Elección judicial 2025 expone graves fallas: Coparmex
Informe de Coparmex revela irregularidades y riesgos para la autonomía judicial. Un proceso histórico.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La elección judicial de 2025 en México representó un hecho sin precedentes: por primera vez en la historia, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. Este cambio fue presentado como un paso hacia la democratización, aunque los resultados evidenciaron deficiencias graves. Según un informe técnico, el modelo no garantizó imparcialidad ni independencia judicial.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) difundió el Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025, elaborado con cobertura en más del 60% de los distritos electorales y presencia en el 65% del territorio. La información fue recabada gracias a la acción de socios, ciudadanos, Centros Empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
El documento, entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), señala que el proceso dejó al descubierto vacíos legales y un preocupante sometimiento de la justicia a intereses políticos. El informe reúne evidencias técnicas, jurídicas y ciudadanas que exigen una reforma profunda del modelo electoral judicial.
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex, afirmó que este es “un llamado de atención nacional”. Advirtió que no se puede permitir que la justicia dependa de cálculos políticos y subrayó que el verdadero reto inicia ahora, garantizando que los electos actúen con integridad y que las fallas detectadas no se repitan en 2027.
Vacíos legales documentados
Rubén Furlong Martínez, presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático, señaló que el ejercicio de observación no habría sido posible sin la colaboración de los presidentes de los Centros Empresariales en todo el país. Estos actores aportaron recursos, estructura y personal para recopilar evidencias y documentar las incidencias.
Furlong explicó que la ausencia de legislación secundaria, sumada a criterios emitidos de manera tardía, generó incertidumbre y afectó la equidad del proceso. El informe describe que el diseño del modelo electoral judicial fue fallido desde su concepción, abriendo la puerta al control político y la improvisación.
La selección de candidatos se llevó a cabo mediante tómbolas sin criterios técnicos ni transparencia, lo que desplazó el mérito profesional y favoreció decisiones arbitrarias. Esta mecánica, junto con la falta de información oportuna, debilitó la confianza ciudadana y fomentó la percepción de manipulación.
También se reportó exclusión ciudadana al impedir que los votantes contaran con datos completos sobre los aspirantes. Hubo boletas mal diseñadas, sobrantes sin cancelar y un manejo deficiente del material electoral, lo que restó certeza a la jornada.
Baja participación ciudadana
La participación en la elección fue mínima: solo el 13% del padrón acudió a votar. Más del 16% de las boletas fueron anuladas, declaradas inválidas o extraviadas sin explicación oficial. Esto significó que casi dos de cada diez votos emitidos no fueron contabilizados.
En al menos 21 distritos se detectaron coincidencias exactas entre los llamados “acordeones” y los resultados finales, lo que confirmó que la operación política tuvo más peso que la voluntad popular.
El informe advierte que estas irregularidades comprometen la legitimidad de la elección y demuestran una desconexión profunda entre el modelo electoral judicial y la sociedad. Sin mecanismos sólidos de transparencia, el proceso no garantiza la independencia que requiere un Estado de Derecho.
La Coparmex subrayó que, de no corregirse, estas deficiencias provocarán que el sistema judicial pierda credibilidad y que la ciudadanía se mantenga al margen de futuros comicios. El llamado es a iniciar reformas legales inmediatas y consensuadas.
Reformas urgentes para 2027
El organismo empresarial propuso que la legislación secundaria se emita con suficiente anticipación, incluyendo criterios claros de selección de candidatos y procedimientos que prioricen méritos profesionales sobre designaciones aleatorias.
Planteó que se garantice la participación informada de la ciudadanía mediante campañas de difusión transparentes y material electoral accesible. Asimismo, instó a reforzar la vigilancia independiente en todas las etapas del proceso.
El documento sugiere crear un mecanismo de verificación ciudadana para auditar la autenticidad de los votos y evitar patrones de manipulación. Esto implicaría colaboración entre el INE, organismos de la sociedad civil y observadores internacionales.
El informe concluyó que la elección judicial de 2025 dejó una lección clara: sin reglas sólidas y voluntad política, la justicia seguirá vulnerable a intereses ajenos a su función esencial. La vigilancia ciudadana será clave para el futuro. –sn–
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