Educación y salud sexual fortalecen derechos de las niñas en México
Más de 17 millones de niñas enfrentaron pobreza y desigualdad; educación sexual impulsa su autonomía.
Por Gabriela Díaz | Reportera
En México viven más de 17.8 millones de niñas, equivalentes al 13.7% de la población total, según datos del Inegi en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023. El 30.6% habita en comunidades rurales y el 87.1% asistió a la escuela.
El estudio reveló que solo el 58.4% cuenta con acceso a algún sistema de salud, lo que evidencia desigualdades estructurales que afectan su bienestar. La carencia de servicios básicos limita su desarrollo integral y su capacidad de ejercer derechos fundamentales.
En el marco del Día Internacional de la Niña, el llamado global subrayó la urgencia de proteger a las menores frente a la pobreza, la violencia y el trabajo infantil, problemáticas que siguen presentes en distintas regiones del país.
Educación sexual integral
El derecho a la educación implica no solo acceso a las aulas, sino también a información veraz que permita a las niñas tomar decisiones informadas. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la educación integral de la sexualidad es clave para prevenir embarazos no deseados.
Este tipo de enseñanza, científica y laica, fomenta el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, además de promover la igualdad y la autonomía personal. Su aplicación contribuye a reducir la violencia de género y fortalecer la toma de decisiones.
Claudia Morales Escobar, coordinadora de Vinculación y Difusión de Fundación MSI, señaló que “las niñas tienen derecho a recibir educación integral de la sexualidad, acorde a cada etapa de su vida, con acceso a servicios confidenciales y de calidad”.
Prevención y derechos sexuales
Morales Escobar añadió que garantizar información oportuna sobre anticoncepción y aborto seguro, en casos de violencia, es esencial para reducir la mortalidad materna y los embarazos no deseados. Esta atención debe ser parte del sistema de salud pública.
Proveer educación sexual y reproductiva fortalece la prevención y contribuye a transformar entornos de desigualdad en espacios más justos y equitativos. Las políticas públicas deben orientarse a cubrir las brechas de atención en comunidades vulnerables.
Fundación MSI, con más de 26 años de trabajo, implementó estrategias educativas enfocadas en resiliencia, responsabilidad y acceso igualitario a los derechos sexuales y reproductivos. Su labor ha sido reconocida a nivel nacional.
Adultos como garantes
La responsabilidad de proteger los derechos de las niñas recayó principalmente en padres, docentes y personal de salud. El principio del interés superior de la niñez determinó su actuación en el acompañamiento y cuidado diario.
Este acompañamiento debía ser informado, libre de prejuicios y basado en la evidencia científica, asegurando que las menores recibieran educación y atención médica sin discriminación alguna, según organismos especializados.
Además, los adultos tuvieron la tarea de fomentar la autoconfianza, el pensamiento crítico y la toma responsable de decisiones, fortaleciendo el desarrollo integral de cada niña dentro de su entorno familiar y escolar. –sn–
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