La SCJN impulsa transformación judicial nacional: Aguilar Ortiz

La Corte presentó su primer informe y expuso los ejes de transformación judicial.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que su nueva integración llegó con el mandato de transformar al Poder Judicial, y señaló que buscó construir un modelo de justicia accesible para todas las personas, según lo expresado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Durante su Primer Informe de Actividades, el ministro explicó que una justicia atenta al pueblo no resultó selectiva ni parcial. La sesión solemne reflejó el inicio de una etapa que pretendió modificar estructuras, ritmos y lógicas tradicionales.

En la ceremonia participaron los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ), y se reiteró que la lealtad institucional correspondió a la Constitución. El ministro presidente Aguilar Ortiz sostuvo que la legitimidad del Poder Judicial dependió de su compromiso con el pueblo de México. La intervención enfatizó que la nueva Corte se propuso consolidar una justicia funcional, estable y plenamente constitucional.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, asistió al acto en representación de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la senadora Laura Itzel Castillo Juárez y el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Las autoridades legislativas destacaron su presencia como parte de la coordinación entre poderes del Estado. El evento reunió a representantes del gobierno federal para marcar el inicio formal del nuevo periodo judicial.

Nuevo rumbo institucional

El ministro presidente Aguilar Ortiz explicó que los primeros 100 días de la nueva Corte reforzaron la idea de que la independencia judicial aseguró estabilidad nacional. Señaló que una justicia autónoma fortaleció la confianza social y económica. Afirmó también que dicha independencia permitió resolver conflictos y preservar la convivencia democrática.

Recordó que los ministros recibieron un bastón de mando de pueblos indígenas, símbolo de responsabilidad hacia quienes enfrentaron exclusión histórica. Expresó que este gesto representó el deber de hablar por quienes carecieron de voz. Subrayó que la Corte adoptó este compromiso como parte de su mandato institucional.

Durante el informe estuvieron presentes Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno de la ciudad de México (Cdmx). Las autoridades escucharon la exposición de los 10 pilares que definieron el nuevo rostro de la Corte. Cada eje sintetizó la orientación que el Máximo Tribunal pretendió adoptar para transformar su operación diaria.

Diez ejes de justicia

El primer pilar consistió en una justicia transformadora que modificó la dinámica interna de trabajo y fortaleció la relación con la sociedad. Entre septiembre y noviembre de 2025 se resolvieron 2 mil 590 expedientes, lo que incluyó 663 por el Pleno y 1 mil 883 por acuerdo de Presidencia. La Corte informó que cumplió 106 resoluciones y atrajo 47% de las solicitudes presentadas.

El segundo pilar estuvo centrado en la transparencia mediante la instalación del Comité Especializado en la materia, luego de dos años y ocho meses sin actividad. Esta acción permitió recuperar la comunicación directa con la sociedad. La Corte afirmó que la apertura pública resultó esencial para legitimar su actividad.

El tercer pilar consistió en una justicia cercana que reabrió las puertas del Tribunal y generó un incremento de 1,300% en atención ciudadana. También se realizaron foros y encuentros públicos, incluidas audiencias con personas con discapacidad. La Corte informó que su función jurisdiccional se fortaleció mediante el contacto directo con la población. –sn–

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Alerta Sheinbaum por videos falsos con Inteligencia Artificial

Videos falsos con IA buscan fraudes y autoridades emitieron advertencias. Videos falsos con IA generaron fraudes recientes y autoridades alertaron riesgos.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El gobierno federal informó que la presidente Claudia Sheinbaum alertó por videos fabricados con Inteligencia Artificial que clonaron su voz e imagen. El aviso explicó que los materiales promovieron supuestas inversiones en empresas públicas. Las grabaciones circularon en redes sociales con mensajes que simularon instrucciones oficiales.

https://youtu.be/7QKWDZxemxk?t=2578

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que los videos difundidos en plataformas digitales fueron falsos. La conferencia señaló que ninguna autoridad solicitó recursos o promovió proyectos de inversión. El reporte aclaró que cualquier contenido que insinuara inversiones estatales se consideró apócrifo.

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que jamás se llamó a invertir en instituciones del Estado ni en compañías privadas. La funcionaria pidió ignorar mensajes que usaron su identidad sin autorización. También reiteró que los programas de apoyo no requirieron pagos o aportaciones.

Suplantaciones recientes

Las autoridades informaron que usuarios reportaron intentos de fraude relacionados con identidades públicas. La advertencia precisó que los engaños utilizaron perfiles apócrifos en redes sociales. El objetivo consistió en solicitar dinero mediante supuestos programas de beneficios.

El lunes pasado se informó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, sufrió la suplantación de su identidad. El ministro comunicó que nunca autorizó a terceros a pedir dinero. Su oficina explicó que cualquier solicitud económica vinculada con su nombre resultó fraudulenta.

El comunicado señaló que perfiles falsos difundieron mensajes que ofrecieron subvenciones inexistentes del gobierno federal. Las publicaciones pedían depósitos a cambio de supuestos beneficios sociales. Los reportes documentaron que el engaño buscó obtener recursos mediante la manipulación digital.

Más casos en el Poder Judicial

La ministra Lenia Batres informó que se detectaron cuentas falsas que utilizaron su imagen en Instagram. La funcionaria pidió bloquear y reportar los perfiles involucrados. El mensaje oficial señaló que ningún contenido de esas cuentas formó parte de sus comunicaciones.

https://sociedad-noticias.com/2025/12/10/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-miercoles-10-de-diciembre-2025/

Por su parte, la magistrada de circuito Ximena Jiménez denunció en su perfil de Instagram la creación de cuentas que suplantaron su identidad. La juzgadora indicó que no administró esos espacios digitales. Los reportes confirmaron que los perfiles intentaron contactar usuarios con fines desconocidos.

https://youtu.be/7QKWDZxemxk?t=2342

Las autoridades judiciales indicaron que continuaron recibiendo reportes de perfiles apócrifos. Las instancias reiteraron que ninguna petición de dinero correspondió a trámites institucionales. Los avisos buscaron prevenir afectaciones por fraudes digitales relacionados con Inteligencia Artificial. –sn–

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“Se cierra un ciclo y se inicia otro”: Sheinbaum a Gertz Manero

Sheinbaum ofreció una embajada y reconoció la labor del fiscal. Reconocimiento oficial

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El presidente Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su reconocimiento hacia el fiscal Alejandro Gertz Manero y afirmó que le ofreció representar a México como embajador en otro país, según lo informado en conferencia. La mandataria señaló que el funcionario presentó resultados a pesar de las controversias registradas en su trayectoria. También indicó que la propuesta diplomática sería evaluada conforme a los tiempos institucionales.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum expresó que el desempeño de Gertz Manero fue valorado por el gobierno federal en función de sus atribuciones constitucionales. La gobernante expuso que cada institución contó con facultades definidas para resolver investigaciones en curso. Al mismo tiempo, explicó que la decisión final respecto a la carrera del fiscal dependería de lineamientos oficiales.

El ofrecimiento ocurrió mientras persistían cuestionamientos legales en torno al caso familiar que involucró a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín. La jefa del Ejecutivo afirmó que todas las actuaciones judiciales fueron revisadas en su momento por los órganos competentes. También sostuvo que la autonomía del Ministerio Público quedó preservada.

Caso Gertz Manero

El expediente del Senado registró que el fiscal Alejandro Gertz Manero acusó a su cuñada Alejandra Cuevas y a su madre Laura Morán por el presunto homicidio doloso por omisión relacionado con la muerte de Federico Gertz Manero en 2015. Las autoridades precisaron que el hermano del fiscal falleció a causa de congestión visceral generalizada derivada de neumonía y choque séptico. Las denuncias originales fueron presentadas luego de que el abogado Javier Coello Trejo reportó un supuesto estado de abandono.

Siete meses después del fallecimiento, la autoridad ministerial emitió un primer acuerdo de no ejercicio de la acción penal contra Laura Morán y Alejandra Cuevas. Un segundo acuerdo confirmó la inexistencia de delito y llevó a Gertz Manero a presentar un escrito de inconformidad ante la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El informe legislativo indicó que la denuncia original fue desechada en 2016.

El proceso se reactivó cuando Ernestina Godoy Ramos asumió como procuradora de la capital y el abogado Javier Coello Zuartz solicitó revisar las actuaciones ministeriales previas. Las autoridades iniciaron entonces una carpeta nueva y denunciaron a los agentes Jorge Octavio N, José Luis N y Jackelina N por no investigar adecuadamente en 2016. Quince días después se giraron órdenes de aprehensión contra los funcionarios señalados.

Proceso judicial

Posteriormente, se ejerció acción penal contra Laura Morán Servín y se radicaron diversas averiguaciones previas relacionadas con el caso. La jueza sexagésima penal de la Cdmx recibió el expediente y dictó las primeras resoluciones sobre la imputación. Las autoridades de la capital también impulsaron una orden de aprehensión contra Alejandra Cuevas, quien fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva.

https://sociedad-noticias.com/2025/12/01/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-01-de-diciembre-2025/

Una jueza federal, Patricia Marcela Díaz Serda, resolvió mediante dos sentencias de amparo que el caso contenía contradicciones y actuaciones deficientes. La impartidora de justicia concluyó que la acusación contra las imputadas no se sostenía con las pruebas recabadas. Además, señaló que las pesquisas no reunieron los elementos requeridos para sostener la tipificación de homicidio doloso.

La resolución de los amparos fue suspendida luego de que Gertz Manero solicitó que la Suprema Corte de Justicia atrajera el expediente. En ese periodo se difundieron audios de una conversación entre el fiscal y el subprocurador Juan Ramos, donde se mencionaban consideraciones sobre el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán. El contenido generó cuestionamientos en torno a la intervención del fiscal en el análisis judicial. –sn–

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Conatrib consolida liderazgo y cooperación judicial en México

Magistrado Rafael Guerra Álvarez asume presidencia y fortalece justicia.

Por Martín García | Reportero                                      

En la cuarta Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), por votación unánime se determinó que el magistrado Rafael Guerra Álvarez continuara como presidente del organismo. Resaltó que cuando los tribunales comparten visiones, tecnologías y buenas prácticas, la justicia se vuelve más inteligente, humana y cercana. La sesión se desarrolló con la presencia del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, y el ministro Arístides Rodrigo García Guerrero.

Durante el evento, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillen, afirmó que la Conatrib es el eje articulador para que la justicia sea comprensible y no solo imparcial. Señaló que el trabajo conjunto permite mejorar la comunicación entre tribunales y acercar la justicia a la ciudadanía. Subrayó que la coordinación respetuosa fortalece la legitimidad del sistema judicial en todo México.

El magistrado Guerra Álvarez aseguró que de Chiapas debía salir un mensaje firme, digno y esperanzador para toda la nación. Indicó que cada resolución, audiencia y acuerdo debía reflejar certeza y compromiso con el servicio público. Además, afirmó que la justicia es la manifestación más elevada de esperanza humana.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció la labor de los integrantes de la Conatrib durante el diseño y aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También mencionó la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias como parte de la modernización judicial. Resaltó que la coordinación entre poderes es fundamental para garantizar derechos y alcanzar la paz social. –sn–

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🏛️ Sheinbaum fija postura. La Presidenta electa rechaza que la Corte reabra resoluciones que ya fueron votadas, haciendo un llamado a la certeza jurídica. #SCJN #Justicia #Política https://zurl.co/5qaIi

🌍 ¡No al límite de amparos! Organizaciones exigen audiencia pública a la @SCJN y rechazan un proyecto que limitaría la protección del medio ambiente por vía legal. #AmparosAmbientales #SCJN https://zurl.co/j2FmE

Protestan repartidores contra nuevo impuesto en la capital del país

Repartidores exigen justicia y rechazan impuesto en Cdmx. Manifestación frente a la SCJN.

Por Martín García | Reportero                                      

Más de 300 personas repartidoras de diversas plataformas, agrupadas en Repartidores Unidos de México (RUM), se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mientras se discutía el proyecto de aplicar un impuesto del 2 por ciento al reparto por aplicaciones en la Ciudad de México (Cdmx). Los manifestantes expresaron su rechazo a la medida y aseguraron que afectará directamente sus ingresos diarios. La protesta se realizó de manera pacífica, con pancartas y consignas que evidenciaron su preocupación por la estabilidad económica familiar.

Los repartidores declararon sentirse decepcionados y molestos tras la votación que validó la aplicación del nuevo impuesto. Afirmaron que, a pesar de expresar sus preocupaciones, los ministros y ministras no modificaron ninguna propuesta y mantuvieron la medida vigente. Los trabajadores señalaron que ya cumplen con el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de las obligaciones derivadas de la reforma laboral.

La decisión de la SCJN fue percibida como una omisión a las demandas de los repartidores que laboran diariamente en la capital. La validación del impuesto representa, según los manifestantes, un precedente que podría afectar a miles de familias. Los trabajadores advirtieron que el aumento en los costos del servicio impactará negativamente sus ingresos netos y la economía de sus hogares.

Impacto económico y social

Los integrantes de RUM señalaron que el nuevo impuesto del 2 por ciento generará un aumento directo en los gastos de operación de las plataformas de reparto. Esta medida incrementará la carga fiscal sobre los trabajadores que ya enfrentan costos por combustible, mantenimiento y servicios. Los repartidores alertaron que el gravamen podría trasladarse al precio final del servicio, afectando también a los consumidores de la Cdmx.

Según los manifestantes, la medida ignora el esfuerzo diario de quienes garantizan la entrega de productos en tiempo y forma. La protesta buscó visibilizar la vulnerabilidad económica de los repartidores frente a decisiones legislativas y judiciales. La agrupación RUM enfatizó que el impuesto compromete la seguridad financiera de cientos de familias dependientes de esta actividad.

Los trabajadores hicieron un llamado al gobierno federal y a las autoridades locales para reconsiderar el impacto del impuesto en la economía de la población. Reclamaron que la política pública debe equilibrar la recaudación fiscal con la protección del sustento de los trabajadores. La SCJN, al validar la medida, estableció un precedente que podría replicarse en otras entidades federativas, alertaron los repartidores. –sn–

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Sheinbaum responde sobre proyecto UMA en SCJN

Presidente aclara alcance de Suprema Corte y modificación de indemnizaciones. Alcance de la SCJN

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la prensa sobre la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para modificar el cálculo de indemnizaciones por muerte, sustituyendo el salario mínimo por Unidades de Medida y Actualización (UMA). Explicó que la SCJN no tiene atribuciones para legislar y que su función principal consiste en resolver asuntos constitucionales o amparos que llegan a esta instancia. Según la mandataria, la Corte únicamente determina si procede o no un amparo o sentencia, sin poder crear nuevas leyes.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo agregó que, en caso de que la Corte determine que no procede un recurso, queda firme lo dictaminado por el tribunal que emitió la resolución. Reiteró que la SCJN no puede definir acciones legales por encima de la legislación vigente. La presidente subrayó que las sentencias solo generan jurisprudencia, pero no crean normas nuevas.

Se aclaró que uno de los debates más importantes en la anterior conformación de la Corte fue precisamente el uso del tribunal como órgano legislativo. La presidente afirmó que la competencia de la SCJN está limitada a resolver problemas constitucionales. Recordó que cualquier modificación de ley debe surgir del Congreso de la Unión y no de la Corte.

Proyecto de modificación UMA

El proyecto impulsado por la ministra Lenia Batres Guadarrama buscaba que los pagos por indemnización se determinaran con base en UMA en lugar de salarios mínimos. Sin embargo, el proyecto fue retirado temporalmente para permitir consultas adicionales entre los ministros del pleno. La ministra explicó que la suspensión no respondía a dudas sobre el contenido, sino a la necesidad de atender inquietudes de otros integrantes y de la opinión pública.

La ministra Lenia Batres Guadarrama solicitó el retiro de la contradicción de tesis 59/2025, surgida entre las extintas Primera y Segunda Salas de la Corte. Precisó que el objetivo fue garantizar transparencia y evitar percepciones de favorecimiento económico. La decisión buscó enriquecer el criterio que se tomará, dada la trascendencia de la reparación del daño en casos de muerte.

Se indicó que la medida permitirá realizar consultas complementarias entre los ministros para ajustar el proyecto. La ministra enfatizó que se trató de un proceso técnico y legal, no de una decisión arbitraria. Además, subrayó que la revisión responde al impacto de las indemnizaciones en la ciudadanía y la justicia.

Reacciones y contexto

La propuesta generó atención mediática por el posible efecto en pagos a víctimas y sus familias. Expertos legales comentaron que el uso de UMA en lugar de salario mínimo podría modificar montos de compensación. Sin embargo, la presidente recordó que la SCJN no puede imponer criterios legislativos, únicamente interpretar la Constitución.

https://sociedad-noticias.com/2025/11/27/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-jueves-27-de-noviembre-2025/

Se explicó que la SCJN actúa como órgano judicial y no como legislativo. Todas las modificaciones legales deben ser revisadas por el Congreso de la Unión. La presidente enfatizó que la separación de poderes es fundamental para el equilibrio institucional.

El proyecto original surgió de la necesidad de unificar criterios entre las Salas de la Corte. La contradicción de tesis 59/2025 evidenció diferencias en interpretaciones previas sobre indemnizaciones. El retiro temporal busca consolidar un criterio uniforme y transparente para la aplicación de UMA.

Se detalló que la discusión sobre indemnizaciones refleja el interés por garantizar justicia y equidad. La SCJN actuó de manera preventiva para evitar interpretaciones que pudieran favorecer intereses particulares. La presidente reiteró que la transparencia y la legalidad son principios fundamentales en la aplicación de la ley. –sn–

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Corte avala reclamos directos por daños eléctricos

La SCJN confirmó la validez del artículo 147 y permitió reclamos directos.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó asuntos vinculados con la aplicación del artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y revisó casos de daños provocados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante la transmisión y distribución de energía eléctrica.

El Pleno examinó expedientes relacionados con personas que realizaron trabajos de albañilería y recibieron una descarga eléctrica que les ocasionó lesiones graves. La revisión permitió definir el alcance de la responsabilidad vinculada con el servicio público de energía eléctrica.

El máximo tribunal determinó que el artículo 147 acreditó su constitucionalidad porque definió con precisión el derecho de las personas afectadas a reclamar una indemnización directa. La resolución estableció que cualquier individuo lesionado por fallas en el servicio público de energía eléctrica pudo demandar ante la aseguradora que respaldó a la CFE mediante un juicio civil. El fallo evitó trámites previos y otorgó certeza jurídica a quienes enfrentaron daños derivados de la actividad estatal.

La SCJN señaló que la posibilidad de reclamar ante la aseguradora sin iniciar un proceso administrativo previo garantizó un acceso más expedito a la reparación del daño. La decisión reafirmó que la existencia de una póliza de seguro en favor de la CFE habilitó a las víctimas para exigir el pago correspondiente. La medida fortaleció la protección legal para personas afectadas por fallas en la prestación del servicio público.

Alcances constitucionales

El Pleno sostuvo que el Estado debía responder por los daños ocasionados por el funcionamiento irregular de la administración pública. La resolución afirmó que, si un seguro cubrió el riesgo generado por la actividad estatal, la reclamación directa contra la aseguradora representó un mecanismo válido. La interpretación permitió consolidar criterios judiciales en torno a daños relacionados con infraestructura eléctrica.

La SCJN explicó que la reclamación ante la aseguradora constituyó el primer recurso disponible cuando existió una póliza contratada por la entidad pública responsable. El tribunal subrayó que este mecanismo no sustituyó la responsabilidad estatal, sino que la organizó mediante reglas claras. La decisión definió un marco jurídico que ordenó la relación entre aseguradora, institución pública y víctima.

La sentencia indicó que la reclamación civil directa redujo la carga burocrática y evitó dilaciones injustificadas para quienes enfrentaron lesiones o afectaciones patrimoniales. El análisis mencionó que las víctimas accedieron a un proceso judicial ordinario sin etapas administrativas previas. El criterio fortaleció la orientación constitucional hacia la reparación integral.

Interpretación complementaria

El tribunal agregó que el artículo 147 debía aplicarse de manera armónica con el artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE). La Corte precisó que, si la aseguradora no cubrió el total del daño ocasionado por la actividad irregular del Estado, la persona afectada pudo iniciar posteriormente un procedimiento administrativo para reclamar el monto restante. Esta vía quedó condicionada a la demostración formal de la conducta irregular de la administración pública.

La resolución combinó los mecanismos civil y administrativo para asegurar la reparación completa del daño. La decisión explicó que la acción ante la aseguradora representó el primer paso, mientras que la vía administrativa funcionó como complemento. El diseño legal evitó que las víctimas quedaran sin compensación cuando existieron límites en las pólizas de seguro aplicables.

La Corte afirmó que ambas disposiciones legales operaron de manera coordinada para garantizar que las víctimas obtuvieran la reparación integral. La interpretación simultánea de ambas normas permitió cerrar vacíos legales y fortaleció la seguridad jurídica. El criterio reafirmó el compromiso constitucional con la protección de derechos frente a la actividad del Estado. –sn–

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Violencia digital contra mujeres motiva llamado institucional

Por Martín García | Reportero                                      

La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, formuló un llamado para coordinar acciones entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También solicitó la participación de organizaciones civiles para atender con prioridad la violencia digital contra mujeres. Señaló que ese fenómeno afectaba la dignidad de las personas y reducía su participación pública.

Durante su intervención en el evento “La violencia contra la mujer en entornos virtuales”, realizado en el marco del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la magistrada expuso datos institucionales. Explicó que existía una comunidad amplia que reconocía la necesidad de prevenir agresiones digitales. Afirmó que esa percepción colectiva influía en nuevas prácticas institucionales.

Soto Fregoso sostuvo que era necesario fortalecer la respuesta estatal contra la violencia digital. Precisó que el TEPJF había emitido criterios jurídicos que incorporaban perspectiva de género en la resolución de controversias. Añadió que esas pautas situaban la dignidad de las mujeres como eje del análisis judicial.

Avances normativos

La magistrada indicó que México contaba con instituciones consolidadas en materia de combate a la violencia política de género. Sostuvo que ese marco jurídico se consideraba referencia en la región latinoamericana. Agregó que existían metodologías aplicadas por órganos jurisdiccionales para analizar estereotipos vinculados con roles tradicionales asignados a mujeres.

Mencionó que esas metodologías permitían identificar sesgos centrados en la apariencia física o en funciones históricamente atribuidas a mujeres. Explicó que la detección de esos elementos facilitaba una intervención jurídica más precisa. Señaló que la aplicación de estas herramientas contribuía a decisiones con mayor rigor técnico.

El evento se llevó a cabo en instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La actividad se integró por mesas de análisis coordinadas por distintas áreas especializadas. Las instituciones participantes expusieron datos y perspectivas sobre las modalidades digitales de violencia.

Participación institucional

La ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, encabezó el encuentro. La acompañó la magistrada presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, quien presentó información sobre casos atendidos. También intervino la directora general de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género de la SCJN, Cristina Solano Díaz.

En el espacio participó la diputada federal Nora Yessica Merino Escamilla, quien presentó elementos normativos sobre el tema. La magistrada de Circuito y representante de la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia (Anjuz), Nelly Montealegre, informó sobre acciones adoptadas por el organismo. Asimismo, la coordinadora del Programa de Privacidad y Protección de Datos Personales de la Asociación Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, Claudia Alin Escoto Velázquez, expuso riesgos vinculados con el uso de plataformas digitales.

Las instituciones señalaron la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional. Indicaron que la violencia digital continuaba incrementándose en diversas plataformas. Subrayaron que el análisis técnico permitiría una intervención más puntual. –sn–

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GIDH alerta por retroceso tras decisión de la SCJN sobre eliminar el fondo para víctimas

Grave el retroceso tras decisión de la SCJN sobre fondo para víctimas: GIDH.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” lamentó profundamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que evitó declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención a víctimas.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que “esta grave decisión vulnera el principio de progresividad, debilita los mecanismos de justicia y representa un retroceso para miles de personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos en todo el país”.

“La eliminación de un fondo mínimo para la atención a víctimas rompe con los estándares internacionales y contradice la obligación constitucional de avanzar, nunca retroceder, en materia de derechos humanos. Lo decidido por la Corte no solo reduce garantías; también genera un mensaje de desprotección hacia quienes más han sufrido”, afirmó.

Financiamiento esencial

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que el financiamiento establecido por la Ley General de Víctimas es esencial para que el Estado pueda brindar ayuda inmediata, asistencia, reparación integral, medidas de verdad y garantías de no repetición. Su eliminación, agregó, podría traducirse en una “renuncia práctica” al derecho de la reparación.

Fierro Hernández recordó que el proyecto del ministro Giovanni Figueroa —que proponía declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo— no alcanzó los seis votos necesarios, quedando en cinco votos a favor y cuatro en contra. Esto permitió que la nueva redacción del artículo continúe vigente.

“Lo más grave es que la Corte haya reabierto un debate ya resuelto por la integración anterior, vulnerando el principio de cosa juzgada y debilitando la seguridad jurídica. Esto abre la puerta para que otras reformas regresivas también vuelvan a discutirse, afectando la estabilidad de los derechos de las víctimas”, señaló.

Riesgo en procesos

El GIDH resaltó que hay un riesgo inminente a que las instituciones queden imposibilitadas para otorgar medidas de atención urgente; “se pone en riesgo procesos de reparación integral, incluidas indemnizaciones y programas de apoyo; se debilita el mecanismo de búsqueda, protección, seguimiento y acompañamiento en casos graves; se incrementa la posibilidad de retrasos, burocracia y revictimización, especialmente en entidades con menos recursos”, dijo.

“La progresividad es una obligación constitucional y un ancla de protección para quienes viven tragedias irreparables, según recomiendan instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin recursos y sin garantías mínimas, la reparación se vuelve una promesa vacía”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH reiteró que seguirá promoviendo acciones legales, asesorías y mecanismos de protección para garantizar que ninguna víctima en México quede desamparada por decisiones que debiliten el marco de justicia y reparación. –sn–

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🚨 Retroceso histórico: La SCJN avala la desaparición del fondo de reparación para víctimas. Colectivos de búsqueda condenan la decisión que afecta a miles de familias. #Justicia #DerechosHumanos #SCJN https://zurl.co/1gAz7

Miguel Hidalgo solicita más presupuesto por Mundial 2026

Mauricio Tabe pidió 182 millones extras para seguridad y servicios durante el Mundial. Fondo especial para el Mundial

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al gobierno de la ciudad de México un presupuesto adicional de 182 millones de pesos para cubrir las necesidades que enfrentará la demarcación antes y durante el Mundial de Fútbol 2026. La petición fue presentada de manera oficial ante la administración capitalina.

El edil explicó que, aunque aún no se ha definido el techo presupuestal del próximo año, la alcaldía ya elaboró un proyecto que contempla los requerimientos de infraestructura y seguridad que implicará la llegada de miles de visitantes. La solicitud busca garantizar servicios adecuados en zonas turísticas.

Tabe subrayó que Miguel Hidalgo concentró la mayor parte de los corredores gastronómicos, comerciales y de entretenimiento de la capital, por lo que anticipó una gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros en colonias como Polanco, Anzures y Lomas de Chapultepec.

Distribución de los recursos

En conferencia de prensa, Mauricio Tabe explicó que del monto total solicitado, 100 millones de pesos se destinarían a seguridad para contratar a 100 elementos adicionales distribuidos en dos turnos. Otros 70 millones serían utilizados para mantenimiento urbano, alumbrado, bacheo y limpieza de calles.

Detalló que cinco millones de pesos estarían enfocados en fortalecer la operación de vía pública, jurídica y de gobierno, mientras que siete millones se destinarían a protección civil para adquirir ambulancias y equipo de rescate. Todo con el propósito de ofrecer condiciones óptimas a los visitantes.

El alcalde afirmó que el objetivo era “hacer lucir a la Cdmx como un destino internacional de primer nivel” y subrayó la necesidad de brindar servicios públicos eficientes que representaran una buena imagen ante los turistas que asistirán al evento mundialista.

Propuesta de Fondo Mundialista

El mandatario local adelantó que la alcaldía propondría la creación de un Fondo Mundialista, diseñado para coordinar acciones y recursos con el gobierno de la Ciudad de México. Expresó su disposición de participar en mesas de trabajo para definir estrategias conjuntas antes del arranque del torneo.

Aclaró que su administración no aceptaría asumir responsabilidades adicionales sin contar con los recursos suficientes para responder a la demanda extraordinaria de servicios. “Lo que no vamos a permitir es que se nos asignen obligaciones sin presupuesto”, enfatizó.

Reiteró que Miguel Hidalgo requerirá coordinación directa con las instancias capitalinas, especialmente en temas de seguridad pública, movilidad y protección civil, ante el aumento previsto en la afluencia vehicular y peatonal durante la justa deportiva.

Controversia ante la Suprema Corte

Por otro lado, Tabe anunció que presentaría una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte de 13 mil millones de pesos al presupuesto de los municipios del país, cifra que, según dijo, representa una pérdida acumulada de más de 20 mil millones.

El edil señaló que se trataba de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), los cuales fueron reasignados por el gobierno federal a la Secretaría del Bienestar. Acusó que la medida afectó directamente a las alcaldías.

“Nuevamente levanto la voz por el despojo que el gobierno federal está haciendo a todos los municipios del país. Es un nuevo atraco autorizado por el Congreso”, declaró, al asegurar que el redireccionamiento del FAIS debilitó las finanzas locales. –sn–

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El lloriqueo de #GrupoSalinas: cuando se les acaba el privilegio

La doble moral de los que se creen dueños de México queda más clara que nunca.

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La Corte anula sanciones por dormir en vía pública y protege autonomía

SCJN protege dignidad y derechos humanos.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reafirmó el principio de dignidad humana al invalidar normas de dos municipios de Morelos que imponían multas de hasta $2,838 pesos a personas que durmieran en la vía pública. El fallo estableció que esta sanción era discriminatoria e injusta.

El Pleno de la SCJN resolvió que dormir constituye una necesidad humana básica y que ninguna autoridad puede castigar a quienes carecen de vivienda o un espacio para descansar, al tratarse de una condición derivada de la vulnerabilidad social y económica.

El criterio del máximo tribunal se basó en la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales firmados por el gobierno federal.

Normas arbitrarias e imprecisas

La Corte también invalidó diversas disposiciones de leyes municipales que sancionaban conductas vagas, como “alterar el orden y la seguridad pública”, “provocar escándalo” o “insultar o faltar el respeto a la autoridad”. Estas formulaciones fueron consideradas ambiguas y generadoras de arbitrariedad.

El Pleno señaló que toda norma debe elaborarse con reglas claras, precisas y proporcionales para evitar interpretaciones discrecionales que vulneren derechos fundamentales. Por ello, las autoridades locales deberán ajustar sus reglamentos a los estándares constitucionales.

La resolución fue emitida dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 23/2025, resuelta el 3 de noviembre de 2025, consolidando la línea jurisprudencial del tribunal sobre el respeto al principio de legalidad y la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Reconocimiento a la autonomía personal

En la misma sesión, la SCJN garantizó la capacidad jurídica de las personas con discapacidad al invalidar un artículo de la Ley de la Comisión Nacional de Energía, que permitía remover a integrantes del Comité por haber sido declarados en “estado de interdicción”.

El tribunal explicó que dicha figura jurídica fue eliminada del sistema mexicano, ya que restringía injustificadamente la autonomía de las personas adultas con discapacidad, imponiendo tutelas contrarias al principio de igualdad.

La decisión reafirmó el compromiso de la Corte con los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual obliga al Estado mexicano a reconocer la capacidad plena y el derecho a la autodeterminación de este grupo social. –sn–

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“Nuevo método”… o sea, ponerle atención a lo que ya necesitaba atención. GENIOS 😂
La #SCJN acaba de descubrir el poder de hacer su trabajo.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/scjn-estrena-nuevo-metodo-para-agilizar-revision-de-asuntos-acuerdan-dar-mas-tiempo-a-casos-con-temas-de-fondo/

Suprema Corte ordena pago millonario a minera

La Suprema Corte resolvió que Primero Empresa Minera debía pagar 2 mil 868 millones de pesos. Resolución fiscal definitiva.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este jueves que Primero Empresa Minera debía cubrir de forma definitiva un adeudo de 2 mil 868 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres, quien propuso rechazar la solicitud de aplazamiento promovida por la minera. La empresa argumentaba que mantenía acuerdos pendientes con las autoridades fiscales para diferir el pago del adeudo.

Por unanimidad, los ministros respaldaron la resolución, confirmando la validez del oficio 900-06-04-0000-2019-000773, emitido el 25 de noviembre de 2019, por la Administración de Fiscalización de Precios de Transferencia “4” de la Administración Central de Fiscalización de Transferencias del SAT.

Detalles del fallo judicial

El fallo determinó que Primero Empresa Minera debía cubrir la cantidad de 2 mil 868 millones 853 mil 516 pesos con 57 centavos por concepto de ISR y empresarial a tasa única, incluyendo actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012.

La resolución dejó sin efecto los recursos legales interpuestos por la compañía, los cuales buscaban invalidar el oficio fiscal emitido hace casi cinco años. Con ello, la autoridad judicial consolidó la obligación de pago ante el SAT.

Según el análisis de la SCJN, la resolución original del tribunal de origen fue conforme a derecho, al confirmar que la empresa incurrió en irregularidades tributarias detectadas durante una auditoría de precios de transferencia.

Impacto legal y económico

Este caso representó el primer fallo relevante de la nueva integración de la Corte en materia fiscal, tras los cambios recientes en su composición. La sentencia marcó un precedente en la revisión de disputas entre grandes corporaciones y autoridades hacendarias.

Fuentes judiciales indicaron que la decisión podría influir en otros litigios pendientes en la industria minera, donde se investigan posibles omisiones similares en materia de ISR y derechos sobre la extracción de minerales.

Asimismo, especialistas fiscales estimaron que la determinación refuerza las acciones del SAT en la fiscalización de operaciones internacionales y en el combate a la evasión por manipulación de precios de transferencia. –sn–

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#Opinión: Cae la impunidad fiscal de Salinas Pliego. La SCJN rechazó la estrategia legal de Elektra para "entorpecer" el cobro de 34,373 millones de pesos en créditos fiscales, ¡e impuso multas! Es el fin de sus "tiempos dorados". #SAT #SCJN https://zurl.co/1w23h

La @SCJN atrajo casos sobre contratos públicos y pensiones alimenticias, fortaleciendo el Estado de Derecho y la protección de derechos de niñas y niños. #SCJN #DerechoAlimentario #ContratosPublicos #NoticiasMX

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http://sociedad-noticias.com/2025/10/29/scjn-analiza-contratos-y-derecho-a-alimentos/?utm_source=mastodon&utm_medium=jetpack_social

SCJN analiza contratos y derecho a alimentos

Suprema Corte decide casos clave en contratos y pensiones alimenticias.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos asuntos de gran relevancia que podrían establecer criterios importantes en materia de contratos públicos y protección del derecho a los alimentos, reafirmando su papel como garante del Estado de Derecho en México.

El primer asunto involucra a una institución financiera pública que otorgó un crédito bajo la figura de contrato revolvente, donde la Corte analizará si puede obligarse a cubrir deudas de terceros ajenos al contrato original.

El análisis permitirá definir alcances de responsabilidad de las instituciones públicas en contratos mercantiles, ofreciendo mayor certeza jurídica y evitando que alguien asuma deudas que no contrajo, fortaleciendo la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Contratos públicos en revisión

La Corte evaluará la forma en que los contratos financieros y mercantiles deben ejecutarse, considerando la responsabilidad de las instituciones públicas frente a terceros, así como los límites legales en la cobertura de créditos revolventes otorgados por entes estatales.

Este estudio permitirá establecer precedentes sobre cómo las instituciones públicas pueden participar en operaciones mercantiles, asegurando que la población y las empresas tengan claridad sobre sus derechos y obligaciones en el ámbito financiero.

Los especialistas señalaron que el análisis de este caso podría generar criterios vinculantes, impactando la interpretación de contratos similares en todo el país y promoviendo transparencia y equidad en la actuación de entidades públicas.

Derecho alimentario y violencia vicaria

El segundo caso se centra en las obligaciones alimentarias en conflictos familiares, especialmente cuando existen actos de violencia vicaria, permitiendo a la Suprema Corte profundizar en el interés superior de la niñez y la perspectiva de género.

La Corte estudiará mecanismos que garanticen la protección efectiva de niñas y niños, asegurando que las pensiones alimenticias se determinen tomando en cuenta dinámicas familiares complejas y la seguridad de los menores involucrados.

Con esta revisión, la SCJN busca promover criterios que fortalezcan la justicia familiar y protejan a quienes más lo necesitan, estableciendo reglas claras para la asignación y cumplimiento de obligaciones alimentarias. –sn–

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