¡Fallo judicial! 🚔 Tras el atentado contra Ciro Gómez Leyva, los agresores conocidos como “El Yeye” y “El Dedos” han sido sentenciados a 11 años de cárcel. Infórmate sobre los pormenores de la sentencia. #CiroGómezLeyva #Justicia #LibertadDeExpresión #México
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¡Castigo por el ataque! ✍️ Dos de los implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva reciben 11 años de prisión. Entérate de lo que significa este fallo para el caso. #JusticiaParaCiro #Atentado #Noticias #CiroGómezLeyva
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¡Hay sentencia! ⚖️ “El Yeye” y “El Dedos” son sentenciados a 11 años de prisión por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Conoce todos los detalles del veredicto. #CiroGómezLeyva #Justicia #México #Sentencia
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La periodista Claudia Mollinedo pierde su empleo tras polémica en restaurante de Polanco
Difunden video en Polanco; redes reaccionan y canal Imagen la separa del cargo. Video en Instagram.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Claudia Mollinedo, excolaboradora de Imagen Televisión, enfrentó una ola de críticas luego de publicar un video que generó indignación en redes sociales. El incidente ocurrió en el restaurante Bagatelle, en la zona de Polanco, donde según su testimonio, ella y su grupo de amigas fueron desalojadas de forma injustificada.
La grabación se viralizó rápidamente, provocando señalamientos por actitudes arrogantes y discriminatorias hacia el personal del establecimiento. Usuarios de redes sociales etiquetaron a la periodista con el mote de Lady Polanco.
La periodista, quien compartía pantalla con Ciro Gómez Leyva, aceptó su error mediante una publicación en Instagram. Afirmó que no se reconocía en su comportamiento de esa noche y ofreció disculpas públicas a los trabajadores del restaurante. Aseguró que el episodio fue sacado de contexto, pero reconoció que subir ese video a redes sociales fue un acto imprudente. También lamentó que sus palabras parecieran despectivas hacia quienes laboran en servicios de atención al cliente.
Consecuencias laborales
Pocas horas después de difundido el material, Imagen Televisión decidió separarla de su cargo. La empresa no emitió un comunicado oficial, pero la medida fue confirmada por fuentes internas del medio.
De forma paralela, el sitio El Independiente, donde colaboraba semanalmente, anunció la suspensión de su participación. El medio consideró que sus declaraciones eran contrarias a los principios editoriales que promueven.
Ambas decisiones se tomaron tras la presión ejercida por el comportamiento viralizado, el cual generó una percepción negativa entre audiencias y usuarios digitales. El video original mostraba a Mollinedo acusando una supuesta agresión por parte del personal de seguridad del restaurante, al ser acompañadas hasta la salida tras pagar una cuenta de 25 mil pesos.
La noche del incidente
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de julio. Según explicó la comunicadora, el restaurante encendió las luces y comenzó a limpiar el área, lo que interpretó como una señal de desalojo agresiva.
https://www.instagram.com/reel/DMq6vL-NidY/?utm_source=ig_web_copy_link
En el video grabado, Mollinedo aparece increpando a un empleado, quien simplemente respondió: “Aquí se cierra a la 1, no cuando usted quiera”.
El grupo de amigas, de acuerdo con su versión, consideró que el acto fue una falta de respeto y una forma de violentarlas al exponerlas en la vía pública a una hora riesgosa. Su discurso fue ampliamente criticado, pues asumía que pagar una cuenta elevada justificaba un trato preferencial, lo que fue percibido como una postura clasista.
Reacción en redes sociales
La expresión Lady Polanco surgió casi de inmediato como tendencia en X (antes Twitter) y otras plataformas, donde miles de internautas compartieron sus opiniones.
Cuentas verificadas, periodistas y usuarios ordinarios señalaron que la actitud de Mollinedo reflejaba un privilegio que ignoraba los derechos laborales del personal de servicios.
Aunque su intención inicial fue denunciar lo que percibió como un trato ofensivo, el video tuvo el efecto contrario: expuso una conducta poco empática y soberbia. Incluso algunos excompañeros del medio manifestaron su desaprobación por la forma en que manejó el conflicto, sin considerar el contexto del cierre operativo del restaurante.
Disculpas públicas
En su mensaje de disculpa, Claudia Mollinedo reconoció que su conducta no representaba sus valores y expresó arrepentimiento por sus palabras. Pidió perdón a los trabajadores del restaurante Bagatelle y a las personas que se sintieron ofendidas por el tono del video.
Asimismo, dijo que entendía la crítica pública, aunque pidió no ser linchada socialmente por un error que, en sus palabras, no define toda su trayectoria profesional. El video de disculpa permanece en sus redes sociales, donde algunos seguidores la apoyaron, pero muchos otros reiteraron su desaprobación.
Impacto reputacional
La situación provocó una reflexión en medios sobre la responsabilidad de quienes trabajan en comunicación al emitir opiniones desde plataformas personales.
La viralización del contenido no solo le costó sus colaboraciones profesionales, también afectó su imagen pública. A pesar de su retractación, múltiples comentarios aseguran que este tipo de conductas no deben normalizarse, sobre todo cuando implican un uso desproporcionado de poder o privilegio.
El restaurante Bagatelle no emitió una postura oficial sobre el caso, pero empleados cercanos aseguraron que actuaron conforme a las políticas internas del establecimiento. El incidente continúa generando debates sobre los límites entre libertad de expresión y responsabilidad social de figuras públicas. –sn–
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Opinión | Sociedad | ¿Libera México?
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.
En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.
A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.
Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.
Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.
Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.
La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.
Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.
Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.
Punto Cero
Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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Opinión | Sociedad | ¿Tropezar con la misma Piedra en la CNDH?
La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más. El nombramiento en esta institución tiene implicaciones directas para la protección de los derechos fundamentales de millones de personas.
Cada día, México registra en promedio el asesinato de diez mujeres, y al menos un tercio de estos crímenes son clasificados como feminicidios, aunque la mayoría quedan impunes. Las desapariciones también continúan en aumento, con más de 115,000 personas no localizadas. Entre estas, cerca de 1,000 son personas extranjeras. Mientras que las autoridades parecen actuar de forma pasiva, las familias de los desaparecidos, en su mayoría encabezadas por mujeres, han tenido que asumir el rol de buscadoras, enfrentándose a riesgos que incluyen amenazas, asesinatos y desplazamiento forzado.
Frente a este escenario, la CNDH debería encarnar un papel crucial como protectora de las garantías fundamentales. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años, con más presición, durante la administración de María Rosario Piedra Ibarra. La urgente necesidad de una institución independiente, efectiva y sensible ante las víctimas exige que el Senado lleve a cabo un proceso de selección riguroso, transparente y comprometido con los principios de justicia y protección de los derechos humanos.
Desde su creación, la CNDH fue concebida para proteger y promover los derechos de las personas en México, tanto de ciudadanos nacionales como de quienes transitan por el país. En un contexto como el actual, donde se han registrado 18 asesinatos de defensores de derechos ambientales y territoriales solo en 2023, el trabajo de la comisión es vital. Asimismo, el periodismo en México se enfrenta a un ambiente hostil, con constantes amenazas, asesinatos y desapariciones de reporteros.
Ante estas circunstancias, se debe designar a una persona que no solo cuente con conocimientos en derechos humanos, sino que también sea independiente y tenga un compromiso demostrado con las víctimas y sus causas. Los Principios de París, establecen que los titulares deben ser elegidos mediante un proceso que garantice una representación plural y cuente con el respaldo de las organizaciones y la sociedad civil.
La realidad en México exige una CNDH que actúe con firmeza y eficacia ante los numerosos casos de abuso y omisión por parte del Estado, no como un apendice de un partido político o benefactor de un gobierno en particular. Por este motivo, la próxima designación no puede ser un trámite más, debe ser un acto que simbolice la voluntad de poner fin a la impunidad que ha afectado a miles de personas en el país. Si se elige a un titular que cumpla con estos principios, la CNDH podría convertirse en el aliado que tanto necesita la sociedad mexicana para enfrentar la grave crisis de derechos humanos y, por ende, en un aliado elemental para la gestión de la titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo.
De esta forma, es necesario un proceso de selección que dignifique y fortalezca a una institución tan necesaria en estos tiempos. El nombramiento adecuado no solo beneficiará a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos, sino que también será una señal clara de que México busca la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos, acorde a los tiempos del verdadero cambio. o, será que, ¿nos podríamos tropezar con la misma Piedra?
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Publicada de manera original en el diario ContraRéplica
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