Exconsejera jurídica de AMLO hará proyecto de prisión preventiva oficiosa
La SCJN asignó a María Estela Ríos el caso sobre prisión preventiva oficiosa en México.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación distribuyó bajo su nuevo modelo el expediente 3/2023. Este incluyó la recepción de sentencias internacionales vinculadas a la prisión preventiva oficiosa en el país.
El caso fue turnado a la ministra María Estela Ríos, exconsejera de Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria recibió la responsabilidad de elaborar un proyecto sobre la constitucionalidad de esta figura jurídica.
El expediente derivó de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El fallo ordenó la inaplicación de la prisión preventiva automática en territorio mexicano.
Fallo internacional vinculante
La sentencia de la CIDH vinculó al Estado mexicano con un caso de excepción preliminar. Se trató de García Rodríguez y otro contra México, resuelto en el tribunal internacional.
El documento estableció que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México era contrario a la Convención Americana. También incluyó el artículo 19 constitucional, reformado en 2008.
Según la Corte Interamericana, las normas omitieron establecer finalidades específicas de la prisión preventiva. Tampoco contemplaron un análisis de proporcionalidad frente a medidas menos restrictivas.
En consecuencia, el tribunal determinó que México debía adecuar su marco jurídico.
Proyecto pendiente en la Corte
El exministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dejó un proyecto de sentencia en la SCJN. Este planteaba que los jueces mexicanos debían inaplicar la prisión preventiva automática.
El borrador señaló que la medida resultaba incompatible con los artículos 7, 8 y 24 de la Convención Americana. Dichos numerales fueron correlacionados con los artículos 1, 4, 16 y 20 de la Constitución mexicana.
El proyecto advirtió que la prisión automática vulneraba derechos de libertad y debido proceso. Además, enfatizó la obligación de jueces federales y estatales de acatar los estándares internacionales.
Este documento fue base para la nueva discusión del Alto Tribunal.
Ríos recibe el expediente
Con el nuevo esquema de distribución de casos, la ministra María Estela Ríos asumió el análisis. Su tarea consistió en definir acciones a seguir en relación con la sentencia internacional.
El expediente remitido a su ponencia solicitó lineamientos sobre reparaciones, costas y medidas de cumplimiento. Esto implicó evaluar la vigencia de disposiciones procesales mexicanas.
La SCJN quedó obligada a revisar el alcance de la prisión preventiva oficiosa. Se trató de un debate jurídico de impacto nacional por sus consecuencias en materia penal.
La asignación fue confirmada en los estrados del tribunal constitucional.
Contexto político y jurídico
La figura de prisión preventiva oficiosa fue reformada en 2008. Su aplicación automática ha sido objeto de críticas de organismos internacionales de derechos humanos.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la medida fue defendida como herramienta de seguridad pública. Sin embargo, su constitucionalidad quedó cuestionada tras la sentencia de la CIDH.
La decisión de turnar el caso a Ríos coincidió con su papel previo como consejera jurídica de la Presidencia. Ello reforzó el interés público sobre su ponencia. El tema abrió una nueva etapa en la relación entre México y el sistema interamericano. –sn–
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