Gobierno de Sheinbaum negocia retorno de dinero saqueado
Pablo Gómez busca acuerdo con García Luna. Sheinbaum confirma avances sobre recuperación de recursos en juicio civil de Miami.
Por Paola Ramírez | Reportera
Durante su tradicional conferencia de prensa, la presidente Claudia Sheinbaum informó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, se encontraba negociando un acuerdo con Genaro García Luna. El objetivo consistía en recuperar recursos ilícitos extraídos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Según lo dicho por la titular del Ejecutivo federal, el acuerdo aún no ha sido formalizado. En caso de que no se concrete, adelantó que continuará el juicio penal en Estados Unidos, donde podría dictarse una sentencia más severa contra el exfuncionario mexicano.
“Se está en un proceso para llegar a un acuerdo que implique información y entrega de recursos”, declaró la mandataria. “El viernes recibí una nota de Pablo Gómez sobre este proceso, y le he solicitado que nos informe a detalle”, agregó.
Multimillonaria sentencia en EU
En paralelo, Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados sin juicio en una corte civil de Miami, Florida. La jueza Lisa Walsh dictó la orden que obliga al pago de más de 2 mil 400 millones de dólares al gobierno federal.
El fallo respondió a una demanda presentada por el desvío de recursos mediante contratos ilegales durante la administración de Felipe Calderón. De ese total, García Luna deberá pagar 748 millones, mientras que Pereyra afrontará una deuda por mil 740 millones de dólares.
La acción legal tuvo como finalidad recuperar activos y fondos desviados del erario público. La UIF confirmó que estos montos regresarán a México para ser reintegrados al patrimonio nacional, como parte del litigio civil iniciado en septiembre de 2021.
Otros implicados en el esquema
Junto a García Luna, fueron señaladas varias personas físicas por participar en la red de corrupción financiera. Entre ellos se identificó a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.
La demanda interpuesta por la UIF reveló operaciones financieras irregulares realizadas en el estado de Florida, incluyendo transferencias ilícitas y adquisición de bienes raíces con dinero desviado de contratos públicos celebrados en México.
Este juicio civil en Miami es independiente del proceso penal que enfrenta García Luna en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Ahí se le imputó por brindar protección al Cártel de Sinaloa durante su periodo como secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012.
Vínculos con el narcotráfico
Durante el proceso penal en Nueva York, el exfuncionario fue hallado culpable por participar en una organización criminal. Se documentó que recibió sobornos a cambio de permitir el tráfico de cocaína desde territorio mexicano hacia Estados Unidos.
La sentencia dictada en octubre del año pasado condenó a García Luna a más de 38 años de prisión. Las acusaciones incluyeron conspiración para importar y distribuir cocaína, posesión con fines de tráfico, así como falsedad en declaraciones.
Pablo Gómez subrayó que los esfuerzos del gobierno federal también apuntan a recuperar bienes localizados en México y otras naciones. Además, reiteró que el proceso legal continuará en todas sus vertientes hasta que se repare el daño causado al Estado.
Cooperación internacional activa
Las investigaciones se han desarrollado con el apoyo de agencias estadounidenses, principalmente el Departamento de Justicia. La UIF ha sostenido reuniones con representantes de estas instituciones para compartir información bancaria y registros inmobiliarios.
Hasta el momento, se han congelado más de 50 cuentas vinculadas al exfuncionario y su red financiera. La estrategia legal contempla tanto la vía penal como civil, en Estados Unidos y México, con el fin de cerrar los canales de operación de estas estructuras.
De concretarse el acuerdo, Genaro García Luna podría reducir parte de su condena si entrega información relevante y restituye el monto sustraído. No obstante, la presidente advirtió que su administración no cederá ante presiones y se actuará conforme a la ley. –sn–
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