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El Balcón de la Sociedad | Jerarquía en riesgo, el desorden en la Guardia Nacional y la Sedena

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional, en la Guardia Nacional se abre una grieta seria en esa estructura.

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional. En México, estos principios han sostenido históricamente la disciplina militar, aun en los momentos de mayor tensión institucional. Sin embargo, lo que ocurre actualmente en la Dirección General de Investigación Interna de la Guardia Nacional abre una grieta seria en esa estructura, al poner en entredicho el respeto a la cadena de mando y el mérito institucional.

La reciente asignación de un Mayor al frente de dicha dirección, cuando en la misma unidad laboran un Coronel y un Teniente Coronel, no solo infringe la lógica jerárquica establecida por el escalafón castrense, sino que vulnera la moral del cuerpo al que se supone debe cohesionarse. En un ámbito donde la autoridad se construye desde la antigüedad, la experiencia y la carrera profesional, una decisión como esta mina la confianza interna.

Según fuentes internas consultadas por SOCIEDAD NOTICIAS, la designación habría sido producto de una relación personal entre el titular de la Unidad de Asuntos Internos y el oficial ascendido, lo cual añade un agravante de posible nepotismo. De confirmarse, este hecho comprometería la legitimidad de los procesos de nombramiento al interior de la Guardia Nacional, y colocaría al resto del personal en una posición de subordinación forzada ante criterios ajenos a los principios institucionales.

Helicóptero – Efectivo de la Guardia Nacional | @SociedadN_

La situación se vuelve todavía más preocupante si se considera que la Dirección General de Investigación Interna no es una oficina más: es, en teoría, el mecanismo de control y supervisión que asegura la integridad del cuerpo. Si desde esa misma instancia se erosiona el principio de jerarquía, se pierde autoridad moral para investigar o sancionar a quienes quebrantan las normas internas.

Una estructura militar no puede sostenerse en el favoritismo

En el régimen militar, el mando no es solo una función administrativa, sino una responsabilidad que se gana con el paso de los años, el cumplimiento de metas y el respeto a los escalones que ordenan la institución. Cuando un subordinado recibe una posición superior a la de sus superiores inmediatos, sin sustento en un mérito excepcional, se instala una disonancia que compromete la obediencia y, en consecuencia, la eficacia operativa.

El malestar al interior de esta unidad no se reduce a una queja por protocolos, sino que evidencia una crisis de legitimidad. Coroneles y Tenientes Coroneles con años de servicio deben rendirle novedades a un oficial de menor grado por razones que no obedecen al reglamento militar, sino a vínculos personales. Esto constituye un agravio no solo a los afectados, sino a la estructura completa de las Fuerzas Armadas.

La moral del personal militar no se sostiene solamente con salarios ni con discursos patrióticos, sino con justicia interna, respeto al mérito y apego estricto a los principios que se inculcan desde el ingreso a los planteles castrenses. Una institución que pierde de vista esa brújula comienza a navegar en aguas institucionales turbias.

La autoridad militar debe intervenir de inmediato

Este asunto, de continuar sin corrección, sentaría un precedente que puede ser utilizado para normalizar otros actos de favoritismo o irregularidades similares. Si hoy un Mayor comanda a un Coronel por vínculos personales, mañana podría ocurrir que un Teniente desplace a un General con solo tener las amistades adecuadas. Este tipo de distorsiones en el mando no solo debilitan al cuerpo, sino que comprometen la percepción pública sobre su neutralidad, profesionalismo y rigor.

El General de División Ricardo Trevilla Trejo, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido informado formalmente sobre esta anomalía. Su intervención resulta crucial, no solo para restablecer el orden en una unidad específica, sino para reafirmar ante la opinión pública y las propias tropas que la lealtad institucional se premia y el influyentismo se sanciona.

Guardia Nacional | @SociedadN_

Dejar pasar este hecho equivaldría a abrir la puerta a una pendiente resbaladiza de caos jerárquico. La confianza que la sociedad ha depositado en la Guardia Nacional no puede ponerse en riesgo por decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer, socavan el respeto a las reglas que mantienen viva su razón de ser.

El silencio institucional sería complicidad

La transparencia y la rendición de cuentas también aplican en el ámbito castrense. Si bien la estructura militar goza de autonomía operativa, no escapa del escrutinio público ni del deber de mantener altos estándares éticos en su interior. El combate a la corrupción comienza con el ejemplo, y las Fuerzas Armadas deben continuar siendo un referente de orden y legalidad, no de prácticas discrecionales.

Las preguntas que surgen son legítimas: ¿qué motivó la decisión?, ¿hubo una evaluación formal de perfiles?, ¿se notificó al personal superior jerárquico antes de la designación?, ¿qué criterios pesan más hoy en el interior de la Guardia Nacional: el escalafón o la cercanía con los mandos? La sociedad merece respuestas.

Por el bien de la institución, y por respeto a quienes han entregado su vida al servicio militar, el caso debe resolverse con rapidez, con legalidad y con apego a los principios que se juraron respetar. De lo contrario, la estructura que se presume incorruptible terminará por padecer las mismas prácticas que se pretende combatir.

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Efectivos de la Guardia Nacional | @SociedadN_

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El Balcón de la Sociedad | ISSSTE: cuando el derecho a la salud se enfrenta al laberinto de la negligencia

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad…

Por más que el discurso oficial prometa avances, cifras alentadoras o reformas estructurales, la realidad en los consultorios, pasillos y mostradores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) revela un panorama de desgaste institucional que se aleja del principio constitucional de garantizar el derecho humano a la salud.

Pese a los anuncios sobre el fortalecimiento de la infraestructura médica, la ampliación presupuestal y la digitalización de procesos, el servicio cotidiano que reciben millones de derechohabientes evidencia ineficiencia, omisiones y maltrato. Lo que en papel luce moderno y funcional, en la práctica, se ha convertido en una travesía kafkiana.

La Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE es un caso paradigmático. Personas adultas mayores con enfermedades crónicas acuden una y otra vez a solicitar una cita especializada sin éxito. El Sistema de Referencia y Contrarreferencia (Sireco), que debería agilizar sus procesos, se convierte en una barrera más.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Digitalización sin voluntad institucional

El Sireco fue presentado como un sistema digital para facilitar el traslado de pacientes entre niveles de atención y especialidades. Su finalidad se basa en tres ejes: reducir los tiempos de espera, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar el acceso a especialistas.

Incluso el propio ISSSTE presume que, gracias a esta herramienta, la disponibilidad de medicamentos aumentó de 87 a 95 por ciento. Sin embargo, en ventanillas de atención como el de Cuitláhuac, el Sireco carece de operadores capacitados y comprometidos.

Marti Batres

Esta brecha entre el discurso institucional y la vivencia cotidiana de los pacientes anula cualquier intención transformadora. No es solo una falla técnica o un caso aislado. Es una política pública desbordada por la negligencia administrativa.

El caso de la Clínica Cuitláhuac ha sido denunciado por múltiples usuarios que relatan cómo deben mendigar una cita, soportar malos tratos y resignarse a la indiferencia de quienes se supone deben proteger su salud.

Derechohabientes han señalado directamente a Yadira Díaz, encargada del área Sireco en dicha clínica, por ausencias injustificadas, falta de atención y trato despectivo. La consecuencia: personas de movilidad limitada deben presentarse repetidamente, sin resultados, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Un derecho constitucional ignorado

La salud en México es un derecho establecido en el artículo 4º de la Constitución. El gobierno federal ha reiterado su compromiso con una atención digna, universal y gratuita. Pero mientras las fallas como las descritas no sean atendidas con firmeza, ese compromiso no trasciende del papel.

Los servicios públicos de salud deben garantizar accesibilidad, atención oportuna y trato respetuoso. La responsabilidad no recae únicamente en operadoras o personal de ventanilla, sino en quienes dirigen y diseñan las políticas de salud desde el centro.

Responsabilidad desde lo alto

En este contexto, el llamado es urgente. Claudia Sheinbaum, presidente de la República; David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud; Zoé Robledo Aburto, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Martí Batres, a cargo del ISSSTE, tienen una tarea monumental.

La expectativa no puede reducirse a conferencias o campañas informativas. Se trata de intervenir directamente en las clínicas, revisar el funcionamiento de sistemas como el SIRECO, y destituir a quienes sabotean desde dentro los esfuerzos institucionales, como Yadira Díaz, de la Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac del ISSSTE.

El sistema público de salud, en especial el ISSSTE, no puede seguir operando con lógica burocrática mientras miles de pacientes ven comprometida su integridad física. La ineficacia también enferma, también mata, aunque no aparezca en diagnósticos.

La reconstrucción del ISSSTE no puede postergarse más. Si el gobierno federal se compromete con los derechos humanos, como lo promueve la Organización de las Naciones Unidas, debe comenzar por limpiar sus propias casas de salud.

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ISSSTE MArti Batres

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El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

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