SCJN debe garantizar derechos de víctimas: ONGs
SCJN analiza declaratoria de inconstitucionalidad y protege presupuesto mínimo. Reforma y derechos vulnerados.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el presupuesto mínimo para asistencia a víctimas, explicaron que la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de noviembre de 2020 violentó derechos previamente conquistados, agregaron que la resolución de la Primera Sala confirmó la afectación de derechos fundamentales, destacaron que miles de víctimas dependen de la asignación etiquetada.
La Suprema Corte discutió un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad presentado por el Ministro Giovanni Figueroa Mejía, explicaron que la decisión permitiría restablecer un presupuesto fijo y etiquetado para víctimas, indicaron que la resolución tenía el potencial de asegurar protección efectiva de derechos humanos, enfatizaron que se buscaba evitar retrocesos en la atención de víctimas en todo México, aseguraron que la medida respondería a compromisos legales previos.
Garantía presupuestal histórica
Previo a la reforma, el Artículo 132, fracción I, de la LGV contemplaba un presupuesto mínimo del 0.014% del gasto programable del PEF del año anterior, aseguraron que esta disposición protegía la asistencia, atención y reparación de víctimas de violaciones a derechos humanos, agregaron que la eliminación de la asignación obligatoria en 2020 representó una medida regresiva que afectó recursos esenciales para la CEAV y otros organismos de apoyo, subrayaron que fue un logro histórico del movimiento de víctimas.
En este sentido, el Centro Prodh promovió un amparo en enero de 2021 por la medida regresiva, indicaron que la Primera Sala resolvió por unanimidad en marzo de 2024 el Amparo en Revisión 675/2022, declarando que la eliminación de la garantía presupuestaria violaba el principio de progresividad, explicaron que la resolución reafirmó el derecho humano a una reparación integral, aseguraron que el fallo sentó precedente para proteger a las víctimas frente a reformas legislativas que disminuyan recursos asignados.
Plazos y ajustes legales
La Constitución establece que, tras declarar inconstitucionalidad, el Congreso tiene plazo para hacer ajustes legales, indicaron que de no realizarse cambios, la SCJN debe abrir la discusión sobre la declaratoria con efectos generales, explicaron que esto garantizaría que la medida se aplique de manera obligatoria y uniforme, aseguraron que el objetivo era restaurar derechos vulnerados y evitar que la regresividad afecte políticas públicas, subrayaron que la acción busca proteger derechos básicos de miles de víctimas.
La SCJN podría determinar que el mínimo presupuestal debe garantizarse mediante instrumentos legales disponibles, indicaron que el presupuesto debe destinarse exclusivamente a ayuda, atención y reparación, agregaron que esto impediría su uso para otros fines, explicaron que la asignación directa asegura la continuidad de programas esenciales, aseguraron que la resolución tendría efecto vinculante para autoridades federales y locales, resaltaron que la acción protegería la estabilidad presupuestaria de la atención a víctimas.
Impacto económico negativo
La eliminación del presupuesto mínimo redujo la capacidad del Estado para atender víctimas, explicaron que la CEAV dejó de recibir un promedio de 200 millones de pesos por año, indicaron que esto afectó directamente la cobertura de programas de asistencia y reparación integral, subrayaron que la falta de recursos obligó a priorizar casos y limitar apoyos, aseguraron que la recuperación de la asignación mínima es fundamental para garantizar acceso pleno a derechos humanos, destacaron que la brecha presupuestal pone en riesgo medidas de protección esenciales.
El PEF 2025 asignó 658 millones de pesos a “Ayudas Sociales” de la CEAV, señalaron que para cumplir con la garantía mínima se requerían 909 millones, agregaron que el Proyecto de Presupuesto 2026 establece 692 millones, explicaron que la cantidad debería ser al menos 913 millones, aseguraron que estos recursos se destinarían exclusivamente a medidas de asistencia y reparación, destacaron que la diferencia evidencia la regresividad causada por la reforma de 2020, subrayaron que la medida afecta cobertura y calidad de programas.
Decisión crucial de la SCJN
La resolución de la SCJN resultó central para garantizar derechos de víctimas a asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral, indicaron que la violencia creciente aumenta la necesidad de políticas efectivas, agregaron que el Estado no consolidó una política de atención adecuada, explicaron que el Sistema Nacional de Víctimas permanece sin recursos suficientes, aseguraron que la declaratoria general de inconstitucionalidad envía señal clara sobre la prioridad de derechos humanos, destacaron que la corte debía proteger progresividad y legalidad.
La nueva SCJN asumió la obligación de centrar la protección en víctimas, indicaron que la resolución aseguraría la tutela plena de derechos humanos, explicaron que la declaratoria debe prevenir retrocesos, agregaron que la medida vincula al Congreso y a la administración federal, aseguraron que la transparencia en la ejecución del presupuesto será supervisada, subrayaron que la decisión fortalece el marco legal de reparación integral, destacaron que la corte reafirma el principio de progresividad en políticas de atención a víctimas. –sn–
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