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Penalizan uso de ponchallantas en Sinaloa

El Congreso de Sinaloa avaló castigo a quienes usaron ponchallantas en caminos y carreteras.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la tipificación como delito el uso, fabricación y distribución de ponchallantas. La medida modificó el artículo 264 Bis del Código Penal local para establecer penas de tres a diez años de prisión a los responsables.

El dictamen fue aprobado en sesión ordinaria del pleno y considera también una multa de cien a quinientos días de salario mínimo. La sanción aplicará para quienes coloquen o arrojen objetos punzocortantes en vías de comunicación estatales.

Además del castigo económico y la pena corporal, el Congreso aprobó el decomiso obligatorio de los objetos asegurados. Esta disposición fue incorporada para frenar los ataques en carreteras usados por la delincuencia organizada.

Aumentan sanciones en casos agravantes

La reforma estableció que la pena podrá incrementarse hasta en una mitad si se comprueba que se utilizó a menores de edad. Esta agravante también aplicará cuando participen servidores públicos en funciones o hayan dejado el cargo en los últimos cinco años.

Según el dictamen aprobado, estas medidas buscan erradicar la participación institucional o el encubrimiento de actos delictivos relacionados con ponchallantas. Se recordó que los caminos del estado han sido escenario de múltiples hechos de violencia.

También se incluyó una disposición para sancionar a los fabricantes y distribuidores de objetos diseñados o adaptados como ponchallantas. La iniciativa fue promovida con el argumento de cerrar espacios de impunidad.

Yeraldine Bonilla Valverde, presidente de la Mesa Directiva, afirmó que la reforma parte del principio de prevención. “No se debe permitir que las carreteras sean escenario de violencia o de extorsión”, afirmó durante la discusión.

Objetos definidos como ponchallantas

La iniciativa establece un catálogo de objetos que serán considerados como ponchallantas para efectos legales. Entre ellos figuran abrojos, erizos, estrellas metálicas y varillas, fabricados con acero u otro metal pesado.

Dichos artefactos, indicó el Congreso, son comúnmente usados para detener vehículos durante robos, extorsiones o para facilitar la fuga de agresores en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

La disposición también considera como ponchallantas cualquier objeto similar creado con fines de obstrucción o daño en vías de tránsito. Esto incluye caminos rurales, calles urbanas y autopistas estatales.

Con esta definición técnica, la legislación podrá aplicarse de forma más eficaz y evitar lagunas jurídicas. Se busca impedir que los responsables eludan la ley bajo argumentos de clasificación de los objetos.

Medida responde a inseguridad en caminos

La reforma se produjo tras el aumento de incidentes relacionados con uso de ponchallantas en distintos puntos del estado. Autoridades de seguridad registraron varios ataques en tramos carreteros de Culiacán, Mazatlán y Guasave.

En estos hechos, se documentó la colocación de artefactos punzocortantes para obligar a detener vehículos de transporte o escoltas de seguridad privada. En varios casos, las víctimas fueron despojadas de unidades y pertenencias.

La Fiscalía General del Estado reportó que algunos de los incidentes estuvieron relacionados con bandas del crimen organizado. Los responsables escaparon del lugar aprovechando la destrucción de neumáticos.

Ante esta situación, el Legislativo recibió presión de autoridades de seguridad y transportistas, quienes exigieron mayor protección. La iniciativa fue trabajada en comisiones durante los primeros meses del año.

Congreso cierra paso a impunidad

La inclusión de fabricantes y distribuidores en el nuevo tipo penal busca cerrar el ciclo de operación de estos artefactos. Las investigaciones apuntaron a que los ponchallantas no siempre eran improvisados.

Se detectaron redes que comercializaban estos objetos, incluso por medio de plataformas digitales. La modificación legal permitirá judicializar a quienes produzcan, vendan o almacenen estos dispositivos con fines criminales.

La reforma fue aprobada por unanimidad y entrará en vigor una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. La Fiscalía podrá iniciar procesos penales a partir de la fecha de promulgación.

La presidenta del Congreso llamó a mantener la vigilancia sobre la evolución de esta nueva disposición. Insistió en que su aplicación efectiva depende de la coordinación entre instituciones de seguridad, justicia y ciudadanía. –sn–

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