Michoacán impulsa certificado laboral en agroexportaciones

Presentaron certificado laboral y plataforma digital para agroexportaciones en Michoacán.

Por Martín García | Reportero                                      

El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia enmarcó la presentación del Certificado Laboral para la Agroexportación y la plataforma VELAGRO. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) coordinaron el anuncio con el gobierno estatal y productores de aguacate. El mecanismo se orientó a fortalecer condiciones laborales formales en exportaciones agrícolas.

El Certificado Laboral para la Agroexportación inició su aplicación en el aguacate. La estrategia consideró una ampliación gradual hacia otros productos agrícolas de exportación. Cada embarque requirió acreditar mano de obra formal afiliada al IMSS y cumplimiento de la legislación laboral.

La plataforma VELAGRO permitió verificar que las exportaciones se respaldaron con trabajo digno y seguridad social. El sistema registró información laboral vinculada a cada envío. Las autoridades señalaron que el proceso garantizó trazabilidad laboral.

Presentación institucional

La presentación se realizó en Casa Michoacán, en Morelia. Participaron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la STPS Marath Bolaños López, el secretario de AGRICULTURA Julio Berdegué Sacristán y el director general del IMSS Zoé Robledo Aburto. También asistieron funcionarios federales y estatales.

Acudieron representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM). Se integraron delegados del Consejo Directivo de la Unión de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de Michoacán (UDECAM). Asistieron integrantes de Socios Unidos en Cosecha de Aguacate A.C. (SUCA), Socios Unidos en Materia Agrícola A.C. (SUMAC), la Unión de Empacadores de Aguacate de Peribán A.C. (UEAPAC) y la Junta Local de Sanidad Vegetal de Michoacán.

Las organizaciones del sector aguacatero participaron en la definición del esquema. El certificado vinculó producción agrícola con cumplimiento laboral. La coordinación incluyó supervisión institucional. –sn–

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Detecta IMSS bajas laborales irregulares en diciembre

Autoridades identificaron bajas laborales irregulares y reforzaron vigilancia patronal.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El gobierno federal informó que por sexto año consecutivo identificó patrones que dieron de baja a personas trabajadoras en diciembre. La práctica ocurrió ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Las autoridades registraron recontrataciones posteriores en enero.

Las bajas injustificadas afectaron la continuidad de derechos laborales, seguridad social y vivienda. El reporte oficial indicó que 63 por ciento de los puestos perdidos entre noviembre y diciembre de 2024 correspondieron a empleos permanentes. El registro evidenció afectaciones directas a personas con relación laboral estable.

La autoridad precisó que, aunque existieron contrataciones temporales legítimas, múltiples bajas resultaron irregulares. Personas recontratadas en enero figuraron como trabajadores permanentes ante el IMSS. El patrón operativo confirmó una práctica contraria al marco normativo.

Práctica detectada

Durante enero de 2025, 142 mil 398 personas fueron recontratadas por la misma empresa. Las bajas ocurrieron en diciembre de 2024, según registros oficiales. La recurrencia permitió identificar patrones de comportamiento empresarial.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) coordinó acciones con el IMSS y el Infonavit. Las dependencias enviaron cartas a empleadores presuntamente involucrados. El objetivo consistió en revisar el manejo de plantillas laborales.

Las comunicaciones solicitaron adecuación al marco normativo vigente. Las autoridades pidieron evitar acciones que vulneraran derechos laborales. El proceso incluyó advertencias sobre obligaciones patronales. –sn–

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Julián Andrade – El Bastión de Papel | Los desplazados de 1994: tres décadas de espera

Entre los cabos sueltos de la historia del alzamiento zapatista, está las de quienes perdieron sus propiedades y tuvieron que desplazarse. Llevan años exigiendo justicia.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Desde hace 31 años, grupos de desplazados por el conflicto en Chiapas en 1994 buscan ser resarcidos en el daño que sufrieron, ya que tuvieron que abandonar sus hogares, comunidades, rancherías y fincas, en la medida en que el EZLN iba avanzando.

Los pequeños propietarios se organizaron y presentaron las denuncias respectivas por despojo y solicitaron el apoyo de los distintos gobiernos para ser indemnizados, sin mucho éxito.

Tan solo en Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, la ocupación fue del rango de las 41 mil 937 hectáreas, afectando, cuando menos, a 441 familias.

Por el Palacio de Gobierno de Chipas han pasado, desde aquel enero, diez gobernadores, con un promedio de permanencia en el cargo de tres años, producto, sobre todo, de la etapa inicial del conflicto, de las negociaciones para evitar un baño de sangre y de toda una agenda que, en no pocas ocasiones, significó el incumplimiento de acuerdos.

Pero, si para el EZLN y su impacto mediático las cosas nunca fueron sencillas, mucho menos para quienes quedaron en medio del conflicto.

Pasan las décadas y el asunto no acaba de resolverse para los desplazados por el zapatismo, a pesar de las diversas promesas que les han hecho.

Algunos tienen recursos para entablar litigios, y en eso andan, al grado de que es probable que la SCJN termine, algún día, por establecer si sus quejas son procedentes.

Otros, en cambio, como el grupo de Pequeños Propietarios Desplazados de 1994, integrado por 140 propietarios y que, bajo el liderazgo de Gustavo Martín Martínez Navarro, siguen buscando que se les haga justicia.

Son realistas y pragmáticos. Saben que sus tierras están ocupadas por el EZLN en Ocosingo y Altamirano, y entienden que la solución no es el retorno, ya que significaría añadir complejidad a la situación y alejar, todavía más, la posibilidad de la solución, que, para ellos, es la de recibir un recurso justo por las siete mil hectáreas que perdieron.

En 2006, por medio de engaños, funcionarios del Programa Conflictos Sociales en el Medio Rural, engañaron a cien de los propietarios, algunos de los cuales no sabían leer ni escribir, y por eso los convencieron para aceptar un pago de 5 mil pesos por hectárea, cuando diversas estimaciones señalan que el valor es de 100 mil pesos. El objetivo era una treta burocrática para dar por indemnizados a los firmantes y por ello exigen que esos “acuerdos” sean considerados nulos.

Solicitan, de igual forma, que se aplique la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, promulgada desde 2012 en Chiapas.

En abril de 2022, la Cámara de Diputados realizó un exhorto para que el gobierno federal asumiera el compromiso de atender las demandas de los desplazados.

En junio de 2022, en Ocosingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobernador Rutilio Escandón para que buscara una solución al problema. Escandón se comprometió en público, pero no movió ni un dedo en el sentido ofrecido.

Pero el grupo de los Pequeños Propietarios Desplazados del 94 no ceja en su empeño, y sigue buscando, no solo el ser escuchado, sino el obtener respuestas concretas a sus reclamos.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: La tormenta que atrapó a la Suprema Corte

Publicado en Forbes.- https://forbes.com.mx/los-desplazados-de-1994-tres-decadas-de-espera/

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Julián Andrade – El Bastión de Papel | La tormenta que atrapó a la Suprema Corte

La independencia se tiene que defender, es un asunto que se refuerza día con día, pero a veces se pierde, y, si se trata de instituciones públicas, las consecuencias pueden ser terribles. 

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Aciertan Norma Piña y José Mario Pardo Rebolledo, ex integrantes del pleno de la SCJN, en que hicieron todo lo que estaba a su alcance para proteger al Poder Judicial.

En efecto, salieron a las calles, convergieron con la sociedad civil, las barras de abogados, facultades de derecho y universidades en que venía una tempestad.

La exministra Piña, primera mujer en presidir la Suprema Corte, recordaba, en el foro “El futuro de la justicia: independencia judicial y en México y en el ámbito regional” que, en pocas ocasiones, inclusive a nivel internacional, la sociedad civil ha salido en apoyo de los jueces, como sí ocurrió en nuestro país.

De igual modo, no es frecuente que tantas voces autorizadas se hayan sumado a la advertencia de que los cambios, sin diagnóstico y por capricho, como la elección popular de los juzgadores, podrían resultar funestos. 

¿Qué pasó entonces? Para la ministra se concatenaron diversos factores que terminaron por producir una “tormenta perfecta” cuando el INE y el TEPJF otorgaron una sobrerrepresentación a Morena y sus aliados, que les otorgó una fuerza en las cámaras legislativas que no obtuvieron en las urnas. 

Al darle la llave de la mayoría constitucional a quienes ahora gobiernan, se abrió el paso para una incontenible aprobación de reformas, unas más perjudiciales que otras, pero todas con el objetivo de someter a los organismos autónomos y de desmontar los contrapesos a la Presidencia de la República. 

A los ministros de la Suprema Corte se le sometió a una campaña de desprestigio permanente, se les acusó de estar coludidos con intereses inconfesables, pero hasta ahora no existe una resolución que ampare semejantes ataques. 

También se dijo que eran renuentes a cualquier cambio, aunque en esos momentos la Suprema Corte, luego de una amplia consulta, difundió un documento, “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” que, de ser atendido, había dotado de bases sólidas si lo que se pretendía era mejorar la vida de las personas. 

Entre otros hallazgos se detectó que en realidad el centro del problema de la justicia estaba (está) en el ámbito local y en el de las fiscalías, que se padecía una profunda crisis en derechos humanos, que la efectividad del sistema penal era excesivamente baja, y que la pirámide del gasto se encontraba invertida, ya que se otorgaban menos recursos a la justicia local, aunque ahí se resuelven la mayoría de los casos. 

Aunado a ello, también se especificó el daño que causa la desarticulación de las investigaciones de los delitos que abonan, con ello, al problema de la impunidad, que ronda el 96.3%, aspecto, por cierto, en el que poco tiene que ver con los jueces. 

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: La estrategia política del PRI rumbo a 2027

Publicado en el diario La Razón de México. https://www.razon.com.mx/opinion/2025/11/07/la-tormenta-que-atrapo-a-la-suprema-corte/

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ASPA renueva liderazgo y exige justicia laboral

Celebraron aniversario y exigieron respeto a derechos; llamaron a diálogo técnico binacional. Relevo sindical y nuevos pilotos.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) celebró su 67 aniversario con una Asamblea Conmemorativa. En el evento rindió protesta el Capitán José Suárez Valdez como nuevo vocero para el periodo 2025-2028. También se integraron 144 jóvenes pilotos a la organización gremial.

Durante la ceremonia, el Capitán Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA, subrayó dos ejes centrales de su discurso. Por un lado, la defensa de los acuerdos bilaterales en materia de aviación. Por el otro, el respaldo sindical a los pilotos de MAS de Carga, recientemente incorporados.

Ortiz manifestó que los cambios en la política aérea anunciados por la administración estadounidense encendieron alertas. Señaló que estas medidas pueden afectar no solo rutas, sino a millones de trabajadores. Destacó que el gremio asumió la responsabilidad de colaborar para evitar consecuencias unilaterales.

Reconoció la apertura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Enfatizó que la disposición del secretario y de la subsecretaria de Transporte mostró compromiso con el sector. Sin embargo, afirmó que aún hay decisiones pendientes que deben modificarse.

Llamado al diálogo binacional

Ortiz precisó que lo que está en juego va más allá de cifras o rutas aéreas. Advirtió que se pone en riesgo la competitividad de la industria y la estabilidad de miles de empleos. Por ello, hizo un llamado a autoridades de ambos países para abrir un diálogo técnico, profundo y responsable.

Indicó que México y Estados Unidos deben construir un acuerdo que priorice a la industria aérea. Propuso que las decisiones incluyan la visión y experiencia de los trabajadores del sector. Afirmó que el futuro de la aviación exige una mirada integral y de largo plazo.

Durante la Asamblea, el dirigente sindical también abordó el caso de los pilotos de MAS de Carga. Solicitó al Poder Judicial que emita un pronunciamiento a favor de los trabajadores afectados. Asimismo, agradeció a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) su respaldo institucional.

La incorporación formal de los pilotos de MAS al padrón de ASPA fue reconocida como un avance importante. Ortiz explicó que esta inclusión los consolidó como una nueva Delegación sindical. No obstante, recordó que aún está pendiente una resolución definitiva por parte del Poder Judicial.

Reconocen avances y pendientes

El secretario general señaló que este logro valida la representación legítima del gremio ante la autoridad laboral. Añadió que el compromiso sindical será velar por condiciones laborales justas para los nuevos agremiados. «No permitiremos simulaciones ni liderazgos oportunistas que engañen», puntualizó.

En su intervención, también agradeció el compromiso de las autoridades con los trabajadores de Mexicana de Aviación. Afirmó que este año deben dispersarse los recursos aún pendientes de los extrabajadores. Reconoció que este acto representa una reparación mínima tras años de incertidumbre.

Pidió dar seguimiento al caso de los pilotos de Aeromar, quienes continúan sin una resolución justa. Ortiz solicitó que se respete su derecho a una terminación laboral conforme a la ley. Recordó que estos trabajadores han enfrentado un abandono prolongado por parte de la empresa.

Finalmente, refrendó el objetivo central del sindicato: garantizar contratos colectivos con base en equidad. Expresó que la justicia y la dignidad deben regir las relaciones laborales del gremio. «Esa es la misión de ASPA: ser la casa de todos los pilotos mexicanos», concluyó Ortiz. –sn–

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La Coparmex plantea ruta para reducir jornada laboral

Pide gradualidad y protección económica

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Coparmex propuso una vía técnica para acortar la jornada laboral sin afectar a las Mipymes. Sugirió una implementación escalonada que proteja el empleo formal y la viabilidad económica del país.

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo, participó en el Quinto Foro Nacional sobre la Jornada Laboral, organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Propuesta con enfoque realista

Durante su intervención, Sierra Álvarez aclaró que el sector empresarial no rechaza la reforma. Señaló que su propuesta busca garantizar condiciones adecuadas para que la transición resulte exitosa.

Afirmó que “sí es posible prosperar hacia una jornada reducida, siempre que lo hagamos de manera ordenada”. Subrayó la necesidad de proteger especialmente a los sectores más vulnerables de la economía.

COPARMEX recomendó aplicar un esquema progresivo, con revisiones anuales guiadas por un comité tripartito. Dicho órgano estaría integrado por representantes del gobierno, trabajadores y empresarios.

El objetivo es adaptar el ritmo de implementación a las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales, sin afectar la planta productiva.

Flexibilidad ante escenarios económicos

Sierra Álvarez también pidió establecer esquemas laborales diferenciados. Estos podrían operar de manera semanal, quincenal o mixta, dependiendo de cada sector productivo.

Advirtió que la reforma debe prever mecanismos que permitan hacer ajustes ante eventualidades como una recesión. Aseguró que la meta es “proteger el avance, no retroceder”.

El líder empresarial alertó sobre el riesgo de un cambio abrupto. Según datos de COPARMEX, más de 13.4 millones de personas laboran más de 40 horas semanales, y más del 50% lo hace en Mipymes.

Recordó que el 95% del tejido empresarial mexicano está formado por micro, pequeñas y medianas empresas. Cualquier medida que no las considere, podría causar desempleo e informalidad.

Incentivos fiscales para las Mipymes

COPARMEX planteó medidas fiscales específicas que acompañen la reforma. Entre ellas, sugirió deducibilidad total de prestaciones laborales, ajustes en el ISR y subsidios al empleo formal.

Sierra Álvarez pidió que estas medidas protejan el ingreso de los trabajadores y ayuden a las Mipymes a cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo su estabilidad.

Aseguró que “crecer sin excluir” es un principio clave. Expresó que el cambio puede darse sin romper los elementos que han funcionado hasta ahora.

El empresario también insistió en que México puede transitar hacia un modelo laboral más humano y competitivo, si se respeta la evidencia técnica y se construyen acuerdos duraderos.

Experiencia internacional y responsabilidad

La propuesta toma como base la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo. También consideró el caso de Chile, donde se aplicó una reforma similar de manera progresiva.

Según el organismo, las políticas de productividad y capacitación fueron esenciales para el éxito de ese proceso. Por ello, pidió que en México se avance con respaldo técnico y visión integral.

Sierra Álvarez sostuvo que este cambio representa una oportunidad histórica. Enfatizó que se trata de una decisión de largo alcance que debe pensarse con responsabilidad.

“El trabajo digno requiere una implementación que evite improvisaciones”, señaló durante el foro. Reiteró que la reforma debe cuidar tanto a los trabajadores como al ecosistema empresarial. –sn–

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Inicia programa piloto del IMSS para plataformas digitales

Uber, DiDi y Rappi deberán cumplir nuevas reglas laborales. Entró en vigor la prueba del IMSS para incorporar seguridad social a repartidores y conductores.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó este 1 de julio un programa piloto para regular la seguridad social en plataformas digitales. La medida aplicó para empresas como Uber, DiDi, Rappi y otras integradas en servicios por aplicación.

El objetivo fue ensayar la aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que desde este año obliga a estas plataformas a cumplir obligaciones patronales. Esta primera fase tendrá una duración de tres meses, hasta el 30 de septiembre.

Durante este periodo, las empresas deberán seguir lineamientos específicos, entre ellos el registro ante el IMSS, la inscripción de trabajadores y la retención de cuotas. El programa servirá para evaluar resultados y realizar ajustes regulatorios.

El programa se implementó tras la publicación del nuevo marco normativo en 2024 y se espera que marque el inicio de una transformación laboral digital en México.

Obligaciones para las plataformas

Desde este 1 de julio las plataformas digitales deberán registrarse formalmente como empleadoras ante el IMSS.

Tendrán que preinscribir a repartidores y conductores, declarar sus ingresos y dar de baja a quienes no cumplan los requisitos. Las cuotas deberán pagarse a más tardar el día 17 del mes siguiente.

En caso de que un trabajador genere ingresos inferiores al salario mínimo mensual, aún tendrá derecho a seguridad social si sufre un accidente laboral. La empresa cubrirá sus cuotas durante la incapacidad.

El salario base de cotización se calculará con base en el ingreso neto mensual dividido entre los días calendario. Sobre esa cifra se determinarán las cuotas obrero-patronales.

Reforma laboral digital avanza

El IMSS generará una propuesta de pago de cuotas con base en la información que las plataformas entreguen en los primeros cinco días del mes. Esta propuesta deberá emitirse a más tardar el día 10.

Respecto a los gastos operativos, no existe todavía una resolución que permita deducir insumos como gasolina, celular o mantenimiento de vehículos. Este punto sigue en discusión.

Sobre el régimen fiscal, los conductores y repartidores seguirán bajo el esquema de retención vía plataforma. No hay cambios por parte del SAT en la Ley del ISR para este sector.

El piloto servirá también para recopilar información y evaluar posibles reformas fiscales paralelas a las disposiciones laborales del IMSS.

Postura de las plataformas digitales

Las empresas integrantes de la Alianza In México —Uber, DiDi, Rappi, LalaMove y Mensajeros Urbanos— expresaron su disposición para implementar este modelo laboral.

A través de un comunicado, señalaron que ya están listas para participar en la primera etapa del programa piloto. Reconocieron la disposición del IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para establecer este esquema conjunto.

Las plataformas solicitaron que el diálogo continúe al finalizar la prueba en septiembre, con el fin de construir una implementación efectiva y funcional de la reforma.

Coincidieron en que el propósito central del piloto es evaluar el impacto del nuevo modelo de aseguramiento para trabajadores de aplicaciones digitales.

Evaluación rumbo a septiembre

El comunicado también indicó que los tres meses iniciales servirán para observar el funcionamiento del modelo. A partir de estos resultados, se buscarán mejoras regulatorias.

Las empresas remarcaron la importancia de garantizar seguridad social para miles de personas que hoy operan sin derechos laborales plenos. La fase piloto permitirá identificar fallas y áreas de oportunidad.

El IMSS y la STPS mantendrán contacto con empresas y asociaciones laborales para monitorear el cumplimiento del nuevo régimen. También convocarán mesas de seguimiento técnico.

Al cierre de septiembre, se publicará un informe con resultados, impacto en los ingresos y cantidad de trabajadores incorporados al esquema. –sn–

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Garantizan SAT y STPS legalidad a trabajadores digitales y repartidores

Criterio fiscal define relación con plataformas. Confirman continuidad tributaria actual.

Por Martín García | Reportero                                      

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitieron un criterio normativo para clarificar la situación jurídica de quienes prestan servicios mediante plataformas digitales. El objetivo fue asegurar certeza sobre sus obligaciones fiscales.

La información se dio a conocer mediante la Primera Versión Anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. En ella se incluyó el criterio 59/ISR/IVA/N, relacionado con el cumplimiento fiscal de personas físicas con actividades empresariales por medios digitales.

Según el criterio, las personas físicas y las plataformas tecnológicas deberán continuar con el mismo esquema tributario vigente. Se puntualizó que el régimen actual permanece en aplicación para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La decisión mantiene la base jurídica para las obligaciones fiscales de quienes ofrecen servicios a través de aplicaciones, portales digitales o similares, sin alterar el estatus tributario preexistente.

Reforma laboral previa al anuncio
La resolución aclaró también la relación con el decreto publicado el 24 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. En ese documento se modificó la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales.

Dicha reforma otorgó a los prestadores de servicios digitales la calidad de trabajadores, reconociendo una relación laboral subordinada con las empresas tecnológicas. Esto representó un cambio sustancial en el marco jurídico laboral.

No obstante, el nuevo criterio fiscal subrayó que esos cambios en la legislación laboral no afectan el esquema fiscal. Por tanto, no se modificó el tratamiento tributario de las personas físicas involucradas.

Las autoridades señalaron que el cumplimiento tributario seguirá rigiéndose por lo estipulado en las leyes del ISR y del IVA, lo que evita ambigüedades para trabajadores digitales y empresas.

Aplica a múltiples plataformas
El criterio fiscal abarca a personas físicas que realizan actividades empresariales por Internet o mediante plataformas digitales, sin importar el tipo de servicio ofrecido. Esto incluye transporte, entrega, ventas, contenidos, entre otros.

Se especificó que, a pesar del reconocimiento laboral otorgado, dichas personas seguirán tributando conforme al régimen fiscal de actividades empresariales. La determinación busca armonizar las obligaciones legales con las fiscales.

Con esta medida, el SAT y la STPS buscan brindar claridad sobre el alcance de la reforma laboral y garantizar seguridad jurídica. Asimismo, se pretende evitar confusiones que puedan afectar la recaudación o el cumplimiento tributario.

La interpretación del criterio servirá como guía para fiscalistas, trabajadores digitales, contadores y empresas tecnológicas con operaciones en el país.

Compromiso con la certeza jurídica
El criterio normativo reitera que la inclusión de trabajadores digitales en el marco de la Ley Federal del Trabajo no implica un cambio automático en su régimen fiscal. Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el orden tributario.

Este criterio se integra al Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, instrumento que regula la interpretación y aplicación de disposiciones fiscales en México. El criterio 59/ISR/IVA/N permanecerá vigente durante el próximo ejercicio fiscal.

El SAT difundió esta información para evitar que las plataformas tecnológicas modifiquen sus procesos de retención de impuestos. También indicó que las retenciones deben continuar según los porcentajes establecidos.

Las autoridades fiscales recordaron que cualquier modificación futura en el tratamiento fiscal requeriría una reforma legal explícita. Mientras tanto, el régimen de tributación para trabajadores digitales no sufrirá alteraciones. –sn–

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Entra en vigor reforma laboral para repartidores

A partir del 1 de julio de 2025, repartidores y conductores de aplicaciones digitales deberán estar afiliados al IMSS.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La reforma laboral publicada en el Diario Oficial de la Federación estableció nuevas obligaciones para las plataformas digitales y sus trabajadores, quienes tendrán derecho a seguridad social mediante un esquema obligatorio.

La organización Repartidores Unidos de México informó que representantes del IMSS y la STPS confirmaron la entrada en vigor del nuevo esquema de afiliación obligatoria para quienes laboran como repartidores.

Según el acuerdo emitido por el Consejo Técnico del IMSS el 27 de mayo, y publicado el 24 de junio, se aprobó el inicio de una prueba piloto para incorporar a estos trabajadores al régimen obligatorio.

Este mecanismo legal establece que serán las empresas quienes deberán dar de alta a sus colaboradores en el IMSS desde el primer día del mes de julio.

Alcance y obligaciones patronales

La prueba piloto tendrá una duración de 180 días naturales, y servirá para evaluar los mecanismos de aseguramiento antes de emitir una legislación secundaria.

El documento oficial indica que las plataformas deberán habilitar el Buzón IMSS y registrar mensualmente a los trabajadores que cumplan con los requisitos.

Los patrones deberán garantizar el pago de cuotas obrero-patronales con base en un salario mínimo de la Cdmx, aunque el ingreso no alcance ese umbral.

Cobertura garantizada desde el inicio

El acuerdo reconoce los riesgos inherentes a las actividades de reparto y conducción, por lo que se otorgará cobertura por riesgos de trabajo incluso si no se alcanza el ingreso mínimo requerido.

También se establece la clasificación en la Clase IV de Riesgo de Trabajo, una de las más altas, por la exposición constante a accidentes viales y labores físicas.

Además, se garantiza compatibilidad con pensiones y la modalidad 40 para quienes ya se encuentren afiliados por continuidad voluntaria.

Transparencia en aportaciones

Las plataformas deberán presentar los movimientos afiliatorios en los primeros cinco días del mes, y cubrir las cuotas a más tardar el día 17 de cada mes, según las reglas del IMSS.

En caso de no cumplir, se procederá a cobros retroactivos y se considerará a los trabajadores como no derechohabientes, generando costos adicionales para las plataformas o sus afiliados.

El acuerdo también contempla que los trabajadores que hayan recibido atención médica sin estar registrados deberán cubrir los gastos, a menos que se regularicen dentro de los tiempos definidos.

Reacciones y seguimiento institucional

Saúl Gómez, vocero de Repartidores Unidos de México, señaló que aún queda pendiente definir los costos operativos y el porcentaje del ingreso mensual que servirá de base de cotización.

Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) reconoció el avance que representa esta reforma para el sector.

La UNTA subrayó que acompañará el proceso y exigirá que las plataformas cumplan con los lineamientos para no dejar sin protección a miles de familias mexicanas.

Aspectos clave de la reforma

1. Afiliación obligatoria desde julio.
2. Cuotas con base en salario mínimo.
3. Cobertura por riesgos sin ingreso mínimo.
4. Obligación mensual de reporte.
5. Transparencia en pagos y afiliación.
6. Compatibilidad con pensiones vigentes.

Normativa con alcance nacional

El IMSS tendrá hasta diciembre de 2025 para analizar los resultados y elaborar propuestas de ley definitivas que serán presentadas al Poder Legislativo para su discusión.

Durante el proceso, la Coordinación General de Seguridad Social del IMSS evaluará el impacto operativo y la viabilidad de ampliar la cobertura a otros sectores digitales.

Las autoridades estatales y federales también participarán en el monitoreo de cumplimiento por parte de las plataformas.

Transformación del trabajo digital

La entrada en vigor de estas disposiciones marca un hito legal en el reconocimiento de derechos laborales para trabajadores de la economía digital, que por años carecieron de seguridad social.

Organizaciones laborales coinciden en que el reto será lograr que esta reforma se traduzca en beneficios tangibles para quienes prestan servicios en condiciones de informalidad.

La reforma, enmarcada en una política de universalización de la protección social, refuerza el principio de que toda persona que trabaja debe contar con acceso a salud, pensión y cobertura por riesgos. –sn–

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Pillan a ex candidato a diputado de PT como «representante» de repartidores; acusan simulación en la «mañanera»

Omiten trayectoria política de Salvador Godínez González en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, con Claudia Sheimbaum; los repartidores lo desconocen, «nos han engañado», acusan.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

Salvador Godínez González fue presentado este viernes como representante de la «Alianza Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales«, durante la tradicional conferencia de prensa encabezada por la Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, en 2024 participó como candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT).

Mientras que, diversos grupos de repartidores de aplicaciones en México han calificado a este acto como un «sabotaje y simulación desde la Presidencia de la República para tratar de validar la reforma en materia laboral que se promovió en meses pasados y que nos pone en desventaja; nos han engañado».

https://twitter.com/repartidorr/status/1936178266953404493

En su perfil de Facebook, Godínez González documentó su campaña como aspirante del Distrito 20 en la ciudad de México. Publicó imágenes de actos proselitistas y mítines en respaldo a la entonces candidata presidencial de la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum.

También mostró su asistencia a tomas de protesta de senadores de Morena, así como reuniones y eventos partidistas. Su presencia constante en actividades vinculadas al oficialismo fue visible durante los meses previos al proceso electoral de 2024.

El 7 de febrero de ese año, publicó imágenes como “invitado especial” en la entrega de constancia de registro de Sheinbaum Pardo como candidata presidencial del PT.

Agradece apoyo a trabajadores digitales

A pesar de su historial político reciente, Godínez González fue presentado como un ciudadano integrante del gremio de repartidores. No se mencionó su afiliación a partidos durante la conferencia en Palacio Nacional.

“Quiero agradecer en nombre de todos los repartidores de plataformas digitales, por haber sido escuchados desde 2018, cuando le entregamos al expresidente López Obrador una carta petitoria. Hoy fuimos escuchados”, declaró.

https://twitter.com/repartidorr/status/1936157364341625340

Añadió que funcionarios del actual gabinete “prácticamente se pusieron a conducir y repartir para entender nuestro trabajo”, en referencia a ejercicios de inmersión promovidos por la Secretaría del Trabajo.

Nueva Ley de Trabajo digital

El contexto de la intervención fue la explicación de la nueva Ley de Trabajo para Plataformas Digitales, iniciativa presentada recientemente por el gobierno federal.

Días antes, repartidores de distintas plataformas se manifestaron en diversos puntos de la capital para exigir claridad sobre el contenido y posibles implicaciones de la reforma.

El titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Bolaños López, también participó en la conferencia y aseguró que los cambios legislativos no afectarían los ingresos de los trabajadores.

Repartidores ganarán derechos laborales

Según explicó Bolaños López, la reforma permitirá que los repartidores tengan acceso al reparto de utilidades y cobertura médica del IMSS en caso de accidentes laborales.

También se contempla la posibilidad de acceder a seguridad social, prestaciones básicas y mecanismos de defensa colectiva ante abusos de las empresas digitales.

Sin embargo, no todos los trabajadores se manifestaron satisfechos con las respuestas ofrecidas por las autoridades federales. Algunos exigieron mayor participación en la elaboración del marco normativo.

Reacciones divididas en redes sociales

Tras la conferencia, usuarios en redes sociales cuestionaron la legitimidad de Godínez González como vocero del sector. Varios señalaron su candidatura previa como evidencia de una representación parcial.

Otros defendieron su papel, argumentando que es parte de una generación de trabajadores organizados que también tienen derecho a involucrarse políticamente.

Hasta el momento, la Alianza Nacional de Trabajadores de Plataformas Digitales no ha emitido un posicionamiento formal sobre las observaciones públicas. –sn–

Redes Sociales

https://twitter.com/vampipe/status/1936151018590335450

https://twitter.com/juanburgos/status/1936098604898296098

https://twitter.com/citizenedgar/status/1936159721687318646

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Impulsan en la capital una semana laboral de 40 horas

Brugada plantea consenso nacional. Foro nacional en Ciudad de México.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, respaldó la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales, con el argumento de que mejoraría la productividad y promovería empleos más dignos en todo el país.

Durante la inauguración del Primer Foro Nacional para la Implementación de la Semana Laboral de 40 horas, organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la mandataria planteó que para concretarla se debe construir un consenso nacional.

“Este es uno de los temas más importantes del mundo laboral, una demanda histórica del pueblo trabajador”, expresó, al referirse a la necesidad de transformar la relación entre trabajo y derechos.

En su intervención, propuso abrir un diálogo plural con empresarios, sindicatos, academia, sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Beneficios en países internacionales

Brugada sostuvo que hay referencias internacionales donde una jornada reducida ha tenido impactos positivos en la productividad, el ausentismo y la salud física y mental de los trabajadores.

Además, enfatizó que esta medida ha favorecido la retención de personal y ha fortalecido el compromiso laboral en distintos sectores productivos.

Acompañada por funcionarios federales, Brugada indicó que la Ciudad de México se encuentra lista para contribuir con su experiencia y recursos al debate nacional.

La mandataria calificó el foro como “el inicio de un diálogo histórico” que busca responder a una exigencia de justicia laboral postergada por décadas.

Respaldan propuesta desde la presidencia

Brugada reconoció el impulso de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, quien promovió la realización de estos encuentros y mesas de análisis en diferentes regiones del país.

La jefa de Gobierno recordó que hace un siglo, como resultado de la Revolución Mexicana, se instauró la jornada laboral de 48 horas, y afirmó que hoy se abre un nuevo proceso transformador.

Datos oficiales indican que en la capital del país más de 1.4 millones de trabajadores formales laboran 48 horas semanales o más, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios.

Además, 759 mil empleados en la Ciudad de México superan las 49 horas semanales, lo cual tiene repercusiones negativas en su salud y calidad de vida.

Ciudad productiva y con derechos

Brugada recordó que la capital genera casi 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, y ha logrado combinar crecimiento económico con la garantía de derechos laborales.

“La calidad del empleo no debe verse como un obstáculo al desarrollo, sino como una palanca para construir una economía más moderna, sólida y resiliente”, afirmó.

Agregó que su administración comparte la visión de un país donde la productividad y el bienestar laboral avancen de la mano, sin exclusión ni explotación.

Brugada reiteró que la Ciudad de México se suma al esfuerzo nacional con propuestas, análisis y disposición para colaborar con todas las entidades.

Seis foros en diferentes regiones

En su turno, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, explicó que este foro es el primero de seis encuentros regionales orientados a construir consensos sobre esta reforma.

Indicó que esta iniciativa forma parte del compromiso número 60 del programa de gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, enfocado en ampliar derechos laborales y sociales.

“Reducir la jornada laboral no es sólo una meta laboral, es parte de una transformación profunda de la vida pública del país”, subrayó Bolaños ante representantes empresariales, académicos y sindicales.

La jornada laboral de 40 horas se encuentra actualmente en fase de discusión legislativa, con respaldo mayoritario en el Congreso y la expectativa de una aprobación consensuada. –sn–

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Repartidores de aplicaciones alertan falta de claridad ante la reforma digital

Conductores exigen certezas antes del programa piloto. Crece incertidumbre por reforma digital.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

A seis días de la entrada en vigor de la Reforma para trabajadores de plataformas digitales, repartidores expresaron su preocupación. Denunciaron falta de información sobre el contenido y efectos del programa piloto. El grupo Repartidores Unidos de México pidió transparencia y diálogo con las autoridades.

En un comunicado fechado el 16 de junio de 2025, los trabajadores señalaron su temor por perder libertad e ingresos. Advirtieron que la reforma no considera la realidad del sector. Exigieron que las decisiones se basen en datos y no en suposiciones.

Sin información oficial clara

Los repartidores criticaron la ausencia de comunicación directa por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Afirmaron que mientras los funcionarios se encuentran en Ginebra, en el país prevalece la incertidumbre. Señalaron que el modelo podría no sobrevivir.

https://twitter.com/repartidorr/status/1934759875914989741

El colectivo expresó temor ante posibles despidos masivos. Añadieron que no hay garantías de que todos los repartidores conserven su lugar bajo el nuevo esquema. Lamentaron la ausencia de lineamientos claros a seis días de la implementación.

Diálogo sin respuesta efectiva

Según su testimonio, entregaron estudios a la STPS para definir el ingreso neto. Sin embargo, señalaron que la información no fue tomada en cuenta. Expusieron que tampoco existe claridad por parte de las propias plataformas digitales.

Los trabajadores afirmaron que esa falta de certeza indica desconocimiento general sobre el impacto de la reforma. Advirtieron que sin datos concretos, el sector se expone a riesgos severos. Insistieron en que su ingreso y libertad deben ser prioridad.

Industria en riesgo compartido

El grupo pidió que las decisiones incluyan la voz de todos los sectores involucrados. Mencionaron a restaurantes, usuarios, repartidores, empresas y al propio gobierno federal. Indicaron que el futuro del trabajo en plataformas debe beneficiar a todos.

Reclamaron que se deje de lado cualquier objetivo recaudatorio. En su lugar, propusieron centrarse en el bienestar colectivo. Afirmaron que la realidad del trabajador no debe interpretarse desde escritorios alejados de la operación diaria.

Modelo en peligro de colapso

Según los repartidores, existe un ecosistema que depende del funcionamiento equilibrado de las plataformas. Un fallo en la reforma afectaría directamente a miles de familias. La incertidumbre crece al no existir reglas claras ni planes definidos.

https://twitter.com/repartidorr/status/1934879067620221219

El grupo cuestionó el enfoque de las autoridades federales. Señaló que la ausencia de información concreta impide planear y adaptarse. Pidieron certeza legal y operativa para asegurar la continuidad del modelo.

Exigen apertura inmediata

Pidieron a la STPS que brinde detalles del programa piloto que entrará en vigor el 22 de junio. Recordaron que el diálogo debe ser constante y no solo informativo. Señalaron que las decisiones deben construirse junto con los trabajadores.

También hicieron un llamado a las empresas de plataformas para que expliquen los ajustes que aplicarán. Indicaron que desconocen si se prevén cambios en pagos, rutas, requisitos o beneficios. La ausencia de comunicación genera temor e inestabilidad.

Debate sin exclusiones

Los repartidores recordaron que forman parte del sistema económico diario. Transportan alimentos, productos y personas en miles de ciudades del país. Afirmaron que cualquier cambio sin su inclusión es injusto e inviable.

Advirtieron que las reformas laborales deben construirse desde el terreno y no desde el escritorio. Insistieron en que el nuevo modelo necesita equilibrio entre ingresos, derechos y operatividad. Una reforma apresurada puede generar más pobreza y desempleo. –sn–

Redes Sociales

https://twitter.com/JuanRosas176/status/1935045280396619826

https://twitter.com/cordero_willow/status/1935102953196519475

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Entra en vigor «Ley Silla» este martes, para proteger a trabajadores

Este martes 17 de junio inicia la aplicación de la Ley Silla. La medida legal busca dignificar el trabajo. Descanso laboral obligatorio.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Senado aprobó esta ley en diciembre del 2024. A partir de ahora, los empleadores están obligados a proporcionar sillas con respaldo funcional a su personal, como parte de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. El cambio responde a la necesidad de garantizar el derecho al descanso postural durante la jornada laboral.

La disposición legal tuvo un periodo de 180 días para entrar en vigor. Esta nueva norma alcanzará principalmente a trabajadores del sector comercio y de servicios, donde se suele exigir permanecer de pie por horas. Se considera que esta medida cerrará una brecha histórica en materia de derechos laborales.

En años anteriores, la ley mexicana exigía contar con asientos suficientes, pero no como parte de un derecho al descanso. La reforma transforma esa disposición en una obligación vinculante para preservar la salud y bienestar de las y los trabajadores. El incumplimiento será sancionado con multas económicas.

Nuevas obligaciones patronales

Los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo fueron modificados. Las empresas deberán destinar espacios para el descanso postural con sillas adecuadas y funcionales. Esta modificación aplica incluso en sectores donde la costumbre empresarial había ignorado el tema.

El derecho se reconocerá formalmente como parte de las condiciones mínimas laborales. La reforma establece que no podrán obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá un papel activo en la vigilancia del cumplimiento.

Las inspecciones podrán derivar en la suspensión temporal de actividades si se detectan omisiones reiteradas. La STPS también emitirá normativa técnica adicional sobre los efectos de la postura prolongada en el trabajo. El reglamento deberá publicarse en un plazo de 30 días naturales.

Objetivo: prevenir enfermedades

Con la nueva disposición, se busca prevenir enfermedades derivadas de largas jornadas sin descanso. Entre ellas se encuentran várices, fatiga muscular, desgaste articular y dolores de espalda. Las afectaciones están ampliamente documentadas en trabajadores de vigilancia, limpieza y comercio.

El Congreso definió que las empresas deberán adecuar sus reglamentos internos. Se otorgó un plazo de 180 días naturales para cumplir con la adecuación normativa. La medida beneficiará a sectores vulnerables que durante años han enfrentado condiciones laborales rígidas.

En el artículo 133, fracción XVII Bis, se especifica que el objetivo es garantizar salud y dignidad laboral. A partir de esta reforma, el uso de asientos se convertirá en un derecho exigible legalmente. Los empleadores deberán facilitarlo sin represalias ni condicionamientos.

Multas por incumplimiento

La nueva Ley Silla contempla sanciones que van de 250 a 2,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones aplicarán en casos de negativa injustificada. Además, los centros laborales estarán obligados a contar con espacios adecuados para el descanso.

El uso del asiento será regulado mediante los reglamentos internos de cada empresa. Sin embargo, la norma federal tiene carácter obligatorio, por lo que debe cumplirse en todos los centros de trabajo donde la naturaleza de las funciones lo permita.

El marco legal fue influido por antecedentes internacionales. Países como Chile, Uruguay y Argentina implementaron legislaciones similares desde principios del siglo XX. Con la Ley Silla, México se suma a esa tendencia en la defensa de derechos laborales.

Regulación en sectores específicos

El derecho aplica para cocineros, panaderos, meseros, personal de limpieza, guardias, taquilleros y cajeros, entre otros. La exigencia de contar con respaldo busca evitar que el asiento sea simbólico o inadecuado. La ergonomía será un criterio fundamental.

La implementación será gradual. Las empresas deberán realizar ajustes internos, mientras la STPS continúa con la emisión de reglas técnicas. La vigilancia y seguimiento formarán parte de una política nacional de salud ocupacional.

El Congreso afirmó que esta ley responde a una deuda histórica. Con ella, se da un paso hacia el reconocimiento de condiciones laborales más humanas. También se atiende una exigencia planteada por organizaciones sindicales y colectivos laborales.

Condiciones laborales más dignas

La reforma amplía los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Por primera vez, se reconoce el descanso postural como una necesidad de salud. El cambio representa un avance normativo en favor de millones de trabajadores y trabajadoras.

Los empleadores no podrán negar este derecho, salvo en funciones donde existan condiciones específicas que lo impidan. En esos casos, deberá justificarse técnicamente y ofrecerse una alternativa de descanso.

La Ley Silla representa un cambio de paradigma. A partir de ahora, sentarse en la jornada laboral no será visto como flojera, sino como un derecho laboral legítimo. El país da así un paso más hacia la dignificación del trabajo. –sn–

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Julián Andrade – El Bastión de Papel | La estrategia política del PRI rumbo a 2027

Todo irá a gran velocidad, de ahí que los priistas trabajen en escenarios para 2027, insistiendo en la necesidad de una alianza opositora que busque recuperar el Congreso y posiciones perdidas.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

La clave es el centro político. Pareciera anticlimático y hasta poco realista, pero hay mucho de certero en las estrategias del PRI para buscar electores en los linderos de la izquierda y el progresismo.

Pero no se trata de navegar en aguas mansas, sino de mantener una oposición decidida, como hasta ahora lo han hecho, ante el morenismo, y sobre todo hacer visibles los costos, para quienes gobiernan, en al menos cuatro aspectos: el daño a la democracia, las alarmas que ya genera la situación económica, la poca eficacia en lo que respecta a la relación con Estados Unidos y, por supuesto, la inseguridad que aqueja al país.

Ello viene de los análisis que ya se hicieron sobre el descalabro de 2024, donde los números reflejaron que candidatos más alienados a la derecha del cuadrante no impactaron en el grupo de los indecisos que son los que muchas veces definen una contienda.

Para el partido que lidera Alejandro Moreno, es indispensable dejar atrás ocurrencias e improvisaciones, para así poder edificar una alianza en 2027.

Sí, de nuevo un acuerdo con el PAN, pero haciéndose cargo de las lecciones que han dejado los últimos años. Incentivos hay muchos, aunque también objeciones de alianzas que se ven contra natura, pero sobre los primeros, vienen las elecciones de Chihuahua y Aguascalientes, donde parecería temerario que los panistas no busquen ir con aspirantes de conjunto para no arriesgar lo que ahora tienen.

Y no es, como se señala con frecuencia, que el PRI insista en los acuerdos por una necesidad de sobrevivencia, ya que en solitario no les fue mal en Veracruz, donde triunfaron en 23 municipios, aumentando su votación respecto a 2021, sino de advertir la necesidad de obtener resultados en el Congreso, en 2027, que permitan sacar al país de la deriva antidemocrática en la que ya se encuentra. 

Si se analiza con cuidado, se verá que Morena solo logró, en solitario, 11 de las alcaldías, aunque en conjunto con el Verde Ecologista se haya alzado en 60.

Sobre Movimiento Ciudadano y sus 40 presidencias municipales, sería ingenuo el no ponderar la operación de la propia gobernadora, Rocío Nahle, que por ahí contuvo la inconformidad que le significaron algunas postulaciones y las distancias que puso el Partido del Trabajo, quienes también pueden presumir 28 triunfos.

Es decir, las marcas valen lo que valen y la de los priistas se mantiene, no en los linderos del pasado, por supuesto, porque el cambio político ha sido profundo, pero sí se ajusta a una nueva realidad, lo que se comprueba con sus triunfos en Durango, donde en alianza con el PAN alcanzaron 15 municipios y con candidato propio otros cinco. Un dato revelador es que, en la ciudad de Durango, seis de cada 10 votos fueron para el PRI.

En verdad que en el estado norteño se sumaron factores, como los pésimos candidatos de Morena, sobre todo en la capital, pero de eso se trata también la política, de saber leer a las necesidades ciudadanas y su ánimo específico. 

Sobre los ventiladores Philips

Respecto a la columna “Cuando la tecnología falla, ventiladores defectuosos en México durante la pandemia por Covid-19”, me hicieron llegar unas líneas que pueden ser de interés para los lectores.

Para la empresa Philips México, no hay preocupación sobre los ventiladores de soporte vital, porque están certificados por cinco laboratorios independientes.

Sobre el retiro de dispositivos de terapia de sueño, señalan que se trató de una medida precautoria voluntaria iniciada por Philips Respironics en junio de 2021.

También afirman que, para  “para tranquilidad de la población, fueron retirados y sustituidos 5.6 millones de dispositivos en Estados Unidos y Europa.”

Atribuyen las dudas generadas, en lo que respecta a México, a la disputa que mantienen con Healthcare Systems, a la que colocan en el ámbito de una querella comercial ante la pérdida de las certificaciones para distribuir los productos de la compañía holandesa.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: Los jueces: las urnas y la persuación

Publicado en Forbes México el 10 de junio de 2025. https://forbes.com.mx/la-estrategia-politica-del-pri-rumbo-a-2027/

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Gobierno federal debe responder al impuesto de remesas en EU

Diputada Rejón llama a proteger familias migrantes con programas sociales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La diputada federal Ariana Rejón Lara solicitó al gobierno federal diseñar una estrategia coordinada para apoyar a las familias mexicanas afectadas por el nuevo impuesto de Estados Unidos. Este gravamen representa un 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas por migrantes. La legisladora subrayó que es indispensable proteger el bienestar de los hogares que dependen de estos recursos económicos.

Rejón Lara presentó un Punto de Acuerdo para que diversas dependencias e instituciones implementen acciones conjuntas. La intención no es sustituir el ingreso de remesas, sino mitigar su impacto social negativo. Señaló que el Estado mexicano debe anticiparse y actuar con rapidez ante esta amenaza económica.

La diputada enfatizó la importancia de que el Poder Ejecutivo Federal diseñe medidas extraordinarias para atender a los más de 11 millones de hogares afectados. Reiteró la urgencia de aplicar programas sociales que amortigüen los efectos adversos del nuevo impuesto.

El llamado incluyó fortalecer la atención en zonas con alta migración, para prevenir el deterioro social y económico. La coordinación interinstitucional resulta clave para atender este desafío nacional.

Propuestas para mitigar impacto

Entre las propuestas, solicitó que la Secretaría del Bienestar refuerce programas como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida. Estas iniciativas deben priorizar municipios con alta dependencia de las remesas, explicó la diputada. La intención es apoyar el autoconsumo agrícola y mejorar las condiciones rurales.

Además, planteó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) otorgue subsidios y asistencia técnica a las familias receptoras. Esto facilitaría la autosuficiencia alimentaria y disminuiría la vulnerabilidad económica en estas comunidades.

La diputada también propuso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) amplíe sus programas de capacitación y vinculación laboral. Esto favorecería la generación de empleos formales en las zonas con elevada emigración.

La expansión de estas opciones laborales busca reducir la dependencia exclusiva de las remesas, ofreciendo alternativas sostenibles de ingresos.

Participación de otras instituciones

Rejón Lara incluyó en sus planteamientos al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También consideró necesario que el Banco de México se involucre en la formulación de estrategias para apoyar a las familias receptoras. Esta colaboración institucional buscaría optimizar los recursos y políticas públicas destinadas a los connacionales.

Recordó que en 2024 México recibió 64 mil 745 millones de dólares en remesas, equivalentes al 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Resaltó que estas aportaciones representan el segundo ingreso más importante del país.

Superan ampliamente a la inversión extranjera directa y solo son menores que las exportaciones automotrices. Este dato refleja la magnitud económica y social de las remesas para México.

Impacto regional en Campeche

Aunque Campeche no figura entre los estados con mayor captación absoluta, recibió 169.3 millones de dólares en remesas durante 2024. La cifra representó un incremento respecto al año anterior.

Los municipios de Campeche, Escárcega y Candelaria fueron los principales receptores en el tercer trimestre del año, con 9.82, 8.7 y 7.8 millones de dólares, respectivamente. Estos datos reflejan la relevancia económica de las remesas en la región.

La diputada advirtió que el impuesto puede aumentar las desigualdades regionales si no se implementan políticas públicas compensatorias. Señaló que en Campeche persisten retos estructurales como pobreza, empleo informal e insuficiente infraestructura.

Sin medidas de mitigación, el impuesto podría agravar la precarización de miles de hogares en esta entidad y en otras zonas vulnerables del país.

Llamado a políticas públicas

Ariana Rejón insistió en la urgencia de que el gobierno federal actúe con prontitud para proteger a las familias receptoras. La aplicación de programas sociales debe ser integral y efectiva.

Destacó la importancia de mantener el apoyo a quienes dependen de las remesas para cubrir necesidades básicas. Señaló que esta acción es fundamental para evitar crisis sociales derivadas de la nueva carga fiscal.

La diputada instó a que las acciones atiendan la diversidad territorial y social del país, con énfasis en comunidades marginadas y con alta emigración. La inclusión social debe ser el eje central de las estrategias gubernamentales.

Finalmente, expresó que México debe prepararse ante esta nueva realidad económica para preservar la estabilidad social. –sn–

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El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

—o0o—

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Hasta para los bajos estándares que imperan en la 4T debe ser todo un dilema sostener en la CNDH a Rosario Piedra.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Se perfila para la reelección, pero su participación ante los senadores mostró que eso puede ser una pésima idea, inclusive desde la perspectiva, ahora imperante, de que la institución protectora de derechos sea un cascarón vacío que si acaso se active para los respaldos de las políticas oficiales en curso.

Esto es así, porque en el escenario de un partido hegemónico, una oposición acotada, con la militarización de la seguridad pública, con la persecución cotidiana en contra de las personas migrantes y con una delirante reforma judicial se requiere, aunque sea de modo tímido, algún tipo de barrera, de pared que evite que las aguas se desborden.

Pierda Ibarra es una militante, una propagandista de Morena que utilizó a la CNDH, despojándola de su esencia, para intentar solapar políticas contrarias al avance de los derechos humanos.

Solo lo intentó, porque en realidad no resultó un factor significativo, porque en la disposición de poner a la institución al servicio del poder hizo que perdiera utilidad y que su legitimidad se desvaneciera.

Nunca una ombudsperson resultó tan obsequiosa con los gobernantes en turno, tan apegada al libreto que escribieron en Palacio Nacional para tratar de imponer la ficción de que las cosas van bien en lo que respecta a la seguridad pública y que esto no afecta a los ciudadanos y a sus familias.

Pero, además, intoxicó el ambiente de la CNDH, expulsó a personal calificado y con experiencia, al establecer una política de la delación, de purgas internas.

Al Consejo Consultivo lo ignoró, al grado de que dejó de funcionar y sus integrantes optaron por separarse un cargo.

Piedra Ibarra está anclada en un análisis del pasado sin matices que sostiene que el país inició su senda de progreso el 1 de diciembre de 2018 y la CNDH solo cuando ella resultó designada por el Senado.

Tuvo reacciones sectarias, como la de cambiar el nombre del edificio central de la CNDH para que se dejará de llamar Jorge Carpizo.

Asesorada por un grupo de acomplejados, cayó en la trampa de tratar de borrar un legado, el del exrector de la UNAM, que crece cada día que pasa, sobre todo porque su obra y pensamiento en temas como los de la transparencia, la seguridad ciudadana y los derechos humanos están más vigentes que nunca.

Hasta para el más despistado es evidente la distancia que existe entre lo que se hizo con eficacia y decoro en el pasado y lo que se desarrolla con silencio y complicidad en el presente.

Carpizo, el ombudsman, nunca tuvo miedo a los agentes de seguridad o del Ejército que cometían arbitrariedades, al contrario, emitió recomendaciones ejemplares, pero al mismo tiempo abonó para que existieran políticas institucionales que mejoraran a las policías y que revirtieran la impunidad.

Estableció el acompañamiento de las víctimas como norma, y nunca permitió que los poderosos trataran de denigrarlas, lo que se muestra en un recorrido por su actuación en los años de arranque, en los días en que múltiples interese jugaban contra la consolidación de una institución que cambió, para bien, a México.

Ahora que el paso de Piedra ya muestra los daños causados, es la oportunidad de que los senadores tomen una decisión que contenga el deterioro.

Los augurios, sin embargo, no son promisorios, porque suelen premiar la lealdad, aunque esta esté despojada de la más mínima eficacia.

Aunado a ello, el intento fallido del coordinador de Morena, Adán Augusto López, de modificar el Artículo 1 de la Constitución, para hacer inoperantes los acuerdos internacionales en Derechos Humanos, ya dan pistas de cuál es el plan que tienen para los próximos años.

La clave será observar si algunos senadores de Morena, con las bancadas opositoras, pueden hacer que la mayoría actúe con cordura.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: La tarea impostergable de cara a las elecciones: atajar la violencia

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https://sociedad-noticias.com/2024/11/01/julian-andrade-el-bastion-de-papel-si-la-cndh-puede-estar-peor/

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#tilsyn - 👍 Det glæder mig meget, når jeg erfarer eksempler på, at vores tilsyn virker.

"Vi konstaterede, at behandlingsstedet havde arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold i orden, og at alle målepunkter var opfyldte".

"Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden".

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ℹ️ STPS gav den 16. januar 2024 et påbud til plejehjemmet Svanepunktet.

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Downloadlink:
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Designa AMLO a Marathon Bolaños como nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social

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