Nueva composición judicial vulnera independencia y derechos humanos: GIDH
Vulnera independencia y los derechos humanos la nueva composición judicial : GIDH
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que la reciente reforma constitucional que reemplazó a la mitad del Poder Judicial Federal con jueces electos por voto popular representa un retroceso histórico en la independencia judicial en México.
“Lo ocurrido en el país constituye una fractura estructural en la división de poderes. No se trata de un avance democrático, sino de un proceso que somete al Poder Judicial a la voluntad política de las mayorías legislativas y del Ejecutivo”, señaló Fierro Hernández.
El presidente del GIDH recordó que este 1 de septiembre asumen sus cargos seis de los nueve ministros de la Suprema Corte, junto con más de 800 magistrados federales y 1,800 jueces locales, electos en comicios caracterizados por una participación ciudadana de apenas 13 por ciento.
“Ese nivel de abstencionismo refleja una sociedad que no confía en el proceso y que percibe, con razón, la captura política de un poder que debería ser imparcial y autónomo”, enfatizó el defensor de los derechos humanos.
El GIDH denunció que el proceso de selección de candidatos careció de reglas claras y de controles independientes. Las comisiones de evaluación no aprobaron estatutos uniformes, trabajaron con plazos insuficientes y se limitaron a revisar cartas de recomendación y escritos de motivación.
Jesús Rey Fierro Hernández“Un juez no puede ser electo con base en simpatías vecinales ni cartas de recomendación. La justicia exige méritos, trayectoria y garantías de imparcialidad. El modelo adoptado en México desnaturaliza la función judicial y abre la puerta a la corrupción y al clientelismo político”, afirmó Fierro Hernández.
El defensor del pueblo recordó que la OEA señaló múltiples irregularidades en las elecciones judiciales, como la falta de transparencia en el financiamiento de campañas, la distribución de listas prefabricadas de candidatos y la intervención desproporcionada del Ejecutivo y del Congreso en las preselecciones.
“México es hoy el único país del mundo donde la totalidad de sus jueces son electos por voto universal. Esta anomalía no responde a estándares internacionales ni a principios de independencia judicial, reconocidos por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.
El abogado litigante alertó que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para sancionar y destituir a jueces si “fallan en contra de la jurisprudencia” o de interpretaciones oficiales, incrementa los riesgos de subordinación política.
“Este tribunal funcionará como un mecanismo de control y castigo, más que como una instancia de rendición de cuentas. En lugar de fortalecer la justicia, institucionaliza la amenaza contra los jueces que no fallen conforme a los intereses en turno”, explicó.
De esta manera, Fierro Hernández exhortó al Estado mexicano a reconsiderar y derogar la reforma, o en su defecto, establecer salvaguardas sólidas para proteger la independencia judicial rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial Federal.
“El derecho a un juez independiente no es una concesión, es un pilar de todo Estado democrático. Sin independencia judicial, no hay garantías para los derechos humanos, ni posibilidad de que los ciudadanos enfrenten al poder con justicia”, subrayó.
Finalmente, el doctor en derecho reiteró que el GIDH “Lex-magister” continuará documentando las afectaciones a los derechos fundamentales derivadas de esta reforma y elevará el caso ante instancias internacionales.
“Si se consolida este modelo, México corre el riesgo de convertirse en un precedente negativo para la región, debilitando el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones”, concluyó el defensor de los derechos humanos. –sn–
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