Acusan a exfiscal mexiquense por violaciones graves
Vínculos con represión y crimen organizado
Por Mireya Estrada | Corresponsal
José Humbertus Pérez Espinoza acusó a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, ex fiscal del estado de México, por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Señaló que las víctimas fueron principalmente mujeres indígenas y pobres.
El activista es fundador del Frente Mexiquense para una Vivienda Digna y del colectivo Presunción de los Siete Derechos Humanos. Enfatizó que el exfuncionario mantuvo prácticas institucionales contrarias a los principios de legalidad.
Explicó que Gómez Sánchez trabajó como colaborador cercano de Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la República. Su periodo abarcó de 2006 a 2009, años marcados por crisis de derechos humanos.
Complicidad con Medina Mora
Durante esa gestión, la Procuraduría implementó el operativo “Rápido y Furioso”, según documentación oficial. Esta operación permitió el ingreso ilegal de más de 2,500 armas al país.
El armamento fue entregado al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con fuentes judiciales. La estrategia originó un escándalo internacional entre México y Estados Unidos.
El colectivo señaló que Gómez Sánchez nunca rompió vínculos con esa red institucional. Al contrario, continuó en cargos clave del sistema de justicia, sin ser investigado.
Encubrimiento en Atenco
Pérez Espinoza lo acusó de encubrir los abusos cometidos durante la represión en San Salvador Atenco. En ese operativo participaron cuerpos de seguridad estatales y federales.
Las agresiones sexuales contra mujeres fueron documentadas por organizaciones civiles y organismos internacionales. En 2017, Gómez Sánchez compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante esa audiencia intentó justificar las acciones de los agentes de seguridad. Argumentó que la intervención respondió al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
Corte IDH confirmó impunidad
La Corte IDH y la CIDH coincidieron en que prevalecía la impunidad. Ningún mando alto o medio fue sancionado más de una década después. El caso fue clasificado como violación grave y persistente de los derechos humanos. Las víctimas siguen esperando justicia y reparación.
Organizaciones nacionales e internacionales han exigido abrir nuevas investigaciones contra los responsables. Hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han emitido respuesta.
Historial de irregularidades
Pérez Espinoza documentó otras presuntas irregularidades durante la gestión de Gómez Sánchez. Lo vinculó con montajes judiciales, detenciones arbitrarias y fabricación de pruebas.
Dijo que las principales víctimas fueron personas en situación de pobreza. Señaló como patrón la criminalización de disidentes sociales.
Aseguró que el sistema judicial del Estado de México protegió a servidores públicos acusados de tortura. Varios casos fueron llevados ante tribunales internacionales.
Acompañamiento ante instancias globales
El Frente Mexiquense presentó un informe ante organismos multilaterales con sede en Ginebra y Washington. El documento recoge testimonios y pruebas documentales.
El colectivo solicitó medidas cautelares para víctimas en riesgo. También exigió que el gobierno federal investigue los vínculos del exfiscal con redes delictivas.
Pidió colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y la ONU-DH.
Silencio institucional
Hasta ahora, Gómez Sánchez no ha respondido públicamente a los señalamientos. Permaneció en el cargo hasta 2022 sin enfrentar consecuencias legales.
Su salida del servicio público se dio sin pronunciamiento oficial del gobierno estatal. Diversos colectivos consideran que el caso debe reabrirse con enfoque de justicia transicional.
Pérez Espinoza reiteró que no se trata de revanchismo político. Sostuvo que hay suficientes elementos para reactivar procesos penales.
Llamado a la justicia
El Frente Mexiquense solicitó la intervención de relatores de la ONU especializados en violencia institucional y tortura.
Reclama que se garantice el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición. Subraya que la impunidad en estos casos permite la continuidad de prácticas violatorias.
Asegura que México no podrá avanzar sin sanear a fondo su sistema de procuración de justicia. –sn–
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