que las reformas legales recientemente avaladas promueven el control o censura. “Mienten quienes dicen que se espía, porque eso no se autoriza”, puntualizó.

Intervenciones con orden judicial

La mandataria explicó que solo un juez federal puede autorizar la geolocalización o escucha de comunicaciones. Subrayó que ese proceso debe estar plenamente justificado con elementos legales y administrativos.

“Se requiere la solicitud fundada de la autoridad competente”, detalló Sheinbaum. Recalcó que el gobierno federal no permitirá prácticas que vulneren la privacidad de la ciudadanía.

En caso de situaciones urgentes como un secuestro, se podrá pedir el respaldo inmediato de la telefónica. Según la ley, estas acciones deben ser documentadas y evaluadas por los jueces correspondientes.

“Nosotros no utilizaremos el poder del Estado para intervenir ilegalmente en la vida de los ciudadanos”, dijo la presidenta. Rechazó categóricamente cualquier paralelismo con gobiernos pasados.

Derechos garantizados por ley

Claudia Sheinbaum insistió en que las reformas recientes no contemplan disposiciones de vigilancia masiva. Invitó a revisar el contenido jurídico de las normas para corroborar que no existe esa intención.

Explicó que se trata de fortalecer el Estado de Derecho, no de debilitar las garantías individuales. Reiteró que su administración mantendrá un respeto irrestricto a la privacidad y a las libertades constitucionales.

“Las mentiras difundidas intentan generar miedo infundado en la sociedad”, añadió la presidenta. Mencionó que la transparencia será la principal herramienta de su gobierno para disipar rumores.

Finalmente, garantizó que no se permitirán abusos desde el poder. “Venimos de ser espiados. No lo haremos nosotros. Nunca”, concluyó en su intervención. –sn–

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Sistemas de espionaje

Niegan vinculación a proceso por caso Pegasus; FGR apela

Juez rechaza proceso contra exfuncionaria. FGR acusa daño millonario al erario

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la Juez federal de Control Alejandra Domínguez Santos negó la vinculación a proceso de Judith Aracely Gómez Molano, ex funcionaria de la extinta Procuraduría General de la República (PGR- hoy fiscalía), acusada por su presunta responsabilidad en la adquisición ilegal del «software» espía Pegasus.

La FGR informó que la imputada autorizó en 2014, sin justificar urgencia ni confidencialidad, el contrato por 460 millones 196 mil pesos para la adquisición del sistema de vigilancia, lo que provocó un daño patrimonial al erario.

Acusan múltiples delitos graves

Según el expediente presentado, Judith “G” habría incurrido en uso indebido de atribuciones, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa, al autorizar y participar en la compra irregular del sistema de espionaje.

La Fiscalía también sostuvo que la operación se realizó sin apego al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, y que la funcionaria omitió supervisar la contratación del proveedor, pese a las irregularidades.

Pagos sin justificación legal

El pago millonario, según la denuncia, se efectuó sin que existiera una necesidad real ni condiciones de confidencialidad que justificaran el gasto. Además, se acreditó que la operación benefició directamente a los proveedores privados involucrados.

Judith Aracely Gómez Molano

La FGR calificó como “daño irreparable al patrimonio público” el contrato avalado por Judith Aracely Gómez Molano, y señaló que las pruebas presentadas eran suficientes para justificar su vinculación al proceso penal.

Juez rechaza argumentos de la FGR

Pese a los señalamientos, la juez Alejandra Domínguez Santos resolvió no vincular a proceso a la exfuncionaria. La resolución fue emitida después de dos años y medio de retrasos procesales en la causa judicial.

Ante esa decisión, la Fiscalía anunció que presentó el recurso de apelación correspondiente. Además, informó que abrirá una carpeta de investigación contra la jueza, por posibles delitos relacionados con la administración de justicia.

Software Pegasus bajo escrutinio legal

El uso del sistema Pegasus ha generado numerosas investigaciones en México. Fue adquirido por distintas instancias gubernamentales en sexenios pasados y presuntamente utilizado para espiar a periodistas, activistas y opositores.

El contrato de 2014 fue uno de los primeros casos documentados que vinculan al software con actos de corrupción institucional. El caso ha sido retomado como símbolo de espionaje ilegal desde el aparato del Estado.

FGR mantiene casos abiertos por espionaje

La FGR ha iniciado varios procesos relacionados con Pegasus, incluyendo investigaciones contra mandos medios y altos funcionarios del sexenio anterior. Las causas penales han enfrentado obstáculos judiciales y retrasos procesales.

https://sociedad-noticias.com/2022/10/04/activistas-y-periodistas-denuncian-espionaje-en-esta-administracion/

El organismo subrayó que el caso contra Judith Aracely Gómez Molano no está cerrado y que insistirá en llevarla ante los tribunales, como parte de su compromiso por erradicar prácticas ilegales en el servicio público. –sn–

Espionaje

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