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Entender el fenómeno de la corrupción permitirá plantear soluciones para erradicarlo: rector Lomelí

La UNAM analizó la corrupción en México y presentó un estudio histórico esencial.


Por Martín García | Reportero                                      

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expuso que conocer la corrupción permitió rastrear sus raíces y examinar su permanencia, y subrayó que este fenómeno afectó el desarrollo nacional. Durante la presentación del libro “La corrupción en México. Tramas y temas en el siglo XX”, el rector Leonardo Lomelí Vanegas expuso que el análisis histórico permitió comprender su funcionamiento estructural. También indicó que esta obra editada por la UNAM y El Colegio de México (Colmex) reunió evidencia documental sobre prácticas institucionales del siglo pasado.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la corrupción acompañó diferentes etapas históricas y frenó el avance político y social del país, e indicó que su permanencia obedeció a debilidades institucionales. Destacó que la investigación ofreció contextos amplios sobre las prácticas públicas que propiciaron estos actos. También señaló que identificar esas condiciones permitió establecer rutas para combatir este fenómeno.

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el rector explicó que la obra reunió 14 capítulos elaborados por especialistas en historia, derecho y ciencias sociales, y que cada análisis mostró ambientes que facilitaron la corrupción. Añadió que la ausencia de contrapesos políticos y la falta de una prensa crítica abrieron espacios para prácticas ilícitas. También precisó que la sobre reglamentación generó condiciones para abusos reiterados.

Casos históricos

Entre los capítulos presentados aparecieron estudios sobre la Comisión Monetaria, la cual operó entre 1916 y 1940 con estructuras opacas dentro de la Secretaría de Hacienda, y expuso mecanismos indebidos durante la Revolución y la posrevolución. Otro apartado analizó las prebendas militares asociadas con Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro Domínguez y Abelardo L. Rodríguez, quienes ejercieron influencia política durante la primera mitad del siglo XX. Además, la obra abordó redes internas que reflejaron la fragilidad institucional de aquel periodo.

También se incluyó una revisión del manicomio La Castañeda como espacio de abuso administrativo entre 1910 y 1968, y se documentó cómo su funcionamiento generó beneficios indebidos para funcionarios. Otro capítulo examinó los mecanismos de corrupción judicial en la ciudad de México durante el siglo XX, lo que permitió identificar procedimientos informales dentro del sistema de justicia. Asimismo, se mostró cómo los llamados “centros de vicio” operaron bajo prácticas toleradas que propiciaron la ausencia de sanciones.

El rector expuso que la independencia judicial representó un elemento indispensable para sancionar la corrupción, y afirmó que sin autonomía institucional el castigo dependió de la voluntad política. También indicó que la debilidad jurídica generó vacíos que permitieron la expansión de estas prácticas. Destacó que el análisis histórico mostró patrones repetidos en diferentes administraciones.

Análisis académico

El historiador Javier Garciadiego, director de la Academia Mexicana de la Historia, señaló que el tema del libro estuvo vinculado con la realidad actual y que su revisión histórica permitió ubicar los orígenes del problema. Indicó que las investigaciones demostraron que la existencia de leyes no garantizó la reducción de la corrupción. Además afirmó que los discursos moralizantes no generaron resultados suficientes.

Expuso que los casos mostraron que la corrupción se instaló en espacios sin control institucional y que los periodos de urgencia gubernamental favorecieron decisiones discrecionales. Indicó que esas prácticas fortalecieron redes internas que obtuvieron beneficios personales. También aseguró que dichos patrones se repitieron en contextos donde se buscó mantener estabilidad política.

Por su parte, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Elisa Speckman Guerra, explicó que el concepto de corrupción manejado en la obra fue amplio y abarcó beneficios indebidos obtenidos por servidores públicos. Señaló que en el siglo XX estas expresiones se extendieron a diferentes áreas administrativas. También afirmó que la impunidad fortaleció su permanencia en instituciones diversas. –sn–

Sociedad Noticias

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Urge cumplir compromisos con la protección de mujeres y niñas desaparecidas: GIDH

GIDH exige acciones reales para frenar desapariciones de mujeres y niñas en México.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” urgió al gobierno federal a implementar de manera efectiva los estándares internacionales destinados a proteger a mujeres y niñas frente a la violencia, la trata y desapariciones forzadas en el país.

Su presidente. el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, subrayó que en México existe “una realidad cruda que no puede normalizarse, las desapariciones de mujeres y niñas siguen vinculadas con redes de trata de personas y con entornos de violencia extrema, sin que existan protocolos aplicados con eficacia, ni mecanismos que protejan de manera real a las familias por la autoridad federal”.

Violencia contra menor

El doctor Fierro Hernández, galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, pidió al gobierno federal identificar rutas de acción para mejorar la prevención de desapariciones vinculadas a trata y los procesos de investigación.

Seguridad y justicia

El GIDH resaltó que aún continúan graves deficiencias estructurales al interior de las dependencias que procuran la seguridad y justicia en el país, por lo que solicitó a la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo asumir la responsabilidad en este tema tan delicado para la sociedad en el país, “de manera particular ahora que Ernestina Godoy asumió como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

“Las autoridades reconocen las carencias, pero el reconocimiento ya no es suficiente. México debe transformar los compromisos en acciones tangibles y aplicar de manera efectiva los protocolos que ya existen”, afirmó Jesús Rey Fierro.

El defensor del pueblo señaló que, aunque se han adoptado protocolos especializados, “estas herramientas siguen sin traducirse en resultados que cambien la realidad de las víctimas”, aún con la instauración del Programa Integral para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Abandono institucional

“Ante la impunidad y el abandono institucional, son las familias quienes realizan la mayor parte de las búsquedas, labores que deberían corresponder a las autoridades”, resaltó.

Por este motivo, el abogado Rey Fierro reiteró su profunda preocupación, “las familias nos dijeron que sus hijas desaparecen una primera vez cuando son sustraídas, y una segunda vez cuando las autoridades dejan de buscarlas, especialmente después de la condena de algún responsable. Esa doble desaparición es una herida que no puede continuar”.

Jesús Rey Fierro urgió a que México explore e implemente mecanismos de justicia restaurativa, que permitan obtener información crucial para localizar a las víctimas y garantizar que los procesos judiciales no silencien la verdad, ni cancelen las búsquedas pendientes para ubicar el paradero de las personas afectadas. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Jesus Rey Fierro HernandezViolencia contra menorJesús Rey Fierro Hernández

GIDH alerta por retroceso tras decisión de la SCJN sobre eliminar el fondo para víctimas

Grave el retroceso tras decisión de la SCJN sobre fondo para víctimas: GIDH.


Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-Magister” lamentó profundamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que evitó declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención a víctimas.

Su presidente, el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, explicó que “esta grave decisión vulnera el principio de progresividad, debilita los mecanismos de justicia y representa un retroceso para miles de personas afectadas por delitos y violaciones a derechos humanos en todo el país”.

“La eliminación de un fondo mínimo para la atención a víctimas rompe con los estándares internacionales y contradice la obligación constitucional de avanzar, nunca retroceder, en materia de derechos humanos. Lo decidido por la Corte no solo reduce garantías; también genera un mensaje de desprotección hacia quienes más han sufrido”, afirmó.

Financiamiento esencial

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, explicó que el financiamiento establecido por la Ley General de Víctimas es esencial para que el Estado pueda brindar ayuda inmediata, asistencia, reparación integral, medidas de verdad y garantías de no repetición. Su eliminación, agregó, podría traducirse en una “renuncia práctica” al derecho de la reparación.

Familiares de desaparecidos en la Camara de Diputados

Fierro Hernández recordó que el proyecto del ministro Giovanni Figueroa —que proponía declarar inconstitucional la eliminación del fondo mínimo— no alcanzó los seis votos necesarios, quedando en cinco votos a favor y cuatro en contra. Esto permitió que la nueva redacción del artículo continúe vigente.

“Lo más grave es que la Corte haya reabierto un debate ya resuelto por la integración anterior, vulnerando el principio de cosa juzgada y debilitando la seguridad jurídica. Esto abre la puerta para que otras reformas regresivas también vuelvan a discutirse, afectando la estabilidad de los derechos de las víctimas”, señaló.

Riesgo en procesos

El GIDH resaltó que hay un riesgo inminente a que las instituciones queden imposibilitadas para otorgar medidas de atención urgente; “se pone en riesgo procesos de reparación integral, incluidas indemnizaciones y programas de apoyo; se debilita el mecanismo de búsqueda, protección, seguimiento y acompañamiento en casos graves; se incrementa la posibilidad de retrasos, burocracia y revictimización, especialmente en entidades con menos recursos”, dijo.

“La progresividad es una obligación constitucional y un ancla de protección para quienes viven tragedias irreparables, según recomiendan instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin recursos y sin garantías mínimas, la reparación se vuelve una promesa vacía”, enfatizó Fierro Hernández.

El GIDH reiteró que seguirá promoviendo acciones legales, asesorías y mecanismos de protección para garantizar que ninguna víctima en México quede desamparada por decisiones que debiliten el marco de justicia y reparación. –sn–

Jesús Rey Fierro Hernández

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Jesús Rey Fierro HernándezFamiliares de desaparecidos en la Camara de Diputados

Avanza Dolores González Saravia para presidir derechos humanos capitalino

El Congreso capitalino designó, en comisiones, la designación de la próxima titular de la CDHCM.


Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la designación de María Dolores González Saravia Calderón para presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para el periodo 2025-2029. La decisión será presentada ante el Pleno el próximo 6 de noviembre.

El dictamen fue emitido por la comisión presidida por la diputada Jannete Guerrero Maya, quien informó que el perfil de González Saravia obtuvo la calificación más alta entre las aspirantes evaluadas. Su trayectoria recibió el respaldo de organizaciones civiles, académicos y especialistas en derechos humanos.

Durante la sesión, los legisladores reconocieron que el proceso de selección cumplió los principios de transparencia y participación ciudadana. Los integrantes de la comisión coincidieron en que la trayectoria de la candidata reflejaba una sólida formación técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.

Perfil con trayectoria consolidada

En la evaluación se consideraron criterios como la experiencia en investigación, promoción y defensa de los derechos humanos, así como su conocimiento de los marcos normativos locales, nacionales e internacionales. También se valoró su participación en mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia restaurativa.

El dictamen detalló que la nueva titular de la CDHCM posee una visión centrada en la mediación y la construcción de paz. Su propuesta de trabajo incluye fortalecer la institución mediante políticas de prevención de violaciones a derechos y acciones de acercamiento con la ciudadanía.

La comisión legislativa señaló que González Saravia presentó un proyecto integral con enfoque de derechos y de justicia social, priorizando la atención a víctimas y la reparación integral del daño. Su perfil fue considerado idóneo para dirigir la institución durante los próximos cuatro años.

Vínculos y antecedentes profesionales

En el ámbito familiar, Dolores González Saravia es hermana de Margarita González Saravia, actual gobernadora de Morelos. No obstante, los legisladores subrayaron que su designación se basó exclusivamente en su experiencia profesional y no en vínculos políticos.

Con más de cuarenta años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, González Saravia participó en procesos de mediación y acompañamiento a víctimas en casos emblemáticos a nivel nacional. Su labor ha sido reconocida por organismos internacionales y colectivos sociales.

El dictamen puntualizó que su plan de trabajo propuso una Comisión de Derechos Humanos fortalecida institucionalmente, con perspectiva de paz y de justicia restaurativa. También planteó la creación de mecanismos de seguimiento ciudadano y la colaboración interinstitucional con dependencias del gobierno federal. –sn–

María Dolores González Saravia Calderón

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María Dolores González Saravia Calderón

CNDH ordena a Fiscalía de Veracruz aceptar recomendación

La Recomendación 126/2025 exige que la Fiscalía de Veracruz cumpla con la resolución estatal.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE) a aceptar la resolución emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH).

La medida derivó de la Recomendación 126/2025, que acreditó deficiencias en las investigaciones sobre el paradero de dos personas desaparecidas. El caso reveló omisiones del Ministerio Público estatal, que impidieron garantizar los derechos a la verdad y a la justicia.

Queja ante la CEDH

En marzo de 2019, dos personas acudieron a la CEDH para presentar una queja en contra de la FGE por irregularidades en la indagatoria.

Tras analizar el expediente, la comisión estatal emitió la Recomendación 062/2024, al comprobar violaciones a derechos fundamentales de las víctimas directas e indirectas. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz se negó a aceptar el instrumento, lo que motivó la intervención del organismo nacional.

Revisión por la CNDH

Las víctimas interpusieron un Recurso de Impugnación ante la CNDH, que asumió competencia y analizó la actuación ministerial.

El organismo concluyó que existieron violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y derecho de búsqueda. En total, se documentaron afectaciones a cuatro personas directas y catorce indirectas, además de la vulneración al derecho a la verdad.

Retraso en la búsqueda

De acuerdo con la CNDH, el Ministerio Público no ejecutó de forma inmediata las acciones necesarias para localizar a las víctimas.

La denuncia por desaparición fue presentada el 13 de mayo de 2013, pero solo se giraron cuatro oficios en los días siguientes. Otras ocho solicitudes de información se realizaron hasta septiembre y octubre de 2014, generando un retraso injustificado.

Diligencias ineficaces

La CEDH documentó que en la carpeta de investigación se asentó la llamada de un supuesto compañero de una de las víctimas.

El testimonio aportaba datos relevantes sobre la desaparición, pero la autoridad no indagó su contenido. Esta omisión resultó en diligencias inefectivas que obstaculizaron el cumplimiento del deber de búsqueda inmediata.

Incumplimiento de protocolo

El organismo nacional señaló que la Fiscalía de Veracruz incumplió el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Dicho instrumento exige que las investigaciones ministeriales, periciales y policiales se activen dentro de las 72 horas posteriores a la denuncia. La falta de aplicación del protocolo afectó la eficacia de la indagatoria y vulneró los derechos de las víctimas y sus familias.

Medidas ordenadas por la CNDH

La persona titular de la FGE de Veracruz deberá emitir una circular interna instruyendo la aceptación formal de la Recomendación 062/2024 en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Asimismo, se deberá garantizar la reparación integral del daño a las personas afectadas por las omisiones institucionales. De persistir la negativa, la Fiscalía deberá fundar, motivar y hacer pública su postura ante la Legislatura estatal.

Seguimiento y transparencia

La CNDH advirtió que supervisará el cumplimiento de las medidas emitidas y notificará cualquier desacato a las autoridades correspondientes.

El organismo subrayó la importancia de que la Fiscalía de Veracruz asuma su responsabilidad en los casos de desaparición. Con ello, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. –sn–

Sede de la CNDH

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Sede de la CNDH

Nashieli Ramírez será nueva titular de la Contraloría General

El Congreso de la Cdmx avaló a Nashieli Ramírez como nueva contralora por su ética y transparencia.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El Congreso de la ciudad de México confirmó que Nashieli Ramírez Hernández, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos local, encabezará la Secretaría de la Contraloría General (SCG), tras obtener el puntaje más alto durante el proceso de evaluación legislativa.

El Grupo Parlamentario de Morena informó que Ramírez cumplió con los principios de la Cuarta Transformación, al demostrar capacidad técnica, ética y compromiso con la transparencia.

El anuncio se realizó luego de que las comisiones del Congreso capitalino aprobaron el dictamen correspondiente, con base en la valoración de conocimientos y trayectoria profesional.

Durante el proceso, la exombudsperson capitalina fue reconocida por su desempeño en temas de rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.

Evaluación en el Congreso local

En conferencia de prensa denominada La Chilanguera, el diputado morenista Víctor Romo afirmó que la selección de Ramírez respondió al compromiso de su partido con la probidad y la ética pública.

“Morena tiene el compromiso de que la ciudad cuente con servidores públicos de talla y alta integridad, y en Nashieli Ramírez vemos reflejado ese compromiso”, indicó.

El legislador detalló que la comisión evaluadora analizó los perfiles con base en criterios técnicos de transparencia, control interno, fiscalización, contabilidad gubernamental y honestidad.

Ramírez obtuvo la calificación más alta y destacó por su propuesta para fortalecer la relación entre la Contraloría y la ciudadanía, a fin de promover una supervisión participativa del gasto público.

Visión social de la Contraloría

Víctor Romo señaló que la futura funcionaria propuso seis líneas de acción en materia de combate a la corrupción, con enfoque social y de atención directa al ciudadano.

“Quien vigilará el correcto uso de los recursos públicos será una persona avalada por todas las fuerzas políticas del Congreso”, puntualizó el legislador tras la aprobación del dictamen.

Ramírez propuso convertir a la Secretaría de la Contraloría General en un órgano con mayor cercanía a la población, garantizando mecanismos efectivos de vigilancia administrativa.

La terna final estuvo integrada además por Elena Ramo Arteaga, quien obtuvo el segundo lugar, y Misael Martínez Vielma, en tercera posición.

Reconocimiento a su trayectoria

El diputado Paulo García resaltó la trayectoria de la próxima contralora, a quien describió como una funcionaria comprometida con la defensa de los derechos humanos.

“Es una secretaría con un papel fundamental en garantizar los derechos de la gente. Todo el contacto del gobierno con el ciudadano pasa por ella, y Nashieli Ramírez representa ese carácter social y de servicio”, expresó.

El legislador agregó que su designación simboliza un avance en la profesionalización del servicio público en la Cdmx.

La votación final para su ratificación está prevista para el próximo martes en el Pleno del Congreso capitalino, donde se espera la aprobación unánime. –sn–

Nashieli Ramírez Hernández

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Nashieli Ramírez Hernández

SCJN discute para proteger derechos reproductivos y humanos

La SCJN invalidó normas penales ambiguas en Zacatecas y Yucatán para proteger derechos humanos.


Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los derechos reproductivos debían estar respaldados con normas claras. En consecuencia, invalidó la frase “con o sin conocimiento de la víctima” del artículo 311 Bis del Código Penal de Zacatecas.

El Pleno consideró que esa redacción era confusa, pues no precisaba qué tipo de conocimiento debía existir. Además, no señalaba con claridad a quién debía reconocerse como víctima, lo que abría la puerta a abusos.

La decisión eliminó posibles interpretaciones arbitrarias derivadas de criterios personales, religiosos o culturales. Con ello, la Corte garantizó seguridad jurídica en la aplicación del tipo penal de aborto forzado.

Resolución sobre Zacatecas

La sentencia permitió una mayor claridad para determinar cuándo se configuraba el delito de aborto forzado en la entidad. Asimismo, evitó la aplicación desproporcionada de sanciones y protegió de forma efectiva a las víctimas.

El asunto se discutió dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 189/2024 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicho recurso cuestionó la constitucionalidad del artículo 311 Bis del Código Penal de Zacatecas.

El Pleno de la Corte resolvió el caso en sesión del 30 de septiembre de 2025. La determinación sentó un precedente importante en materia de protección de los derechos reproductivos en México.

De esta forma, la Corte reforzó su papel como garante de la dignidad y libertad de las personas con capacidad de gestar. La medida estableció límites claros en la persecución del delito de aborto forzado.

Resolución sobre Yucatán

La SCJN también analizó disposiciones del Código Penal de Yucatán relacionadas con las llamadas terapias de conversión. El Pleno examinó la frase “el libre desarrollo de la personalidad” del artículo 243 Ter 1.

El tribunal concluyó que esa expresión era ambigua y demasiado amplia, lo que podía criminalizar conductas no vinculadas a identidad o expresión de género. Por ello, decidió invalidarla y precisar el alcance de las sanciones.

La resolución reafirmó la protección de derechos humanos frente a prácticas discriminatorias, sin dejar margen a sanciones indefinidas. Se trató de un fallo que fortaleció la seguridad jurídica en contextos de diversidad sexual.

El caso correspondió a la Acción de Inconstitucionalidad 203/2023 promovida por la CNDH contra el artículo 243 Ter 1 del Código Penal de Yucatán. Fue resuelto por el Pleno en la misma sesión del 30 de septiembre de 2025. –sn–

Pleno de la SCJN

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Pleno de la SCJN

Los derechos humanos sostienen la democracia: CIDH

La democracia enfrentó amenazas crecientes y la CIDH subrayó la urgencia de proteger derechos humanos.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La juez Nancy Hernández López, quien preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que la democracia atravesó uno de sus momentos históricos más críticos. Señaló que la libertad fue invocada con frecuencia, aunque no siempre con un compromiso genuino.

Durante su discurso en un foro y diplomado en la Universidad Nacional Autónma de México (UNAM), recordó que no existió democracia sin derechos humanos, ni derechos humanos sin democracia. Reiteró que tampoco hubo desarrollo sostenible sin ambos principios, al ser condiciones esenciales para la convivencia pacífica y la estabilidad social.

Enfatizó que el respeto a los derechos humanos resultó más urgente que nunca ante los desafíos globales. Destacó que ninguna solución sostenible surgió sin cooperación internacional y sin colocar al ser humano como centro de toda actuación.

El papel de la libertad

En el 13º Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “Héctor Fix Zamudio”, celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, la magistrada costarricense recalcó la importancia de la protección de libertades. Subrayó que su defensa fue una estrategia esencial para sociedades resilientes.

Precisó que frente a la narrativa de soberanía absoluta y el debilitamiento del multilateralismo, el derecho funcionó como trinchera de resistencia. Explicó que los derechos humanos constituyeron una brújula ética y una garantía de estabilidad democrática. Definirlos se volvió un acto de valentía.

La académica de la Universidad de Costa Rica expresó que la democracia liberal y la dignidad humana enfrentaron amenazas complejas. Consideró imprescindible que las instituciones mantuvieran vivo el pensamiento crítico y la defensa de las libertades ante escenarios de presión autoritaria.

Denunció que líderes de distintas latitudes se proclamaron defensores de la libertad, pero al mismo tiempo desmantelaron pilares democráticos. A estos actores los denominó “falsos profetas de la libertad” por socavar la institucionalidad y los derechos humanos.

Derechos y desarrollo sostenible

La jueza sostuvo que el desarrollo no pudo reducirse al ingreso per cápita ni a mercados expandidos. Explicó que los derechos humanos representaron condiciones estructurales necesarias para alcanzar verdadera libertad y garantizar progreso inclusivo en cada sociedad.

En el Aula “Dr. Guillermo Floris Margadant” del IIJ, enfatizó que ningún país pudo considerarse libre si encarceló la disidencia, silenció a la prensa, criminalizó protestas y concentró el poder. Resaltó que la división de poderes resultó esencial.

Definió el desarrollo como un proceso humano y ético centrado en la ampliación de libertades. Afirmó que la verdadera libertad consistió en vivir con dignidad, expresarse libremente, participar en la vida pública y acceder a educación, salud y justicia.

Sostuvo que la justicia fue el bien jurídico fundamental sobre el cual descansó toda democracia. Recordó que el acceso equitativo a esta garantía reforzó la estabilidad social y aseguró una convivencia pacífica entre ciudadanos, autoridades y comunidades.

Límites al poder político

La magistrada señaló que ningún desarrollo resultó sostenible si prevaleció el arbitrio de personas o grupos reducidos. Indicó que la manipulación de reglas atentó contra inversiones seguras y desestabilizó el marco democrático en los Estados.

Añadió que quienes priorizaron rendimientos económicos sin respetar el derecho pusieron en riesgo el futuro. Alertó que la ausencia de normas claras debilitó la confianza ciudadana y socavó los fundamentos de las instituciones nacionales e internacionales.

Enfatizó que tampoco existió seguridad para nadie cuando se excluyó a los más vulnerables de la sociedad. Precisó que la democracia solo tuvo sentido si estableció límites al ejercicio del poder y aseguró inclusión.

Concluyó que la defensa de los derechos humanos y la democracia se volvió un acto esencial en la coyuntura actual. Reafirmó que ambos conceptos permanecieron ligados y que el desarrollo sostenible dependió de su protección efectiva. –sn–

Nancy Hernández López | Foto: Francisco Parra.

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Nancy Hernández López | Foto: Francisco Parra.

Exconsejera jurídica de AMLO hará proyecto de prisión preventiva oficiosa

La SCJN asignó a María Estela Ríos el caso sobre prisión preventiva oficiosa en México.


Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación distribuyó bajo su nuevo modelo el expediente 3/2023. Este incluyó la recepción de sentencias internacionales vinculadas a la prisión preventiva oficiosa en el país.

El caso fue turnado a la ministra María Estela Ríos, exconsejera de Andrés Manuel López Obrador. La funcionaria recibió la responsabilidad de elaborar un proyecto sobre la constitucionalidad de esta figura jurídica.

El expediente derivó de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El fallo ordenó la inaplicación de la prisión preventiva automática en territorio mexicano.

Fallo internacional vinculante

La sentencia de la CIDH vinculó al Estado mexicano con un caso de excepción preliminar. Se trató de García Rodríguez y otro contra México, resuelto en el tribunal internacional.

El documento estableció que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México era contrario a la Convención Americana. También incluyó el artículo 19 constitucional, reformado en 2008.

Según la Corte Interamericana, las normas omitieron establecer finalidades específicas de la prisión preventiva. Tampoco contemplaron un análisis de proporcionalidad frente a medidas menos restrictivas.

En consecuencia, el tribunal determinó que México debía adecuar su marco jurídico.

Proyecto pendiente en la Corte

El exministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dejó un proyecto de sentencia en la SCJN. Este planteaba que los jueces mexicanos debían inaplicar la prisión preventiva automática.

El borrador señaló que la medida resultaba incompatible con los artículos 7, 8 y 24 de la Convención Americana. Dichos numerales fueron correlacionados con los artículos 1, 4, 16 y 20 de la Constitución mexicana.

El proyecto advirtió que la prisión automática vulneraba derechos de libertad y debido proceso. Además, enfatizó la obligación de jueces federales y estatales de acatar los estándares internacionales.

Este documento fue base para la nueva discusión del Alto Tribunal.

Ríos recibe el expediente

Con el nuevo esquema de distribución de casos, la ministra María Estela Ríos asumió el análisis. Su tarea consistió en definir acciones a seguir en relación con la sentencia internacional.

El expediente remitido a su ponencia solicitó lineamientos sobre reparaciones, costas y medidas de cumplimiento. Esto implicó evaluar la vigencia de disposiciones procesales mexicanas.

La SCJN quedó obligada a revisar el alcance de la prisión preventiva oficiosa. Se trató de un debate jurídico de impacto nacional por sus consecuencias en materia penal.

La asignación fue confirmada en los estrados del tribunal constitucional.

Contexto político y jurídico

La figura de prisión preventiva oficiosa fue reformada en 2008. Su aplicación automática ha sido objeto de críticas de organismos internacionales de derechos humanos.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la medida fue defendida como herramienta de seguridad pública. Sin embargo, su constitucionalidad quedó cuestionada tras la sentencia de la CIDH.

La decisión de turnar el caso a Ríos coincidió con su papel previo como consejera jurídica de la Presidencia. Ello reforzó el interés público sobre su ponencia. El tema abrió una nueva etapa en la relación entre México y el sistema interamericano. –sn–

Personas en foro

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Mujeres indígenas enfrentan desigualdad en México: Celia Fonseca

La diputada Celia Fonseca advirtió discriminación y pidió políticas públicas inclusivas para mujeres indígenas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

En México vivían cerca de 20.3 millones de mujeres que se identificaban como indígenas. De ese total, un 25.7% eran jefes del hogar, mientras que el 49.4% percibía ingresos iguales o menores al salario mínimo.

La diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PEVEM), Celia Fonseca, señaló la situación. Durante un pronunciamiento, aseguró que las políticas públicas debían ser herramientas de justicia y no privilegios.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la legisladora subrayó la importancia del tema. Afirmó que aún persistían desigualdades educativas, pobreza y discriminación que limitaban las oportunidades de millones de mujeres.

La diputada explicó que, aunque México era un país con amplia diversidad lingüística, existían riesgos graves. Varias lenguas maternas estaban en peligro de desaparecer, lo que representaba una pérdida cultural y social significativa.

Diversidad y lenguas en riesgo

Según la legisladora, México estaba en el top 10 mundial en diversidad lingüística. En América Latina ocupaba el segundo lugar, pero esta riqueza cultural se encontraba amenazada por la falta de políticas integrales.

Para revertir esas tendencias, Fonseca planteó proyectos de educación bilingüe con enfoque intercultural. También consideró indispensables los programas de acceso a servicios básicos y acciones dirigidas al bienestar de las mujeres indígenas.

La diputada afirmó que los derechos humanos debían cumplirse como obligación ética y responsabilidad moral del Estado. Subrayó que no podían tratarse como aspiraciones, sino como compromisos efectivos con la ciudadanía.

“Los derechos humanos se defendían mejor cuando caminábamos juntos”, declaró la legisladora. Añadió que cada talento debía convertirse en semilla de esperanza y puente hacia un futuro más digno.

Reconocimiento y compromiso social

Durante la Conferencia Internacional de la Comunidad Universitaria “Galardón Patriótico, Mujer Indígena”, la diputada participó activamente. El evento se realizó en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.

En su intervención, Fonseca destacó que la grandeza de México se construía desde la diversidad de sus pueblos. Enfatizó la dignidad de las mujeres y el compromiso de quienes aportaban al bien común.

La legisladora reconoció a mujeres indígenas galardonadas por su labor comunitaria y social. Señaló que ellas entendían que no bastaba con enunciar derechos humanos en leyes sin aplicarlos.

“Debíamos luchar para que los derechos fueran realidad en la vida cotidiana”, puntualizó Fonseca. Agregó que esa lucha debía sumarse a la construcción de un país justo, igualitario y humano.

Brechas y diagnósticos pendientes

Si bien las mujeres indígenas ocupaban un papel central en la transformación de sus comunidades, persistían desventajas. Los indicadores sociales mostraban brechas importantes frente a mujeres no indígenas en diversas áreas.

La diputada planteó que uno de los primeros pasos era visibilizar la problemática. Para ello, se necesitaban diagnósticos confiables que permitieran cuantificar y cualificar las condiciones de vida.

Con esos estudios, se podían diseñar acciones específicas que atendieran las desigualdades estructurales. El objetivo era garantizar que ninguna mujer indígena quedara fuera de los programas sociales y políticas públicas.

La legisladora reiteró que la inclusión debía ser motor de justicia social. Con políticas eficaces, dijo, era posible asegurar el respeto pleno a los derechos humanos en México. –sn–

Mujeres de grupos indígenas marcha en la Cdmx

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Mujeres de grupos indígenas marcha en la Cdmx

Nueva composición judicial vulnera independencia y derechos humanos: GIDH 

Vulnera independencia y los derechos humanos la nueva composición judicial : GIDH 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que la reciente reforma constitucional que reemplazó a la mitad del Poder Judicial Federal con jueces electos por voto popular representa un retroceso histórico en la independencia judicial en México.

“Lo ocurrido en el país constituye una fractura estructural en la división de poderes. No se trata de un avance democrático, sino de un proceso que somete al Poder Judicial a la voluntad política de las mayorías legislativas y del Ejecutivo”, señaló Fierro Hernández.

El presidente del GIDH recordó que este 1 de septiembre asumen sus cargos seis de los nueve ministros de la Suprema Corte, junto con más de 800 magistrados federales y 1,800 jueces locales, electos en comicios caracterizados por una participación ciudadana de apenas 13 por ciento.

“Ese nivel de abstencionismo refleja una sociedad que no confía en el proceso y que percibe, con razón, la captura política de un poder que debería ser imparcial y autónomo”, enfatizó el defensor de los derechos humanos.

El GIDH denunció que el proceso de selección de candidatos careció de reglas claras y de controles independientes. Las comisiones de evaluación no aprobaron estatutos uniformes, trabajaron con plazos insuficientes y se limitaron a revisar cartas de recomendación y escritos de motivación.

Jesús Rey Fierro Hernández

“Un juez no puede ser electo con base en simpatías vecinales ni cartas de recomendación. La justicia exige méritos, trayectoria y garantías de imparcialidad. El modelo adoptado en México desnaturaliza la función judicial y abre la puerta a la corrupción y al clientelismo político”, afirmó Fierro Hernández.

El defensor del pueblo recordó que la OEA señaló múltiples irregularidades en las elecciones judiciales, como la falta de transparencia en el financiamiento de campañas, la distribución de listas prefabricadas de candidatos y la intervención desproporcionada del Ejecutivo y del Congreso en las preselecciones.

“México es hoy el único país del mundo donde la totalidad de sus jueces son electos por voto universal. Esta anomalía no responde a estándares internacionales ni a principios de independencia judicial, reconocidos por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.

El abogado litigante alertó que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para sancionar y destituir a jueces si “fallan en contra de la jurisprudencia” o de interpretaciones oficiales, incrementa los riesgos de subordinación política.

“Este tribunal funcionará como un mecanismo de control y castigo, más que como una instancia de rendición de cuentas. En lugar de fortalecer la justicia, institucionaliza la amenaza contra los jueces que no fallen conforme a los intereses en turno”, explicó.

De esta manera, Fierro Hernández exhortó al Estado mexicano a reconsiderar y derogar la reforma, o en su defecto, establecer salvaguardas sólidas para proteger la independencia judicial rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial Federal.

“El derecho a un juez independiente no es una concesión, es un pilar de todo Estado democrático. Sin independencia judicial, no hay garantías para los derechos humanos, ni posibilidad de que los ciudadanos enfrenten al poder con justicia”, subrayó.

Finalmente, el doctor en derecho reiteró que el GIDH “Lex-magister” continuará documentando las afectaciones a los derechos fundamentales derivadas de esta reforma y elevará el caso ante instancias internacionales.

“Si se consolida este modelo, México corre el riesgo de convertirse en un precedente negativo para la región, debilitando el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones”, concluyó el defensor de los derechos humanos. –sn–

Pleno de la SCJN | @SociedadN_

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Pleno de la SCJNJesús Rey Fierro Hernández

Prejuicios y descalificaciones en designación de Genaro Lozano como embajador en Italia: SOS

Oposición cuestionó nombramiento de Genaro Lozano, mientras organizaciones rechazaron prejuicios y homofobia cultural. Críticas y defensas.


Por Tomás Enríquez | Corresponsal                                                

Algunos legisladores de oposición expresaron que el nombramiento de Genaro Fausto Lozano Valencia como embajador de México en Italia fue un error. Argumentaron que su perfil no cumplía con la trayectoria diplomática esperada para el cargo.

Sin embargo, el presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro, Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez, defendió la designación. Señaló que el único error en el nombramiento fueron los prejuicios que encubrían una homofobia cultural.

De acuerdo con sus declaraciones, esa homofobia se oponía a que personas LGBTQI+ accedieran a espacios de toma de decisiones. Recordó que la historia evidenció actitudes similares contra las mujeres, a quienes se negó igualdad de derechos.

Ramos Gutiérrez afirmó que, pese a esos obstáculos, tanto mujeres como integrantes de la diversidad sexual alcanzaron cargos públicos. Explicó que el mérito se consolidó en la capacidad de trabajar con respeto y diplomacia por la ciudadanía.

Comparaciones internacionales

El activista agregó que la primera ministra italiana Giorgia Meloni también enfrentó críticas al llegar al gobierno. Expuso que, aunque fue cuestionada por su ideología, en la práctica impulsó el diálogo diplomático con diversos sectores.

Entre los ejemplos, mencionó una reunión ocurrida el 18 de mayo de 2025 en Roma. En esa cita participaron la propia Meloni, el vicepresidente estadounidense JD Vance y la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen.

La gestión de la mandataria italiana, dijo, mostró la importancia de mantener canales de comunicación pese a las diferencias. Reconoció que la diplomacia permitió generar acuerdos entre quienes compartían y quienes rechazaban su postura política.

Por ello, Ramos Gutiérrez exhortó a valorar el desempeño de Lozano Valencia en Italia con base en resultados. Reiteró que las descalificaciones previas al trabajo de cualquier funcionario debían quedar de lado.

Logros compartidos

El presidente de SOS Discriminación Internacional Querétaro resaltó un punto en común entre tres líderes. Señaló que Genaro Lozano, Claudia Sheinbaum y Giorgia Meloni compartieron el sueño de alcanzar puestos de relevancia.

Indicó que, pese a los prejuicios, esas figuras lograron materializar sus aspiraciones políticas y diplomáticas. Aseguró que ese proceso mostró la fuerza del esfuerzo frente a contextos de discriminación y descalificación.

Destacó que tanto Sheinbaum como Meloni alcanzaron la presidencia en sus respectivos países tras superar cuestionamientos. Subrayó que en el caso de Lozano ocurrió lo mismo, al convertirse en embajador de México en Italia.

Finalmente, el activista insistió en que el diálogo y la diplomacia eran herramientas fundamentales. Precisó que, más allá de las diferencias ideológicas, lo esencial era buscar coincidencias que favorecieran la cooperación internacional.

Contexto político

La designación de Lozano Valencia se produjo en un momento de tensiones políticas internas. Sectores de oposición criticaron varios nombramientos recientes del gobierno federal, al considerarlos alejados de criterios técnicos.

No obstante, defensores de derechos humanos subrayaron que la diversidad en la diplomacia mexicana fortalecía su legitimidad. Argumentaron que la representación internacional debía reflejar los avances en inclusión y respeto a las minorías.

En ese sentido, la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro reiteró su respaldo a la cancillería. Señaló que la política exterior requería enfoques abiertos a la pluralidad y al reconocimiento de la diversidad.

El gobierno federal sostuvo que el perfil del embajador respondía a criterios de experiencia y compromiso social. Además, enfatizó que su labor buscaría fortalecer las relaciones bilaterales con Italia.

Proyección diplomática

Con el nombramiento, Genaro Lozano asumió la responsabilidad de impulsar nuevas rutas de cooperación. Su tarea incluyó la ampliación de intercambios académicos, culturales y económicos entre ambos países.

Las autoridades diplomáticas confirmaron que el trabajo se enfocaría en consolidar alianzas estratégicas. En particular, se priorizarían acuerdos en materia de derechos humanos, innovación y comercio.

Mientras tanto, organizaciones civiles reiteraron que los prejuicios sociales no debían limitar nombramientos internacionales. Afirmaron que la designación de perfiles diversos fortalecía la imagen de México ante el mundo.

La comunidad internacional observó con atención la reacción mexicana frente a las críticas internas. Con ello, se reforzó el debate sobre inclusión, diplomacia y representación en la política exterior. –sn–

Genaro Lozano Valencia

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Genaro Lozano Valencia

CNDH emite recomendación al ISSSTE

La CNDH documentó negligencia médica y ordenó reparación integral a familiares.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 108/2025 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El documento acreditó que personal médico del Hospital General “Presidente Lázaro Cárdenas”, en Chihuahua, vulneró derechos humanos.

La víctima, una persona adulta mayor de origen rarámuri, ingresó al hospital el 14 de octubre de 2023. Fue diagnosticada con tumor cerebral y se programó cirugía en un nosocomio de tercer nivel, la cual nunca se realizó.

Un familiar solicitó la intervención de la CNDH tras la omisión de la operación programada. Sin embargo, el 28 de noviembre de 2023 se notificó, vía correo institucional, el fallecimiento de la persona.

Derechos humanos vulnerados

La Comisión acreditó violaciones a los derechos humanos a la salud, la vida y el trato digno. Además, documentó afectaciones al acceso a la información en materia de salud de ocho personas más.

Según el informe, se omitió la aplicación de un protocolo para estudiar la infección que presentó la víctima. No se le dio seguimiento médico ni se ajustó su tratamiento con base en resultados de laboratorio.

El personal del hospital tampoco solicitó la intervención de Medicina Interna ni Infectología en el caso. Esta falta de atención derivó en complicaciones mientras esperaba traslado a tercer nivel para cirugía.

La investigación concluyó que el estado de salud de la víctima se deterioró hasta su fallecimiento. El deceso ocurrió 44 días después del ingreso, por insuficiencia respiratoria aguda y choque séptico.

Deficiencias del expediente clínico

La CNDH determinó que la integración del expediente clínico presentó deficiencias graves en documentación y seguimiento. Tales omisiones reflejaron negligencia institucional en la atención del caso médico y humano.

El organismo documentó que tampoco se brindó trato digno ni atención prioritaria a la víctima. La condición de persona adulta mayor y su origen étnico incrementaron la responsabilidad institucional.

Ante ello, la recomendación estableció que el ISSSTE debía reparar integralmente el daño a familiares. También ordenó proporcionar atención psicológica y tanatológica a las víctimas indirectas de la negligencia.

El informe detalló que la reparación incluía medidas compensatorias, asistencia social y acompañamiento institucional permanente. La resolución buscó restituir derechos vulnerados por la falta de atención oportuna.

Medidas administrativas y preventivas

La CNDH instruyó al ISSSTE colaborar con el trámite administrativo ante el Órgano Interno de Control. Este procedimiento sancionaría a los responsables de las omisiones documentadas en el Hospital General.

Asimismo, se ordenó impartir un curso integral en materia de derechos humanos al personal médico. Dicho programa debía contemplar la protección a la salud y la prevención de prácticas negligentes.

La recomendación estableció la emisión de circulares a Neurocirugía, Cirugía General y Dirección del hospital. La medida buscó garantizar que personas adultas mayores recibieran valoración interdisciplinaria con personal sensibilizado.

Además, la CNDH enfatizó que el curso de derechos humanos debía ser efectivo y verificable. El objetivo fue prevenir la repetición de hechos similares en instituciones médicas del ISSSTE.

Relevancia de la resolución

El caso reflejó la importancia de protocolos médicos claros en hospitales del sistema de salud federal. La omisión de medidas básicas expuso a pacientes vulnerables a riesgos graves e irreversibles.

El informe de la CNDH reiteró que la atención médica debía apegarse a estándares de dignidad. También subrayó la obligación de los hospitales de garantizar información transparente a pacientes y familiares.

La Recomendación 108/2025 se convirtió en un precedente en materia de salud y derechos humanos. Este documento vinculó la atención hospitalaria con principios de respeto a la vida y la integridad.

Finalmente, la CNDH solicitó el cumplimiento total de la recomendación al ISSSTE y seguimiento permanente. La resolución estableció medidas de no repetición como parte de la reparación integral ordenada. –sn–

ISSSTE

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ISSSTE

UNAM impulsa cultura de paz con apoyo internacional

Universidad y diplomacia sellan alianza por educación crítica y pacífica


Por Martín García | Reportero                                      

La Universidad Nacional Autónoma de Méixco (UNAM) firmó acuerdo para promover cultura de paz en colaboración internacional. Participaron diplomáticos, académicos y organismos de mediación.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas y el canciller Juan Ramón de la Fuente firmaron como testigos de honor. La carta establece trabajo conjunto con NOREF y la Embajada de Noruega.

El acuerdo busca fomentar valores como la tolerancia, el respeto y el diálogo social. Incluye participación en eventos, investigación y formación en mediación de conflictos. La alianza promueve soluciones pacíficas ante tensiones sociales y discursos de odio. Refuerza el papel de la academia como generadora de entornos de cooperación.

Educación con enfoque transformador

El rector Lomelí Vanegas explicó que la educación pública debe formar ciudadanía crítica y empática. Señaló que su papel no se limita a transmitir conocimientos.

Afirmó que la paz se construye colectivamente a través de una transformación cultural profunda. Sostuvo que la violencia puede desaprenderse con modelos educativos adecuados.

Añadió que la polarización social, alimentada por la desinformación, debilita la vida democrática. Planteó que la universidad tiene responsabilidad ética en revertir esta situación. Indicó que el acuerdo representa una apuesta por el futuro y por soluciones globales conjuntas.

Diálogo como herramienta diplomática

Durante su intervención, Juan Ramón de la Fuente subrayó que la paz es una prioridad nacional. Aseguró que el gobierno federal privilegió el diálogo en su política exterior.

Expresó que se viven tiempos para unir esfuerzos y resolver diferencias sin violencia. Reiteró que la diplomacia requiere acuerdos firmes y convicciones claras.

El canciller indicó que el diálogo protege los principios, valores y objetivos del país. Consideró que el entendimiento construye puentes donde antes hubo divisiones. Señaló que la carta refuerza el compromiso con derechos humanos y con la equidad sustantiva.

Alianza internacional consolidada

La embajadora Ragnhild Imerslund sostuvo que México y Noruega comparten visión en paz y diálogo. Consideró que la firma refleja una relación diplomática sólida y estratégica. Celebró que la cooperación abarque tanto actividades académicas como comunitarias. Aseguró que la Carta de Intención fortalecerá experiencias comunes en mediación.

Destacó que los proyectos impulsarán buenas prácticas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de incluir a mujeres expertas en todos los procesos de pacificación. Se pronunció por multiplicar los espacios para el entendimiento mutuo entre naciones y sectores.

Construcción de políticas educativas

El documento prevé el intercambio académico entre especialistas en cultura de paz. También contempla encuentros sobre igualdad sustantiva y resolución de conflictos. La Carta de Intención permitirá organizar seminarios y foros abiertos a la comunidad. Además, fomentará herramientas educativas en espacios universitarios y sociales.

México y Noruega han colaborado en procesos de paz a nivel global durante décadas. Su experiencia se integrará en la formación de jóvenes comprometidos con la convivencia. Se busca que las actividades lleguen a universidades, colectivos y grupos comunitarios.

Anuncian Semana Nacional de Cultura de Paz

El rector Lomelí Vanegas informó que la UNAM realizará la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz. El evento se celebrará del 9 al 11 de septiembre próximos. Las acciones de cooperación derivadas del acuerdo iniciarán en ese marco. Incluirán talleres, conferencias, mesas de diálogo y actividades culturales.

El programa busca generar conciencia sobre la resolución pacífica de conflictos en México. Contará con participación de expertos nacionales e internacionales. La universidad planeó estos esfuerzos como parte del proyecto Un Semillero Universitario. –sn–

Juan Ramón de la Fuente y Leonardo Lomelí

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Juan Ramón de la Fuente  y Leonardo Lomelí Vanegas

Renuncia Teresa Reyes a la Comisión Nacional de Búsqueda

Teresa Reyes deja el cargo el 31 de agosto; Gobernación anuncia proceso de relevo. Gobernación alista consulta pública.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La Secretaría de Gobernación informó este martes la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), cuya salida será efectiva el próximo 31 de agosto de 2025.

El comunicado oficial señaló que la próxima semana se publicarán las bases de la consulta pública que permitirá seleccionar a quien ocupará el puesto.

«La decisión ocurre tras la renuncia de la actual comisionada nacional, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien concluirá su encargo el 31 de agosto de 2025″, precisó la dependencia. La exfuncionaria llegó a la CNB en agosto de 2023, tras la renuncia de Karla Quintana, quien dejó su cargo por diferencias con la estrategia generalizada de búsqueda impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Trayectoria reciente en la CNB

Durante su gestión, Teresa Reyes participó en los diálogos entre colectivos de búsqueda y el gobierno federal, para incorporar sus propuestas en la reciente reforma a la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Su permanencia al frente del organismo fue objeto de críticas constantes por parte de familiares de desaparecidos y activistas que cuestionaron su desempeño.

El 14 de diciembre de 2023, en una conferencia matutina, el exmandatario López Obrador le cedió el micrófono para que hablara sobre su nombramiento. En esa ocasión, Reyes Sahagún defendió su experiencia, asegurando que su formación se centraba en derechos humanos y que no existía una categoría exclusiva de experticia en desapariciones.

Responde a cuestionamientos públicos

«Dijeron varias cosas: una, que no era experta en desapariciones. No hay una categoría de expertise en desapariciones, hay categorías de expertise en el bloque generalizado de los derechos humanos, y en ese sí tengo experiencia», afirmó. También expresó su cercanía con los movimientos de izquierda y con el propio expresidente: «Sí he estado muy cercana a la izquierda, al señor presidente, a las luchas de mi pueblo».

Antes de su paso por la CNB, Reyes Sahagún encabezó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, cargo al que también accedió por designación federal. La Secretaría de Gobernación aseguró que el nuevo proceso para elegir a su reemplazo será “abierto, transparente y con amplia participación”.

Consulta pública en puerta

Este procedimiento contemplará la recepción de candidaturas y propuestas ciudadanas, con el objetivo de fortalecer la labor de búsqueda de personas desaparecidas en el país. Gobernación reiteró que se buscará incluir a organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares, académicos y expertos en derechos humanos.

El proceso se realizará en cumplimiento de los principios de legalidad, inclusión y respeto a las víctimas, enfatizó la dependencia federal. Al momento, no se han adelantado posibles nombres para ocupar la titularidad de la CNB ni perfiles sugeridos.

Antecedente: salida de Karla Quintana

La renuncia de Karla Quintana en 2023 marcó un momento clave en el rumbo de la Comisión, al abandonar su cargo por no compartir la línea del gobierno en materia de búsqueda. Esa dimisión abrió el camino a Teresa Reyes, quien asumió con polémica por no contar con experiencia directa en el tema de desapariciones.

Durante su periodo, también enfrentó reclamos por la falta de resultados y por supuestas omisiones institucionales en operativos de búsqueda. Colectivos de familiares exigieron en varias ocasiones mayor seriedad en el diseño de políticas públicas para enfrentar la crisis de desapariciones.

Cierre institucional

Con la salida de Reyes Sahagún, la Comisión Nacional de Búsqueda entrará en una etapa de transición que será clave para su fortalecimiento o estancamiento.

La Segob reiteró su compromiso con los derechos de las víctimas y el seguimiento a la reforma legal vigente en la materia. Se prevé que en septiembre ya exista una nueva figura al frente del organismo, con la validación social de colectivos y organizaciones civiles.

El gobierno federal concluyó su mensaje asegurando que trabajará en coordinación con todos los sectores para garantizar resultados. La Comisión Nacional de Búsqueda seguirá funcionando con normalidad mientras se define la nueva titularidad del organismo. –sn–

Teresa Guadalupe Reyes Sahagún

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Teresa Guadalupe Reyes Sahagún

Exigen liberar a cinco indígenas tseltales en Chiapas

Organizaciones denuncian detención arbitraria y violaciones a derechos humanos en Cancuc. ONU pide su liberación inmediata

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh), Otros Mundos, la vicaría de la diócesis de San Cristóbal y el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello solicitaron al gobierno federal liberar a cinco indígenas tseltales, presos desde 2022 en el municipio de Cancuc, Chiapas.

Mediante un comunicado, informaron que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió su liberación el pasado 15 de mayo, y que el gobierno tiene plazo hasta octubre para informar sobre el cumplimiento de esta resolución.

Sentenciados por 25 años

Los detenidos fueron identificados como Manuel Santiz Cruz, defensor de derechos humanos vinculado a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar, todos de filiación evangélica.

Las agrupaciones denunciaron que los cinco fueron arrestados sin orden de aprehensión, incomunicados durante 24 horas y víctimas de desaparición forzada temporal. Señalaron también la ausencia de traductores, abogados defensores y el uso excesivo de la fuerza durante su detención.

Originalmente, los tseltales recibieron una sentencia de 25 años de prisión. Posteriormente, tras la presentación de recursos legales por parte de sus representantes, se logró reducir la condena a 18 años y seis meses.

ONU exige reparación integral

El Grupo de Trabajo de la ONU determinó que el proceso judicial incluyó múltiples violaciones al debido proceso. Por ello, recomendó al gobierno mexicano liberar de inmediato a los cinco hombres y ofrecerles compensación e indemnización, conforme al marco del derecho internacional.

El mismo organismo exhortó también a realizar una investigación independiente sobre las condiciones de la detención arbitraria y a sancionar a los responsables por las violaciones cometidas.

Las organizaciones defensoras afirmaron que la detención de los tseltales representa un patrón de criminalización contra defensores indígenas y constituye una falta grave en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Solicitan actuar antes de octubre

En su pronunciamiento, las agrupaciones precisaron que el plazo otorgado por la ONU vence en octubre de 2025, por lo que instaron a las autoridades a acatar las recomendaciones y liberar a los cinco hombres.

Insistieron en que el gobierno debe resolver el caso conforme al dictamen emitido por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, que ya ha reconocido oficialmente la privación de la libertad como ilegal.

También señalaron que este caso refleja la urgencia de fortalecer mecanismos de justicia intercultural en México, garantizar traductores en lenguas originarias y prevenir actos de tortura o tratos crueles durante procesos penales.

Violaciones reiteradas al debido proceso

La Clifodh sostuvo que existen al menos diez irregularidades en el caso, desde la detención sin orden judicial hasta la falta de asistencia jurídica. Agregó que los testimonios fueron obtenidos bajo presión y sin presencia de defensores.

En tanto, el Centro Minerva Bello aseguró que, de no liberarse a los detenidos, se configuraría un incumplimiento a la resolución internacional que puede derivar en acciones contra el Estado mexicano en foros multilaterales.

Por su parte, la vicaría de San Cristóbal reafirmó su respaldo a los defensores indígenas, subrayando que la lucha por la justicia no debe implicar criminalización ni persecución legal.

Caso en observación internacional

El asunto de los cinco tseltales fue incorporado ya en informes de derechos humanos a nivel internacional. Diversas organizaciones han notificado que continuarán el seguimiento ante instancias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de justicia social en Europa.

Asimismo, solicitaron medidas de protección para las familias de los detenidos, que han sufrido actos de intimidación y desplazamientos por violencia estructural en sus comunidades. –sn–

Idigenas en Chiapas

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Idigenas en Chiapas

Amnistía Internacional celebra 54 años en México

Reafirman lucha colectiva por los derechos humanos.


Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Amnistía Internacional cumplió 54 años de trabajo en México. Activistas y organizaciones reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos. La ceremonia conmemorativa tuvo lugar en la sede nacional de la organización, en un ambiente de alegría y solidaridad.

El evento reunió a integrantes de diversas colectivas, pueblos originarios, defensoras ambientales y periodistas independientes. David Montoya, presidente del Comité Directivo de Amnistía Internacional, sección mexicana, dirigió un mensaje ante los asistentes.

Solidaridad y resistencia compartida

El dirigente recordó que la organización nació en 1970, en medio de un país marcado por el autoritarismo.
Aquel primer grupo fue encabezado por Alicia Escalante de Zara, quien creyó que los derechos humanos eran urgentes.

Desde entonces, la misión de Amnistía ha sido denunciar la tortura, exigir justicia y defender la libertad de expresión. La organización se ha transformado con el tiempo, adaptándose a los nuevos retos del país y del mundo.

Lucha no solitaria

Montoya subrayó que ninguna lucha por los derechos humanos se libra en soledad. La construcción colectiva se ha sostenido gracias a alianzas con organizaciones defensoras del medio ambiente, diversidad y justicia social.

En su mensaje, reconoció la labor de madres buscadoras, activistas por la tierra y comunidades organizadas. “Gracias por estar, por incomodar, por persistir”, expresó el presidente de la sección mexicana.

Dignidad frente al dolor

En estos 54 años, la organización ha documentado feminicidios, desapariciones forzadas, represión y casos de impunidad. Al mismo tiempo, ha encontrado dignidad en quienes resisten: madres, jóvenes y comunidades enteras.

Montoya remarcó que no se trató de un logro aislado, sino de una voz fortalecida por el eco de otras luchas. Aseguró que sin esas contribuciones, la defensa de los derechos humanos no tendría el mismo impacto.

Compromiso con el presente

Durante su intervención, David Montoya expresó que la ceremonia no fue solo una conmemoración, sino un compromiso renovado. Afirmó que aunque el camino es difícil, las causas compartidas los mantienen firmes.

“Cuando la solidaridad se convierte en acción, ningún poder es más fuerte que nuestra convicción”, dijo.
La celebración cerró con un mensaje de gratitud y bienvenida: “Bienvenides a Casa Amnistía”. –sn–

Integrantes de AI | Foto: ©Amnistía Internacional.

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Amnistía Internacional | Foto: ©Amnistía Internacional

Sheinbaum niega espionaje gubernamental a partir de las nuevas reformas al marco jurídico

Asegura respeto a privacidad ciudadana. Sin vigilancia ilegal: Sheinbaum.


Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no espía ni espiará a la población mexicana. Aclaró que las leyes aprobadas recientemente no contienen disposiciones que permitan censura o vigilancia sin fundamento legal.

Durante una conferencia, la mandataria explicó que las comunicaciones protegidas por ley seguirán siendo confidenciales. Añadió que las autoridades no pueden intervenir llamadas o ubicar dispositivos sin autorización judicial.

Enfatizó que el único escenario que permite un acceso extraordinario a información telefónica es una desaparición o secuestro. En esos casos, indicó, se solicita el apoyo de las empresas operadoras de telecomunicaciones.

La presidente precisó que la intervención solo podrá llevarse a cabo con orden judicial federal. Esta debe incluir los motivos legales, tipo de técnica, personas involucradas y duración autorizada.

Acciones bajo marco legal

Claudia Sheinbaum reiteró que las leyes en cuestión no avalan ningún tipo de espionaje a civiles. Aseguró que cualquier afirmación en ese sentido corresponde a una campaña de desinformación.

Indicó que las normas establecen mecanismos judiciales para prevenir abusos y garantizar el respeto a los derechos. Señaló que el Código Penal Federal también contempla las limitaciones a toda intervención comunicacional.

“El gobierno federal no espía a nadie, como sí lo hicieron con nosotros en su momento”, recordó Sheinbaum. Comentó que su administración aprendió del pasado y tiene el compromiso de respetar los derechos civiles.

Asimismo, aclaró que es falsa la versión de que las reformas legales recientemente avaladas promueven el control o censura. “Mienten quienes dicen que se espía, porque eso no se autoriza”, puntualizó.

Intervenciones con orden judicial

La mandataria explicó que solo un juez federal puede autorizar la geolocalización o escucha de comunicaciones. Subrayó que ese proceso debe estar plenamente justificado con elementos legales y administrativos.

“Se requiere la solicitud fundada de la autoridad competente”, detalló Sheinbaum. Recalcó que el gobierno federal no permitirá prácticas que vulneren la privacidad de la ciudadanía.

En caso de situaciones urgentes como un secuestro, se podrá pedir el respaldo inmediato de la telefónica. Según la ley, estas acciones deben ser documentadas y evaluadas por los jueces correspondientes.

“Nosotros no utilizaremos el poder del Estado para intervenir ilegalmente en la vida de los ciudadanos”, dijo la presidenta. Rechazó categóricamente cualquier paralelismo con gobiernos pasados.

Derechos garantizados por ley

Claudia Sheinbaum insistió en que las reformas recientes no contemplan disposiciones de vigilancia masiva. Invitó a revisar el contenido jurídico de las normas para corroborar que no existe esa intención.

Explicó que se trata de fortalecer el Estado de Derecho, no de debilitar las garantías individuales. Reiteró que su administración mantendrá un respeto irrestricto a la privacidad y a las libertades constitucionales.

“Las mentiras difundidas intentan generar miedo infundado en la sociedad”, añadió la presidenta. Mencionó que la transparencia será la principal herramienta de su gobierno para disipar rumores.

Finalmente, garantizó que no se permitirán abusos desde el poder. “Venimos de ser espiados. No lo haremos nosotros. Nunca”, concluyó en su intervención. –sn–

Sistemas de espionaje | @SociedadN_

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Sistemas de espionaje

México tiene el pasaporte más caro del mundo

El pasaporte mexicano cuesta 4,120 pesos y supera a Estados Unidos y Turquía. Su costo impide movilidad. Cuesta 49% del salario mínimo mensual.


Por Martín García | Reportero                                      

El pasaporte de México se ubicó como el más caro del mundo en términos absolutos, con un precio de 4,120 pesos para el trámite de diez años. La cifra equivale a aproximadamente 215 dólares, según plataformas internacionales especializadas.

De acuerdo con Compare the Market y Visual Capitalist, esta cantidad supera a países como Turquía (309 dólares), Australia (267 dólares) y Estados Unidos (252 dólares) al calcular su equivalencia por duración y valor.

Costo global y comparativo

En contraste, países como Emiratos Árabes Unidos y India ofrecen sus pasaportes por 17 y 28 dólares, respectivamente. En Alemania y Canadá, los documentos incluyen chips y biometría, pero resultan más accesibles.

En el caso de España, el precio del pasaporte ronda los 30 euros, es decir, poco más de 600 pesos mexicanos. Este dato coloca a México a la cabeza del ranking global, no por sus beneficios, sino por su costo.

Impacto económico en México

Actualmente, el salario mínimo diario en México es de 278.80 pesos, lo que equivale a 8,364 pesos mensuales. Esto significa que el costo del pasaporte de diez años representa casi el 49% del ingreso mensual.

Este porcentaje se vuelve un obstáculo para quienes buscan acceder a oportunidades laborales, académicas o de reunificación familiar en el extranjero. El documento se transforma en un lujo para sectores vulnerables.

Seguridad no reduce desigualdad

El pasaporte mexicano cuenta con medidas de seguridad de alta tecnología como chips electrónicos, datos biométricos y validaciones internacionales. Sin embargo, expertos señalan que estos mecanismos no justifican su precio.

A pesar de compartir características con pasaportes de países desarrollados, México impone a sus ciudadanos un costo mayor, sin subsidios o descuentos significativos para personas de bajos ingresos.

Derecho limitado a viajar

Especialistas y organizaciones han señalado que el precio afecta el derecho a la movilidad internacional. Además del pasaporte, los viajeros deben pagar derechos de salida, tarifas aeroportuarias y otros cargos.

La situación refuerza la brecha entre quienes pueden acceder a trámites de viaje y quienes deben postergar o cancelar sus planes debido a las condiciones económicas actuales.

Vigencia y demanda

El pasaporte mexicano puede tramitarse por tres, seis o diez años, siendo esta última la opción más elegida por su duración. Sin embargo, su costo representa una barrera incluso para quienes intentan planificar con anticipación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha anunciado hasta ahora programas de reducción de tarifas ni apoyos sociales para facilitar el trámite a personas en condiciones de vulnerabilidad económica.

Movilidad internacional restringida

Actualmente, el pasaporte mexicano permite ingresar sin visa a más de 160 países. Pese a su alto grado de aceptación, las posibilidades de usarlo se ven reducidas por los costos que implica su obtención.

En comparación, naciones de ingreso medio o alto han optado por tarifas proporcionales a su nivel de vida, lo que permite que más ciudadanos puedan acceder a viajes internacionales.

Un privilegio con obstáculos

Mientras otros gobiernos facilitan el acceso al pasaporte como herramienta de movilidad y derechos, México mantiene uno de los precios más altos, sin mecanismos de inclusión.

La falta de ajustes en las tarifas impacta directamente en la posibilidad de acceder a experiencias internacionales que fortalecen la educación, el empleo o el desarrollo cultural. –sn–

pasaporte mexicano

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Imponen 40 años de prisión a elementos de la Semar por desaparición de joven en 2015

Juez federal dicta sentencia por desaparición en Veracruz. Cinco marinos reciben 40 años de prisión.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Un juez federal impuso condena histórica por desaparición forzada en “Blindaje Coatzacoalcos”. Ordenó también reparación integral.

La justicia federal sentenció a 40 años de prisión a cinco integrantes de la Secretaría de Marina. La resolución respondió a su participación en la desaparición de Jacob Vicente Jiménez González en 2015. La detención ocurrió durante el operativo Blindaje Coatzacoalcos, implementado hace una década.

El hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2015, cuando Jacob circulaba por un retén de seguridad. En el punto de control estuvieron presentes los elementos navales ahora sentenciados. La decisión judicial cerró un proceso que permaneció abierto durante casi diez años.

Belén González Medrano, madre de Jacob, señaló a los cinco marinos como responsables desde los primeros meses. Tras años de exigencias, la justicia le dio la razón. El fallo reconoció la existencia de desaparición forzada y estableció sanción ejemplar.

Condena histórica

Los militares condenados fueron Feliciano «N», Anáhuac «N», Héctor Emanuel «N», Miguel Ángel «N» y Pedro Iván «N». El juez encontró pruebas suficientes que acreditaron su responsabilidad. La sentencia fue calificada como “sin precedente” por la madre del joven.

En palabras de Belén González, el fallo significó un avance crucial para cientos de familias. Afirmó que mantuvo viva la exigencia durante años, sin respaldo oficial. Agradeció a colectivos y abogados por acompañar su lucha.

El juez también ordenó medidas complementarias de reparación integral. Las fuerzas estatales implicadas deberán asumir responsabilidad institucional. Tanto la Policía Naval como la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz fueron citadas.

El reconocimiento institucional forma parte de las garantías de no repetición. Además, las dependencias deberán emitir disculpas públicas. El fallo busca prevenir futuras violaciones a derechos humanos.

Obligaciones del Estado

La sentencia incluyó también atención directa a los familiares de Jacob. El juez instruyó a brindar apoyo psicológico y psiquiátrico inmediato. Dichos servicios deberán otorgarse de forma gratuita y sin demoras.

La atención médica deberá mantenerse durante el periodo que los familiares requieran. Además, el Estado deberá indemnizar por daño material e inmaterial. El resarcimiento cubrirá un periodo inicial de un año.

La decisión fue notificada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada. La instancia fue requerida para continuar con la búsqueda efectiva de Jacob. A pesar de la condena, el paradero del joven sigue sin esclarecerse.

La Fiscalía deberá reforzar las líneas de investigación abiertas. El fallo impuso un plazo de cumplimiento inmediato. El proceso no se cerrará hasta que se localice a la víctima.

Justicia para Jacob

La familia de Jacob calificó el fallo como un paso en la dirección correcta. Señaló que la condena no devolvió a su ser querido, pero representó alivio. Reconoció el dolor acumulado durante casi una década de impunidad.

El caso evidenció la complicidad institucional en operativos de seguridad. También mostró la importancia de las denuncias persistentes de las familias. El proceso judicial se acompañó de múltiples acciones legales y mediáticas.

Organizaciones civiles exigieron que la sentencia no quede aislada. Llamaron al gobierno federal a revisar operativos similares en todo el país. Argumentaron que casos como el de Jacob no son hechos aislados.

La desaparición forzada representa una de las principales violaciones a derechos humanos en México. Diversos organismos internacionales han emitido recomendaciones al respecto. La justicia mexicana enfrenta presión para responder a estas exigencias. –sn–

Infantes de Marina en vías ferroviarias

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Infantes de Marina en vías ferroviariasInfantes de Marina en vías ferroviarias

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