Brasil: sobre la Medida Provisional [Decreto] que establece la Política Nacional de Centros de Datos (ReData)
El gobierno Lula presentó una Medida Provisional (un decreto) para regular la instalación de Centros de Datos (Data Centers) en Brasil, una crítica del Laboratorio de Políticas Públicas e Internet
Expresamos nuestra preocupación por el formato y el contenido de la propuesta de Política Nacional de Centros de Datos ( ReData ) presentada. Reconocemos la importancia de fortalecer la infraestructura digital del país y promover sus propias cadenas de producción tecnológica. Sin embargo, el proceso de formulación de esta medida provisional [decreto presidencial] se caracterizó por la falta de transparencia. Se excluyó a la sociedad civil de los procesos de toma de decisiones, y se celebraron reuniones preliminares con grandes empresas antes de cualquier debate público o diálogo con las comunidades afectadas. Además, no se abordó seriamente y de forma coherente las implicaciones socioambientales y climáticas, que deberían ser el núcleo de cualquier propuesta de este tipo.
El texto revela una grave inconsistencia por parte del gobierno federal. En los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha defendido la soberanía nacional como un principio estratégico. Sin embargo, al mismo tiempo, está dispuesto a entregar nuestros recursos naturales a grandes corporaciones de centros de datos y Big Tech . Estas empresas, en Brasil, ya han demostrado ser vectores de prácticas antidemocráticas y que concentran el poder económico y político a escala global. Estos incentivos se han utilizado como moneda de cambio en las negociaciones económicas. Mientras tanto, se ignora el desarrollo de una política pública estratégica centrada en el interés colectivo y la protección de la naturaleza . Esta contradicción expone la fragilidad de un modelo de digitalización que prioriza los intereses privados en detrimento de la democracia, la justicia socioambiental y la autonomía del país.
La propuesta carece de salvaguardas socioambientales y climáticas explícitas para prevenir los impactos ya observados en experiencias internacionales y nacionales. Estos incluyen el agravamiento del estrés hídrico, el aumento de los costos energéticos locales, la contaminación, los conflictos territoriales y la exclusión de las comunidades locales, indígenas y tradicionales de los procesos de toma de decisiones. Las referencias a las obligaciones ambientales son vagas y carecen de definiciones claras de términos como «energía limpia» o «eficiencia hídrica». Si bien se mencionan consideraciones como las energías renovables y los estándares de eficiencia, estos criterios aún no se han definido en futuras regulaciones. Incluso con la previsión de pérdida de beneficios y sanciones en caso de incumplimiento, la falta de parámetros objetivos permite una amplia discreción.
A esto se suma la falta de regulaciones sobre la extracción de minerales, la eliminación de residuos electrónicos y la responsabilidad del ciclo de vida de equipos como GPU, baterías y servidores. Los centros de datos requieren una extracción intensiva de minerales estratégicos y generan volúmenes significativos de residuos especializados y materiales críticos. Estos materiales requieren logística inversa, reciclaje y reducción de toxinas. Sin regulaciones, el país se convertirá en un simple depósito de chatarra electrónica.
Al priorizar los incentivos fiscales, los regímenes especiales y las exenciones de impuestos y aranceles de importación, la medida trata el asunto como un mero problema fiscal y de competitividad económica. Reduce la sostenibilidad a una directiva opcional, sin mecanismos vinculantes que garanticen la protección ambiental ni la justicia social.
Es inaceptable que no se exijan estudios acumulativos de impacto ambiental, hídrico y energético antes de otorgar licencias o beneficios fiscales. La experiencia reciente con grandes proyectos en Eldorado do Sul (RS) y Caucaia (CE) ya demuestra el costo de esta omisión. Hubo falta de planificación integrada, falta de consulta con las comunidades locales y un agravamiento de los desastres ambientales.
El texto de ReData no menciona, directa ni indirectamente, medidas que involucren a las comunidades locales. No existen consultas ni mecanismos de diálogo, participación activa ni reparación para las comunidades afectadas por la construcción e instalación de estas infraestructuras. La propuesta también ignora la consulta previa, libre e informada obligatoria con los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, prevista en los tratados internacionales ratificados por Brasil.
Finalmente, al no prohibir explícitamente la instalación de proyectos en zonas con riesgo de escasez de agua, zonas de desastre o territorios propensos a fenómenos meteorológicos extremos, el gobierno refuerza la posibilidad de que se repitan modelos insostenibles. Estos modelos ya han sido criticados en otros países, como Chile e Irlanda, que actualmente enfrentan graves crisis hídricas y energéticas relacionadas con la instalación de centros de datos.
Argumentamos que las inversiones públicas y los incentivos fiscales para la infraestructura digital solo pueden ser legítimos si se condicionan a sólidas salvaguardias socioambientales, mecanismos efectivos de participación democrática y plena transparencia. Sin estas garantías, el Estado corre el riesgo de utilizar recursos públicos para financiar un modelo de digitalización que profundiza las desigualdades territoriales, intensifica las crisis socioambientales y socava la soberanía que dice defender. Todo esto beneficia a intereses privados extranjeros y a una lógica extractiva de la infraestructura digital.
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