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Harfuch resalta que México coopera para localizar a Hernán Bermúdez

Buscan en Tabasco a exsecretario acusado. Gobierno federal colabora con Tabasco; exfuncionario tiene ficha roja.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue señalado por asociación delictuosa y secuestro. El gobierno federal colabora con las autoridades estatales para concretar su localización inmediata.

Desde la conferencia de prensa presidencial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal brindó apoyo al de Tabasco para localizar al exfuncionario Hernán Bermúdez, quien fue acusado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

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El exfuncionario encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad durante el mandato de Adán Augusto López, actual senador y exsecretario de Gobernación.

De acuerdo con el titular de la SSPC, existen indicios que vinculan a Bermúdez con el grupo criminal denominado La Barredora, una célula que operó en distintos municipios del sureste del país. “Estamos colaborando con el gobierno del estado para su búsqueda. El gobierno estatal pidió apoyo, y nosotros estamos actuando para localizar a este sujeto”, sostuvo García Harfuch.

Indicios desde 2024

El funcionario federal aseguró que desde el año 2024 ya existían señales sobre posibles actos ilícitos cometidos por Bermúdez.
“Había indicios desde el año pasado a raíz de varias notas periodísticas y reportes locales”, añadió el secretario.
Señaló que fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Fiscalía General del Estado de Tabasco abrió una carpeta formal de investigación en su contra.
Ese expediente permitió consolidar los elementos que derivaron posteriormente en una orden judicial en su contra.

Gobierno de May pidió aprehensión

Fue en febrero de 2025, con el arranque de la nueva administración estatal encabezada por Javier May, cuando se solicitó una orden de aprehensión. La solicitud respondió a los cargos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y fue concedida por un juez local.

El caso también fue incorporado a los mecanismos de búsqueda internacionales a través de la Fiscalía General de la República. Como parte de ese proceso, el Centro Nacional de Inteligencia obtuvo la ficha roja de Interpol en contra del exfuncionario.

Extienden búsqueda a nivel nacional

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que mantiene activas diversas líneas de búsqueda. Las labores incluyen acciones conjuntas con fiscalías estatales y corporaciones municipales del país.

Además, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional fueron notificadas sobre el caso.
Según informes oficiales, Bermúdez habría salido de Tabasco desde inicios de 2025 para evitar su detención.

Relación con grupo delictivo

De manera extraoficial, diversas investigaciones vinculan a Hernán Bermúdez como presunto líder del grupo criminal La Barredora. Esa organización fue señalada por múltiples hechos de violencia en la región sur del país desde 2022.

También se le atribuyen cobros ilegales y secuestros en zonas petroleras, según documentos filtrados en medios locales. Sin embargo, ninguna acusación ha sido confirmada por la autoridad judicial correspondiente.

Fiscalía estatal mantiene expediente abierto

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco confirmó que mantiene abierta la carpeta de investigación.

Autoridades judiciales de la entidad solicitaron el apoyo de instancias federales para ejecutar la detención. En tanto, el exfuncionario no ha emitido declaraciones ni se ha presentado ante el Ministerio Público.
Su paradero permanece desconocido y la ficha de Interpol sigue activa.

Apoyo institucional continúa vigente

La SSPC reiteró que la búsqueda se mantendrá vigente hasta concretar la aprehensión de Hernán Bermúdez. También hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar, en caso de contar con información verídica sobre su ubicación.

“La colaboración entre niveles de gobierno es fundamental en estos casos”, puntualizó García Harfuch. El funcionario no precisó si existen más funcionarios involucrados con ese grupo delictivo. –sn–

Hernán Bermúdez Requena

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Hernán Bermúdez Requena

Corte ordena a FGR divulgar versión pública del caso Ayotzinapa

Primera Sala avala acceso a carpeta de investigación. SCJN afirma que se trata de violaciones graves a derechos humanos. Acceso a información prevalece.


Por Martín García | Reportero                                      

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos juicios de amparo relacionados con la indagatoria del caso Ayotzinapa, promovidos por víctimas que reclamaron la orden de divulgar la carpeta de investigación en versión pública.

Las demandas impugnaron la resolución del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que modificó una respuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para instruir la publicación parcial del expediente.

Las víctimas alegaron que no fueron llamadas como terceros interesados y que la difusión pondría en riesgo su seguridad al contener datos que podrían revelar su identidad, dada la relevancia del caso y la participación de un grupo criminal.

Sin embargo, el Juzgado de Distrito negó el amparo, lo que motivó recursos de revisión, posteriormente atraídos por la SCJN por el tema de constitucionalidad planteado.

Divulgación no requiere consentimiento

En su fallo, el Alto Tribunal determinó que el INAI no tenía obligación de convocar a las víctimas como terceros interesados, ya que se trataba de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

La Sala sostuvo que esa condición otorga carácter público a la información, lo cual elimina la necesidad de contar con el consentimiento de los afectados por la investigación.

Taller infantil | Fotografía Axel Hernández | @SociedadN_

De acuerdo con la jurisprudencia aplicable, la entrega de una versión pública no vulnera la reserva establecida en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en las leyes de transparencia vigentes o abrogadas.

La Corte reafirmó que la ley prevé excepciones a la reserva cuando la información está vinculada con delitos de lesa humanidad o graves violaciones a derechos fundamentales, como ocurre en este caso.

El interés público es superior

El Tribunal subrayó que, en estos supuestos, el interés social en conocer los avances de la indagatoria supera el derecho individual a la confidencialidad, al tratarse de hechos que impactan a toda la sociedad.

El artículo 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública —vigente y aplicable— señala expresamente que no se podrá invocar la reserva de información cuando se investiguen graves violaciones a los derechos humanos.

Por ello, la entrega ordenada de una versión testada cumple con los principios de acceso a la justicia y rendición de cuentas exigidos en estos contextos.

Asimismo, la Sala enfatizó que los datos confidenciales deberán eliminarse de la versión pública para salvaguardar la integridad de las víctimas y otros terceros relacionados.

Sentencia confirma negativa de amparo

Los amparos en revisión 108 y 109 de 2025 fueron resueltos por mayoría de cuatro votos, con la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en sesión celebrada el 25 de junio.

La Primera Sala concluyó que la entrega de la carpeta en versión pública no transgrede los derechos de las víctimas, y que las resoluciones previas estaban correctamente fundamentadas en el marco legal.

En consecuencia, confirmó las sentencias impugnadas y negó el amparo solicitado, avalando la publicación de los documentos por parte de la FGR en su sitio electrónico institucional.

Con este fallo, se sienta un precedente importante sobre el equilibrio entre transparencia, derechos de las víctimas y acceso a la información en casos de violaciones graves.

Información disponible por mandato judicial

La FGR deberá ahora entregar y publicar la versión testada del expediente conforme a los lineamientos establecidos, lo cual deberá realizarse en su micrositio web sobre el caso Ayotzinapa.

El contenido deberá eliminar toda referencia que permita la identificación de víctimas o de cualquier otra persona cuya confidencialidad deba resguardarse legalmente.

El proceso judicial ratifica que el derecho a saber, cuando se relaciona con violaciones de gran escala, prevalece por encima de la reserva institucional en casos ordinarios.

La Corte reitera que el Estado mexicano está obligado a garantizar la transparencia en procesos donde se investigue la desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales u otros crímenes de lesa humanidad. –sn–

Fiscalia General de la Republica (FGR)

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Persona incada por los desaparecidos de AyotzinapaFiscalia General de la Republica

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