Obtienen libertad defensores indígenas tseltales en Chiapas
Indígenas tseltales obtienen libertad y organizaciones documentan detenciones. Primeras liberaciones
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Las autoridades judiciales de Chiapas dieron a conocer que cinco indígenas tseltales, defensores del territorio, recuperaron su libertad este fin de semana, y precisaron que permanecieron presos desde 2022 en el penal de San Cristóbal de Las Casas, donde enfrentaron una acusación por el homicidio de un policía municipal, hecho que negaron ante instancias judiciales.
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señalaron que el caso presentó irregularidades desde su inicio, y recordó que la defensa documentó violaciones al debido proceso. Los involucrados manifestaron que la resolución federal modificó por completo su situación jurídica.
El Frayba detalló que Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco abandonaron la prisión por orden del Tribunal Colegiado del Poder Judicial, y estableció que la liberación fue calificada como “inmediata” en la notificación oficial. La organización indicó que la decisión tuvo efectos en los expedientes penales iniciados en su contra, y comunicó que el fallo fue entregado a las autoridades penitenciarias del estado para su ejecución. Los defensores informaron que regresaron a sus comunidades tras la notificación judicial.
El Tribunal Colegiado explicó que la resolución derivó del análisis del amparo 64 y 65/2025, y especificó que los acusados acreditaron pruebas suficientes para modificar la sentencia previa, hecho que quedó asentado en el dictamen final. La defensa informó que entregó peritajes, testimonios y documentos que cuestionaron la acusación original, y señaló que el tribunal revisó cada elemento antes de emitir el fallo. Los cinco indígenas comunicaron que mantuvieron su declaración de inocencia en todas las audiencias del proceso.
Intervención de organizaciones
Organizaciones de derechos humanos indicaron que el caso recibió acompañamiento de distintas agrupaciones civiles, y precisaron que estas enviaron documentación para reforzar el análisis del Poder Judicial. El Frayba afirmó que las revisiones externas ayudaron a identificar inconsistencias en las primeras diligencias, y agregó que autoridades comunitarias respaldaron el proceso de defensa. Representantes del colectivo señalaron que las investigaciones iniciales presentaron fallas reportadas a las instancias federales.
El Frayba informó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó documentos en calidad de amicus curiae (amigo del tribunal), y explicó que estos materiales detallaron irregularidades en el modo en que se realizaron las detenciones, hecho que quedó asentado en la revisión del caso. La organización argumentó que los informes externos fortalecieron la exigencia de una revisión exhaustiva a la actuación del ministerio público. Los documentos entregados fueron integrados al expediente federal.
La ONU indicó que los testimonios contenidos en el amicus curiae describieron que las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales, y expusieron que existieron omisiones en el registro de la primera comparecencia, elementos revisados por el Tribunal Colegiado. La organización internacional señaló que la evidencia disponible permitió cuestionar la validez de las acusaciones, y reiteró que el proceso debió investigarse con mayor precisión desde su inicio. Los informes entregados subrayaron que la estructura del caso presentó inconsistencias relevantes. –sn–
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