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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | La palabra bajo fuego

En México, ejercer el periodismo equivale a caminar sobre un campo minado.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

El riesgo no es retórico ni abstracto: entre enero y julio de 2025, al menos ocho periodistas fueron asesinados por informar. Las cifras sitúan al país como el más peligroso de América Latina para la prensa, superando a naciones en conflicto y con redes criminales extendidas. Informar es, en este territorio, una actividad de alto riesgo.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.

Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.

La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.

En la capital del país, Cozumel o Acapulco, periodistas han sido asesinados minutos después de transmitir en vivo, como Ronald Paz Pedro, o encontrados sin vida tras años de amenazas, como Melvin García. El sistema de protección del Estado no previene ni reacciona a tiempo. La violencia se perpetúa mientras los perpetradores gozan de impunidad y los gobiernos de silencio.

No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.

En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.

La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.

En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.

Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.

México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.

En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.

Punto Cero

Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

Columna anterior: El precio de un jitomate mexicano

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Opinión | Sociedad | El precio de un jitomate mexicano

La economía también se escribe en recetas. En cada hamburguesa de McDonald’s, en cada salsa servida en restaurantes texanos, hay un ingrediente indispensable…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

… el jitomate fresco mexicano (jitomate). Sin embargo, ese insumo básico enfrenta ahora una cuota compensatoria del 30%, impuesta por el gobierno de Estados Unidos, que amenaza con alterar precios, cadenas de abasto y relaciones comerciales.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la medida no constituye un arancel formal, sino una cuota compensatoria resultado de una investigación antidumping solicitada por productores de Florida. El acuerdo de suspensión firmado en 2019 entre exportadores mexicanos y autoridades estadounidenses ha expirado, y con él, las condiciones preferenciales de exportación.

El jitomate mexicano representa más del 50 por ciento del consumo total de tomate fresco en los Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés), las importaciones de jitomate mexicano superaron los 2 mil millones de dólares en 2023. Se calcula que alrededor de 1.8 millones de toneladas cruzaron la frontera en ese año.

La industria alimentaria estadounidense depende ampliamente del tomate mexicano. Cadenas como Subway, Taco Bell y Wendy’s utilizan producto proveniente de Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí. En supermercados, uno de cada tres tomates frescos proviene directamente del campo mexicano.

El origen de esta medida no es nuevo. Desde hace más de una década, productores de Florida han promovido acciones legales para limitar el ingreso de jitomate mexicano, argumentando competencia desleal por subsidios. La Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos aceptó el argumento e impuso la cuota compensatoria mientras se define un nuevo acuerdo bilateral.

Caja de Jitomate / @SociedadN_

México no ha negado los apoyos al campo, pero rechaza que éstos constituyan una práctica de dumping. El verdadero impacto, sin embargo, será económico y logístico. Las empresas distribuidoras estadounidenses deberán asumir el costo o transferirlo a los consumidores. Se anticipa un incremento de entre 15 y 25 por ciento en el precio del jitomate fresco al menudeo.

En paralelo, los productores mexicanos enfrentan incertidumbre. Las exportaciones de tomate fresco generan más de 400 mil empleos directos, especialmente en regiones con alta marginación. Sin certidumbre en el comercio, podrían detenerse inversiones clave y paralizarse infraestructura logística que conecta el campo con los centros de distribución.

La medida también tiene un trasfondo político. Estados Unidos se encuentra en año electoral y Florida es uno de los estados clave. Los intereses de los productores locales influyen en decisiones que reconfiguran el comercio bilateral. La cuota al jitomate podría beneficiar políticamente, pero económicamente representa un riesgo inflacionario.

Marcelo Ebrard

El propio Marcelo Ebrard advirtió que esta política no es sostenible. Los consumidores estadounidenses terminarán pagando más por sus alimentos, las cadenas de restaurantes enfrentarán ajustes y el comercio fronterizo sufrirá retrasos. México ha solicitado una nueva ronda de negociaciones para evitar que esta disputa escale.

La experiencia previa indica que el jitomate mexicano terminará por imponerse, no en tribunales, sino en anaqueles. Es más barato, más abundante y con estándares de calidad reconocidos. Pero mientras eso ocurre, las afectaciones económicas ya comenzaron.

El jitomate ha sido más que un producto agrícola; ha simbolizado la capacidad exportadora del campo nacional. Lo que hoy se debate no es sólo una cuota del 30 opr ciento, sino el valor de las relaciones comerciales y el papel del campo en la economía global.

El consumidor estadounidense seguirá pidiendo hamburguesas, ensaladas y salsas. Pero la pregunta es: ¿cuánto estará dispuesto a pagar cuando el jitomate suba de precio? Y, más aún, ¿quién asume la carga de una política que castiga al productor, tensiona al consumidor y desarticula el comercio justo?

Punto Cero

En 2023, el Congreso de la Unión aprobó la nacionalización del litio. Esto generó un boom empresarial, aunque también conflictos legales. La minera china Ganfeng Lithium demandó al Estado mexicano por la cancelación de sus concesiones. Otras empresas en Zacatecas y Sonora interpusieron amparos para mantener sus derechos de explotación, algunos con vigencia superior a cien años.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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