Sheinbaum observa caso de El Mayo Zambada sin temer a sus declaraciones
La presidente Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no teme declaraciones de El Mayo Zambada.
Por Paola Ramírez | Reportera
A pocas horas de que el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada se declarara culpable en una Corte de Estados Unidos, la presidente Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no tenía inquietud sobre las posibles revelaciones del capo.
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Desde su tradicional conferecnia de prensa, la mandataria explicó que cualquier declaración que implicara a México debería pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República (FGR). Señaló que existía un procedimiento establecido y se respetarían los procesos legales.
Añadió que, a más de un año de la detención de El Mayo, Estados Unidos no había entregado información adicional a la FGR, ni a la Secretaría de Seguridad ni a Relaciones Exteriores, por lo que continuaban en espera de datos oficiales.
Juicio y declaraciones
El lunes, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de al menos dos cargos relacionados con narcotráfico ante el juez Brian Cogan, con lo que evitó la pena de muerte. La Fiscalía General de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó que daría una conferencia de prensa sobre el juicio el mismo día.
El caso despertó atención internacional debido a la relación de Zambada García con otros líderes del crimen organizado, incluyendo a Joaquín Guzmán López, presunto responsable de entregarlo a la justicia estadounidense.
El operativo de detención tuvo lugar en El Paso, Texas, y hasta ahora no ha sido totalmente aclarado por autoridades de Estados Unidos. La detención se realizó mientras viajaba en el mismo avión que Guzmán López.
La mandataria reiteró que el gobierno federal continuaba siguiendo el caso con cautela, sin que existieran indicios de afectación directa a México. Señaló que las investigaciones se atendían con estricto apego a la ley.
Cargos y procesos
Desde su detención, Zambada García enfrentó 17 cargos por crimen organizado, tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina, marihuana, lavado de dinero y uso de armas de fuego. La Fiscalía estadounidense solicitó penas severas para cada uno de los delitos.
El 11 de junio se aplazó por 60 días la audiencia originalmente programada para el 16 de junio. La medida respondió al interés de la justicia y a negociaciones relacionadas con la pena de muerte.
Durante este periodo, las partes intercambiaron materiales de descubrimiento y discutieron la posibilidad de una resolución previa al juicio. La acción se llevó a cabo conforme a los procedimientos establecidos por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA).
El gobierno estadounidense determinó que los procedimientos de la CIPA eran probables, aunque aún evaluaba su alcance y la aplicación de la pena capital. Las partes esperaban la conclusión de la revisión.
Expectativa internacional
La declaración de culpabilidad de El Mayo generó expectativa por el posible impacto en redes de narcotráfico y seguridad regional. Analistas señalaron que la medida podría afectar operaciones y estructuras del crimen organizado.
Autoridades mexicanas permanecieron atentas a la información oficial que pudiera derivar del juicio, sin emitir pronunciamientos anticipados. La postura del gobierno federal fue mantener la coordinación con Estados Unidos.
El caso también incluyó negociaciones sobre la pena de muerte, tema central en la estrategia legal de la defensa del narcotraficante. Documentos judiciales revelaron que ambas partes evaluaban alternativas antes del veredicto final.
Se indicó que los procedimientos relacionados con la CIPA podrían implicar la revisión de información clasificada. La evaluación continuaba bajo supervisión del tribunal estadounidense y de los abogados involucrados.
Coordinación legal y seguridad
La presidente Claudia Sheinbaum recordó que México contaba con mecanismos legales para atender cualquier eventualidad derivada de declaraciones internacionales. Subrayó que la FGR era la instancia responsable de intervenir ante posibles implicaciones.
Se destacó que no existía información que confirmara riesgo inminente para autoridades mexicanas ni para instituciones del país. La postura se mantuvo preventiva y con apego a la ley.
El gobierno federal reiteró su disposición a colaborar con Estados Unidos en los procesos judiciales que involucraran a Zambada García. Indicó que la cooperación internacional era parte de los tratados vigentes en materia de justicia y seguridad.
Concluyó que la situación se seguía de cerca y que cualquier nueva información sería evaluada con responsabilidad. La estrategia mexicana se mantuvo firme en la protección de la soberanía y la legalidad. –sn–
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