Extorsión crece y domina en ocho estados del país
La extorsión aumentó en México y elevó la percepción de inseguridad.
Por Martín García | Reportero
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) reportó que durante 2024 la extorsión fue el delito más recurrente en ocho estados: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.
El estudio mostró que la cuarta parte del territorio nacional estuvo dominada por este ilícito. El “cobro de piso” y las amenazas de grupos criminales explicaron el incremento de víctimas en distintos sectores económicos.
El año previo, la extorsión fue el delito más frecuente en seis entidades. El avance en dos estados reveló un patrón creciente que consolidó la extorsión como principal riesgo para familias y negocios.
Campaña nacional contra la extorsión
La presidente Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad reconocieron que la extorsión no dejó de crecer. Ante ello, lanzaron una campaña nacional que buscó reducir este ilícito en comunidades urbanas y rurales.
Las autoridades federales informaron que la estrategia incluyó difusión en medios, orientación ciudadana y capacitación de policías. Se trabajó en coordinación con estados y municipios para canalizar denuncias y atender a las víctimas.
La ENVIPE documentó que el costo total del delito y la inseguridad en hogares alcanzó 269.6 mil millones de pesos. El monto representó pérdidas económicas directas y medidas de protección asumidas por las familias.
Cada persona afectada perdió en promedio 6 mil 226 pesos. El costo total equivalió a 1.07 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, según datos del propio documento oficial.
Impacto económico y medidas preventivas
Las medidas preventivas que tomaron los hogares contra los delitos representaron 34 por ciento del total. Las pérdidas derivadas de victimización fueron 62 por ciento, equivalentes a 177.8 y 91.8 mil millones de pesos, respectivamente.
Entre las principales acciones destacaron cambios de cerraduras o candados en 22.8 por ciento de los hogares. Asimismo, el 18.8 por ciento de las familias modificó puertas o ventanas como respuesta al aumento de delitos.
El informe indicó que otras medidas incluyeron instalación de alarmas, cámaras de videovigilancia y contratación de servicios de seguridad privada. Estos gastos se sumaron a los costos sociales del delito en todo el país.
La ENVIPE subrayó que el impacto de la extorsión afectó tanto a hogares como a negocios. Comerciantes y empresarios enfrentaron pagos forzados que redujeron utilidades y encarecieron productos y servicios en diversas regiones.
Percepción de inseguridad en aumento
Por primera vez en siete años, la percepción de inseguridad creció en 2025. Entre marzo y abril, 75.6 por ciento de la población adulta consideró inseguro vivir en su entidad federativa.
La cifra superó en dos puntos porcentuales al 73.6 por ciento registrado un año antes. Este incremento rompió la tendencia descendente que caracterizó los últimos siete años en la percepción social de la inseguridad.
El alza se atribuyó al avance de delitos como extorsión y robo. En las encuestas, los ciudadanos identificaron a grupos criminales locales como principales responsables del deterioro en la tranquilidad de las comunidades.
La percepción de inseguridad en el ámbito municipal también aumentó de forma significativa. Sin embargo, en el nivel de colonia o localidad, los resultados no mostraron cambios estadísticamente relevantes.
Contexto y retos para 2025
La ENVIPE subrayó que la extorsión desplazó a otros delitos como el robo de vehículos. Esto situó al “cobro de piso” como el ilícito más extendido en un cuarto del territorio nacional.
Los estados más afectados coincidieron con zonas de presencia de grupos delictivos organizados. Autoridades locales solicitaron más recursos y coordinación con el gobierno federal para enfrentar la situación.
El reporte también señaló que el nivel de denuncia fue bajo. Solo una fracción de los afectados acudió al Ministerio Público, mientras la mayoría prefirió asumir pérdidas o buscar soluciones comunitarias.
El reto para 2025 incluyó la necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia, acompañamiento legal y protección a víctimas. El fenómeno de la extorsión se consolidó como el mayor desafío de seguridad –sn–
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